Hablan claro y hablan alto. Y en esta ocasión se les entiende a la primera. Pero quizá no aplican aquello del evangelio “El que esté libre de pecado….” El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que los católicos que den su voto al proyecto de ley del aborto están en situación de pecado, y se les puede negar la comunión, aunque serán absueltos si, tras confesarse, manifiestan públicamente su arrepentimiento. Así lo ha asegurado hoy Martínez Camino en una conferencia de prensa para informar de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE, que comenzó el pasado lunes y concluye hoy.

Martínez Camino ha afirmado que esta postura de la Iglesia Católica, “en todo el mundo”, no es nueva y se ha remitido a sendos documentos al respecto: una carta del entonces cardenal Joseph Ratzinger al ex presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Theodore McCarrick, de junio de 2004, y a una declaración de la CEE sobre el anteproyecto de la Ley del Aborto, de 17 de junio de 2009.

Ni monseñor Martínez Camino ni ninguno de los prelados españoles ha pedido jamás perdón por los excesos de la Iglesia, que también ha pecado en innumerables ocasiones. Solo dos ejemplos: la comunión permanente con el franquismo y la inhibición en los casos de abusos deshonestos de sus sacerdotes. Nunca he oído pedir perdón y, mucho menos, mantener una actitud tan contundente como la que ahora tienen respecto a los políticos que apoyen con su voto una ley civil.

Dirán que el cascarrabias es incongruente porque afirma defender la laicidad y, en cambio, arremete contra los obispos a la primera de cambio. No se equivoquen. Lo que hagan los obispos en su Iglesia allá ellos y sus consecuencias. Pero en este caso trasciende de lo que dicta la ley de su religión porque tratan de amedrentar a los representantes de la sociedad civil (que representan a católicos, ateos, protestantes, musulmanes, judíos o lo que sea) con las penas del infierno. Y eso, se diga como se diga, es una clara injerencia en los asuntos del César, que no de Dios.

Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy al cien por cien con la portavoz del Gobierno. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha opinado que el pecado “es un concepto que se sitúa en el ámbito de las creencias y no tiene ninguna cabida en el ordenamiento jurídico” y que corresponde al Ejecutivo legislar “sin injerencias”.

Martínez Camino recuerda que, tal y como señalaba la declaración de la CEE de junio de este año sobre el proyecto de Ley de Aborto, los católicos que aprueben y den su voto al proyecto “no están excomulgados”, pero sí en una “situación objetiva de pecado y, mientras dure esta situación, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión”. Ha agregado que se puede salir de dicha situación “confesándose y reparando públicamente el mal causado, si es que ha sido público el mal causado”.

Insisto en mi argumento inicial. ¿Han oído alguna confesión pública de los sacerdotes acusados de practicar abusos deshonestos? ¿Recuerdan haber escuchado a la Conferencia Episcopal pedir perdón públicamente por su alineamiento con la dictadura de Franco? ¿Saben de alguna excomunión que afecte a los religiosos que han vulnerado la ley de Dios y la ley civil? Entonces ¿de qué estamos hablando?

No sé por qué se tienen que meter en estos charcos y por qué se empeñan en hacer política. Pero a estas alturas son como son. El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, ha afirmado durante el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE que “el crimen del aborto ensombrece la historia de la humanidad”, refiriéndose así a la reforma de la ley que el Gobierno tiene previsto aprobar antes de verano. Por ello, el cardenal ha alertado a los integrantes del encuentro de que con la nueva legislación “se quiere reducir la democracia al mecanismo empírico”, mediante la aprobación de leyes que representen “simplemente un especie de denominador común de las diversas opiniones e intereses presentes en la sociedad, aun cuando lo que esté en cuestión sea el derecho fundamental a la vida”.

Habrá quien sostenga que la declaración de Rouco es coherente y tiene su lógica, desde el punto de vista religioso o/y ético; pero evidentemente no desde el político, porque la Conferencia Episcopal sólo habla para los católicos. Incluso muchos que se declaran católicos no comulgan con las ideas de la Iglesia ante este tipo de situaciones.¿Por qué la ampliación del aborto socava la democracia? ¿Acaso no fue un Parlamento, elegido democráticamente, quien aprobó la ley? ¿Y por qué ese empeño en desligitimar a un Gobierno que ha salido de las urnas?

La nueva ley puede tener errores (seguro que los tiene)y puede resultar molesta a una parte de esta sociedad. Pero una vez salga del Parlamento, tendrá respaldo jurídico y, por tanto, todo el mundo estará sujeto a ella, como al resto de leyes que emanan del Legislativo. Los obispos -y los católicos- podrán criticar lo que ellos consideren conveniente, ya que defienden el derecho a la vida “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.

Pero las mujeres que quieran abortar y se encuadren en los supuestos que ampara la ley, tendrán todo el derecho del mundo a hacerlo sin esperar ninguna represalia por ello. Por mucho que Rouco y sus compañeros de la Conferencia Episcopal se empeñan en demonizar a los que defienden la ley, no tendrán más remedio que aguantarse (y patalear, si quieren) si el Parlamento acaba por aoprobar la ley.

Por no entrar a comentar la otra frase de su discurso de presentación cuando habla de “ensombrecer la historia de la humanidad”, porque Roucio no debe acordarse de lo de Galileo, las cruzadas, la inquisición o el apoyo a dictaduras como la de Pinochet, Franco, Musolini o Hitler. Con la Iglesia hemos topao.