Nuestros montes descansan un poco más tranquilos. El Tribunal Supremo acaba de anular de forma definitiva la contrapasa, un tipo de práctica cinegética que había sido prohibida hacía décadas en Europa, pero que contaba en Bizkaia con su último reducto, gracias a la Diputación, que la seguía autorizando pese a las numerosas sentencias contrarías. La sentencia es firme –no cabe recurso alguno– y pone punto y final a una polémica que ha enfrentado a ecologistas y cazadores durante las dos últimas décadas.
La contrapasa reunía cada año por estas fechas a centenares de aficionados escopeta en ristre deseosos de prolongar la temporada de caza, que, tradicionalmente, termina con el invierno. En las últimas campañas que fue autorizada se mataban entre 800 y 2.000 palomas torcaces. Las aves pasaban por Euskadi y Navarra en su viaje de regreso migratorio a centroeuropa tras haber permanecido en las tierras cálidas del sur de Portugal y Andalucía. En Bizkaia, la franja costera entre Bakio y Ondarroa era el lugar predilecto para abatirlas, como evidencian los cientos de puestos de mecanotubo que pueblan sus montes y cordales.
El Supremo confirma ahora, punto por punto, el dictamen emitido en septiembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Los magistrados de este órgano dieron entonces un fuerte varapalo a la Diputación. Anularon la orden foral que autorizaba la temporada de 2006 al entender que contravenía las leyes comunitarias. La demanda había sido interpuesta por la Sociedad Española de Ornitología (SEO), que contaba con el apoyo de los grupos ecologistas locales de Izate y Lanius. La institución presidida por José Luis Bilbao acató la resolución y decidió no recurrirla tras la condena emitida por la UE en 2005 contra esta modalidad.
Sin embargo siete asociaciones de cazadores de Bermeo, Mundaka, Ispaster, Mendexa, Mungia, Bakio y Lekeitio siguieron adelante con el litigio. Estas entidades decidieron acudir al Tribunal Supremo, en un último intento de ‘salvar’ la costumbre. En su recurso, aseguraban que la sentencia del TSJPV no tenía en cuenta la existencia de una reforma legal que se puso en marcha en 1997 y que autorizaba la contrapasa en situaciones excepcionales. A juicio de los letrados de los colectivos cinegéticos, esta modificación no entraría en conflicto con las restricciones europeas, por lo que no era procedente su derogación.
Nada más lejos de la realidad. En su escrito de conclusiones, los magistrados del alto tribunal desmontan los argumentos jurídicos esgrimidos por los cazadores y llegan a asegurar que son «poco o nada comprensibles». En este sentido, resuelven que las leyes europeas –en este caso, la directiva para la protección de las aves– tienen un rango superior que las normativas estatales y provinciales. Por todo ello, advierten, son «de obligado cumplimiento».
Los jueces lo tienen tan claro que despachan el fallo en cuatro hojas y condenan en costas a las siete asociaciones. Los cazadores tendrán que pagar ahora 4.000 euros en concepto de honorarios del letrado de los ecologistas.
Acaba de esta forma un debate que durante años ha enfrentado a cazadores y ecologistas. Los defensores de la contrapasa han argumentado siempre a su favor su condición de práctica ancestral y que el impacto ecológico era «mínimo, cuando no beneficioso», ya que la paloma torcaz estaba «en franca progresión» y, en algunos países, se había convertido en «una plaga». Además, insistían en que el número de pájaros abatidos era «muy pequeño». Enb definitiva, que se trataba de «la caza de los humildes», al ser popular y practicarse sin muchos artificios.
Por su parte, los ecologistas y naturalistas clamaban contra lo que consideraban un proceder «inmoral». Sus argumentos para solicitar su prohibición definitiva fueron dos. Por un lado, criticaban el daño generado al medio ambiente por un tipo de caza que se desarrollaba en una época del año «nada adecuada» –principios de la primavera–, donde el campo debe estar «libre» de tiros para facilitar la reproducción de las diferentes especies animales. Por otra parte, denunciaban también que era «poco ético» disparar contra aves en pleno viaje de regreso migratorio, cuando son más vulnerables que nunca.