El sentido común parece que se ha impuesto en este absurdo conflicto. Un acuerdo de última hora alcanzado entre los sindicatos y la dirección ha permitido desconvocar los paros parciales previstos en Metro Bilbao que debían comenzar mañana, festividad de Santo Tomás, según ha informado la empresa. ELA ha decidido aceptar la propuesta de la dirección y desmarcarse de la postura común con LAB, CIM y ESK, que cuentan ahora con sólo seis de los diecisiete delegados. UGT y CCOO ya habían anunciado la semana pasada que no apoyarían detener el suburbano durante cinco días consecutivos.

La propuesta final de la empresa ha retrasado de las 00.30 horas a la 1 de la mañana la apertura del servicio para Nochebuena, lo que supone dejar intactos los turnos de la mañana, una de las principales reivindicaciones sindicales. La retribución será, como había propuesto la dirección, de 350 euros.

Bienvenido sea el acuerdo. Y todo porque se ha acabado imponiendo el sentido común. El del sindicato mayoritario y el de la empresa que se ha avenido a negociar, como no podía ser de otra forma, hasta el último momento. Y del acuerdo quienes más salen ganando son los miembros del sindicato, la empresa y, por supuesto, los ciudadanos. Y estos sin comerlo ni beberlo iban a ser los grandes perjudicados de un conflicto que nunca se debería de haber producido.

El diputado general de Vizcaya había responsabilizado por la mañana a la dirección de suburbano por no negociar con los sindicatos. José Luis Bilbao utilizó palabras gruesas en su explicación sobre el conflicto, cargando contra los responsables políticos. “La ciudadanía no tiene por qué pagar la ineptitud” de la dirección de los gestores de esta sociedad pública, que “ha ido a amenazar” a los trabajadores, aseguraba Bilbao a primeras horas de la mañana. A su juicio, la actual dirección “ha ido a imponer, amenazar con llevarles a los tribunales”, cuando los trabajadores “tienen derecho a la huelga” porque es “un derecho constitucional”. Ha admitido que los paros en los servicios públicos, en especial en el transporte público, “hacen mucho daño”, por lo que “hay que pensárselo dos veces”.

Tras la firma del acuerdo que desconvoca la huelga en Metro Bilbao, el presidente de la entidad y viceconsejero de Transportes, Ernesto Gasco, ha reclamado al diputado general de Vizcaya que “rectifique” sus declaraciones. “Espero que mañana nos felicite y reconozca su error”, ha comentado el responsable del suburbano.

“Nos han fastidiado Santo Tomás”. “Es una barbaridad, algo absolutamente extemporáneo”. El alcalde de Bilbao criticaba abiertamente y con claridad los paros convocados en Metro Bilbao antes de que se desconvocaran.

Todas las palabras carecen a estas horas de importancia. Y solo prevalece la reacción de los sindicatos desconvocantes de la propuesta que han sabido rectificar a tiempo y han evitado que la ciudadnaía cargue sobre ellos el paro en el suburbano. Porque nadie habría entendido la supresión del servicio en un día tan especial como el de Santo Tomás.

La frase que encabeza este post no es mía. Hay que atribuírsela a los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez. Ambos líderes sindicales dijeron ayer que la huelga general será “un huelgón” y que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero debería tomar nota del éxito que el paro general ha tenido en Francia. Y, la verdad, me parece un disparate.

No se me amontonen, que ya estoy viendo a muchos de los que leen este blog criticarme porque creen que defiendo a Zapatero. Déjenme explicarme. A estas alturas de la vida el cacascarrabias ha aprendido a distinguir entre España y los demás. Y mucho más cuando se trata de Francia. ¡Dónde vamos a parar!

Las huelgas en Francia se organizan y se ganan. Al menos, en la calle. La fuerza sindical es aún muy importante. No solo consiguen movilizar a los trabajadores (cientos de miles de personas se manifestaron contra el retraso en la edad de jubilación en las ciudades más importantes de Francia), sino que cierren hasta los periódicos (Le Monde no salió ayer a la calle). Algo impensable en este país.

