Toda Europa y medio mundo se hacen las mismas preguntas. ¿Volar es ahora tan inseguro como se asegura? ¿Es necesario mantener la mayor parte de los aviones en tierra? ¿Las autoridades han tomado una decisión acertada? ¿Se ha pecado de alarmismo?

Lo único que puedo aclararles (una nueva decepción) es que, hoy estaríamos criticando a todo el mundo, si la decisión hubiera sido la contraria y se habría permitido los vuelos en los cielos europeos. No digo ya, si uno de esos vuelos hubiera visto interrumpido su trayectoria, afectado por las cenizas del volcán de tal impronunciable nombre.

Cinco días con la aviación civil europea pendiente de los vientos y el anticiclón, que ha provocado la cancelación de 82.000 vuelos y que ha traído de cabeza (y lo sigue haciendo) a casi siete millones de pasajeros. Y las compañías aéreas, al borde de la desesperación, presionando para que se abran los pasillos de las autopistas que utilizan los aviones en sus rutas.

“Hemos ido suficientemente lejos en esta crisis como para expresar nuestro descontento por cómo la han conducido los gobiernos, sin una evaluación de riesgos, sin consultar ni coordinar y sin liderazgo”, ha indicado el director general de la IATA. Giovanni Bisignani cree que los gobiernos deben basar sus decisiones en hechos y no en teorías y que mantener la prohibición de volar en casi toda Europa no deja de ser una barbaridad.

Sin embargo, y pese al caos que la medida ha provocado, estamos ante una de las decisiones más acertadas que Europa en su conjunto ha llevado a cabo en los últimos decenios. Es verdad que las pérdidas son multimillonarias y que castigan duramente a las compañías aéreas. Pero no es menos cierto, que la seguridad de los ciudadanos es la esencia de cualquier medida que tomen a cabo nuestras autoridades. Y es evidente que nadie puede garantizar que no se caiga uno de esos aviones que transita por mitad de la nube afectada por partículas del volcán en erupción.

Estamos hartos de lamentarnos de decisiones erróneas que han acabado en tragedia y muerte. Los informes de la mayor parte de los accidentes ponen de manifiesto que se han vulnerado las normas de seguridad, lo que debería ser sagrado para estas compañías aéreas que no pueden garantizar que no vaya a producirse un accidente (tampoco nadie es capaz de asegurar que se va a caer un avión, pero como usuario de este tipo de transportes me quedo con la primera opción).

La explosión del volcán islandés de nombre impronunciable está teniendo consecuencias devastadoras. Pero basta recordar el último accidente aéreo, donde murió el presidente de Polonia y un centenar de cargos políticos, militares y administrativos de ese país, para hacer más evidente aún lo irremediable de una tragedia. Por mucho que nos disguste, por mucho que nos moleste y a pesar de todo lo que nos está costando (y nos va a costar), la suerte de los pasajeros debe ser garantizada por encima de cualquier cosa. Y sólo este factor debe pesar en la decisión que tomen ahora las autoridades.

La cosa está que trina. Yebra ha aprobado hoy presentarse como candidata a acoger el almacén de residuos nucleares. En un pleno extraordinario muy tenso, con gritos de partidarios y detractores, la candidatura ha salido adelante con los cinco votos a favor de los ediles del PP y dos en contra de los del PSOE, y ante la gran división de los ciudadanos de la localidad de Guadalajara.

El pueblo está dividido casi al 50% entre partidarios y opositores. Los detractores de la instalación se han manifiestado convocados por la Plataforma Anticementerio, en la única protesta permitida en ese emplazamiento por la subdelegación del Gobierno, que recibió dos peticiones, una a favor y otra en contra de la instalación. Ante la coincidencia de las dos protestas en el mismo lugar, la subdelegación autorizó la de los opositores al proyecto del Ejecutivo porque la presentaron antes y aconsejó a los partidarios celebrarla en otro lugar.

También el salón de plenos se encontraba abarrotado por partidarios y detractores, que portaban carteles alusivos a su posición. Y también la proporción era similar a la de la localidad. Hubo tensión, pero no se produjeron incidentes, aunque los ánimos alcanzaron temperaturas elevadas durante el transcurso de la votación.

Sin embargo, nadie se atreve a cantar victoria. A pesar de que el alcalde justificara la decisión (“será una estructura pionera en España que beneficiará a toda la región”), el Gobierno autonómico hará lo posible para que la votación sea anulada. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha dicho que la votación en Yebra “se va a quedar en anécdota”. También la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha mostrado de nuevo su oposición al almacén de residuos nucleares en Castilla-La Mancha, que “ya ha sido muy solidaria en materia nuclear”.

¿Eso quiere decir que el cementerio nuclear no irá finalmente a Yebra? No parece claro que la licencia municipal baste para mantener una instalación de este tipo, muy necesaria por cierto para tratar los residuos, pero que nadie quiere tener cerca de su casa. Y cuando uno da el paso (aun con la oposición de la mitad de sus vecinos), en su partido y en su comunidad, le niegan la potestad para hacerlo.

