La pasada semana, la Administración decidía corregir una situación absurda, que había pasado desapercibida hasta ahora: las ayudas públicas que entregaban los poderes públicos para subvencionar la compra de determinados bienes -turismos, calderas, nuevas ventanas y muebles-, los conocidos como ‘planes renove’, debían tributar en el IRPF. Es decir, lo que la Administración te daba con una mano, la de subvencionar, te lo quitaba parcialmente con la otra, la de recaudar impuestos.

Fue suficiente poner blanco sobre negro esa cuestión, un titular en primera página de EL CORREO y una información en su interior, nueve meses después de que fuesen aprobadas las ayudas, para que diputaciones y Gobierno se aprestasen a manifestar su intención de modificar la normativa tributaria de forma inmediata. Más aún, con carácter retroactivo.

Primera conclusión: Es un auténtico placer descubrir que en un momento en el que lo digital todo o invade, la prensa escrita aún tiene margen para defender los intereses de los ciudadanos.

Segunda conclusión: La capacidad de reacción de los poderes públicos frente a una cuestión que afecta de forma negativa a los bolsillos de los ciudadanos y de forma positiva a las arcas públicas, es directamente proporcional a la cercanía o lejanía de la próxima cita con las urnas. También es directamente proporcional al número de ciudadanos afectados.

Cuestiones jurídicas al margen, la situación era incomprensible. Que quien te da un dinero te quite una parte del mismo unos meses más tarde, no tiene defensa desde la lógica y la búsqueda de la simplificación de los movimientos.

Lo más curioso del caso han sido las reacciones que se han generado entre los responsables públicos. Así, el Gobierno aseguró que había actuado como los gabinetes anteriores. Esto es, aprobando las ayudas y que la responsabilidad fiscal recae sobre las diputaciones, que son las que tienen la competencia normativa en el IRPF. Tiene razón el Ejecutivo, aunque también es verdad que podía haber reconocido que en el momento de aprobar las ayudas no reparó en sus consecuencias fiscales y no adoptó iniciativa alguna. Podía haber “pedido” a las diputaciones que reconsiderasen la tributación de los ‘renove’, lo que le que hubiese permitido anotarse un tanto adicional de eficacia. El Gobierno, simplemente, no cayó en la cuenta. Todo hay que decirlo, los periodistas que nos dedicamos a estas cuestiones, tampoco. Mea culpa.

La reacción de las diputaciones, especialmente la que ha protagonizado la de Vizcaya, asegurando que iba a arreglar un “error del Gobierno” me ha parecido infantil. Varias décadas defendiendo la soberanía en materia fiscal para que ahora la culpa de que no cambies una norma fiscal la tenga otro. Me ha recordado a esos tópicos diálogos con mis hijos -vaya por delante que son los mejores hijos del mundo- a propósito de cualquier tema intrascendente de logística hogareña. ¿Quién ha dejado tirada la toalla en el suelo del baño? De forma invariable, si se le pregunta a Alex, el culpable ha sido Iñigo. Y si le pregunto a éste, el autor del descuido ha sido Alex.

Tercera conclusión: Los políticos, cuando acusan a otro de ser el culpable de algo, no es que sean malos. Simplemente, actúan como los niños.