Hay que frenar esta sangría, que ya se hace insoportable. Amaia Egaña es la última víctima de los inhumanos desahucios a los que nuestros dirigentes políticos y la banca que entre todos estamos rescatando no acaban de poner freno. La mujer, una baracaldesa de 53 años, se arrojó ayer por la mañana por la ventana de su domicilio en el momento en que la comitiva judicial iba a echarla de su casa.

Cada día 500 personas son expulsadas de sus domicilios por no poder hacer frente a las hipotecas que contrataron, ahogadas por la situación de crisis que atenaza nuestro país. La recesión se ha convertido en la principal causa de suicidio en España, al estar relacionada nada menos que con un tercio de los casos. En porcentaje,  el impago de las hipotecas supone el 32% de los motivos de privación voluntaria de la vida,  siete puntos más que el desamor y los problemas de pareja (25,8%), según datos difundidos recientemente, en el último congreso nacional de Psiquiatría, que se celebró precisamente en Bilbao.

¿Cuántas muertes más serán necesarias para cambiar una ley tan sangrante? Un millón de familias han sido desahuciadas desde que comenzó la crisis. Europa ha señalado con el dedo a España por la injusticia que supone la obligación de entregar la vivienda y cargar con la deuda en caso de impago. Crecen los suicidios provocados por los desahucios. ¿Qué más tiene que pasar?

Sigo recapitulando las cosas que están ocurriendo desde hace unos meses. Hasta que los jueces no han llamado la atención sobre la necesidad de hacer algo, nuestros gobernantes no parecen haber reaccionado. Y cuando por fin los dos partidos más importantes de nuestro país se han reunido para tomar cartas en el asunto, acuerdan acordar. Ya hay consenso, que consiste en que, sí, van a ponerse de acuerdo. ¿Pero cuándo? ¿A qué esperan, señores políticos? ¿De qué vale que gastemos ingentes cantidades de dinero en prevención de enfermedades y vacunas contra la gripe, que cito porque es la campaña que se está desarrollando ahora, si no hacemos nada por impedir los suicidos, las fracturas familiares, la ruptura social?

¿Desde qué punto de vista, no ya político, sino ético y moral, puede permitirse que aquellas empresas a las que estamos entre todos salvando de la ruina nos lleven a tal extremo de angustia, depresión y ansiedad que empujen a las personas a quitarse la vida? Resulta kafkiano, como decía hace unos días mi periódico, que tras perder la vivienda, las familias queden endeudadas de por vida, desamparadas para el resto de sus días. Y lo peor de todo, como ciudadano, para mí, es sentir que eso lo estamos pagando entre todos, que parte del dinero de más que estoy pagando como contribuyente se destina al rescate de entidades que no tienen ningún respeto por la vida.

¿Van a hacer algo ya nuestros dirigentes políticos o la maquinaria burocrática y pactista necesita todavía más tiempo? Señores de la banca, ¿han permitido cuadrar sus cuentas todas estas muertes?

Perdonen mi indignación y perdonen también mi respeto por la vida.