Esta situación puede repetirse en breve en otro municipio tarraconense. Ascó parece aspirar a ser otra candidata para la instalación de marras, pero en el gobierno tripartito ya se ha anunciado que habrá serias discrepancias. Mientras el presidente de la Generalitat, José Montilla, asegura que no se inmiscuirá en la decisión municipal, pero Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) y, en menor medida, Esquerra Republicana (ERC), se oponen a que se construya en Cataluña esta instalación. Los socialistas se distancian y alegan que se trata de una competencia que no les atañe porque el Ejecutivo central da la licencia y son los ayuntamientos los que la piden. ¿Y mientras tanto qué pasa con esos residuos? Seguro que esto no acaba aquí.

La banda terrorista ETA sigue en activo y eso nadie lo puede negar. Sin embargo, las declaraciones del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por las que alertaba de un inminente secuestro por parte de los terroristas, no dejan de causar cierta sorpresa. Más si cabe viniendo de quien las pronuncia, un político con experiencia y uno de los hombres mejor informados de todo el país. Y no solo porque es el titular de la cartera.

Las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba han levantado una gran polémica y han sido duramente criticadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por algunos partidos políticos. Rubalcaba, sin embargo, considera que hacer este tipo de advertencias es su obligación, y en esa labor ha encontrado el respaldo del consejero vasco de Interior y del líder de los populares vascos Antonio Basagoiti. Pero han causado desasosiego y alarma social.

A nadie se le escapa que la capacidad de los terroristas para matar es aún muy alta, pese a los golpes policiales y a la constante vigilancia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sólo la constante y persistente acción de la Policía, los servicios de seguridad y la Justicia merman la capacidad de actuar de los terroristas. El peligro es latente. Pero no por ello es necesario que, a cada momento, se nos recuerde esa posibilidad. Lo mismo que no se nos advierte de forma persistente que en la calle nos pueden robar, golpear e incluso matar. Mensajes de este tipo harían imposible la convivencia y producirían efectos devastadores entre la gente de bien. ¿Por qué entonces Rubalcaba lanzó su siniestro mensaje?

Los principales sindicatos policiales (SUP, CEP y SPP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han calificado de “inoportunas” las declaraciones del ministro y algunos incluso le reprochan que se hayan enterado de esa “posible situación excepcional” por los medios de comunicación. Además de estos colectivos, también se han pronunciado al respecto los escoltas.

En el mismo sentido se ha manifestado el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, quien ha asegurado las administraciones “no están para provocar la alarma en la población y, menos aún, para jugar con datos reales o ficticios que puedan permitir poner en marcha operaciones propagandísticas”.

El Gobierno vasco, por su parte, ha defendido lo hecho por Pérez Rubalcaba como una “obligación” del ministro del Interior, mientras el presidente del PP, Antonio Basagoiti, cree que el aviso debe servir para que la sociedad tome las medidas oportunas

La situación es, cuando menos, preocupante. Por unos y por otros, aunque quien más responsabilidad tiene es precisamente el ministro, que debería ser mucho más cauto en sus declaraciones. Y se hace aún más agobiante que sea Pérez Rubalcaba quien haya alertado de esta forma a la población. Algo siniestro debe saber sobre la banda para que haya roro su prudencia y se haya pronunciado de esta manera. Pero si sabe qué pretenden los terroristas quizá debiera comunicar la situación sólo a los posibles afectados y disponer cuantas medidas sean precisas para abortar las posibilidades de éxito de ETA. Por el bien de todos esperemos que vuelva a que coronar con éxito su gestión. En eso todos estamos de acuerdo.

En mi ingenuidad innata, pensaba que la Dirección General de Tráfico velaba por nuestra seguridad en carretera con la instalación de radares y otras medidas que amenazan con recortar los puntos de los infractores y evitar que esos individuos permanezcan al volante. Es evidente que se producen aún demasiadas muertes por accidentes en las vías de comunicación españolas y ese goteo no se puede permitir en ningún país civilizado.

Pero resulta también incuestionable que, al menos en la comunicación, el planteamiento que hace el Gobierno y los responsables de Tráfico no es el más adecuado, si de lo que se trata es de reducir el número de accidentes. Según anunció ayer el Ejecutivo, se pretende recaudar casi 432 millones de euros en multas de tráfico el año que viene, un 3,7% más que lo que tiene previsto ingresar en 2009, según se puede ver en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010. Los ingresos por multas de tráfico se han multiplicado desde que entró en vigor el carné por puntos en 2006. Así, se ha pasado de los 192 millones de euros que se recaudaron por este concepto en 2005 a los 432 millones de euros previstos para 2010.

