MOBILIARIO URBANO por ÁNGEL RESA

La Diputación se pasó por el arco de San Prudencio la exención fiscal por maternidad´

Pensé en sobar el tema la semana pasada, pero informaciones añadidas durante estos días me han decidido a meterle mano. Resulta que hace seis años, las Juntas Generales de Álava -el Parlamento provincial que esgrime sus competencias fiscales como modo relevante de manifestar su razón de ser- aprobaron una norma en favor de las mujeres perceptoras de dinero por maternidad. Esos ingresos quedaban excluidos de la declaración del IRPF, o sea, no computaban en la base imponible. Es cierto que a tal ventaja para las contribuyentes se opuso el PP, que gobernaba entonces la Diputación con Rabanera al frente. También que el PNV, que tomaría con Xabier Agirre el mando institucional meses más tarde, se abstuvo. Pero los votos sumados de PSE, EB y el grupo Mixto valieron para aprobar un texto que beneficiaba a las recién parturientas y reducía ingresos a las arcas forales.

Vamos, que en tal caso la fuerza del Legislativo se impuso al poderío presumible del Ejecutivo. Debió doler a los gobernantes -populares primero, jeltzales después- pero aquel resultado fue el fruto de un juego arimético y legal. El que eludieron los dos gabinetes forales, que decidieron incumplir la norma propia. Tiene bemoles la cosa. Prueben ustedes a saltarse las obligaciones, no hablemos en asuntos de parné, y notarán cómo la recia zarpa administrativa deja marca en los cuellos al comprobar sus medidas. Parece que al revés no, que ahí los poderes públicos dictan las reglas del juego, actúan en casa y hasta tratan de nombrar al árbitro de la contienda.

El asunto se ha destapado porque una de las mujeres que debía obtener rédito de aquella norma acudió a la Justicia. Tras comprobar que Hacienda le había incluido como ganancias normales las percepciones maternales en la declaración de la renta tuvo el coraje de reclamar. Y el tribunal correspondiente le otorgó la razón. Su caso, lógicamente, se multiplica por tantas otras a quienes les colaron aquellas retribuciones en la base imponible del IRPF. Lo tremendo es que la Administración, alavesa en este apartado, se salte su propia norma. La actitud de los dos ejecutivos provinciales viene a actualizar la vieja rebeldía del pase foral: se acata, pero no se cumple. Con un par.

Y claro, la Diputación teme un alud de protestas aprovechando el rebufo de la primera sentencia judicial. Ese es su miedo, la adversa posibilidad de soltar pasta con la que no contaba desprenderse. Mi recelo, supongo que el de muchos contribuyentes, va por otro lado: la impotencia frente a los abusos administrativos. La declaración que leí la semana pasada, que partía del Palacio de la Provincia, me dejó helado. “Estamos seguros de que vamos a ganar”. Se refería a la presunta victoria legal de la Diputación en los tribunales. Se puede tomar como la bravuconada de quien emprende una huida hacia adelante ante el problema. Pero también como un aviso inquietante, el anuncio de una presunta influencia del poder ejecutivo sobre el judicial.

Nos encontraríamos entonces ante un concurso de tiro al blanco con el rostro de Montesquieu en la diana. Aquel hombre -todo un referente del pensamiento político- estableció lindes de separación entre parlamentos, gobiernos y magistrados. La Diputación se ha pasado por el arco de San Prudencio un mandato de las Juntas y advierte de que sus señorías togadas frenarán con el mazo las justas reivindicaciones de madres que cotizaron por dineros exentos de declarar. La lista de damnificadas que solicitan el reingreso de lo que pagaron no cesa de crecer y parece evidente que el Palacio de la Provincia se topa con un marrón. Consecuencia de las distintos tamaños en las varas de medir o de la teoría del embudo: boca ancha para los poderes públicos y tubito de ensayo estrecho para los administrados. Resultará interesante seguir el pulso tributario entre aquellas parturientas y la arbitraria comadrona foral.