Jóvenes, pero sobradamente preparados. Jóvenes, pero no gilipollas. Porque eso es, al parecer, lo que pensaba el presidente de CEOE (que ahora se ha desdicho) cuando sugería que el mercado necesitaba contratos específicos para jóvenes sin indemnización por despido ni prestación por desempleo. Menos mal que Gerardo Díaz Ferrán ha rectificado y ha señalado que el plan de los empresarios españoles no tiene en cuenta esta propuesta, aunque está ahí sobre la mesa. Pero alguien la ha lanzado, sin que nadie sepa al final cuál era la intención: si dinamitarla de raíz o pulsar el ambiente. Pero cuando el río suena….

Lo que es indudable es que en el seno de la patronal esta idea ha sido planteada, aunque el presidente de los empresarios rechace su paternidad. Y eso es cierto, porque fue al parecer el director del departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, José de la Cavada, quien abogó por un contrato de reinserción para jóvenes, con una duración entre seis meses y un año, sin protección de desempleo y sin cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Díaz Ferrán ha asegurado, en una entrevista en Antena 3, que esta propuesta de contrato “ni se ha puesto ni se pondrá de esa manera” sobre la mesa del diálogo social. Sin embargo, ha recordado que se trata de un contrato que se ha puesto en funcionamiento en Francia, pero que la CEOE no habla “en concreto” de esa modalidad, sino de otra que pueda dar trabajo y sea “ad hoc” para todos los jóvenes que no encuentran empleo. Lamentó también que De la Cavada aludiera a este contrato “en un pasillo del Congreso” y ha añadido que no es bueno “radiar” las negociaciones del diálogo social, que se deben mantener de forma “discreta” para intentar llegar a acuerdos.

Gerardo Díaz Ferrán firma hoy un artículo en el diario El País en el que admite que “convendría encontrar un contrato adecuado para jóvenes como se ha hecho en algún otro país europeo”, aunque no detalla las condiciones que ese contrato debería tener. Sí que apunta que la contratación laboral, en materia de los costes de extinción de los contratos y las causas y procedimientos administrativos y judiciales en esta materia se debería “homologar” a los demás países europeos con los que competimos.

El globo sonda (o lo que sea) ha caído como una bomba sobre el sector de la población aludido. Son muchos los foros donde han dejado oír su opinión contraria a estas ideas, donde se les trata como carne de cañón y se les deja en condiciones mucho más precarias de las que sufren en la actualidad.

Todo el mundo reconoce que estamos ante la generación mejor preparada de la historia (másters, idiomas, especialización, viajados) y, sin embargo, los índices de paro en este sector son el doble que en el resto (un 40% en Euskadi). Y los empresarios, parcos en estos momentos de crisis a la hora de mantener sus plantillas (no digamos aumentarlas), no se arriesgan y no les contratan; y cuando lo hacen alegan su escasa experiencia para evitar compensarles con un salario acorde con su trabajo.

Ideas como las expuestas tampoco contribuyen a mejorar el diálogo social y a solventar los problemas que tiene el mercado laboral de nuestro país. Si algo hay meridianamente claro en estos momentos, es que no se necesita que alguien suelte la chispa y desate el incendio. El riesgo de combustión es demasiado alto como para seguir jugando con fuego. Nuestros jóvenes no se merecen ese trato. Aunque visto el que se da a los de mayor edad, no sé de qué nos extrañamos. De cualquier forma, ser joven no es lo mismo que ser gilipollas. Y ante sueldos de miseria, y precariedad de empleo, la respuesta quizá se dé en la calle. Esperemos que antes de que todo explote, se encuentre una solución satisfactoria para todos.

Por fin. Ya se han decidido. Les ha costado un poco, pero los sindicatos se han animado a sacar la protesta a la calle. Lo contrario hubiera significado demasiada complacencia con este Gobierno que no parece defender los intereses de los trabajadores y que comienza a plantearse acabar con algunos de los beneficios sociales de los empleados.