Las centrales sindicales españolas intentan movilizar a los trabajadores españoles, algo apáticos ante la convocatoria de huelga prevista para el 29 de septiembre. Toxo asegura que, a medida que los ciudadanos conocen las causas de su convocatoria crece la indignación, por lo que la huelga será “un huelgón”. Méndez dijo que Zapatero debería tomar nota del éxito de la huelga general que “le han convocado” al presidente francés, Nicolás Sarkozy, y añadió que el 64% de los votantes del PSOE cree que la huelga es justa.

Pero en el sentir general de la población, no parece que existen muchas ganas de apoyar la jornada de huelga. A tenor de los informes que se están publicando estos días, a tres semanas escasas del ‘día H’, más del 60% de los trabajadores no está dispuesto a secundar la convocatoria. De ahí que los dos secretarios generales redoblen sus esfuerzos para sumar más trabajadores a su causa. Porque en el pulso que le han echado al Gobierno de Zapatero, al que acusan de fomentar “el recorte más lesivo de la democracia”, no pueden dejar demasiados pelos en la gatera.

Y de momento no hay mucha seguridad en que le puedan obligar a cambiar el paso. Aunque no pierden la esperanza, de ahí que le hayan pedido que se mire en el espejo francés. Por cierto, Sarkozy no ha cambiado de opinión pese al razonable éxito de la convocatoria sindical. ¿Lo haría Zapatero si la huelga es un éxito?

Hasta hace bien poco cuando se hablaba de ‘la reforma’ uno se refería al proceso de “cambio, profundo y generalizado, del siglo XVI en los usos y costumbres de la Iglesia Católica en la Europa Occidental, con respecto a las pretensiones papales de dominio sobre toda la cristiandad” (es copia de la wikipedia; que luego nadie me saque los colores). De reforma también se habla para referir los cambios que introdujo Santa Teresa de Jesús sobre la orden de las carmelitas descalzas y la vuelta a “la regla primitiva sin mitigaciones”. Es decir, la vida centrada en Dios con toda sencillez y pobreza, como la de los primeros eremitas del Monte Carmelo (esto no es de la wiki, pero sí de los libros de texto, que uno no lo puede saber todo). Pero a partir de ya, cuando se cite la palabra reforma, todo el mundo sabrá que la referencia se hace carne en la regulación del mercado laboral. ¡Tela!

Un fracaso. Sin concesiones. Tres años y pico de negociaciones entre los agentes sindicales y no se ha llegado a nada. Tan es así que el Gobierno aprobará la reforma laboral por decreto y en el último minuto del partido el 16 de junio. Justo la víspera de acudir a Bruselas donde se celebrará la última cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE bajo presidencia española. Zapatero acudirá al escenario donde se le forzó a recortar el presupuesto, que tanto ha cambiado el escenario de la negociación.

Fracaso del Gobierno. En este plazo ha sido incapaz de engrasar a empresarios y sindicatos para llevar a buen puerto la reforma laboral. Ni en tiempos de bonanza ni en la crisis más dura ha encontrado argumentos que convenzan a la partes de que un acuerdo de todos es el menos malo de todos los acuerdos.

Fracaso del empresariado. Empecinado en bajar los salarios como sea y las indemnizaciones por despido, se ha mantenido inamovible en sus posiciones consciente de que el decreto no les puede perjudicar, sino todo lo contrario. Lastrados además por la asistencia a las negociaciones de un presidente más pendiente de sus problemas económicos y la pérdida de sus empresas que del futuro del país.

Fracaso de los sindicatos. El maridaje del último lustro con el Gobierno de Zapatero se ha roto tras las renuncias del Ejecutivo a mantener a toda costa el estado del bienestar. Una renuncia que ha cortado el crédito del presidente con los sindicatos, pero que hace insostenible también la rigidez de las peticiones de los trabajadores. Conscientes además de que en un acuerdo por decreto tienen mucho que perder y abocados a la convocatoria de una huelga general.

Un país que asiste incrédulo al fracaso de los agentes sociales y del Gobierno, pero que tampoco parece asumir que no son tiempos para la lírica y, sin embargo, se prepara para las vacaciones de verano como si éstas ofrecieran un paréntesis económico. Y mientras la deuda se dispara.

