Por fin. Ya se han decidido. Les ha costado un poco, pero los sindicatos se han animado a sacar la protesta a la calle. Lo contrario hubiera significado demasiada complacencia con este Gobierno que no parece defender los intereses de los trabajadores y que comienza a plantearse acabar con algunos de los beneficios sociales de los empleados.

Los sindicatos han decidido salir a las calles el 23 de febrero en Madrid, Barcelona y Valencia (en Bilbao será el 27) para protestar contra la reforma del sistema de pensiones, punto culminante del centenar de movilizaciones que tendrán lugar entre el 22 de febrero y el 6 de marzo en todas las capitales para pedir al Gobierno que retire su propuesta de aumentar la edad de jubilación.

Los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, lo han presentado hoy a todo bombo y han asegurado que las manifestaciones serán “multitudinarias”. Por fin hemos oído de su boca que rechazan de la forma “más absoluta” la reforma de pensiones por ser una medida “regresiva, insolidaria e imprudente”. Consideran ambos líderes sindicales que la propuesta del Ejecutivo supone un “recorte drástico” de la protección social.

Ambos dirigentes han coincidido en que las movilizaciones serán “masivas” y “están llenas de razón”, y se han mostrado convencidos de que habrá “un clamor casi unánime” de la sociedad en exigencia de una reconsideración de la propuesta del Ejecutivo.

El cascarrabias no defiende la ruptura de la paz social, no vayan a creer. Pero tampoco le complace que sistemáticamente se recorten los derechos de los trabajadores y que sean estos los paganos de la crisis. Porque por activa y por pasiva, los que ven sus salarios rebajados y sus puestos en peligro son los empleados de cientos de grandes empresas que en época de bonanza no se han acordado de repartir sus pingües beneficios y ahora piden a sus asalariados que sean solidarios. Y los precios no paran de crecer.

Si además tenemos en cuenta que el Gobierno defendió no hace mucho el negocio de los bancos, necesarios para la buena marcha del país, y que estos siguen en números azules pese a la que está cayendo, no es de recibo que sean los trabajadores los paganos de la situación. Ceder a presión de la patronal y de la derecha, es ponerse en la picota de cara a las elecciones. Cierto es, sin embargo, que la pirámide de población no puede sostener con las cifras actuales el sistema de pensiones y que algo hay que hacer para garantizar la permanencia de los beneficios sociales. Pero no han dado ni una.

De momento, los sindicatos sólo lanzan una advertencia al Gobierno. Son muchas las voces que demandan mayor dureza. Pero tampoco es cuestión de incendiar la calle. Todo lo contrario. Más que nunca, los trabajadores deben actuar con el cerebro y no con el corazón. Se hacen necesarias algunas renuncias, pero no de gratis. Si los empresarios se comprometen a compensar a sus empleados de la rebaja que ahora se impone, estoy convencido de que la mayor parte va a reaccionar de forma positiva. Pero si lo que quieren es rebajar la capacidad salarial, me temo mucho que la confrontación no ha hecho más que empezar. Y eso no lo puede proteger este Gobierno.

Se avecina un otoño caliente. Y, de momento, no hay visos de que esto se pueda parar, sino todo lo contrario. La popularidad de Zapatero desciende a pasos agigantados y le llueven críticas y palos hasta de los hasta hace poco amigos. Sin ir más lejos, los medios de Prisa zarandean al presidente del Gobierno sin respiro y le culpan sin ambages de la situación económica y de la deriva del país. Y a esa voces comienzan a sumarse otras.

Nada más desembarcar en Izquierda Unida, su nuevo coordinador Cayo Lara ya dejó caer que había que contestar a la política del Gobierno de Zapatero en la calle. Y no sólo sugirió sino que se atrevió a invocar la amenaza de una huelga general. Ahora, cargado de algunos argumentos, lo dice tan claio como entonces, pero mucho más alto, si cabe. “Si el presidente del Gobierno sigue sin coger el toro por los cuernos”, sólo cabe una respuesta: “La gente debe salir pacífica y tranquilamente a la calle”. Lo ha dicho hoy en RNE donde además vaticinó que se acerca un “otoño caliente”.

