Mariano Rajoy es así. Hasta ahora ni se había pronunciado sobre el tema, pero ya ha roto su silencio. Y ha hecho lo que todo el mundo daba por sentado: bendecir la candidatura de Camps, que de nuevo será el cabeza de lista del PP en la comunidad valenciana. No había más alternativas en esta huida hacia delante del partido que preside el político gallego. Y el líder popular ha unido su suerte a la del presidente de la Generalidad valenciana.

Rajoy, que no había comparecido desde hace meses en rueda de prensa, ha asegurado que durante las reuniones mantenidas ayer y hoy “no se ha pronunciado ni una sola palabra” sobre el nuevo informe policial incorporado al sumario del ‘caso Gürtel’. Un informe en el que se insiste en que varios empresarios financiaron actos del partido pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con Orange Market.

“Creo que (Camps) debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones”. Y con esta frase ha dicho más de lo que ha callado durante todo este tiempo. Quien pensaba que había reticencias hacia esta candidatura, se equivocaba. Porque no apoyar a Campos, habría significado el reconocimiento implícito de que el PP era culpable de las acusaciones de corrupción en Valencia. Y eso no lo puede sostener un líder que se precie.

Tiempo. Existen cálculos sobre el plazo que tardarán los tribunales en sentar en el banquillo a Francisco campos; eso si se llega a producir tal posibilidad, porque a tenor de los indicios ya se debería haber tomado alguna decisión judicial al respecto. Y el tiempo corre sin que ocurra nada. Mientras los jueces no decidan, la posición del PP en la comunidad valenciana sigue al alza.

Las encuestas no parecen minar la confianza de los valencianos en el partido de gobierno. La oposición apenas si consigue hacerse oír, sin un líder sólido que haga sombra a Camps; y el ‘caso Gurtel’, mientras no se pronuncie la Justicia, es casi papel mojado. Salga lo que salga en la Prensa, el PP reacciona a la contra: “es falso, parcial, tergiversado y antiguo”, aseguran sobre las nuevas acusaciones de financiación del partido. Así que al ser interrogado soobre el respaldo a la candidatura de Camps, Mariano Rajoy se ha limitado a responder: “Ya he dicho lo que tenía que decir sobre este asunto”.

Probablemente el caso tendrá justificación legal, pero en la calle es ininteligible. No es la primera vez (y me temo que no será la única) que una decisión de los jueces pasa por la incomprensión del gran público. Legos en materia legal, pero no estúpidos. Y de verdad que estamos a las puertas de llamar la atención del mundo entero, si finalmente se logra sentar a Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados.

La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado por unanimidad pedir un informe a la Fiscalía sobre si procede suspender cautelarmente en sus funciones al juez Baltasar Garzón. La decisión se ha tomado después de recibir las dos últimas resoluciones del Tribunal Supremo sobre Garzón: el auto en el que el magistrado Luciano Varela confirma los indicios de que pudo incurrir en prevaricación al tramitar las diligencias por las desapariciones del franquismo y la resolución en la que la Sala Penal le abre un nuevo proceso por prevaricación y cohecho en relación al dinero que solicitó y obtuvo del Banco Santander para que le financiara sus actividades en Nueva York.

Hay quien asegura que bajo estas premisas no debe consentirse ni un día más la presencia del juez en ningún proceso, no vaya a contaminarlo con sus imputaciones. La mayor parte de la gente no tiene opinión formada sobre la segunda de las acusaciones, la obtención de prebendas, pero tiene muy claro lo que piensa de los crímenes del franquismo.

Nadie entendería que se procesara a los jueces de Nuremberg por llevar a los criminales nazis a comparecer ante la Justicia. Y es incomprensible que una causa justa (juzgar los crímenes del franquismo) acabe finalmente con el superjuez español. Este ha recibido el apoyo de la mayor parte de sus colegas del mundo entero, pero en España hay compañeros de toga que no le quieren. Y no solo por aquello de profeta en su tierra.

Los detractores de Garzón le acusan de mantener excesivo protagonismo en las causas que abre, lo que en mi ignorancia no parece causa suficiente para ’empapelarle’. Y desde ese mismo desconocimiento me permito opinar sobre su supuesto procesamiento por la forma en que ha tramitado las desapariciones del franquismo. Esos mismos detractores dicen que se ha saltado la ley que como juez está más que obligado a defender. No lo sé; diría casi que no me importa.