Pero qué se puede esperar cuando sospechosamente se adelanta la celebración de ese consejo de la reforma al miércoles 16, precisamente el día que España debuta en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Como si una previsible goleada sobre Suiza, amortiguara las decisiones que se tomen ese día.

Rectificación en toda regla. Marcha atrás y, lo que es más grave, falta total de crédito para el futuro. El presidente del Gobierno rompe todas sus promesas, se olvida de las veces que ha invocado su negativa a recortar las prestaciones sociales y da la espalda a los más débiles, los verdaderos paganos de la crisis. Las drásticas medidas que se ha visto obligado a aplicar (acuciado por sus socios europeos y por el mismísimo Obama) afectan, sobre todo, a los más indefensos, mientras que los poderosos siguen sin pagar la crisis.

No es casual que sean los empresarios los más satisfechos con las medidas adoptadas por el Gobierno, mientras los sindicatos mayoritarios amenazan con la contestación en la calle. Aunque no lo han dicho con esas palabras, los líderes sindicales de UGT y CC OO creen que la actitud del Ejecutivo tiene que obtener una inmediata respuesta. Y la huelga general pende sobre la cabeza del presidente. No es extraño, por tanto, que haya convocado en la Moncloa a los representantes de UGT y CC OO a los que tratará de explicar por qué se ha tomado estas medidas.

El PSOE confía en que la ciudadanía entienda la necesidad de aplicar el recorte y no teme que los sindicatos convoquen una huelga general ni tampoco que los recortes se traduzcan en un castigo electoral. Pero está claro que Zapatero y su gabinete han entrado en una descomposición que le puede hacer perder las alecciones.

Las medidas adoptadas han llegado tarde y mal. Y además son menos inteligibles cuando el optimismo del presidente (primero negó la crisis, luego aplicó unos recortes insuficientes, negándose a recortes drásticos) le ha impedido hacer frente de cara a lo que todo el mundo le advertía que podía llegar. España no es Grecia, pero lo parece. Y las medidas que ha tomado ahora Zapatero son del mismo tono de las griegas, aunque algo menos acusadas.

El presidente se ha olvidado de sus promesas y los principos básicos de lo que iba a ser su acción de Gobierno y ha tirado por la borda el poco crédito que le quedaba. Carga sobre los más débiles, funcionarios y pensionistas, y avanza duros recortes en un ajuste sin precedentes. Por primera vez, se baja el sueldo a los funcionarios y se congela las pensiones. Pero además suprime medidas de corte social, como el cheque bebé, del que hizo bandera a principio de su segundo mandato.

Y no es cierto que la crisis nos haya llegado de golpe, como así quiere significar, porque desde el 2008 hay gente que viene pagando los efectos de la economía. EREs en empresas de automoción, navales y siderúrgicas, recortes y congelación salarial incluso en algunas de las empresas punteras del país. Casi cinco millones de parados, duplicando las cifras del desempleo europeas Y. mientras, Zapatero invocaba su proverbial optimismo como si de un mantra se tratara para espantar la crisis.

No sé qué piensa sacar hoy en La Moncloa de su encuentro con los sindicatos. Difícil será que las explicaciones puedan conciliar los ánimos y neutralizar el llamamiento a los trabajadores para salir a la calle. Porque la respuesta se tiene que producir y la huelga general es prácticamente imposible de parar. Y la continuidad de los socialistas en el Gobierno queda más que en entredicho, por más que se anuncien casos de corrupción en el seno del PP. Pero esto será otra historia.

Menudo día han elegido los sindicatos para manifestarse en España. Un 23-F, de infausto recuerdo para los que tenemos unos años, es la fecha que UGT y CC OO han puesto sobre la mesa para mostrar al gobierno su oposición al pensionazo. El éxito, sin que hayan acabado las manifestaciones, está garantizado porque es tal el cabreo acumulado entre la clase salarial que esto de las protestas no ha hecho más que empezar.

