Volvemos a la polémica. Y les aseguro que traerá cola; el debate no ha hecho más que empezar. No, no voy a meterme con el Gobierno y su cruzada anti Internet (ni que fuera Cuba o China). Lo dejo para otro momento menos apasionado, menos intenso y más reposado. Bastante hay con el manifiesto y los miles de mensajes cruzados que se lanzan a través de twitter o facebook. Lo mío de hoy va por otros rumbos… La Iglesia y su cruzada con el crucifijo. Una más de Rouco y sus muchachos sexagenarios.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, ha expresado su deseo de que la proposición no de ley aprobada ayer por la Comisión de Educación del Congreso que insta al Gobierno a que se retiren los símbolos religiosos de los centros educativos “se quede ahí y no vaya más allá”. Rouco Varela ha calificado de “muy triste y dolorosa” la iniciativa.

Rouco ha acusado a los partidos políticos “sobre todo al PSOE”, de olvidar “en ocasiones” que “la democracia funciona con la libertad, no con la imposición; facilitando el que se pueden ejercer los derechos y no limitándolos”. Una posición defendida también por el obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, quien ha recordado que el crucifijo es un símbolo de “nuestra cultura” y “no es bueno olvidarnos de nuestro pasado y de nuestra historia, dos veces milenaria”. La retirada de este símbolo de los colegios estatales españoles privará a las familias y a los niños “de poder ver el signo más fundamental y característico de su fe, y no sólo de su fe en abstracto, sino de la fe que ha configurado su historia personal”, asegura Rouco.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha declarado que el Gobierno central “no debe meterse” en la retirada de los crucifijos de los colegios y “no debe jugar a dividir a los españoles, sino por el contrario debe trabajar para unirlos”. A su juicio, es un asunto sobre el que tienen que decidir las asociaciones de padres de alumnos.

La verdad que a estas alturas del debate ya no sé dónde me encuentro. Porque al final la propuesta aprobada ayer en la Cámara Baja pide trasladar a los colegios la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en una sentencia conocida el pasado 3 de noviembre, establece que la presencia de crucifijos en las aulas públicas “vulnera” la Convención Europea de Derechos Humanos, que España ha suscrito. Es decir, que el Gobierno no tiene más remedio que cumplir con la ley y las sentencias establecidas. Aunque Zapatero diga ahora que no está en la agenda de su Ejecutivo quitar el crucifijo de las aulas.

Sin embargo, si el Ejecutivo quiere ser coherente, los símbolos religiosos deben desaparecer de las clases de nuestros centros escolares. En un estado aconfesional no es de recibo que se sigan manteniendo las cruces en las aulas a las que asisten nuestros niños. Porque con el dinero público se paga la escolaridad de alumnos cristianos, musulmanes, judíos o agnósticos que conviven en un mismo centro. No puede imponerse, por tanto, y menos apelando a nuestra cultura, los símbolos religiosos.

En aras a la convivencia se debe respetar la pluralidad; y no imponer ningún símbolo sobre nadie, al menos en los centros públicos. Y eso no atenta contra los valores culturales de nuestra historia ni tampoco contra los católicos de este país. La libertad religiosa está garantizada por nuestra Constitución. Y lo demás entra en la esfera privada.

Operación contra la piratería. No se alarmen; en esta entrada para nada se vuelve a tocar el tema de la captura de nuevos pesqueros en aguas somalíes. Estamos hablando del mundo digital y de la conmoción que ha provocado entre los usuarios el aviso a navegantes lazando en la propia red: el Gobierno va a hacer frente a lo que se denominan descargas ilegales. Y además los músicos y cantantes han exigido hoy medidas contundentes. ¡A temblar!
Si descargar una canción en el ordenador, es piratería. Padre, yo me confieso. Soy un pirata. Me he descargado unas cuantas canciones que, al cabo del tiempo, he borrado bien porque me he cansado de ellas o porque han pasado de moda. Y he recurrido a esas páginas que pululan por la red, sin ninguna necesidad de dar demasiadas vueltas. Buscas en el santo google y ahí está. Lo de la ‘mula’ y otros programas de intercambio no es para mí, lo reconozco, porque no tengo paciencia para configurar mi ordenador o soy un incompetente.

