De nuevo en la encrucijada. No salimos de una y nos acabamos de meter en otra. El Ayuntamiento de Vic ha recibido el aval jurídico del bufete Roca i Junyent para defender sus intenciones de negar el padrón a aquellos inmigrantes irregulares. El informe del gabinete del prestigioso abogado y exdirigente de CiU concluye que “la actuación del consistorio no puede ser considerada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley”. ¿Qué procede hacer ahora?

Sea cual sea la intención de Vic (o de cualquier otro municipio donde se plantee la situación), nos encontramos ante un grave problema. La concesión del padrón es la antesala para recibir una serie de prestaciones (guarderías, colegios, bonos de transporte, etc) de la que ahora se benefician, en su mayor parte, los inmigrantes, el sector más desfavorecido de la población. ¿Eliminamos ahora esas prestaciones? ¿Les negamos el derecho a existir legalmente? ¿Les ocupamos en trabajos que nadie quiere y, sin embargo, rechazamos sus pretensiones para mejorar? Difícil encrucijada en la que nos movemos.

A la vista está que se hace necesario regular cuanto antes los derechos de los inmigrantes que se encuentran en nuestro país. Y, si es necesario cambiar la ley, que se haga cuanto antes. Pero no puede prolongarse por tiempo indefinido la situación de esas miles de personas que abandonaron lo poco que tenían y se embarcaron (nunca mejor dicho) en una aventura que no se sabe dónde les va a llevar. Lo cierto es que muchos de ellos se ocupan en puestos que los naturales rechazamos y, sin embargo, la situación comienza a generar ciertos sentimientos xenófobos en parte de la población. ¿Cómo conciliar los derechos de unos y los de otros sin que nadie resulte perjudicado? No podemos seguir mirando para otro lado, porque hay situaciones que rayan en los esperpéntico. Inmigrantes a los que los servicios sociales atienden, y naturales que malviven con pensiones de miseria pese a que han cotizado durante años para disponer de una pensión. Y el sistema no puede con todo. Eso está claro.

No pretendo hacer demagogia con este tema tan delicado. Pero existe una frágil línea que está a punto de quebrarse. Quizá esa ola xenófoba no ha llegado aún hasta nosotros. Y nunca debería llegar. Pero cuando comienzan a lanzarse las alarmas en otros puntos de la geografía española, conviene atajar la situación y evitar los brotes que puedan surgir. Atendiendo a los más desfavorecidos, pero sin olvidar que una parte importante de la población natural también tiene problemas. Y más en esta situación de crisis. ¿Tan ciegos están nuestros polìticos que van a seguir confrontados? ¿A qué esperan para formular un gran pacto que solvente la situación? Mucho me temo que esto no ha hecho más que empezar.