Naturalmente que hay instituciones que cumplen con un estándar de calidad elemental en la planificación y ejecución de sus campañas publicitarias. Este post es para ayudar a eliminar una práctica contraria al uso de postests en la evaluación de esas campañas.

Hay un mecanismo de ceguera voluntaria cuando se trata de valorar campañas institucionales, por el cual no se quiere saber el resultado porque si sale negativo ello afectaría a la reputación de los propios funcionarios que han planificado la campaña.

Sin embargo la ausencia de postest es una mala praxis, que además supone un despilfarro de recursos. La ausencia indica un interés en hacer mera propaganda de imagen de gobierno más que de acciones efectivas. Si las campañas son para modificar conductas sociales negativas (igualdad, intolerancia, consumos adictivos, etc.) lo lógico es que se evalúe su impacto.

La ausencia de postest en las campañas institucionales debiera ser perseguido de oficio por los portavoces de la oposición, en aquellas instancias, gobiernos o territorios en que tenga lugar. No es de recibo campañas con una inversión millonaria y que no se dedique un común 5% a evaluar su efectividad, cuando además es un beneficio social el que resulta de su correcto funcionamiento.