La Justicia es ciega. O eso dicen. Lo creeré un poco más cuando vea que se sienta en el banquillo de los acusados Isabel Pantoja, el juez la sentencie y ella cumpla condena. Como cualquier otro mortal. Porque este tipo de personajes ha dejado de ser intocable, como se demostró con la condena del cantante Farruquito, o del ex compañero de la tonadillera Julián Muñoz.

La cuestión es que Isabel Pantoja se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales, en una causa en la que también están imputados su ex pareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, y la ex esposa de éste Maite Zaldívar. El fiscal mantiene que tanto Pantoja como Zaldívar “eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que reciben de Julián Muñoz” y que “ambas sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos, así como su cuantía”.

Isabel Pantoja fue detenida en mayo de 2007 en su vivienda de Marbella y abonó una fianza de 90.000 euros para eludir la prisión. Parecen existir pruebas fehacientes de que la famosas tonadillera pagó un chalé con fondos de dudosa procedencia y que blanqueó otro tanto del capital que le dio Julián Muñoz.

Vamos que será el juez quien determine la validez y calidad de las pruebas y decidirá la suerte de la cantante; que llevará sus penas hasta el banquillo y, como se cumpla la petición fiscal, dará con sus huesos en prisión. Ya se sabe que la Justicia tiene una venda en los ojos para no ver a quien se castiga. Y que hasta los famosos deben pasar por la cárcel cuando se demuestra que han delinquido y la pena requiera de su permanencia en los calabozos.

Ni la fama ni la suerte pueden salvar a Isabel Pantoja de ir a prisión, si el juez la cree culpable. Pero la tonadillera deberá vestir como el resto de las reclusas, pasear por el mismo patio y comer el mismo rancho, si al final se da crédito a los acusaciones del fiscal. Otra cosa es que luego se atenúen sus penas y que su arte reciba el apoyo de reclusas y funcionarias. Porque ya se sabe que las clases cuentan mucho aun entre rejas, y que el respeto por ciertos personajes permanece casi intacto.

Aunque también puede aprovechar la experiencia para sentir y vivir con más sentimiento las canciones de su repertorio y conocer de primera mano penas y cuitas que pueden inspirar nuevos temas que traspasen el corazón de sus incondicionales. Ya se sabe que no hay mal que por bien no venga.

Garzón siempre es protagonista. Quiéralo o no, el juez de la Audiencia Nacional siempre es noticia; para bien y para mal. Y su causa en el Supremo, donde se estudiará si ha prevaricado o no al instruir los casos sobre los crímenes del franquismo, está provocando reacciones contrarias entre los políticos españoles, las instituciones y los ciudadanos. Respuestas que van superando el tono y que comienzan a alcanzar resonancias importantes y frases de alto contenido.

Colectivos en apoyo del juez han comenzado un encierro y han decidido concentrarse todas las tardes ante la Audiencia Nacional para expresar su protesta por el proceso judicial abierto. Escritores, directores de cine, actores y ex presos políticos participaron ayer en la presentación de este encierro, que se desarrolla en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid.

UGT y CCOO, organizadoras del acto, han negado que estén tratando de presionar a los jueces con acciones como ésa, contra la que han arreciado las críticas y que ha llevado al PP a pedir el cese del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. Rajoy ha opinado que ese acto es “claramente antidemocrático”. La defensa del Poder Judicial como poder independiente es “algo básico” en un sistema democrático, ha destacado el presidente de los populares, para quien “todas las personas, hasta la más humilde, son iguales ante la ley”. “Se llame Garzón, se llame Pérez o se llame Fernández, todas las personas son iguales ante la ley”.

Más alto y más lejos ha llegado la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, la encartada Rosa Díez, quien ha asegurado que el acto organizado ayer es un “golpe al Estado de Derecho” . A su juicio, lo que ocurrió ayer en el homenaje a Garzón es “un intento de subvertir el Estado de Derecho y el orden constitucional”. “Ha sido una de las cosas más graves que han ocurrido en democracia –proclamó–. Es muy grave por lo que dijeron y por quienes lo dijeron y quienes le acompañaron”.