Los sindicatos han decidido salir a las calles el 23 de febrero en Madrid, Barcelona y Valencia (en Bilbao será el 27) para protestar contra la reforma del sistema de pensiones, punto culminante del centenar de movilizaciones que tendrán lugar entre el 22 de febrero y el 6 de marzo en todas las capitales para pedir al Gobierno que retire su propuesta de aumentar la edad de jubilación.

Los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, lo han presentado hoy a todo bombo y han asegurado que las manifestaciones serán “multitudinarias”. Por fin hemos oído de su boca que rechazan de la forma “más absoluta” la reforma de pensiones por ser una medida “regresiva, insolidaria e imprudente”. Consideran ambos líderes sindicales que la propuesta del Ejecutivo supone un “recorte drástico” de la protección social.

Ambos dirigentes han coincidido en que las movilizaciones serán “masivas” y “están llenas de razón”, y se han mostrado convencidos de que habrá “un clamor casi unánime” de la sociedad en exigencia de una reconsideración de la propuesta del Ejecutivo.

El cascarrabias no defiende la ruptura de la paz social, no vayan a creer. Pero tampoco le complace que sistemáticamente se recorten los derechos de los trabajadores y que sean estos los paganos de la crisis. Porque por activa y por pasiva, los que ven sus salarios rebajados y sus puestos en peligro son los empleados de cientos de grandes empresas que en época de bonanza no se han acordado de repartir sus pingües beneficios y ahora piden a sus asalariados que sean solidarios. Y los precios no paran de crecer.

Si además tenemos en cuenta que el Gobierno defendió no hace mucho el negocio de los bancos, necesarios para la buena marcha del país, y que estos siguen en números azules pese a la que está cayendo, no es de recibo que sean los trabajadores los paganos de la situación. Ceder a presión de la patronal y de la derecha, es ponerse en la picota de cara a las elecciones. Cierto es, sin embargo, que la pirámide de población no puede sostener con las cifras actuales el sistema de pensiones y que algo hay que hacer para garantizar la permanencia de los beneficios sociales. Pero no han dado ni una.

De momento, los sindicatos sólo lanzan una advertencia al Gobierno. Son muchas las voces que demandan mayor dureza. Pero tampoco es cuestión de incendiar la calle. Todo lo contrario. Más que nunca, los trabajadores deben actuar con el cerebro y no con el corazón. Se hacen necesarias algunas renuncias, pero no de gratis. Si los empresarios se comprometen a compensar a sus empleados de la rebaja que ahora se impone, estoy convencido de que la mayor parte va a reaccionar de forma positiva. Pero si lo que quieren es rebajar la capacidad salarial, me temo mucho que la confrontación no ha hecho más que empezar. Y eso no lo puede proteger este Gobierno.

Los curas guipuzcoanos están que trinan. Vamos como cada quisque cuando le anuncian que el nuevo jefe que les va a mandar tiene fama de hueso y de pensamiento un tanto conservador. Así que no se han tomado con espíritu deportivo el nombramiento de José Ignacio Munilla como obispo de la diócesis donostiarra. Supongo que por aquello de la obediencia debida (uno de los votos que nunca deben faltar en un buen sacerdote) aceptarán (no de buen grado) el mando del nuevo pastor.

En un gesto sin precedentes en los anales de la historia moderna de la Iglesia en España, el 77% de los curas de la diócesis de Guipúzcoa (y 11 de sus 14 arciprestes) han querido mostrar públicamente su «disconformidad» con el nombramiento de Munilla. «En modo alguno es la persona idónea para desempeñar el cargo de obispo y pastor de nuestra diócesis», aseguran tajantes en un escrito remitido a las agencias de prensa.

No parece demasiado normal, sin embargo, que los curas ‘rebeldes’ hayan optado por esta fórmula. Por cierto, los mismos curas (la falta de vocaciones hace imposible la incorporación de otros sacerdotes) a los que jamás se les ha visto un gesto de misericordia con las víctimas cuando Setién se negaba a oficiar funerales por los asesinados por ETA para no crispar y dividir más a la sociedad donostiarra. Sacerdotes que nunca plasmaron por escrito su protesta contra los crímenes de la banda terrorista y el trato cruel que se daba a sus familiares a los que la Iglesia donostiarra no solo no amparada, sino repudiaba.