Lo que es evidente es que se ha producido la ruptura del idilio entre Zapatero y los lìderes sindicales que venían manteniendo desde que aquel ocupa La Moncloa. No obstante el jefe del Ejecutivo ha vuelto a insistir en que el Gobierno escucha a los representantes de los trabajadores. El presidente asegura que el debate sobre las pensiones “es un debate que permite el sosiego, porque es un tema a largo plazo que no tiene nada que ver con la crisis, por lo que no hay que resolverlo ahora”. Pero los sindicatos no parecen muy dispuestos a seguir por la senda que les marca Zapatero al que acusan de haber lanzado con su propuesta sobre las pensiones “un mensaje de la peor manera posible y que ha generado alarma social”.

Los representantes de los trabajadores no piensan cejar en su pulso con el Ejecutivo porque creen que “la agresión es de una envergadura que necesita una rectificación”. Los sindicatos piden al Gobierno que dé marcha atrás en su reforma sobre las pensiones y “no ponga en cuestión el futuro de la protección social”. Y parece que el mensaje comienza a calar con fuerza en algunos representantes del partido del Gobierno. Saben que de mantener la posición y enfrentarse a los trabajadores, su suerte está echada en la próxima cita electoral.

Para evitar que se desinfle en sus intenciones, el gobernador del Banco de España ha elegido la jornada de hoy para pedir a Zapatero firmeza. “La propuesta del Gobierno sobre la jubilación va en la dirección correcta”, asegura Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que con más crudeza que nunca, ha dejado clara la imperiosa necesidad de acometer reformas estructurales, aunque es consciente de que traerán sacrificios que habrá que soportar si se quiere salir de la crisis. «Si no lo hacemos, España va a entrar en un periodo duro y complicado donde no sólo el crecimiento será más bajo, sino que, además, su impacto en las cuentas públicas podría ser muy negativo», afirmó.

Todo el desgaste para el Ejecutivo. Mientras, Rajoy sigue a la espera, sin tomar una sola iniciativa. Bastante tiene con sostener la cuerda que tiene atada al cuello Zapatero que ahora no sabe cómo enderezar la situación, de tal forma que pueda mantener la credibilidad ante los mercados y no siga perdiendo crédito ante los sindicatos.

Hace unos días se daba a conocer los resultados de un informe económico en el que se constaba algo muy extendido enla calle: que los verdaderos paganos de esta crisis son los asalariados, que han perdido en proporción mucho más que los empresarios . Lo que es evidente es que estos reclaman a los primeros que sean solidarios en la crisis y contribuyan a rebajar sus sueldos. Pero nadie recuerda que en las grandes bonanzas que ah habido en estos últimos años, tampoco se ha repartido la riquiza generada entre los trabajadores. Y no es demagogia. Solo constato la realidad.

Por fin. Ya se han decidido. Les ha costado un poco, pero los sindicatos se han animado a sacar la protesta a la calle. Lo contrario hubiera significado demasiada complacencia con este Gobierno que no parece defender los intereses de los trabajadores y que comienza a plantearse acabar con algunos de los beneficios sociales de los empleados.

Los sindicatos han decidido salir a las calles el 23 de febrero en Madrid, Barcelona y Valencia (en Bilbao será el 27) para protestar contra la reforma del sistema de pensiones, punto culminante del centenar de movilizaciones que tendrán lugar entre el 22 de febrero y el 6 de marzo en todas las capitales para pedir al Gobierno que retire su propuesta de aumentar la edad de jubilación.

Los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, lo han presentado hoy a todo bombo y han asegurado que las manifestaciones serán “multitudinarias”. Por fin hemos oído de su boca que rechazan de la forma “más absoluta” la reforma de pensiones por ser una medida “regresiva, insolidaria e imprudente”. Consideran ambos líderes sindicales que la propuesta del Ejecutivo supone un “recorte drástico” de la protección social.

Ambos dirigentes han coincidido en que las movilizaciones serán “masivas” y “están llenas de razón”, y se han mostrado convencidos de que habrá “un clamor casi unánime” de la sociedad en exigencia de una reconsideración de la propuesta del Ejecutivo.

