Hay políticos que se especializan en lo que bien podríamos denominar ‘marear la perdiz’. Y uno de los que se lleva la palma (aunque hay muchos más) es Iñigo Urkullu. En lugar de mostrar su plena satisfacción porque se haya resuelto, de una vez y para siempre, el asunto de la entrevista de los lehendakaris Ibarretxe y López con Batasuna, se empeña en mantener viva la polémica. A lo mejor resulta que el presidente del EBB se hubiera sentido más satisfecho con la vuelta de ambos al banquillo. De lo contrario, de verdad que me pierdo.

Iñigo Urkullu ha manifestado que queda la sospecha de que, si en la actualidad, Juan José Ibarretxe continuara siendo lehendakari, el Tribunal Supremo no se habría archivado la causa por supuesta desobediencia por las reuniones que mantuvo con Batasuna en 2006. El presidente del EBB ha calificado de “despropósito del sistema judicial todo lo sucedido hasta ahora” con este proceso en el que también estaban encausados el actual lehendakari, Patxi López, el ahora consejero de Interior, Rodolfo Ares, y cinco miembros de Batasuna, entre ellos, Arnaldo Otegi.

“Ya hace un año que quedó esto archivado (en el TSJPV), un año en que se presentaron los recursos, un año que se ha tardado para que, en una mañana, unos magistrados hayan tomado la decisión, entrando en el fondo de la cuestión y diciendo que, no sólo es legítimo, sino legal, practicar el diálogo en toda circunstancia”, ha señalado.

Urkullu puede tener razón en que este tipo de procesos son en ocasiones muy artificiales y que la resolución en cuestión de horas, no dice mucho de la otrora forma de proceder de los magistrados del Superior vasco. Hasta ahí podría entenderse. Pero llegar hasta donde llega el político vasco, es ya más cuestionable. Porque introduce elementos de duda donde no debiera hacerlo. Aunque quizá eso es lo que pretende con sus declaraciones.

Sea cual sea su intención, hubiera sido preferible que dejara correr el tema, visto que los jueces del Supremo no parecen estar por la labor de sentar en el banquillo a los procesados en el Superior vasco. Pero parece que disfruta metiendo el dedo en la herida y hurgando todo lo posible.

Si los demás hiciéramos como el presidente del EBB a lo mejor estábamos pensando ahora que le habría satisfecho mucho más volver a sentar a Ibarretxe y a López en el banquillo del Supremo y contratar decenas de autobuses que viajaran a Madrid para desagraviar en las puertas del tribunal a su lehendakari. Un espectáculo como el que protagonizaron en Jardines de Albia las huestes nacionalistas. ¿Esa es la mejor imagen para Euskadi?

No hay quien lo entienda. Ahora resulta que la simple exposición de fotos de etarras en una concentración es puramente legal, según ha establecido el Tribunal Superior de Justicia del Paìs Vasco. El tribunal ha permitido a la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat concentrase con fotos de los reclusos en Mondragón al rechazar que la mera exhibición de las imágenes suponga siempre una ofensiva a las víctimas ya que ello viene motivado por el “sentido y significación” que los concentrados atribuyan al acto.

El consejero de Interior, que había prohibido la concentración, ha mostrado sus discrepancias con el fallo indicando que le parecía “una tremenda equivocación porque no tiene en cuenta el contexto social en el que nos movemos”. El titular de Interior ha indicado que acatarán la sentencia y se podrán celebrar las tres concentraciones, aunque ha advertido de que “estaremos vigilantes, levantaremos los atestados correspondientes para trasladarlos a la Audiencia Nacional porque aquí estamos ante un problema de discrepancias entre órganos judiciales, entre la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Audiencia Nacional”. Ares ha resaltado que la Audiencia Nacional y el Ttribunal Supremo “han dicho con toda claridad que la exhibición de fotos de etarras es algo que no se puede hacer porque es apología del terrorismo y ofende la dignidad de las víctimas”.

El alto tribunal vasco considera que aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo “da por indiscutido” que “la exhibición fotográfica” de etarras “puede constituir, en ocasiones y según el contexto”, un elemento utilizado para ensalzar a los terroristas, “colocando a las acciones punibles y a sus autores como modelo y otorgándoles un valor de asimilación al orden jurídico, o aún superior”, en este caso no está “suficientemente argumentada” la relación de la exhibición de las fotos cono el menosprecio o trato denigrante para las víctimas del terrorismo.

Una docena de asociaciones, colectivos y fundaciones de víctimas del terrorismo han emitido un comunicado conjunto en el que afirman que la exhibición de fotos de etarras les supone “una humillación intolerable”. Con ello han querido salir al paso de las críticas que “algunos grupos políticos han realizado a la prohibición de exhibir en público las fotografías de nuestros asesinos”, así como ante el contenido “de algunas sentencias judiciales”.