También en Euskadi, los sindicatos ELA y LAB aseguraban hace unas horas que volverían a convocar a los trabajadores vascos para contestar la política de Patxi López y de su aliado español en el Gobierno de la nación.

Y como el PP bastante tiene con lo suyo, y no va a apagar este fuego, sino que lo va a alimentar con más gasolina, estoy convencido de que va a haber más voces que clamen contra la política económica del Gobierno, la subida de impuestos que nos va a caer en breve y cuantas medidas se adopten para intentar salir de la crisis.

No les digo nada si, como se espera, los empresarios se suman al festín y reclaman no solo la contención de salarios, sino que los trabajadores renuncien a parte de su sueldo, dada la coyuntura y ante la más que previsible merma del negocio. Sobre todo, si la disyuntiva es o paro o bajada de sueldos. ¿Cuál va a ser la respuesta?.

Los únicos que de momento parecen librarse son los 62.000 trabajadores de la Administración vasca que parecen tener asegurada una subida de 2 puntos de salida, según las previsiones del Ejecutivo de López, que por este concepto deberá desembolsar unos 700 millones adicionales.

Y como todos los cantos de sirena advierten de nuevas desgracias, me temo muy mucho que el personal se va a ir calentando y responderá con entusiasmo a lanzar a la calle la protesta contra el Gobierno que parece impotente ante la que está cayendo.

Los empresarios lo tienen claro: los trabajadores cobramos demasiado. Y claro así no hay forma de salir de esta crisis, con todo lo que ellos están haciendo para impedir que se destruyan los puestos de trabajo. Pero ya comienzan a vislumbrar que si los asalariados no decidimos renunciar a parte de nuestro sueldo, luego no vengamos con que las empresas se cierran.

Me dirán que soy demagógico, pero creo haber definido perfectamente el espíritu de la negociación que quiere emprender el patrón de patrones. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha indicado hoy que los salarios vinculados a convenios colectivos deberían reducirse, al menos, un 1%, en línea con la rebaja del IPC, que ya se sitúa en el 1,4%, del mismo modo que en años anteriores se incrementaron por encima del objetivo de inflación, del 2%, por la aplicación de las cláusulas de garantía salarial.

Según ha dicho, el presidente de la CEOE se conforma con negociar incrementos salariales de entre el 0% y el 1%, una oferta que, a la vista de la evolución negativa de los precios, considera hasta “generosa”. Frente a esta propuesta, Díaz Ferrán ha criticado que los sindicatos permanezcan ‘plantados’ demandando incrementos salariales por encima del 2% y ha asegurado que éste es el motivo de que los convenios colectivos pendientes estén bloqueados.

No sean ustedes ingratos, contribuyan al bien general, y acepten una rebaja en su salario si quieren conservar el puesto de trabajo. ¿O acaso no recuerdan que los pingües beneficios que se han llevado ustedes durante todos estos años de bonanza? ¿Se han olvidado de las subidas salariales que han obtenido proporcionales a los beneficios descomunales de sus empresas? ¿Cómo sino se han permitido comprarse es último modelo de automóvil, veranear en Europa y adquirir una segunda vivienda en la Costa de Levante? Total ¿qué es el 1%?

Gerardo Díaz fue aplaudido por todos sus compañeros cuando decidió romper la negociación con el Gobierno y los sindicatos para sacar adelante la propuesta sobre el diálogo social. Y rompió precisamente porque los otros interlocutores se negaban a seguir hablando bajo la premisa de los recortes salariales. Y ahora vuelve, de nuevo, con la misma propuesta: la salida de la crisis está en manos de los trabajadores. Son ellos quienes tienen la palabra para reducir sus salarios sino quieren verse abocados al cierre patronal. Ya lo saben.