Ahora sin embargo se rebelan contra la decisión del Papa, su guía y máximo pastor, al que reprenden por la designación de Munilla. Una designación que les ha causado «dolor y profunda inquietud» y con la que no comulgan ni en el fondo ni en la forma. No se les ha tenido en cuenta ni se ha respetado «el sentir de nuestra iglesia diocesana y sus organismo pastorales», aseguran en el comunicado avalado por 131 firmas.

Los sacerdotes guipuzcoanos perciben el nombramiento de Munilla como «una iniciativa destinada a variar su rumbo». «Conocemos de cerca la trayectoria pastoral de José Ignacio Munilla como presbítero, profundamente marcada por la desafección y la falta de comunión con las líneas diocesanas», aseguran en su escrito. Con esta rebelión de sotanas se intenta defender “la línea pastoral” que se ha mantenido hasta ahora en la diócesis. «Una línea pastoral y un estilo eclesial en fidelidad al espíritu del Concilio Vaticano II».

Dicho en román paladino y sin tantos remilgos (al fin y al cabo uno de los privilegios que tiene un cascarrabias es expresar crudamente lo que piensa), que los curas tienen miedo a que el nuevo obispo acabe con la ideología nacionalista con la que comulga la mayor parte del clero y se someta claramente a los mandatos de la Conferencia Episcopal Española. Ya que en este organismo se han impuesto las tesis más conservadoras y la defensa de posiciones menos aperturistas; y pierden peso los obispos nacionalistas vascos y catalanes que en otro tiempo se distinguían por la defensa de sus territorios terrenales. ¡Dios mío, cómo está el patio!

Operación contra la piratería. No se alarmen; en esta entrada para nada se vuelve a tocar el tema de la captura de nuevos pesqueros en aguas somalíes. Estamos hablando del mundo digital y de la conmoción que ha provocado entre los usuarios el aviso a navegantes lazando en la propia red: el Gobierno va a hacer frente a lo que se denominan descargas ilegales. Y además los músicos y cantantes han exigido hoy medidas contundentes. ¡A temblar!
Si descargar una canción en el ordenador, es piratería. Padre, yo me confieso. Soy un pirata. Me he descargado unas cuantas canciones que, al cabo del tiempo, he borrado bien porque me he cansado de ellas o porque han pasado de moda. Y he recurrido a esas páginas que pululan por la red, sin ninguna necesidad de dar demasiadas vueltas. Buscas en el santo google y ahí está. Lo de la ‘mula’ y otros programas de intercambio no es para mí, lo reconozco, porque no tengo paciencia para configurar mi ordenador o soy un incompetente.

La cuestión es que todo es mucho más fácil que ir a la tienda. Accedes al programa de turno y te bajas la canción que más te gusta. Punto. Y eso es piratear a la industria discográfica, sabotearla e impedir no ya su crecimiento sino que se mantengan los puestos de trabajo.
Eso es lo que hoy han pretendido defender unas trescientas personas, entre las que se encontraban músicos y cantantes famosos, además de productores, distribuidores, mánagers y demás trabajadores de la industria discográfica, que ante el Ministerio que dirige Miguel Sebastián han exigido que se acaben las descargas ilegales. Artistas como Rosario, Antonio Carmona, Luis Eduardo Aute, Loquillo, David de María, Tamara, Conchita o Chenoa han gritado junto al resto de trabajadores que la música es cultura, pero también empleo.

“Ha quedado claro que el control de la piratería comercial no nos sirve -ha dicho Guisasola- y se ha comprometido a dar una respuesta de aquí a final de año”, (que también es el plazo que se ha marcado la Comisión Interministerial contra la piratería para hacer públicos los resultados de sus trabajos).