La cuestión es que todo es mucho más fácil que ir a la tienda. Accedes al programa de turno y te bajas la canción que más te gusta. Punto. Y eso es piratear a la industria discográfica, sabotearla e impedir no ya su crecimiento sino que se mantengan los puestos de trabajo.
Eso es lo que hoy han pretendido defender unas trescientas personas, entre las que se encontraban músicos y cantantes famosos, además de productores, distribuidores, mánagers y demás trabajadores de la industria discográfica, que ante el Ministerio que dirige Miguel Sebastián han exigido que se acaben las descargas ilegales. Artistas como Rosario, Antonio Carmona, Luis Eduardo Aute, Loquillo, David de María, Tamara, Conchita o Chenoa han gritado junto al resto de trabajadores que la música es cultura, pero también empleo.

“Ha quedado claro que el control de la piratería comercial no nos sirve -ha dicho Guisasola- y se ha comprometido a dar una respuesta de aquí a final de año”, (que también es el plazo que se ha marcado la Comisión Interministerial contra la piratería para hacer públicos los resultados de sus trabajos).

Se trata de la primera vez que discográficas, productores, mánagers, artistas y demás trabajadores que viven de la música se rebelan juntos, porque “el tema es ya urgente”.
Mientras, la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, quiso enviar hoy un mensaje de “tranquilidad” a los ciudadanos para explicar que “no se va a cortar Internet a ningún usuario” tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que permite que se corte Internet por orden judicial para salvaguardar la propiedad intelectual.

“Se actuará únicamente frente a aquellos que se apropien o exploten los derechos de las obras ajenas, pero no frente a usuarios que están en su casa usando Internet, sino contra aquellos que en páginas o de otras maneras se apropien de contenidos de los demás y de las obras ajenas”, explicó González-Sinde antes de empezar su intervención en el Pleno del Senado.
Ya lo saben. En ningún caso se va a cortar Internet a los usuarios. “Esas informaciones no son correctas”, subrayó la ministra de Cultura, quien alegó que este modelo no es como el que se está desarrollando en el Reino Unido o el modelo que puedan conocer en Francia. “Es un modelo distinto el que hemos desarrollado”, aseguró González-Sinde. ¿Apuestan algo conmigo a que al final tampoco va a ser tan distinto? Aprovechen y descarguen ahora todo lo que puedan. Después ya será tarde y se cerrará el chiringuito.

Lo que son las cosas. Resulta que el PNV que boicoteó la ‘fiesta de Euskadi’ y decidió ningunear los actos del 30 aniversario organizados para este domingo por el Ejecutivo de Patxi López, va a salvar al PSOE y su ley del aborto. Los democristianos jeltzales van a taparse la nariz y juntar sus votos con el de los pérfidos socialistas de forma que prospere el proyecto de ley que defiende la jovencísima e inexperta ministra Bibiana Aído.

Y lejos de ir al infierno, el partido que lidera Urkullu piensa que el favor va a ser bien recompensado por el Ejecutivo de Zapatero que, a su vez, ha dado orden de poner la alfombra roja a las diputaciones presididas por los nacionalistas y sacar sus presupuestos sin tacha alguna. Todo sea por la paz.

Ya le advertía CiU al PNV sobre el frío que reina fuera del Gobierno y la necesidad de alcanzar pactos con el Ejecutivo de turno, sea el que sea, para mantenerse en el suyo propio. Y los catalanes, que fueron los primeros en sufrir en sus carnes la orfandad de los cargos autonómicos, avisaron a sus correligionarios y aliados vascos de lo que se podían encontrar en una oposición furibunda al Gobierno. Y como los tiempos no están para hacer ascos a lo que propone Zapatero, mejor es aliarse con él que seguir sufriendo los rigores y las inclemencias del tiempo fuera del sillón gubernamental.

Así que Urkullu y el EBB han decidido apoyar el proyecto de reforma de la ley del aborto, aunque para ello hayan que taparse la nariz y oír las admoniciones dominicales de los obispos vascos, a los que el gesto nacionalista no les ha gustado nada. Pero como siempre, los jeltzales saben estar en misa y repicando.

De esta forma, el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha explicado que su partido pretende que las “cuestiones que no se contemplan o no están bien contempladas” en la ley del aborto sean “mejoradas” ya que, según subrayó, “estamos ante una realidad social que no podemos obviar”. Urkullu reconoce que el PNV ha realizado “una reflexión profunda” desde el pasado mes de julio, “con informes suficientes y serios para entender que, 24 años después de la existencia de una ley de despenalización del aborto, lo que estamos es, no ante un debate de aborto sí o aborto no, sino en el de la mejora de la regulación existente”. “Estamos ante una realidad social que no podemos obviar. No podemos mirar hacia otra lado, pensando en que aquellas cuestiones que no están bien contempladas en la Ley vigente no puedan ser mejoradas”, advirtió.

