La portavoz del PSOE y senadora socialista, Leire Pajín ha declarado que en un estado aconfesional como España rige el principio de que a las escuelas les corresponden “el conocimiento, los libros y la educación” y que la religión corresponde “a los templos y al espacio privado de cada ciudadano”.

¿No se estará confundiendo con un Estado en donde los poderes públicos quieren llegar a controlarlo todo, incluso las conciencias de las personas? ¿Les suena el comunismo, el marxismo?

Creo que es importante diferenciar entre “aconfesionalidad” y “laicismo”. La aconfesionalidad del Estado viene recogida en el artículo 16 de la Constitución y dice lo siguiente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Por contra, en ningún caso se recoge aquello de que los poderes públicos tendrán que ignorar deliberadamente las creencias religiosas de sus ciudadanos y eliminar la religión de la vida pública, ambas cuestiones propugnadas por el laicismo que sigue por el actual gobierno.

También viene al caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas en 1948 que en su artículo 18 garantiza a todas las personas la “libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado”.

Como dice Andrés Ollero, autor del libro “España: ¿un Estado laico?” y catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, “bajo las reivindicaciones de la separación absoluta entre los poderes públicos y toda manifestación de orden religioso puede ocultarse el intento de imponer un “laicismo de Estado” contrario incluso a la Constitución.

Por último, quiero resaltar aquí las declaraciones realizadas en su día por Rafael Palomino, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid, ante el anuncio del Gobierno de una posible reforma de la Ley de Libertad Religiosa (Agencia Veritas, mayo de 2008). En mi opinión, son de sentido común.

“Una reflexión de este tipo puede ser interesante, siempre y cuando sea una sincera reflexión y no sólo un trámite para cambiar un estable y pacífico marco jurídico de convivencia. Es decir: lo que no resultaría legítimo por parte del Gobierno es proceder con un consenso artificial a cambiar una ley con el fin de dar carta de naturaleza a un escenario público distinto, en la que en lugar de dar espacio público a los creyentes religiosos, se elimine tal presencia para que se encuentren cómodos los creyentes no religiosos“. “Digo en ambos casos “creyentes” porque ambos grupos lo son. Y a ambos los protege la libertad religiosa. Pero la segunda opción, eliminar la presencia de la religión en el espacio público a favor de los creyentes no religiosos, genera una nueva forma de confesionalidad que propugna el laicismo“, añadió el catedrático.