La organización alemana DKMS, la mayor del mundo dedicada a la gestión de donaciones de médula ósea, dice que está siendo maltratrada por los medios de comunicación. Hace unos días, comenté en este mismo espacio que quería hacer un par de reflexiones sobre la polémica suscitada en torno a la irrupción en España de esta entidad. La primera, como recordarán, se refería a la necesidad de que el vendabal levantado permita, cuando menos, mejorar los actuales servicios de donación de médula ósea y  poner el foco en las necesidades de los pacientes, que lamentablemente parecen estar asistiendo a este debate como meros espectadores. La segunda, la que hoy nos toca, tiene que ver con el papel de DKMS.

El sistema sanitario español, formado por el Ministerio de Sanidad y los servicios de salud de las distintas autonomías, cuenta con un registro propio de médula ósea y cordón umbilical denominado REDMO. Los ciudadanos, a través de nóminas y otros impuestos, pagamos una atención sanitaria que cubre nuestras necesidades y las de nuestras familias. Si sufrimos un cáncer, ese fondo común que engordamos mes a mes y nuestros dirigentes políticos gestionan, sirve para pagarnos la quimioterapia, la radioterapia; y si necesitamos una médula, para buscárnosla a través del REDMO.

El REDMO es el registro público de donaciones, que gestiona una entidad llamada Fundación Internacional José Carreras. También lo financiamos a medias para que, entre otras cuestiones, defienda nuestros intereses ante otras fundaciones similares existentes en el mundo. Todas ellas, y esto es lo bueno, están consorciadas en torno a una única red internacional, el Registro Mundial de Médula Osea, que garantiza, en teoría, que cualquier paciente del mundo pueda acceder a un trasplante, sea alemán, francés o español. ¿Qué posibilidades tiene un paciente de leucemia vasco de lograr una médula compatible con la suya en el Registro Mundial? Las mismas que uno de Hamburgo, el 65%, porque ahí, en el Registro Mundial, están todas las médulas y todos los cordones.

El problema para nosotros surge cuando un registro ajeno a España, DKMS, irrumpe en el país y decide por su cuenta y riesgo competir por la captación de donantes. ¿Por qué no lo va a hacer si están los dos en la misma Unión Europea?, plantea la organización alemana. Y ahí es, precisamente, donde se plantea el conflicto, fundamentalmente, por dos motivos.

1.- Porque para trabajar en el mercado de la donación de médula ósea en España, DKMS tiene que cumplir una serie de requisitos legales, de cuya vigilancia se ocupan el Ministerio y las consejerías autonómicas de Sanidad. Para que se entienda, uno puede poner en marcha una fundación dedicada a financiar operaciones de cirugía estética, pero eso no le da permiso para montar un quirófano en el salón de su casa. Hay unas condiciones que hay que cumplir. DKMS está reconocida como fundación, pero por lo visto no las ha cumplido.

2.- Y no puede hacerlo porque la legislación española actual no contempla, por inviable, la existencia de un mercado de la donación donde operen al mismo tiempo una entidad pública y otra privada. Es por eso que el director de la Organización Nacional e Trasplantes, Rafael Matesanz, en nombre de la sanidad pública, advierte de que la llegada de DKMS romperá el actual sistema de trasplantes y donaciones. El servicio público no funciona económica ni socialmente si tiene la obligación de cubrir a sus ciudadanos el tratamiento contra el cáncer y, al mismo tiempo, permite que opere una entidad privada que le quite las médulas para luego vendérselas más caras. El precio de una médula de DKMS a España es de 14.500 euros. Si España, a través del REDMO, se la vende a Alemania cobra 8.500, pero el coste para un hospital español es cero.

El debate que plantea toda esta polémica es, en definitiva el del modelo sanitario que queremos tener. España puede apostar por una sanidad pública y universal, como la que tenemos, que garantice unas prestaciones sanitarias básicas. O, por el contrario, por una medicina privada, como la de EE UU y la que defiende DKMS, que permitirá una mayor recogida de médulas, pero que, a la larga, si se mantienen estos criterios, estarán sólo a disposición de quienes puedan pagarlas. Efectivamente, estarán todas ellas en el Registro Mundial, pero ¿todo el mundo va a poder pagar los 14.500 euros que cuestan si el sistema sanitario, como en EE UU, se limita a proteger a los que en otro tiempo aquí se llamaron pobres de solemnidad?

DKMS tiene difícil encaje en el sistema sanitario español. No hay mucho dónde rascar. O Sanidad para todos, que llegue hasta donde lleguen nuestros recursos económicos; o sanidad privada, que cubra sólo a unos pocos y el resto, a buscarnos la vida a través de seguros privados. Desde el punto de vista administrativo, también cabría la posibilidad de que la firma centroeuropea cumpliera los requisitos que se le exigen y alcanzara un acuerdo tarifario con Sanidad que evitara hacer saltar el sistema por los aires. Si sólo piensa en el bienestar de los pacientes españoles, bien podría hacerlo. Pero, cuidado con lo que se haga: ¿Puede a la larga crecer el número de donantes si los ciudadanos acaban teniendo la sensación de que se mercadea con sus órganos?

Queda, en todo caso, como ha puesto de manifiesto esta polémica, un camino en medio, que es absolutamente necesario recorrer. Los servicios de salud han de apostar bastante más de lo que lo hacen por captar el interés de los ciudadanos en donar médula ósea (900 32 33 34). Tienen que hacerlo, al menos, por dos motivos. Uno, porque 91.000 muestras de tejido para una población de 45 millones de habitantes es un resultado que, aparentemente, se puede y debe mejorar. Cuantas más personas donen más pacientes tendrán la posibilidad de encontrar las células compatibles que necesitan. Y dos, ¿estamos cubriendo realmente las necesidades de la población inmigrante?