El presidente del EBB precisó que se trata de “una cuestión delicada que nosotros tenemos que analizar también desde todos los puntos de vista y teniendo en cuenta todas las sensibilidades” y aseguró que “este tema tampoco nos lleva a alianzas con unos o con otros”.

Un punto de vista que, sin embargo, se ve de forma diametralmente opuesta en la derecha española, que ya ha advertido que cuando llegue al Gobierno se planteará qué hacer de nuevo con la ley del aborto. Ocho años estuvieron dirigiendo el país y no se acordaron para nada del tema. Así que ya veremos.

¿Fin a la impunidad alcohólica? Permítanme que lo dude, porque en este país si algo resulta sagrado, es la exaltación que se hace del consumo de licores o de bebidas con altas dosis de alcohol. No hay fiesta que se precie, ‘sarao’ que se monte o reunión que se convoque donde el alcohol quede al margen. Todo lo contrario, Pues bien Cataluña explicita en la nueva Ley de Salud Pública, aprobada hoy por el Parlament, la prohibición de los ‘2×1’ en alcohol en bares y discotecas, una antigua demanda de federaciones de locales de ocio nocturnos. El director general de Salud Pública, Antoni Plasencia, destacó la adaptación de la ley a la nueva realidad social que, en algunos sectores, promociona el consumo de alcohol sin reparos, a través de ‘2×1’, barras libres o ‘happy hours’.

Más bien se trata de un gesto de cara a la galería, porque precisamente esas convocatorias de ‘la hora feliz’ (hasta el nombre resulta insultante) tiene un gran poder de atracción que basa el éxito en el regalo de la consumición. No se trata, por tanto, de prohibir o limitar el consumo de alcohol, sino de restringir la publicidad de este tipo de convocatorias.

Sea cual sea el éxito de la normativa (también tengo dudas al respecto), creo que es hora ya de poner coto al abuso del alcohol y de que sean precisamente las instituciones quienes mantengan el más exquisito de los cuidados en los actos que corran a su cargo. De tal forma, que el alcohol quede, sino prohibido, al menos limitado a su mínima expresión. Por no entrar en más guerras (que bastantes hay ya) sobre el ‘botellón’ que tantos estragos produce entre los más jóvenes.

La tarea de la Administración es de por sí difícil, pero lo es aún más en esta sociedad decididamente permisiva, e incluso potenciadora del consumo de bebidas alcohólicas. Y mientras sean las instituciones quienes lideren la organización de fiestas con alcohol, no podrá corregir los desmanes de los que beben y erradicar el ‘botellón’ de las calles. Pero bienvenidas sean las iniciativas que limiten el consumo. Si vives, no bebas.

“El gran enemigo del ser humano es la ignorancia”. Una frase con la que casi todo el mundo pude estar de acuerdo, pero no precisamente con la última persona que la ha pronunciado. Ya saben Fátima Hssisni, es la mujer que el pasado miércoles se negó por motivos religiosos a declarar sin burka en la vista que juzga a nueve presuntos islamistas. Y hoy ha vuelto ante el juez para declarar y ha descubierto su rostro en cuanto se lo ha pedido el magistrado. Como debe ser.

Sin embargo, Fátima Hssisni ha defendido la utilización del burka y ha asegurado que esta prenda, que a nosotros no deja de sorprendernos, es vista “con más normalidad en otros países europeos”. Dudo de que la afirmación sea cierta, pero lo que tengo claro es lo que significa en Occidente ese ropaje que aisla a la mujer del mundo que la rodea. No creo que sea para protegerla, como dicen sus defensores (casi todos hombres) sino más bien para reservarla solo para los ojos del marido, el único que tiene derecho a contemplar el rostro de su mujer. Quizá no lo entendamos bien y por eso esta mujer habla de ignorancia. Aunque más bien la ignorancia cae del otro lado; no de quien lo usa de buena fe, sino de quien obliga a cargar con el velo a la mujer en cuanto uno de sus pies pisa la calle. Pero también la libertad de elección tiene sus límites.

Fátima testificó de espaldas al público y mostrando el óvalo de su cara desde las cejas al mentón, tal y como le pidió el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez. No se giró en ningún momento de su comparencia hacia la zona en la que se encontraban el público y los medios de comunicación, cumpliendo asi su deseo de que las cámaras de televisión no le grabaran a cara descubierta.Y tiene perfecto derecho a ocultar su rostro de las cámaras, no así a testificar cubierta (como se lo recordó el juez y hoy se lo ha vuelto a repetir) amparándose en su cultura y en ‘sus leyes’.

