La contrapasa reunía cada año por estas fechas a centenares de aficionados escopeta en ristre deseosos de prolongar la temporada de caza, que, tradicionalmente, termina con el invierno. En las últimas campañas que fue autorizada se mataban entre 800 y 2.000 palomas torcaces. Las aves pasaban por Euskadi y Navarra en su viaje de regreso migratorio a centroeuropa tras haber permanecido en las tierras cálidas del sur de Portugal y Andalucía. En Bizkaia, la franja costera entre Bakio y Ondarroa era el lugar predilecto para abatirlas, como evidencian los cientos de puestos de mecanotubo que pueblan sus montes y cordales.

El Supremo confirma ahora, punto por punto, el dictamen emitido en septiembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Los magistrados de este órgano dieron entonces un fuerte varapalo a la Diputación. Anularon la orden foral que autorizaba la temporada de 2006 al entender que contravenía las leyes comunitarias. La demanda había sido interpuesta por la Sociedad Española de Ornitología (SEO), que contaba con el apoyo de los grupos ecologistas locales de Izate y Lanius. La institución presidida por José Luis Bilbao acató la resolución y decidió no recurrirla tras la condena emitida por la UE en 2005 contra esta modalidad.

Sin embargo siete asociaciones de cazadores de Bermeo, Mundaka, Ispaster, Mendexa, Mungia, Bakio y Lekeitio siguieron adelante con el litigio. Estas entidades decidieron acudir al Tribunal Supremo, en un último intento de ‘salvar’ la costumbre. En su recurso, aseguraban que la sentencia del TSJPV no tenía en cuenta la existencia de una reforma legal que se puso en marcha en 1997 y que autorizaba la contrapasa en situaciones excepcionales. A juicio de los letrados de los colectivos cinegéticos, esta modificación no entraría en conflicto con las restricciones europeas, por lo que no era procedente su derogación.

Nada más lejos de la realidad. En su escrito de conclusiones, los magistrados del alto tribunal desmontan los argumentos jurídicos esgrimidos por los cazadores y llegan a asegurar que son «poco o nada comprensibles». En este sentido, resuelven que las leyes europeas –en este caso, la directiva para la protección de las aves– tienen un rango superior que las normativas estatales y provinciales. Por todo ello, advierten, son «de obligado cumplimiento».

Los jueces lo tienen tan claro que despachan el fallo en cuatro hojas y condenan en costas a las siete asociaciones. Los cazadores tendrán que pagar ahora 4.000 euros en concepto de honorarios del letrado de los ecologistas.

Acaba de esta forma un debate que durante años ha enfrentado a cazadores y ecologistas. Los defensores de la contrapasa han argumentado siempre a su favor su condición de práctica ancestral y que el impacto ecológico era «mínimo, cuando no beneficioso», ya que la paloma torcaz estaba «en franca progresión» y, en algunos países, se había convertido en «una plaga». Además, insistían en que el número de pájaros abatidos era «muy pequeño». Enb definitiva, que se trataba de «la caza de los humildes», al ser popular y practicarse sin muchos artificios.

Por su parte, los ecologistas y naturalistas clamaban contra lo que consideraban un proceder «inmoral». Sus argumentos para solicitar su prohibición definitiva fueron dos. Por un lado, criticaban el daño generado al medio ambiente por un tipo de caza que se desarrollaba en una época del año «nada adecuada» –principios de la primavera–, donde el campo debe estar «libre» de tiros para facilitar la reproducción de las diferentes especies animales. Por otra parte, denunciaban también que era «poco ético» disparar contra aves en pleno viaje de regreso migratorio, cuando son más vulnerables que nunca.

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Ello supone, de hecho, la suspensión de la temporada de ascensiones por la vertiente tibetana, ya que las expediciones necesitan al menos un mes en la montaña para equiparla y aclimatarse y el monzón entra a finales de mayo o, en el mejor de los casos, principios de junio. Por si fuera poco, el anuncio se produce justo en el momento en el que todas ellas están ya camino del campo base o van a iniciarlo de forma inminente. Unas expediciones, conviene recordarlo, que han pagado cuantiosas cantidades de dinero por los permisos y toda la infraestructura necesaria para acometer la ascensión.

Sin olvidar, por supuesto, el gravísimo quebranto económico que va a suponer a todos los habitantes de la comarca –porteadores, sherpas, dueños y trabajadores de refugios, hostales, tabernas, etc.- la ausencia de alpinistas, para muchos de ellos su única fuente de ingresos durante todo el año.

China ha invitado a Nepal, país con el que comparte la territorialidad del Everest, a que se sume a la decisión, aunque el Gobierno de Katmandú ya ha adelantado que no secundará la medida.

El motivo esgrimido por las autoridades chinas para justificar la medida se refiere a la supuesta preservación medioambiental de la montaña y su entorno. Pero el argumento no se tiene en pie ni un minuto.
El Everest arrastra efectivamente desde hace años graves problemas por la masificación, la basura y el calentamiento global, pero desde luego su cierre durante unas pocas semanas no va paliar en absoluto el problema. Por no hablar de la autopista que el Gobierno de Pekín está construyendo hasta el campo base tibetano, donde tiene previsto levantar -de hecho ya han empezado a hacerlo- un hotel y un hospital.

Tras esta excusa medioambiental se ocultan motivos eminentemente políticos. Que no son otros que el miedo que las autoridades chinas tienen a las reivindicaciones tibetanas y, en general, a las críticas por su permanente quebrantamiento de los derechos humanos. A que pueda verse una pancarta de ‘Free Tibet’ en el Techo del Mundo el año de sus Juegos Olímpicos, el mismo en el que han previsto subir la antorcha olímpica hasta la cumbre del Chomolungma y retransmitirlo en directo, por supuesto antes del 10 de mayo.

Mientras la cuestión tibetana ha sido un problema interno, China lo ha resuelto a su modo: detenciones y encarcelamientos masivos, penas de muerte arbitrarias o, directamente, la ejecución de los disidentes. Como sucedió hace dos años en el campo base del Cho Oyu, donde los soldados detectaron la presencia de varias mujeres tibetanas que intentaban cruzar la frontera y las mataron allí mismo, a la vista de cientos de alpinistas. Varios de ellos grabaron la escena , que dio la vuelta al mundo… sin consecuencias políticas de ningún tipo.

Y como no pueden hacer lo mismo con los cientos de alpinistas que se van a dar cita en las laderas del Everest y el Cho Oyu esta primavera, han tomado la única decisión posible: vetar su presencia en las montañas, evitar la presencia de incómodos testigos, eliminar de raíz posibles reivindicaciones de unos extranjeros a los que aplicar los expeditivos métodos que se utilizan con los habitantes locales podría causar un conficto democrático y, sobre todo, un problema de imagen para sus flamantes Juegos Olímpicos.

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