Se trata de la primera vez que discográficas, productores, mánagers, artistas y demás trabajadores que viven de la música se rebelan juntos, porque “el tema es ya urgente”.
Mientras, la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, quiso enviar hoy un mensaje de “tranquilidad” a los ciudadanos para explicar que “no se va a cortar Internet a ningún usuario” tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que permite que se corte Internet por orden judicial para salvaguardar la propiedad intelectual.

“Se actuará únicamente frente a aquellos que se apropien o exploten los derechos de las obras ajenas, pero no frente a usuarios que están en su casa usando Internet, sino contra aquellos que en páginas o de otras maneras se apropien de contenidos de los demás y de las obras ajenas”, explicó González-Sinde antes de empezar su intervención en el Pleno del Senado.
Ya lo saben. En ningún caso se va a cortar Internet a los usuarios. “Esas informaciones no son correctas”, subrayó la ministra de Cultura, quien alegó que este modelo no es como el que se está desarrollando en el Reino Unido o el modelo que puedan conocer en Francia. “Es un modelo distinto el que hemos desarrollado”, aseguró González-Sinde. ¿Apuestan algo conmigo a que al final tampoco va a ser tan distinto? Aprovechen y descarguen ahora todo lo que puedan. Después ya será tarde y se cerrará el chiringuito.

Nuevamente me tengo que poner en plan cascarrabias. Porque hete aquí que después de 30 años de gobierno nacionalista y presupuestos de derechas, nos enteramos de que son precisamente los socialistas, y quienes les apoyan, los que han preparado unas cuentas muy poco sociales. Esto es lo que aseguran, al menos, los sindicatos nacionalistas que siguen con la política de confrontación con el Ejecutivo vasco, al que recibieron con uñas y dientes desde los primeros días de su toma de posesión.

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU se manifestarán el próximo viernes en Vitoria para mostrar su denuncia y rechazo al proyecto de presupuestos generales de Euskadi para 2010, una protesta que finalizará ante el Parlamento vasco donde entregarán un documento con sus posiciones. La movilización se inscribe en la campaña de protestas que iniciaron en septiembre pasado para exigir a las instituciones vascas y navarras otras políticas de lucha contra la crisis.

Según han explicado los secretarios generales de ELA, Adolfo Muñoz, y LAB, Ainhoa Etxaide, con su protesta en Vitoria exigen “otros presupuestos” más solidarios y sociales y no “neoliberales y de derechas” como los presentados.

Es curioso que fuerzas tan progresistas como las que firman el acto de protesta nunca se hayan enfrentado a los gobiernos del PNV, pese a que las políticas defendidas por estos últimos eran tanto o más conservadoras que las que ahora se pretenden sacar adelante. Pero llueve sobre mojado. Claro que es legítimo (e incluso necesario) que los sindicatos vigilen las cuentas y traten de ver hacia dónde pretende hacernos ir el Ejecutivo. Lo que no se entiende es que hayan esperado tanto tiempo para mostrar su posición contraria.

Y todos los argumentos que podían emplear para sumar a otras fuerzas al carro de las propuestas, se desarman porque obedecen, sobre todo, a razonamientos políticos y no laborales. Con sus protestas, los sindicatos nacionalistas pretender oponerse porque sí a las cuentas del Ejecutivo. Lo mismo que hicieron cuando convocaron la huelga a escasas semanas de que el líder del PSE hubiera tomado posesión del sillón de Ajuria Enea. Y más insostenible parece esta posición cuando se han negado sistemáticamente a entablar ninguna conversación con los representantes del Gobierno para tratar de llevar a buen puerto el diálogo social.

‘Al enemigo, ni agua’. Es el lema que han escogido los sindicatos nacionalistas que parecen olvidar que su principal cometido es velar por la seguridad de los puestos de trabajo, las mejoras salariales y la provisión de nuevas contrataciones para el futuro. Pero no debe ser tan divertido como zaherir al Gobierno como si fuera el muñeco de feria. En definitiva, para ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU, “hay motivos para que la gente salga a la calle, hay motivos para reclamar, porque otras políticas se pueden hacer”. Sobre todo si las firma un gobierno no nacionalista.