¿Se imaginan los titulares en la prensa extranjera? España procesa a Garzón por depurar los crímenes del franquismo (quédense con la idea, no con la literalidad). No lo iban a entender, como no lo entendemos miles de personas que defendemos que es hora ya de que salgan a la luz las tropelías de aquellos años. Y que se juzgue y condene a los culpables. Yeso no es revanchismo. Las familias de las víctimas tienen derecho a saber dónde reposan los huesos de sus allegados fusilados de madrugada en cualquier rincón del camino. Y los políticos la obligación moral de acabar con la impunidad.

La transición no ha culminado. Estamos a punto, pero aún faltan flecos. Y uno de ellos es el de conseguir que todos los familiares de los fusilados en aquellos fatídicos años encuentren finalmente el descanso que se merecen. No solo por acallar las conciencias, sino por cumplir con la Justicia. Y Garzón ah sido un eslabón decisivo para contribuir a esta causa. ¿Es eso delito?

No hay quien lo entienda. Ahora resulta que la simple exposición de fotos de etarras en una concentración es puramente legal, según ha establecido el Tribunal Superior de Justicia del Paìs Vasco. El tribunal ha permitido a la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat concentrase con fotos de los reclusos en Mondragón al rechazar que la mera exhibición de las imágenes suponga siempre una ofensiva a las víctimas ya que ello viene motivado por el “sentido y significación” que los concentrados atribuyan al acto.

El consejero de Interior, que había prohibido la concentración, ha mostrado sus discrepancias con el fallo indicando que le parecía “una tremenda equivocación porque no tiene en cuenta el contexto social en el que nos movemos”. El titular de Interior ha indicado que acatarán la sentencia y se podrán celebrar las tres concentraciones, aunque ha advertido de que “estaremos vigilantes, levantaremos los atestados correspondientes para trasladarlos a la Audiencia Nacional porque aquí estamos ante un problema de discrepancias entre órganos judiciales, entre la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Audiencia Nacional”. Ares ha resaltado que la Audiencia Nacional y el Ttribunal Supremo “han dicho con toda claridad que la exhibición de fotos de etarras es algo que no se puede hacer porque es apología del terrorismo y ofende la dignidad de las víctimas”.

El alto tribunal vasco considera que aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo “da por indiscutido” que “la exhibición fotográfica” de etarras “puede constituir, en ocasiones y según el contexto”, un elemento utilizado para ensalzar a los terroristas, “colocando a las acciones punibles y a sus autores como modelo y otorgándoles un valor de asimilación al orden jurídico, o aún superior”, en este caso no está “suficientemente argumentada” la relación de la exhibición de las fotos cono el menosprecio o trato denigrante para las víctimas del terrorismo.

Una docena de asociaciones, colectivos y fundaciones de víctimas del terrorismo han emitido un comunicado conjunto en el que afirman que la exhibición de fotos de etarras les supone “una humillación intolerable”. Con ello han querido salir al paso de las críticas que “algunos grupos políticos han realizado a la prohibición de exhibir en público las fotografías de nuestros asesinos”, así como ante el contenido “de algunas sentencias judiciales”.

También el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha sostenido que la sentencia y la moción aprobada en las Juntas Generales de Guipúzcoa sobre la exhibición de fotos de presos de ETA son “insensatas” y obstaculizan la lucha contra ETA.

Sin embargo, los nacionalistas consideran coherente la resolución del alto tribunal. El parlamentario vasco de EA, Jesús Mari Larrazabal, cree que exhibir fotos de presos de ETA “no significa necesariamente enaltecimiento del terrorismo” y que “no es quien ni Ares (el consejero vasco de Interior) ni la Audiencia Nacional para atribuir a los manifestantes la intención de humillar a las víctimas y enaltecer a los terroristas. Mientras desde el PNV se dice que ya era hora que alguien pusiera un pcoo de mesura y sentido común, en referencia a los jueces.

