A Esperanza Aguirre le pierde el verbo. Dice en unas declaraciones sobre el juicio del Yak-42 que “me equivoco todos los días” como “muy probablemente se equivocarían” las autoridades o políticos que participaron en las tareas de reconocimiento de los cuerpos calcinados en el avión siniestrado en Turquía.En este caso, desde luego, acierta de plano. Sin duda alguna, se ha vuelto a equivocar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que “no se puede criminalizar” a aquellas “autoridades, funcionarios o políticos” que trataban de “acortar el sufrimiento de la familias” al repatriar los cuerpos de los soldados fallecidos, en el accidente aéreo del Yak-42, al día siguiente de haberse producido la tragedia. “Creo que la intención que tenían era acortar el sufrimiento de las familias, no hacerlas estar ahí en Turquía durante tantísimo tiempo puesto que no había ninguna posibilidad de encontrar a nadie con vida”, indicó Aguirre. La presidenta asegura que equivocarse “no es ningún delito” y espera que “al ser un hecho tan dramático” no se criminalice a las personas que participaron en la repatrición de los cadáveres de los militares.

En ese afán por proteger a Federico Trillo, su compañero de partido y ministro de Defensa en la fecha de la tragedia, la presidenta de Madrid se equivoca en los argumentos. Porque precisamente, la indecente chapuza que se cometió con la identificación de los cuerpos, es lo que ha prolongado el drama de las familias de los militares muertos en el accidente ocurrido en Turquía. La precipitación en repatriar los cadáveres provocó el drama que viven desde entonces esas decenas de familias. Treinta de ellas recibieron los restos de sus allegados que, de inmediato, se demostró que no tenían parentesco alguno con quien figuraba como titular de la lápida. Lejos de acortar el sufrimiento de los recuerdan a los muertos, prolongaron la agonía y el dolor.

Puestos a no equivocarse, las autoridades podían haber decidido enterrar a los militares fallecidos en el Yak 42 en una fosa común. Así hubieran acertado de plano. La dignidad de las víctimas y de sus familias obligaba (y obliga) a mantener un escrupuloso proceso de identificación inequívoco. Que cada uno de las muertos reciba el nombre y la identidad correspondiente para su descanso eterno y la tranquilidad de sus familias. No se hizo en aquel momento y aún hoy, cinco años después, las heridas quedan abiertas por cusas que todos conocemos. Pero empeñarse en justificar lo injustificable, es lo que no tiene perdón. Errar es de humanos; pero no asumir las consecuencias de los errores, es cuando menos una cobardía.