También el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha sostenido que la sentencia y la moción aprobada en las Juntas Generales de Guipúzcoa sobre la exhibición de fotos de presos de ETA son “insensatas” y obstaculizan la lucha contra ETA.

Sin embargo, los nacionalistas consideran coherente la resolución del alto tribunal. El parlamentario vasco de EA, Jesús Mari Larrazabal, cree que exhibir fotos de presos de ETA “no significa necesariamente enaltecimiento del terrorismo” y que “no es quien ni Ares (el consejero vasco de Interior) ni la Audiencia Nacional para atribuir a los manifestantes la intención de humillar a las víctimas y enaltecer a los terroristas. Mientras desde el PNV se dice que ya era hora que alguien pusiera un pcoo de mesura y sentido común, en referencia a los jueces.

Vamos que, a la vista de las declaraciones, el tema va a traer lo suyo y lejos de aclararnos nos sumimos en un mar de confusión. Porque parece que todo el mundo tiene claro que exhibir una foto de Hitler, pongamos por caso, en una concentración de judíos es una provocación. Lo mismo que mostrar la imagen del violador del Eixample en una asamblea de mujeres o la del pederasta condenado recientemente en cualquier colegio de niños. Si alguien, en cualquiera de esos escenarios, se atreviera a lucir una de sus fotos, todos condenaríamos el acto. ¿Por qué entonces no nos ponemos de acuerdo sobre la exhibición de carteles de etarras que tienen sus manos manchadas de sangre?

A vueltas con los jueces. Hay decisiones que se ajustarán al texto de la ley; estoy convencido de ello. Pero no dejan de ser sorprendentes. Hay ciertas resoluciones y sentencias que no tienen calado social y resultan incomprensibles, aunquedesde el punto de vista jurídico sean irreprochables. Hoy nos encontramos con un caso de estos. El Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba a Pedro Jiménez a 83 años de prisión por el asesinato y la violación de dos mujeres policías en prácticas en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Menos mal que el acusado no saldrá de la cárcel hasta 2021, como mínimo, por tener otras penas pendientes. De lo contrario, el escándalo hubiera sido sonado.

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona por considerar que debe ser un jurado popular quien se encargue de juzgar el caso. La decisión del Alto Tribunal ha generado en la Fiscalía “graves dudas” acerca de cuál va a ser el criterio a seguir en otros procedimientos aún pendientes de juicio o en trámite de casación, por lo que considera “deseable” que el Supremo “siente criterios uniformes e invariables en dicha materia” y que afectan a delitos “de extraordinaria gravedad y generadores de una importantísima alarma social”. No obstante, “acata y respeta la resolución dictada”, aunque recuerda que a la Fiscalía le asiste la facultad de ejercitar las acciones legales oportunas y, en especial, la de poder presentar un nuevo escrito de acusación “adecuado a las exigencias y formalidades propias del Tribunal del Jurado”.

Es cierto que los medios de comunicación tienen la obligación de explicar lo inexplicable para que las reacciones sean, precisamente, controladas y nadie se tome la justicia por su mano. No quiero recordar la escasa receptividad que tuvo socialmente la actuación del juez Tirado con el caso Mari Luz. Al final, la secretaria judicial purgó por el error que dejó libre al principal encausado, que podía haber sido encarcelado por otro caso distinto.

Ahora asistimos a otra decisión que es difícilmente explicable. Las jóvenes Aurora R.G. y Silvia N.G., ambas de León, fueron asesinadas a puñaladas el 6 de octubre de 2004 y una de ellas fue violada por Pedro Jiménez en el piso que compartían ambas en el barrio de Bellvitge de L’Hospitalet y que, tras el doble crimen, fue incendiado por Pedro Jiménez. Este era un interno de Can Brians condenado en ocho ocasiones por delitos sexuales y de robo, y gozaba de un permiso penitenciario el día de los hechos. Con estos hechos, el juicio popular era claro y evidente: culpable.

Pero es precisamente la falta de un jurado popular lo que ha venido a torpedear la resolución de la Audiencia. Por eso, el reo deberá volver a sentarse en el juzgado, las familias de las víctimas y los testigos pasar de nuevo por el tormento que ya sufrieron en la vista ahora suspendida y el pueblo llano establecer una nueva sentencia que, a todas dudas, no será más benévola que la anterior. Es lo que tiene la Justicia cuando se pone la venda en los ojos. Que no mira lo que sucede bajo sus pies. Lex dura, sed lex.