El cascarrabias no defiende la ruptura de la paz social, no vayan a creer. Pero tampoco le complace que sistemáticamente se recorten los derechos de los trabajadores y que sean estos los paganos de la crisis. Porque por activa y por pasiva, los que ven sus salarios rebajados y sus puestos en peligro son los empleados de cientos de grandes empresas que en época de bonanza no se han acordado de repartir sus pingües beneficios y ahora piden a sus asalariados que sean solidarios. Y los precios no paran de crecer.

Si además tenemos en cuenta que el Gobierno defendió no hace mucho el negocio de los bancos, necesarios para la buena marcha del país, y que estos siguen en números azules pese a la que está cayendo, no es de recibo que sean los trabajadores los paganos de la situación. Ceder a presión de la patronal y de la derecha, es ponerse en la picota de cara a las elecciones. Cierto es, sin embargo, que la pirámide de población no puede sostener con las cifras actuales el sistema de pensiones y que algo hay que hacer para garantizar la permanencia de los beneficios sociales. Pero no han dado ni una.

De momento, los sindicatos sólo lanzan una advertencia al Gobierno. Son muchas las voces que demandan mayor dureza. Pero tampoco es cuestión de incendiar la calle. Todo lo contrario. Más que nunca, los trabajadores deben actuar con el cerebro y no con el corazón. Se hacen necesarias algunas renuncias, pero no de gratis. Si los empresarios se comprometen a compensar a sus empleados de la rebaja que ahora se impone, estoy convencido de que la mayor parte va a reaccionar de forma positiva. Pero si lo que quieren es rebajar la capacidad salarial, me temo mucho que la confrontación no ha hecho más que empezar. Y eso no lo puede proteger este Gobierno.

Nuevamente me tengo que poner en plan cascarrabias. Porque hete aquí que después de 30 años de gobierno nacionalista y presupuestos de derechas, nos enteramos de que son precisamente los socialistas, y quienes les apoyan, los que han preparado unas cuentas muy poco sociales. Esto es lo que aseguran, al menos, los sindicatos nacionalistas que siguen con la política de confrontación con el Ejecutivo vasco, al que recibieron con uñas y dientes desde los primeros días de su toma de posesión.

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU se manifestarán el próximo viernes en Vitoria para mostrar su denuncia y rechazo al proyecto de presupuestos generales de Euskadi para 2010, una protesta que finalizará ante el Parlamento vasco donde entregarán un documento con sus posiciones. La movilización se inscribe en la campaña de protestas que iniciaron en septiembre pasado para exigir a las instituciones vascas y navarras otras políticas de lucha contra la crisis.

Según han explicado los secretarios generales de ELA, Adolfo Muñoz, y LAB, Ainhoa Etxaide, con su protesta en Vitoria exigen “otros presupuestos” más solidarios y sociales y no “neoliberales y de derechas” como los presentados.

Es curioso que fuerzas tan progresistas como las que firman el acto de protesta nunca se hayan enfrentado a los gobiernos del PNV, pese a que las políticas defendidas por estos últimos eran tanto o más conservadoras que las que ahora se pretenden sacar adelante. Pero llueve sobre mojado. Claro que es legítimo (e incluso necesario) que los sindicatos vigilen las cuentas y traten de ver hacia dónde pretende hacernos ir el Ejecutivo. Lo que no se entiende es que hayan esperado tanto tiempo para mostrar su posición contraria.

Y todos los argumentos que podían emplear para sumar a otras fuerzas al carro de las propuestas, se desarman porque obedecen, sobre todo, a razonamientos políticos y no laborales. Con sus protestas, los sindicatos nacionalistas pretender oponerse porque sí a las cuentas del Ejecutivo. Lo mismo que hicieron cuando convocaron la huelga a escasas semanas de que el líder del PSE hubiera tomado posesión del sillón de Ajuria Enea. Y más insostenible parece esta posición cuando se han negado sistemáticamente a entablar ninguna conversación con los representantes del Gobierno para tratar de llevar a buen puerto el diálogo social.