Vamos que, a la vista de las declaraciones, el tema va a traer lo suyo y lejos de aclararnos nos sumimos en un mar de confusión. Porque parece que todo el mundo tiene claro que exhibir una foto de Hitler, pongamos por caso, en una concentración de judíos es una provocación. Lo mismo que mostrar la imagen del violador del Eixample en una asamblea de mujeres o la del pederasta condenado recientemente en cualquier colegio de niños. Si alguien, en cualquiera de esos escenarios, se atreviera a lucir una de sus fotos, todos condenaríamos el acto. ¿Por qué entonces no nos ponemos de acuerdo sobre la exhibición de carteles de etarras que tienen sus manos manchadas de sangre?

Sinceramente. Siento asco. Ver la imagen del principal imputado por el asesinato y desaparición de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, me produce náuseas. Y no me vengan con la presunción de inocencia y el sistema judicial. Hay alimañas que no pueden seguir sueltas y a las que no se les debe tratar con guante blanco. Son asesinos sin alma y sin entrañas que ni tan siquiera son capaces de enfrentarse como hombres ante un hecho tan execrable como el que han cometido. Han matado a una joven y además siguen mareando a la Policía sobre el destino que le dieron al cuerpo de su víctima. Una actitud que hace aún más condenable su acción.

Saben que un jurado popular juzgará a los asesinos del Marta del Castilllo. Parece evidente que ningún ciudadano puede entender la actitud de estos desalmados. Sí, deben pasar por el banquillo de los acusados en audiencia pública y oír la condena. ¿Acaso alguien confía a estas alturas en su inocencia? Y esto no es un prejuicio vengativo, aunque habrá alguien que invoque el derecho a la presunción de inocencia que se merece todo procesado. Pero a tenor de lo conocido hasta el momento, sólo espero el día del juicio para que ese jurado aplique la condena más dura y un juez lo ratifique, porque es de ley.

Miguel Carcaño vuelve ahora sobre su primera versión (se ha dicho y desdicho en tantas ocasiones), pero dudo mucho de que alguien pueda creer algo de lo que suelta por esa boca. En su nueva declaración ante el juez, el acusado ha relatado que mató a Marta del Castillo en la noche del pasado 24 de enero al golpearla con un cenicero, después de mantener una discusión con ella. Posteriormente, ha negado que violara a la adolescente y ha exculpado de los hechos al menor de edad, apodado ‘El Cuco’. El asesino confeso de Marta del Castillo ha asegurado que cambió la primera versión de los hechos para evitar ser juzgado por un tribunal popular, tal como ha decretado el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina. De su anterior declaración, Carcaño sólo mantiene que arrojó el cuerpo de Marta a un contenedor, y no al río, por lo que el cadáver debería encontrarse en el vertedero de Alcalá de Guadaíra.

Recuerden que la Policía peinó escrupulosamente el vertedero y no encontró rastro alguno de la joven. Los investigadores saben que el acusado (y sus cómplices) miente, pero no saben ya cuál es la versión y dónde investigar. Lo cierto es que el cuerpo de Marta del Castillo sigue sin aparecer y, por tanto, el duelo de sus padres es aún más doloroso. Cada vez que uno de estos procesados cambia su versión sobre lo sucedido, en el domicilio de la joven se vuelve a revivir la pesadilla. Pero lo peor de todo, es que Marta sigue sin encontrar el descanso que se merece.

A vueltas con los jueces. Hay decisiones que se ajustarán al texto de la ley; estoy convencido de ello. Pero no dejan de ser sorprendentes. Hay ciertas resoluciones y sentencias que no tienen calado social y resultan incomprensibles, aunquedesde el punto de vista jurídico sean irreprochables. Hoy nos encontramos con un caso de estos. El Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba a Pedro Jiménez a 83 años de prisión por el asesinato y la violación de dos mujeres policías en prácticas en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Menos mal que el acusado no saldrá de la cárcel hasta 2021, como mínimo, por tener otras penas pendientes. De lo contrario, el escándalo hubiera sido sonado.

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona por considerar que debe ser un jurado popular quien se encargue de juzgar el caso. La decisión del Alto Tribunal ha generado en la Fiscalía “graves dudas” acerca de cuál va a ser el criterio a seguir en otros procedimientos aún pendientes de juicio o en trámite de casación, por lo que considera “deseable” que el Supremo “siente criterios uniformes e invariables en dicha materia” y que afectan a delitos “de extraordinaria gravedad y generadores de una importantísima alarma social”. No obstante, “acata y respeta la resolución dictada”, aunque recuerda que a la Fiscalía le asiste la facultad de ejercitar las acciones legales oportunas y, en especial, la de poder presentar un nuevo escrito de acusación “adecuado a las exigencias y formalidades propias del Tribunal del Jurado”.