Ya está bien. No me digan que no resulta cansino. Ahora toca cambio de tercio, como en los toros. Y eso es lo que parece que hacen con nosotros, torearnos. Este Gobierno cambia de opinión cada dos por tres, lo que en ciertos temas no parece nada coherente. O tienen un grave problema de comunicación (que también) o dan evidentes muestras de desorientación.

Ahora toca deshojar la margarita con la prohibición sobre el tabaco. Y confunden a la gente, además de cabrearla. Resulta que cuando diseñaron la ley que prohibía fumar en los lugares públicos, a los ministros de Zapatero les tembló el pulso y suavizaron el texto aplicando paños calientes. De hecho, lo que inicialmente iba a tener una gran repercusión social sobre los establecimientos de hostelería, se quedó en una simple (?) consecuencia económica. Los hosteleros se vieron obligados a modificar sus locales para adaptarse a la normativa y separar a los buenos (perdón, a los no fumadores), de los que siguen esclavizados por el tabaco. Y, evidentemente, se gastaron sus buenos dineros en hacer compatible ambos lados de la clientela.

El Gobierno perdió una gran oportunidad para aplicar la ley, tal y como la había concebido y dejó a los hosteleros a los pies de los caballos. Los pocos que se atrevieron a colocar el cartel de advertencia sobre la prohibición de fumar en sus locales (recuerdo un reputado restaurante de Madrid que se apunto a un local sin humo), vieron cómo los clientes se iban al local del vecino que sí permitía fumar junto a la barra o en las mesas. Y poco a poco, todo volvió a ser como antes de la ley. Otra gallo canta en empresas públicas y privadas donde el tabaco ha sido abolido y los trabajadores salen a la calle a saciar sus ansias con el pittillo.

El Ejecutivo sufrió sufrió el desgaste correspondiente con esta medida que no satisfizo ni a tirios ni a troyanos. Y, sin embargo, la situación en la hostelería es muy parecida a la que había antes de la ley , con muy pocos espacios sin humo. Y ahora pretenden volver sobre sus pasos y hacer menos permisiva la ley que pretende, según el anuncio de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, prohibir fumar por completo en los lugares de ocio y restaurantes.

La medida llega además en un momento delicado porque la crisis económica aprieta al sector, especialmente a los más pequeños, aunque los grandes también se quejan. Todos expresan las dudas sobre el comportamiento que tendrán los clientes cuando se vean condenados a no fumar. Pero el efecto puede ser demoledor: fumadores con el pitillo en una mano y la otra ocupada con el vaso. Alguno, incluso, con más mala leche ha llegado a insinuar que los clientes acabarán por comprar la la botella o la lata en un chino y bebérsela camino de su casa.

Los ánimos están calientes en Noja. Pese al veraneo, época en la que se dedica el alma y el cuerpo al merecido descanso y la mente se ocupa de cuestiones menos transcendentales, los contribuyentes se han echado a la calle, porque están que que trinan. Sobre todo los veraneantes -un buen número de ellos son vizcaínos- que representan el 80% de los más de 50.000 habitantes que suma en la época estival la villa cántabra. En invierno apenas residen allí 3.000 almas. La rebelión no ha hecho más que comenzar.

Resulta que el equipo de gobierno encabezado por Jesús Díaz Gómez ha anunciado, a través de un edicto, su decisión de incrementar un 34% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y un 90% el recibo del agua y la recogida de basuras. La reacción ciudadana no se ha hecho esperar, y ayer 2.000 personas protestaron frente al Ayuntamiento. Las movilizaciones continuarán hoy con motivo del Carnaval de Verano, donde los residentes intentarán boicotear la salida de las carrozas.

No sé qué puede pasar, pero el ambiente está caldeado. El alcalde dice que no piensa dar marcha atrás y que la decisión que ha tomado es casi obligada, puesto que desde 1995 no ha subido el catastro y se debe asegurar el suministro de agua para todo el pueblo.