‘Al enemigo, ni agua’. Es el lema que han escogido los sindicatos nacionalistas que parecen olvidar que su principal cometido es velar por la seguridad de los puestos de trabajo, las mejoras salariales y la provisión de nuevas contrataciones para el futuro. Pero no debe ser tan divertido como zaherir al Gobierno como si fuera el muñeco de feria. En definitiva, para ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU, “hay motivos para que la gente salga a la calle, hay motivos para reclamar, porque otras políticas se pueden hacer”. Sobre todo si las firma un gobierno no nacionalista.

Se avecina un otoño caliente. Y, de momento, no hay visos de que esto se pueda parar, sino todo lo contrario. La popularidad de Zapatero desciende a pasos agigantados y le llueven críticas y palos hasta de los hasta hace poco amigos. Sin ir más lejos, los medios de Prisa zarandean al presidente del Gobierno sin respiro y le culpan sin ambages de la situación económica y de la deriva del país. Y a esa voces comienzan a sumarse otras.

Nada más desembarcar en Izquierda Unida, su nuevo coordinador Cayo Lara ya dejó caer que había que contestar a la política del Gobierno de Zapatero en la calle. Y no sólo sugirió sino que se atrevió a invocar la amenaza de una huelga general. Ahora, cargado de algunos argumentos, lo dice tan claio como entonces, pero mucho más alto, si cabe. “Si el presidente del Gobierno sigue sin coger el toro por los cuernos”, sólo cabe una respuesta: “La gente debe salir pacífica y tranquilamente a la calle”. Lo ha dicho hoy en RNE donde además vaticinó que se acerca un “otoño caliente”.

También en Euskadi, los sindicatos ELA y LAB aseguraban hace unas horas que volverían a convocar a los trabajadores vascos para contestar la política de Patxi López y de su aliado español en el Gobierno de la nación.

Y como el PP bastante tiene con lo suyo, y no va a apagar este fuego, sino que lo va a alimentar con más gasolina, estoy convencido de que va a haber más voces que clamen contra la política económica del Gobierno, la subida de impuestos que nos va a caer en breve y cuantas medidas se adopten para intentar salir de la crisis.

No les digo nada si, como se espera, los empresarios se suman al festín y reclaman no solo la contención de salarios, sino que los trabajadores renuncien a parte de su sueldo, dada la coyuntura y ante la más que previsible merma del negocio. Sobre todo, si la disyuntiva es o paro o bajada de sueldos. ¿Cuál va a ser la respuesta?.

Los únicos que de momento parecen librarse son los 62.000 trabajadores de la Administración vasca que parecen tener asegurada una subida de 2 puntos de salida, según las previsiones del Ejecutivo de López, que por este concepto deberá desembolsar unos 700 millones adicionales.

Y como todos los cantos de sirena advierten de nuevas desgracias, me temo muy mucho que el personal se va a ir calentando y responderá con entusiasmo a lanzar a la calle la protesta contra el Gobierno que parece impotente ante la que está cayendo.

ELA y LAB han calificado hoy de “fraude” y “tinglado” el diálogo social que promueve el lehendakari Patxi López y, tras insistir en el “éxito” de la huelga general del pasado 21 de mayo en el País Vasco y Navarra, han afirmado que “hay que seguir movilizando”. Adolfo Muñoz (ELA) y Ainhoa Etxaide (LAB) han realizado estas consideraciones en una rueda de prensa conjunta celebrada en Bilbao junto a dirigentes de las demás centrales que respaldaron la citada huelga general: Arantza Fernández de Garaialde (STEE-EILAS), Ainhoa Iturbe (EHNE), Estitxu Ugarte (HIRU) y Josu Balmaseda (ESK).

Todos ellos han subrayado lo “tremendamente positivo” de la jornada de huelga, han criticado la postura del Gobierno de López y su decreto de servicios mínimos, así como las “mentiras” y la “manipulación” que, en opinión de los convocantes, se han vertido sobre esa huelga al calificarla de política, y han apelado a la necesidad de seguir con las movilizaciones en defensa de la clase trabajadora.

El cascarrabias recuerda unas elecciones en las que Julio Anguita obtuvo pésimos resultados y, por toda explicación, el dirigente del PCE culpó a los electores por su ceguera y nos acusó de inmaduros por no ver las ventajas que nos ofrecía su partido.