Es cierto que los medios de comunicación tienen la obligación de explicar lo inexplicable para que las reacciones sean, precisamente, controladas y nadie se tome la justicia por su mano. No quiero recordar la escasa receptividad que tuvo socialmente la actuación del juez Tirado con el caso Mari Luz. Al final, la secretaria judicial purgó por el error que dejó libre al principal encausado, que podía haber sido encarcelado por otro caso distinto.

Ahora asistimos a otra decisión que es difícilmente explicable. Las jóvenes Aurora R.G. y Silvia N.G., ambas de León, fueron asesinadas a puñaladas el 6 de octubre de 2004 y una de ellas fue violada por Pedro Jiménez en el piso que compartían ambas en el barrio de Bellvitge de L’Hospitalet y que, tras el doble crimen, fue incendiado por Pedro Jiménez. Este era un interno de Can Brians condenado en ocho ocasiones por delitos sexuales y de robo, y gozaba de un permiso penitenciario el día de los hechos. Con estos hechos, el juicio popular era claro y evidente: culpable.

Pero es precisamente la falta de un jurado popular lo que ha venido a torpedear la resolución de la Audiencia. Por eso, el reo deberá volver a sentarse en el juzgado, las familias de las víctimas y los testigos pasar de nuevo por el tormento que ya sufrieron en la vista ahora suspendida y el pueblo llano establecer una nueva sentencia que, a todas dudas, no será más benévola que la anterior. Es lo que tiene la Justicia cuando se pone la venda en los ojos. Que no mira lo que sucede bajo sus pies. Lex dura, sed lex.

La esperada sentencia por el caso del accidente del Yak-42 ya ha visto la luz: los tres militares imputados han sido condenados a penas de 3 años y año y medio de cárcel. El tribunal en su sentencia ha llegado a la “convicción” de que el general Navarro “actuó con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad”, por lo que “actuó dolosamente”, ya que sabía que no tenía 30 cuerpos identificados y decidió “falsear la verdad”.

Sin embargo, las familias siguen sin encontrar alivio en la decisión de la Justicia porque creen que el principal responsable de esta nefasta actuación sigue sin sufrir castigo alguno. Federico Trillo, ministro de Defensa cuando sucedieron los hechos, “se ha ido de rositas” de nuevo por lo que las víctimas siguen sin encontrar satisfacción plena a sus demandas. Los familiares de los militares muertos creen que hasta que no sienten al ex ministro en el banquillo del juzgado, no habrá descanso posible.

“Tengo que respetar la sentencia, pero no la comparto”. Trillo, en una comparecencia ante los medios, ha dicho que sólo meses después de los funerales tuvieron conocimiento de los errores cometidos en la identificación de los cadáveres, y ha defendido la buena fe con la que, en su opinión, actuaron siempre los mandos militares. El ex ministro, que ha roto su silencio de los últimos meses, ha aprovechado la ocasión para reiterar su respeto y reconomiento a las víctimas del accidente. “Su memoria me acompañará siempre”, ha dicho.

No sólo los familiares de las víctimas consideran que Trillo debe pagar por lo ocurrido con las víctimas del Yak-42., sino que muchos ciudadanos consideran que la Justicia no está siendo ciega en esta caso y mira por debajo de la venda a quién sienta y aquién no en el banquillo de los acusados. Las víctimas, cuando menos, se merecen un respeto y éste pasa porque el juez llame a declarar al que fuera máximo responsable de Defensa y dé cuenta de su actuación en los tribunales. Que sean después estos, con la ley en la mano, quienes diriman la responsabilidad de Federico Trillo. Por su bien y por el de las familias de los muertos.

Los padres de Marta del Castillo se reúnen mañana con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la entrevista, tienen previsto plantearle que endurezca el Código Penal y que incorpore al mismo la cadena perpetua. Hasta ahí, nada que objetar. Visto lo que esos jóvenes desalmados han hecho con su hija, me parece hasta comprensible que reclamen medidas contra los asesinos.

Sí pongo reparos, sin embargo, a la contestación que pueda darle el presidente. Visto los antecedentes -también sen entrevistó con los padres de Mari Luz, la niña gaditana a la mató un vecino pederasta-, puede ser preocupante la respuesta de Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo suele ser muy permeable ante los cara a cara y quizá se deje arrastrar por las proclamas populistas.