La cuestión es que el estado de opinión existente en nuestro país, y más allá de nuestras fronteras, es de incomprensión. Aunque parezca legítimo juzgar a un juez por prevaricación, se esgrime la historia de Garzón como aval suficiente para dejarle al margen del banquillo de los acusados. Y sabiendo además que es una asociación ligada a Falange quien ha provocado el caso y ha llevado al juez a que le juzguen sus compañeros de toga, la acusación resulta más problemética.

Dado que la polémica sobre la imputación de Garzón por investigar los crímenes del franquismo ha saltado las fronteras españolas, el Ttribunal Supremo ha convocado para el próximo viernes a los principales corresponsales extranjeros a una “reunión informal”, con el fin de explicarles “técnicamente” cómo es un procedimiento en el alto tribunal contra un aforado. La verdad sea dicha no tiene buena prensa este procesamiento.

Y para mantener la tensión en todo este proceso, ahora la Falange ha convocado en Madrid una manifestación y un acto político posterior, el próximo día 24 de abril, con el lema “Orgullosos de nuestra historia falangista”. Falange asegura que “ante los continuos ataques” de los que están siendo objeto “por parte de titiriteros, fiscales y jueces de pacotilla, que quieren tergiversar la historia, manipulándola para remover aquellos tristes acontecimientos que nos llevaron a una Guerra Civil”, los falangistas, quieren “defender el honor y la altura moral de aquellos que formaron parte de aquella Falange que sufrió como ningún otro partido político, la represión y el asesinato por parte de aquella Segunda República”.

Demasiada tensión en la calle y en los despachos. Y además en vísperas de que el juez acuda este jueves al Tribunal Supremo para declarar como imputado en la segunda de las tres causas que tiene abiertas en el máximo órgano judicial. El juez de la Audiencia Nacional está citado por el magistrado Manuel Marchena, encargado de instruir el proceso por la financiación de unos cursos académicos suyos en la Universidad de Nueva York. Los querellantes acusan al magistrado de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Y esto no ha hecho más que comenzar.

El juez Baltasar Garzón se sitúa en boca de todos. Unos porque creen haber cobrado pieza; otros porque no quieren que se abata; y otros más porque no desean situarse en el centro del huracán. Pero todos, sin excepción, hablan de Garzón. Y no parece normal el movimiento de ninguno de ellos.

No se entiende la defensa a ultranza que ha hecho este fin de semana el presidente del Gobierno que, sin embargo, se ha olvidado (puestos ya) de defender también al magistrado Eloy Velasco. Tampoco es comprensible el ataque feroz del líder de la oposición, Mariano Rajoy, y su partido contra la postura del Ejecutivo y la situación del magistrado (al que por cierto defendían con uñas y dientes cuando salió del gabinete de Felipe González e inició el proceso contra los GAL). Y mucho menos, que el CGPJ considere que se ataque a su independencia cuando se critica o se alaba a algunos de los jueces de este país y exige “máximo respeto”.

El patio está revuelto (cuándo no) y entre unos y otros acaban por confundir más que clarificar al ciudadano de a pie que lo único que tiene claro es que todo se politiza (en el sentido más peyorativo del término). Sin entrar a valorar quién se ha pasado de frenada (probablemente todos), es evidente que ninguno de ellos contribuye a serenar el debate, lo que acaba por perjudicar a las instituciones en general y contribuye a distanciar, aún más si cabe, la vida política de la ciudadana.

La triple imputación de Baltasar Garzón ante el Supremo y la defensa del juez por parte del Gobierno llevan camino de provocar una crisis institucional. Comienzan a cruzarse excesivos verbos y palabras entre unos y otros. El CGPJ exige “el máximo respeto hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales”. El consejo rechaza además las críticas que “exceden la libertad de expresión y que constituyen ataques no solamente a las personas, a los titulares del Poder Judicial, sino a la esencia de la institución en sí”, en referencia
a las acusaciones que desde Venezuela han hecho mandatarios sobre el juez Velasco que investiga los vínculos entre ETA y las FARC.