Los veraneantes de Noja (casi el 90% de los contribuyentes) han sido, hasta ahora, muy considerados con el Ayuntamiento de la villa que les acoge en los meses estivales. Pocos aparcamientos, calles saturadas, construcción desmesurada, precios abusivos en bares y comercios (recuerden que deben vivir todo el año con lo que recauden en estos dos meses y medio), implantación de la OTA (o la ORA, como quieran) sin alternativas, excesivo ruido en las zonas céntricas, caros enganches a las tuberías del agua, etc. etc. Y pocas ventajas, por no decir ninguna, para los de fuera, mientras el pueblo se beneficia del dinero que dejan los forasteros (‘despectivamente ‘los iñakis’, en clara alusión a su origen vasco) con una bolera de lujo, un polideportivo espléndido y otro para la escuela municipal.

Durante esta última década y media el crecimiento en Noja ha sido espectacular. El ladrillo ha sido el petróleo de este municipio (y otros cercanos), pero parece que la crisis ha acabado (de momento) con el maná que ha alimentado a los naturales de la zona. Y ahora deben buscar otros instrumentos para seguir subsistiendo. Este parece ser el objetivo que ha animado al alcalde de la villa nojera a subir los impuestos de forma desaforada. Y lo que ha llevado a los contribuyentes a iniciar la rebelión. A tenor de los visto ayer, cuando dos mil veraneantes se concentraron frente al Ayuntamiento, éste se avenga a reflexionar y ofrezca a sus vecinos (naturales y foráneos) una solución que evite un enfrentamiento que sólo puede traer consecuencias negativas para Noja.

El recibo de la luz salta a las primeras páginas de los diarios. Y todo por el controvertido cobro de las compañías en aplicación de la nueva normativa aprobada en 2008. Las oficinas de Iberdrola, por ejemplo, reciben cada día a cientos de personas que, tras formar largas colas, piden explicaciones por la cifra que deben pagar por el consumo eléctrico; cantidad que nada tiene que ver con lo que solíamos acostumbrar a pagar, sin ir más lejos, a últimos del pasado año.

La culpa la tiene la nueva reglamentación. «La facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica social y domésticas (hasta 10 KW de potencia contratada) a partir del 1 de noviembre de 2008 se efectuará por la empresa distribuidora mensualmente, llevándose a cabo con base en la lectura bimestral de los equipos de medida instalados al efecto». Que traducido al idioma de la calle significa que la factura que antes llegaba cada dos meses ahora hay que pagarla cada treinta días. Pero las compañías siguen revisando los contadores cada sesenta. Y aquí empiezan los problemas.

Según las explicaciones que se dan desde la propia compañía, el mes en el que no hay lectura, el usuario debe pagar una estimación que se calcula atendiendo a los consumos del mismo período del año anterior. Los datos reales llegan al mes siguiente: con la lectura del contador en la mano, se cobra la cantidad real y se corrigen, al alza o a la baja, los desajustes ocurridos.

La compañía cree injustificadas las colas en sus oficinas y la desconfianza de los consumidores. Y, por tanto, achacan la ‘movilización’ ciudadana al desconocimiento existente sobre el nuevo modelo de facturación. Vamos que nos tienen a oscuras.

Lo que está meridianamente claro es que en esta época de crisis que a todos nos afecta, las empresas eléctricas sólo se quejan del agobio a que se somete a sus trabajadores. Los clientes, que estamos con la mosca detrás de la oreja, nos presentamos ante las ventanillas con unas facturas que pensamos desorbitadas. Pero nos quejamos de vicio. Primero, porque el lugar donde debemos protestar es el Ministerio de Energía (allí en Madrid); segundo porque pagamos bien poco por el consumo eléctrico (como así nos recuerdan todos los años las propias compañías, que reclaman subidas de hasta el 40%) y, por último, somos unos desagradecidos, puesto que Iberdrola sólo nos deja sin luz cuando se producen vientos huracanados. Y, en ese caso, tampoco se sienten los verdaderos responsables. Además de cascarrabias, quejicas.