Es cierto que desde la entrada en vigor del carné por puntos se han reducido los accidentes y también los muertos. Aunque aún sufrimos demasiados. Pero no parece que lo más importante sea lo que va a a recaudar y, si ese es el mensaje que se lanza a los conductores, flaco favor se hace a fomentar la seguridad. Lo importante, o eso creo yo, son las vidas que se salvan al año; los accidentes que se evitan, se pongan radares, se pongan limitaciones, más agentes de Tráfico y más medidas punitivas. Pero si cargamos el acento sobre la recaudación, vamos a pensar que es realmente el asunto crematístico lo que más interesa al Ejecutivo y que las medidas que se anuncian para evitar muertos, solo pretenden incrementar la caja.

Pese a todo, desde Tráfico se insiste en que el único objetivo que persiguen es aumentar la seguridad y por eso “hay mayor presencia en la carretera de guardias civiles o ertzainas, mayor vigilancia y más número de radares, lo que conlleva que se detecte un mayor número de infracciones” y, por tanto, añadiría yo de nuevo se recauda más.

De la misma forma que la reforma integral del procedimiento sancionador de tráfico, “a partir de una simplificación del proceso y de la incorporación de la administración electrónica para el mismo” solo parece destinada a que nadie se escape del mecanismo de pago. La sanción se cobra sí o sí. Lo único realmente importante.

Eramos pocos y parió la abuela. Ahora resulta que los niveles de seguridad en el aire en tiempos de crisis se están rebajando peligrosamente. No lo digo yo, sino que son voces autorizadas las que han hecho sonar la alarma; entre ellas el portavoz de los pilotos que, a buen seguro , algo sabe de este tema. De momento nadie con autoridad ha salido a la palestra para desmentirle, así que algo habrá de cierto, lo cual me parece aterrador.

Estarán de acuerdo conmigo en que no hay imagen más tétrica y horrorosa que la de un avión accidentado. Ese amasijo de hierros retorcidos con miles de restos diseminados por el suelo… Mejor no seguir. Pero solo la presencia de una figura fotográfica como esa, es lo suficientemente expresiva como para no jugar con el tema.

El presidente del Sepla, José María Vázquez, asegura que la crisis que sufre la industria aérea está perjudicando a la seguridad de las aerolíneas. “Los niveles de seguridad se van a rebajar”, dice el portavoz de los pilotos. Si esa afirmación es cierta, es sumamente preocupante y alguien debería tomar medidas. Si no responde a la realidad, que pague el precio que supone mermar la confianza en las compañías aéreas. Y sea cual sea la respuesta, el Gobierno debería explicar claramente a los ciudadanos lo que piensa hacer para mantener los niveles de seguridad e incluso aumentarlos.

A estas declaraciones hay que sumar las que hizo el decano del COPAC (el colegio de pilotos), Luis Lacasa Heydt, que denunciaba en los primeros días de septiembre los “ajustes en la carga de combustible” que aplican algunas aerolíneas para abaratar costes, es decir, que vuelan con poco más de lo justo para llegar al destino. También hablaba del uso de un solo motor para rodar por la pista.

Por eso es aún más preocupante el silencio del Gobierno y de las propias compañías. Pero como esto siga así, el miedo a volar se extenderá entre los ciudadanos y se resentirá la cuenta de explotación de las aerolíneas. Ojo al parche.

Escopeteros en los barcos. La actuación de los piratas en aguas de Somalia donde trabajan los pescadores vascos sigue trayendo de cabeza a los armadores. La decisión de Interior por la que se autoriza el uso de armas largas en las embarcaciones pero con vigilantes del sector privado, no satisface a los profesionales. Los armadores insisten en reclamar la presencia militar en sus naves, porque la consideran mucho más efectista y efectiva para atajar la piratería.

El director gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac), José Ángel Angulo, reconoce haber quedado “perplejo” por las declaraciones del secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, que hoy ha dicho en Vitoria que los buques atuneros que faenan en aguas del Océano Indico tendrán la posibilidad de contratar servicios de seguridad privada que podrán usar fusiles de largo alcance. Sólo se sienten seguros con la intervención de los militares, profesionales con acreditado adiestramiento en el uso de este tipo de armas. Y para reforzar su argumento, insisten en poner de ejemplo a Francia o Bélgica, países en los que la presencia militar en los buques e instalaciones privadas está regulada por ley.

Sin embargo, España no permite por ley que los mercantes y los pesqueros lleven protección militar, que se deja en manos del sector privado con las limitaciones que tienen además para el uso de ese tipo de armas. Es decir, que sólo el legislativo podría dar la vuelta a esta situación para que los pesqueros faenaran con la debida protección frente a los piratas del mar.

No hace muchos días, la ministra de Defensa insistía en que quizá los armadores debían considerar su presencia en aguas donde no pueden ser protegidos, porque la Armada sólo podía concentrar su actuación en puntos muy determinados. Ante este argumento, los pesqueros aseguraban que debían buscar el sustento más allá de los lugares donde se pescaba hace una década, por ejemplo. Y que los caladeros se sitúan en lares hasta ahora desconocidos y que se veían obligados a ir hacia donde se encuentra la pesca. Supongo que habrá un punto intermedio que satisfaga las aspiraciones de unos y la disponibilidad de otros. Aún es posible el acuerdo.