No puede ponerme en la piel de esos padres -sé que algunos de vosotros ya habéis pensado que si me viera envuelto en un caso similar mi actitud sería otra- y tampoco quiero. Pero me veo obligado a recordar al presidente que un gobernante no puede tomar decisiones en caliente. La respuesta ante los asesinatos de Mari Luz o Marta tiene que venir de la mano de la Justicia; no de la venganza. Y si hay que endurecer la ley, se exige un debate sosegado y largo en el Parlamento, con todas las fuerzas parlamentarias participando de la decisión. Si las fuerzas con representación en el Congreso creen que es necesario endurecer las leyes, hágase a conciencia. Pero una vez se haya tomado la decisión, dejen actuar a los jueces en la aplicación de esas mismas leyes.

La Justicia no puede ser ciega ante casos como el de Marta o el de Mari Luz. La sociedad civil reclama una actuación contundente; exige que el peso de la ley cargue contra los asesinos una vez que se hayan comprobado los hechos y se hayan sentenciado. Sin linchamientos ni venganzas. Sólo aplicando la ley.

Siento el retraso en tratar este tema. Pero he tenido que ocuparme de un asunto íntimo que me ha impedido actualizar el blog, tal y como me comprometí cuando decidí crearlo en los primeros días de enero. Ahora que tengo algo de tiempo para mí, intentaré ser fiel con esta cita.

La noticia nos ha sobrecogido a todos. Marta del Castillo, la joven sevillana a la que media España buscaba, fue asesinada por su ex novio (siento no poder utilizar el presuntamente, pero a estas alturas no parecen quedar muchas dudas sobre la autoría del crimen y, lo que aún es peor, la forma en la que se ha desembarazado del cadáver de la chica, a la que aún buscan las Fuerzas de Seguridad en el río Guadalquivir).

Como casi siempre en este tipo de casos, la jauría mediática se ha lanzado sobre su presa y ha comenzado a destripar una relación íntima ante las cámaras de televisión. Decenas de tertulianos ha ocupado horas y horas de pantalla tratando sobre un caso que sólo conocen de oídas. Lo mismo que en tabernas o supermercados, y con un conocimiento de los hechos escaso, el suceso ha pasado de boca en boca hasta generar un clima irrespirable en el entono más cercano; incluso ha provocado un desenlace casi similar al de la niña gaditana Mari Luz: una entrevista con el presidente Zapatero en la que los padres van a pedir cadena perpetua para los asesinos de niñas.

Todas las cadenas de televisión, sin excepción alguna, se han lanzado en tropel a la búsqueda de amigos o amigas de la joven asesinada, para que narraran casi en directo la relación que tenían Marta y su ex novio o cualquiera de los otros implicados en el crimen. No importa lo que saben o lo que dejan de saber; lo único que cuenta es que ‘alguna’ conexión tenían con esa relación, aunque solo fuera que coincidían en los mismos lugares de diversión que frecuentaba la pareja. Y punto.

Morbosa también la presencia ante esas mismas cámaras de la actual novia de Miguel Carcaño que se ha paseado de cadena en cadena exhibiendo sin pudor su amargura por el suceso, con el beneplácito de sus padres. Una menor a pleno rostro, que ha obligado a intervenir al defensor del Pueblo andaluz recordando que no todo vale en la patria potestad.

Tampoco los periódicos se libran de exhibir en sus páginas, día sí y día también, la película de lo sucedido; película porque aún no hay hechos documentados de la actuación de cada uno de los implicados. Pero los textos se encargan de cubrir los vacíos que los investigadores tienen que comprobar fehacientemente antes de entregarlos al juez.

Y, por último, la Policía también tiene culpa en este circo mediático. Porque ha paseado por las calles de Sevilla a los implicados en este horrendo crimen, ante la presencia de la turba que pedía a gritos venganza (y no justicia) amparados en la masa.

Volvemos a caer en la misma piedra. No aprendemos de casos anteriores (las niñas de Alcasser, por ejemplo) y repetimos exhibicionismos mediáticos que sólo contribuyen a alterar el funcionamiento de la maquinaria de la Justicia, que también se deja contaminar en este tipo de sucesos . Lamentable