Los periodistas siempre queremos saber más. Claro, somos periodistas. Pero, ¿dónde está el límite entre el interés informativo y el morbo, la ética y la carroña? El estado de salud del torero Ortega Cano ha vuelto a poner de actualidad una cuestión siempre sin resolver, uno de esos debates que, por desgracia, acaba por extender a toda la profesión la mala fama que le imprimen sólo algunos. El derecho a la intimidad del paciente nos hace a los ciudadanos dueños de la información relativa a nuestras propias enfermedades. Pero, ¿y si se trata de un famoso? ¿Hasta dónde están las instituciones sanitarias obligadas a informar de su estado de salud?

He leído un reportaje interesante sobre esta cuestión en Diario Médico y me ha parecido oportuno traer el debate a ‘Pasamos consulta’, porque es el típico asunto que siempre genera controversia, de bastante mayor calado que lo que habitualmente se traslada a la opinión pública. Cuando se trata de famosetes llamémosles ‘amarillos’, de los que llenan la tarde de algunas cadenas de televisión y la parrilla completa de otras, hay quienes no les dan tregua. Si una vez vendieron su alma al diablo, están obligados a purgar toda su vida. Se merecen el calvario constante de la presión mediática para toda su vida, incluso más allá de la muerte. Si un día cobraron por vender la exclusiva de su boda, pues ahora que purgen y que tengan los micrófonos y las cámaras a todas horas. Cuando entran, cuando salen, cuando compran, cuando venden y cuando no le importa a nadie.

No comparto en absoluto esta opinión, pero hay muchos periodistas que sí. Más bien creo que cada uno es dueño de su lucha contra el cáncer, su impotencia física y emocional y sus adicciones, se llame Juan García y sea mecánico o se llame José Ortega Cano y sea torero viudo de cantante famosa. Sin embargo, más allá de que cada famoso o famosete acabe buscándose la vida, sí debería tal vez haber una cierta regulación sobre el asunto para evitar conflictos, que irremediablemente se dan y se darán. ¿Tiene el Rey, o el presidente del Gobierno (es sólo un ejemplo), derecho total a su intimidad como paciente? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta el punto de que se puedan ocultar al público enfermedades que afecten a la marcha del Estado?

Bajemos un poco más. A pie de calle. ¿Tenemos derecho a saber los ciudadanos sobre la evolución de un paciente, por ejemplo, Juan García, mecánico, afectado por una nueva enfermedad que tiene en jaque a los servicios sanitarios internacionales? Ya, pero ¿si se trata del primer caso en la comunidad, pongamos de una enfermedad tan contagiosa como el ‘mal de Hamburgo’? Nada, es sólo otro ejemplo.