Por su parte, Mariano Rajoy asegura que el Gobierno “intenta presionar” al Supremo con su apoyo a Garzón, y se muestra contrariado por la falta de apoyo del Ejecutivo a Velasco, tras ser acusado por el ministro de Asuntos Exteriores venezolano de formar parte de “la mafia” de José María Aznar. Más lejos ha ido Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, quien ha asegurado que el magistrado “debería irse antes de que le echen”.

Y desde el otro lado, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, considera “inaceptable” que se cuestione la labor del juez de la Audiencia Nacional y de cualquier otro, pues “tienen en su hoja de servicios sobradamente acreditada su lucha contra el terrorismo y que han puesto a muchos terroristas en la cárcel”. La número tres del PSOE no entiende que “quienes en su día quisieron darle (a Garzón) el Premio Nobel de la Paz ahora intenten demonizarlo porque abre una investigación (Gürtel) que no les gusta” .

¿Qué quieren que les diga? Suelen decir que la Justicia prevalecerá y pondrá las cosas en su sitio. Pero a estas alturas uno duda, incluso, de la equidad de los jueces que van a investigar este caso. Baltsasar Garzón nunca pasa desapercibido y a estas alturas cada cual tiene una opinión muy definida sobre él. Veremos en qué acaba tanta palabrería y qué es lo que al final va a quedar claro ante la opinión pública. La pelota sólo está en un tejado y de ese tejado dependerá el veredicto de los jueces.

Predicar y dar trigo. Una máxima que no debe aplicar nadie y menos un político que quiera hacer carrera. Y eso es lo que ha debido pensar el presidente de las Nuevas Generaciones del PP que, tras haber sido cazado in fraganti con una tasa de alcohol importante al volante de su automóvil, ha decidido cesar como vocal de la comisión de Seguridad Vial del Congreso. Más que nada para que nadie se cebe en su caso y acabe afectando a su partido, como suele suceder normalmente con estos casos en este país que nos ha tocado en suerte.

Al parecer Ignacio Uriarte dio positivo en una prueba de alcoholemia tras colisionar el coche que conducía con otro vehículo en el centro de Madrid. El caso ha trascendido porque el diputado debía
declarar en un juicio rápido, al que no se citó al conductor del otro vehículo, por lo que ahora será un juzgado ordinario quien se encargue del conflicto.

El diputado del PP, en cualquier caso, ha acudido esta mañana al Juzgado y se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia, tal y como ya había hecho ante la Policía, a la que indicó que quería ser tratado como un ciudadano más, renunciando a su fuero como parlamentario. Al parecer la tramitación fallida se debe a un error de la Policía, que podía haber tramitado el asunto como si Uriarte hubiera sido sorprendido en un control de alcoholemia, en cuyo caso -y al no haber perjudicados- el juicio rápido se hubiera celebrado con su sola presencia.

Claro que el asunto podía haber pasado completamente desapercibido y quedar en la estricta intimidad de los afectados. Solo la casualidad provocó que hiciera su aparición en la zona del accidente una patrulla de la Policía cuando estaban realizando los papeles del seguro los conductores implicados. Fue entonces cuando sometieron a ambos a un control de alcoholemia que en el caso del político popular dio como resultado una tasa de 0,52 miligramos de alcohol, el doble de la permitida.

Uriarte, que preside Nuevas Generaciones del Partido Popular y es diputado en el Congreso de los Diputados, ha presentado su dimisión como vocal de Tráfico, pero sigue mantiene sus responsabilidades en sus otros cargos. Porque lo uno no está reñido con lo otro y, al final, considera que el precio que ha pagado ya es suficiente para la falta que ha cometido. Así que seguirá cobrando del erario público. Y no penen ustedes por la suerte del cazador cazado que ha reconocido “como un error humano” este suceso y ya “ha asumido su responsabilidad”. Pero no piensa conceder nada más.

Toda separación resulta dolorosa. De eso no hay duda alguna. Pero es aún más traumática cuando hay hijos de por medio; y si estos son menores, son quienes más sufren las consecuencias de la división de los padres. Y ya resulta infinitamente desagradable cuando una de las partes acusa a la otra de maltrato para evitar que la custodia de los pequeños sea compartida.