Esa reacción tan sorprendente es parecida a la que tienen los convocantes de la huelga del pasado 21 de mayo. Debían de estar tan concentrados y metidos de lleno en los piquetes (eso sí informativos, que dicen ellos) que no se dieron cuenta de que el país pasó olímpicamente de su propuesta y, en su mayor parte, los trabajadores acudieron a sus centros de trabajo. Sin ir más lejos, en la Administración vasca, donde tienen la mayoría sindical, el paro apenas si tuvo incidencia (Osakidetza y Lakua por ejemplo estaban muy por encima del 90%).

La huelga fue un fracaso, si por fracaso se entiende que funcionaran los servicios y empresas fundamentales para la economía del país. EiTB, que sí aplicó a rajatabla los servicios mínimos, apenas si notó en sus audiencias la incidencia del paro, lo que dice mucho sobre la situación del medio público.

“Cuando uno viaja en coche oficial se va a tanta velocidad que se pierde la medida de las cosas reales”, dice Muñoz, quien ha indicado que “más de 55.000 personas nuevas desempleadas es suficiente razón para estar preocupados”. Y tiene razón, pero que se aplique el cuento antes de tirar la primera piedra. Cuando una empresa se puede permitir el lujo de permanecer durante catorce meses en huelga porque la caja de resistencia de un sindicato sostiene la protesta (no voy a citarla pero el caso es conocido en Vitoria), hay otros trabajadores que se pueden preguntar cómo es posible sostener tal medida sin que se resienta lo más mínimo la vida de los huelguistas y sus familias. ¿Verdad señor Muñoz?

Los sindicatos nacionalistas vascos, liderados por ELA y LAB, han convocado para este jueves una huelga general en Euskadi, como todo el mundo conoce ya a estas alturas. Esperan hacer visible en la calle que el país se paraliza y para ello harán todo los posible para que el paro sea especialmente total en el comercio y en el transporte. Dos sectores mayoritariamente dominados por los firmantes de la convocatoria de huelga.

Evidentemente no van a renunciar a los piquetes, sino todo lo contrario. Resulta curioso el llamamiento de la secretaria general adjunta a las autoridades vascas “para que respeten el derecho a la huelga”. Amaia Muñoa destacó ayer en un comunicado que ello “conlleva también la especial consideración a la labor de los piquetes”, y reclamó protección para los mismos. Muñoa pidió al Gobierno que “disponga de todos los medios a su alcance para preservar un derecho fundamental, el derecho de huelga”, que es “de especial protección”.

Por su parte, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, aseguró que el Departamento que dirige utilizará mañana “todos los medios” de los que dispone para garantizar tanto el derecho a la huelga de la ciudadanía como el de acudir a trabajar. Ares dijo asumir la convocatoria de huelga “también con todos los medios a nuestro alcance”, tanto para “garantizar el derecho a la huelga como para garantizar el derecho al trabajo”. “Para eso -precisó- contaremos con todos los medios de que disponemos, para poder garantizar ambos derechos”.

El consejero consideró “sorprendente” que determinados sindicatos convoquen huelga general “cuando el Gobierno acaba de constituirse y tiene, además, la mano tendida para practicar el diálogo en la mesa de negociación”.

El responsable de Interior ha puesto el dedo en la llaga, aunque los líderes sindicales nieguen la mayor y aseguren que no se trata de una convocatoria política. Defienden la movilización ante las polìticas neoliberales de los gobiernos vasco y español y porque la patronal apuesta por que sean los trabajadores quienes paguen una situación que no han generado. Un argumento que también hacen propio la izquierda ‘abertzale’, (que quiere aprovecharla para unir fuerzas soberanistas), Aralar y EA y del que el PNV se ha desmarcado desde el principio.

Lo que está claro es que la jornada de hoy servirá para medir fuerzas en la calle en pleno escenario de cambio político. Unos defendiendo el derecho a la huelga; otros tratando de evitar la coacción de los piquetes. Una prueba de fuego para el Ejecutivo de Patxi López que, sin comerlo ni beberlo, tendrá que afrontar un pulso que no quiere perder.