”Alá es grande”, afirmó en árabe antes de abandonar el tribunal. Todo lo grande que quiera y es respetable que así lo exprese. Pero la ley y las costumbres de este país no permiten que asista embozada ante ningún juez ni autoridad (hace unas semanas una mujer musulmana se negaba a salir en la foto del el DNI y reclamaba su derecho a taparse el rostro con el burka), sin que ello suponga ningún menoscabo para su integridad como creyente en Alá.

Los padres de Marta del Castillo se reúnen mañana con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la entrevista, tienen previsto plantearle que endurezca el Código Penal y que incorpore al mismo la cadena perpetua. Hasta ahí, nada que objetar. Visto lo que esos jóvenes desalmados han hecho con su hija, me parece hasta comprensible que reclamen medidas contra los asesinos.

Sí pongo reparos, sin embargo, a la contestación que pueda darle el presidente. Visto los antecedentes -también sen entrevistó con los padres de Mari Luz, la niña gaditana a la mató un vecino pederasta-, puede ser preocupante la respuesta de Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo suele ser muy permeable ante los cara a cara y quizá se deje arrastrar por las proclamas populistas.

No puede ponerme en la piel de esos padres -sé que algunos de vosotros ya habéis pensado que si me viera envuelto en un caso similar mi actitud sería otra- y tampoco quiero. Pero me veo obligado a recordar al presidente que un gobernante no puede tomar decisiones en caliente. La respuesta ante los asesinatos de Mari Luz o Marta tiene que venir de la mano de la Justicia; no de la venganza. Y si hay que endurecer la ley, se exige un debate sosegado y largo en el Parlamento, con todas las fuerzas parlamentarias participando de la decisión. Si las fuerzas con representación en el Congreso creen que es necesario endurecer las leyes, hágase a conciencia. Pero una vez se haya tomado la decisión, dejen actuar a los jueces en la aplicación de esas mismas leyes.

La Justicia no puede ser ciega ante casos como el de Marta o el de Mari Luz. La sociedad civil reclama una actuación contundente; exige que el peso de la ley cargue contra los asesinos una vez que se hayan comprobado los hechos y se hayan sentenciado. Sin linchamientos ni venganzas. Sólo aplicando la ley.

Los partidos con representación parlamentaria trabajan en las últimas semanas en ultimar una ley de plazos sobre el aborto: Como es natural (?) las posiciones de PP y PSOE están en las antípodas; lo contrario, sería más sorprendente.

Según lo que se ha avanzado hasta el momento por el partido del Gobierno, las conclusiones giran sobre tres ejes: el aborto sí es un derecho; es un derecho que las mujeres puedan ejercitar según su libre voluntad (de momento el plazo no ha sido detallado en el texto pero oscilará entre las 14 y las 16 semanas) y, con posterioridad si se cumplen algunas condiciones; es un derecho que deberá garantizar el sistema público de salud.

El PP lo tiene mucho más claro. “El aborto es malo. Es malo para las mujeres y es malo para la sociedad. No puede ser un derecho de la mujer algo que es malo para ella. Frente al aborto, más vida”. Estas palabras, pronunciadas por Sandra Moneo, portavoz del PP en la subcomisión del aborto en el Congreso, resumen la posición de su partido.

Cien mil mujeres de este país han sufrido la interrupción de su embarazo en el último año (esta cifra cifra no solo la manejan las asociaciones antiabortistas, sino algunos partidarios de la ley de plazos). Sin entrar en la guerra de cifras, el dato en sí ya es escalofriante. Algo grave tiene que pasar cuando hay tantas mujeres que han decidido interrumpir su embarazo. El sistema está fallando en algún punto.

La derecha se opone también, con contumaz contundencia, a las campañas de prevención del embarazo, reparto gratuito o semigratuito de condones e incluso la formación sexual en los centros escolares. No es de extrañar, por tanto, que salgan a la luz casos como el de la pareja de ingleses (él de 13 años y ella de 15) que acaban de tener un hijo y reconocen ante las cámaras que no saben qué van a hacer ahora. ¿Hubiera sido mejor que la chiquilla abortara? ¿Los padres deberían de haberse opuesto a que naciera esa criatura que no tiene la culpa de la inconsciencia de sus progenitores?

No sé que hubiera pasado en España si saliera a la luz uno de estos casos que, por desgracia, también aquí se producen, según admiten los médicos y sociólogos que tratan como pacientes a esos preadolescentes ya padres con su tierna edad. Esos mismos que ahora se oponen a las leyes del aborto, son herederos de quienes viajaban a Londres en los años sesenta, setenta y ochenta a abortar en las clínicas especializadas. Algo a lo que solo podían aspirar quienes tenían medios económicos y una posición social más que evidente. Será por eso