Cada vez asistimos con más frecuencia a casos en los que se consigue eliminar a uno de los cónyuges con una denuncia falsa. El último fue dado a conocer ayer, cuando un hombre resultó absuelto por la Audiencia de Sevilla tras haber sido acusado de abusar sexualmente de su hija de dos años. Las lesiones que presentaba la niña eran consecuencia de las heridas que ella misma se había producido al rascarse por las lombrices que tenía, y no por una presunta agresión como su ex mujer señaló ante el juez. Durante seis años, el hombre ha permanecido apartado de su hija, que ahora tiene ocho, tras una decisión judicial ante la denuncia de su pareja que ha resultado falsa. La principal prueba del abuso era el testimonio de la madre, que se produjo “en el contexto de una conflictividad conyugal”.

Antes de ser denunciado, el acusado trabajaba como autónomo para unos grandes almacenes. Tras estos seis años ha contraído cáncer de colon y de piel, está sumido en depresión crónica, ha sufrido dos intentos de suicidio y se halla en permanente tratamiento psicológico, con una pensión por enfermedad de 301 euros.

“Hay que ser más contundente en estos casos; a mí me han privado de ver a mi hija casi siete años; esto no puede durar tanto y hay que investigar a las dos partes; con tanto tiempo hasta las pruebas se pueden perder, y el daño físico y psicológico que te causan a ti y a tu familia, …”, explicó el denunciado que ha pedido “igualdad” y que su ex mujer pague por haberle puesto una denuncia falsa.

“Una hija duele mucho; yo lo que pido es igualdad y que el que cometa el fallo que lo pague; si yo soy inocente, cómo la otra parte va a quedar impune; que los que manden hagan hincapié en esto; ahora quiero que me den la custodia de mi hija y su madre que pague lo que tenga que pagar, que haya justicia para los dos no para uno sólo”, dijo el afectado de 37 años.
Además está seguro de que su hija, a la que no ve desde hace seis años y que, según dijo, se refiere a él como “el hombre malo”, padece Síndrome de Alienación Parental (SAP), inducido por la madre para que le deteste a él.

“Mi familia está destrozada, yo también y mi hija no conoce a su padre; yo no puedo dormir más de una hora seguida, cogí problemas graves de estómago y depresiones”, declaró el afectado, quien sobre la futura relación con su hija dijo que “va a ser difícil; a lo mejor tengo que ir a recogerla a su casa, pero cómo me las apaño yo para decirle ‘soy tu papá’, eso cómo se hace, cómo se dice”.

No vayan a creer que es un caso aislado. En concreto, alrededor de 120.000 hombres al año se ven afectados en España por esta práctica, según datos de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados. La Justicia es lenta y para cuando resuelve los casos, el daño ya se ha producido. La práctica de denunciar al ex cónyuge para evitar la custodia compartida no puede seguir imperando como una conducta normalizada; más bien al contrario. Y los hijos nunca deben pagar las culpas de sus padres. Aunque esta afirmacíón no deja de ser más un deseo que una realidad, porque al final son los paganos de esta situación. Por eso se deben renovar cuanto antes nuevas prácticas que eviten, al menos, más daños colaterales a una situación de por sí traumática. E

“El gran enemigo del ser humano es la ignorancia”. Una frase con la que casi todo el mundo pude estar de acuerdo, pero no precisamente con la última persona que la ha pronunciado. Ya saben Fátima Hssisni, es la mujer que el pasado miércoles se negó por motivos religiosos a declarar sin burka en la vista que juzga a nueve presuntos islamistas. Y hoy ha vuelto ante el juez para declarar y ha descubierto su rostro en cuanto se lo ha pedido el magistrado. Como debe ser.

Sin embargo, Fátima Hssisni ha defendido la utilización del burka y ha asegurado que esta prenda, que a nosotros no deja de sorprendernos, es vista “con más normalidad en otros países europeos”. Dudo de que la afirmación sea cierta, pero lo que tengo claro es lo que significa en Occidente ese ropaje que aisla a la mujer del mundo que la rodea. No creo que sea para protegerla, como dicen sus defensores (casi todos hombres) sino más bien para reservarla solo para los ojos del marido, el único que tiene derecho a contemplar el rostro de su mujer. Quizá no lo entendamos bien y por eso esta mujer habla de ignorancia. Aunque más bien la ignorancia cae del otro lado; no de quien lo usa de buena fe, sino de quien obliga a cargar con el velo a la mujer en cuanto uno de sus pies pisa la calle. Pero también la libertad de elección tiene sus límites.

Fátima testificó de espaldas al público y mostrando el óvalo de su cara desde las cejas al mentón, tal y como le pidió el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez. No se giró en ningún momento de su comparencia hacia la zona en la que se encontraban el público y los medios de comunicación, cumpliendo asi su deseo de que las cámaras de televisión no le grabaran a cara descubierta.Y tiene perfecto derecho a ocultar su rostro de las cámaras, no así a testificar cubierta (como se lo recordó el juez y hoy se lo ha vuelto a repetir) amparándose en su cultura y en ‘sus leyes’.

”Alá es grande”, afirmó en árabe antes de abandonar el tribunal. Todo lo grande que quiera y es respetable que así lo exprese. Pero la ley y las costumbres de este país no permiten que asista embozada ante ningún juez ni autoridad (hace unas semanas una mujer musulmana se negaba a salir en la foto del el DNI y reclamaba su derecho a taparse el rostro con el burka), sin que ello suponga ningún menoscabo para su integridad como creyente en Alá.

Una falta de educación o una falta de civismo. Pero no delito. El sentido común ya había dictado sentencia, pero hay quien se empeña en hacer la convivencia más difícil de lo que ya es. Y así no hay forma de entenderse y de hacer entender a otros que, al menos, por cortesía o civismo deben respetar el himno. Y en esta caso, la verdad, el palo no es la mejor doctrina.

El tribunal ha avalado lo que el sentido común decía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha archivado la querella por supuestos ultrajes a España por la pitada al himno nacional durante la pasada final de la Copa del Rey al estimar que no constituye delito. El tribunal considera, como ya hiciera el juez Santiago Pedraz, que los hechos ocurridos el pasado 13 de mayo en el estadio de Mestalla cuando el Rey accedió al palco y sonó el himno “no son ejemplo ni de educación ni de civismo”, pero que “no se está en presencia de una conducta injuriosa en los términos descritos en el Código Penal para con el Jefe del Estado”. La pitada que realizaron las aficiones del Athletic de Bilbao y del Barcelona tampoco constituye, en opinión de los magistrados, un delito de ultrajes a España o uno de “apología del odio nacional”.

Recordarán que la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), de la que es patrono el magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo Adolfo Prego, presentó una querella porque consideró más que vejatorio y humillante, una afrenta al monarca que se pitara su presencia mientras sonaba el himno nacional.

Puestos a sentirse ofendidos, hay quien siente también (además de vergüenza ajena) cierta repulsa cada vez que la multitud que acude a los estadios tararea el himno de España como si tuviera una letra de bebé que rompe hablar (el chunta, chunta, ta chunta chunta, chuta, etc..). Y de ahí la memez aquella del comité olímpico que se puso a pensar que, a lo mejor era bueno dotarle de una letra, y montaron el concurso fallido de marras. Pues bien, ni una cosa ni otra. Los himnos se escuchan en silencio y con respeto; o se cantan cuando tienen una letra que acompañe a la música, mientras los ‘contrarios’ respetan con educada cortesía la marcha musical. Porque en definitiva, eso es lo que propone el himno: respeto hacia una música que simboliza un país o una nación. Pero no vayamos, por favor, más allá.

Los aficionados vascos y catalanes que silbaron (mayoritariamente) el himno son culpables por incívicos, no por independentistas. Llegará el momento en que todos respeten la melodía de marras, pero no a base de tachar como delincuente a aquellos que, hoy por hoy, se desgañitan en silbarla en señal de reprobación. No merece la pena.

¿Qué pasa con los jueces? ¿Dónde viven? ¿Seguro que son de este mundo? A tenor de la sentencia dictada sobre los sucesos ocurridos en Pozuelo de Alarcón el pasado domingo, la verdad yo dudaría de que estemos pisando en el mismo planeta. Incluso de que procedamos de la misma especie. Es evidente que no podemos tener raíces comunes. Porque si no cómo se explican ustedes que ante un acto de pura violencia callejera (la pijoborraka en definición de algún medio nacional) la decisión del juez haya sido imponer a los jóvenes detenidos por los incidentes la prohibición de acudir a fiestas o ferias después de las 22 horas.

Será todo los ajustada que se quiera a la ley, pero la mayoría popular no entiende este tipo de decisiones. Recuerden que se quemaron coches, hubo desperfectos en el mobiliario urbano cuyos daños se valoraron en miles de euros y acorralaron (y humillaron) a un grupo de policías durante varios minutos. El juez que tomó declaración a los menores detenidos durante los incidentes de la madrugada del domingo en Pozuelo de Alarcón acordó que no salgan a fiestas a partir de las diez de la noche durante tres meses. Una dura decisión que, seguramente, va a causar tanta mella entre los detenidos que no van a volver a las andadas. Si no fuera por los que es, sería cosa de la revista satírica ‘El Jueves’ y, por supuesto, no nos lo creeríamos. ¡Qué duro ha sido con estos pobres y buenos chicos! ¡Cómo se ha pasado!

Y ese debe ser el sentimiento de los padres de los muchachos que, no solo aseguran que van a recurrir la decisión judicial, sino que acusan a la Policía de hostigar y maltratar a sus hijos. Toma ya! Nuestros hijos son unos santos; los malos son los de los demás. Y aunque se demuestre lo contrario y se les pesque con las manos en la masa, siempre creeremos en su inocencia. Esa es la actitud permisiva de muchos progenitores que, en poco tiempo, se ven engullidos por la inocencia de esos chicos acostumbrados a no pagar los platos rotos.
Los abogados de estos chicos han decidido recurrir la sentencia porque la consideran que no se ajusta a la ley. Y eso mismo es lo que creemos el resto de los mortales, pero por todo lo contrario. Nos parece tan blanda y tan poco ejemplar que a buen seguro va a atraer cola . Y, desde luego, para nada va a evitar que no se animen otros niñatos de estos a emular a los jóvenes de Pozuelo. Tomen nota.

La imaginación al poder. Este fue uno de los lemas que puso en marcha Mayo del 68. El cascarrabias no es tan viejo, no os vayáis a creer, pero alguna cosilla se le ha quedado de su época de estudiante. A la cuestión. Hoy me he cabreado mucho. He abierto tres páginas webs y en las tres había otros tantos reclamos publicitarios de esos que vienen a decir: “te ha tocado”. Eres el afortunado del día.

Si te lo has creído, eres más tonto de lo que pareces. Porque esa misma suerte recae sobre todos los que entran en esas mismas páginas y a esas mismas horas. Y no es cuestión de premiar a centenares de personas con el viaje de turno, la estancia en no sé qué hotel de mil estrellas o el maravilloso coche de rigor. Y, la verdad, el anuncio no es nada imaginativo, sino todo lo contrario. Quizá sea ese el atractivo del reclamo.

Pero no. Ni te ha tocado ni nada que se le parezca. A lo mejor entras en un sorteo (si es que lo hay porque nunca dicen ni cuándo ni dónde) y quizá te notifiquen que has entrado en la rifa… del cerdo.

Señores y señoras. Seamos serios. Eso se llama, en cristiano, engañar. Es publicidad engañosa . Y se puede denunciar. Pero somos tan gilipollas que ni tan siquiera queremos defendernos con las armas que la ley pone en nuestras manos. Y claro, así nos luce el pelo. Porque si estos señores que nos ofrecen tanto pasaran por el juez, seguro que ya no volvían a tocarnos las pelotas. No sé qué es lo que más me cabrea: que nos tomen por tontos o que aguantemos tanta tontería. ¿No es lo mismo?