El rábano por las hojas. La anécdota como noticia. El hiyab de NajwaMalha, la alumna del IES Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón, lleva camino de convertirse en un problema nacional. Y a poco que se siga magnificando la historia, en un conflicto con el mundo árabe. Precisamente en un país que suele presumir de ser un referente mundial en cuanto a convivencia de las tres culturas. ¿Va a resultar que se va instalando la islamofobia sin que nos hayamos percatado?

La cuestión es compleja. No resulta tan fácil derivar el asunto a una disputa entre una alumna y un centro escolar; un problema de disciplina porque la primera se salta las reglas del instituto donde cursa sus estudios que prohíbe a sus alumnos asistir a las clases con la cabeza cubierta. ¿Qué derecho debe prevalecer?

La presidenta de Intercultura, Yonaida Selam, asegura que el reglamento interno del instituto no puede primar sobre la Carta Magna que, “en su artículo 16, alude claramente a la libertad religiosa que asiste al conjunto de la ciudadanía”. Por otro lado, consideró “nefasto para los intereses de los ciudadanos españoles de confesión musulmana, así como para la convivencia democrática” que a NajwaMalha se le impida asistir a clases como al resto de compañeros “por hacer uso de su autonomía individual a decidir libremente como vestir”.

La consejera de educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, advirtie que en caso de que la joven no asista a clase o, llegado el momento, se niegue a trasladarse a otro centro de la localidad que permita el velo, denunciarán al padre por “vulnerar el derecho a la educación de su hija”. Además, considera que la actitud del progenitor es de “desafío” por no acatar la norma del instituto que prohíbe cubrirse la cabeza con ninguna tipo de prendas, ya sean gorras o pañuelos.

Fente al respaldo sin fisuras del gobierno autonómico a la dirección del instituto, desde el Ministerio de Educación se aboga por la reintegración de la alumna al aula lo antes posible. El ministro Angel Gabilondo aclara que la prioridad debe ser el derecho a la educación de la adolescente. Y su compañero de gabinete, Francisco Caamaño, se ha mostrado convencido de que el “sentido común” y la “tolerancia” de la sociedad española sabrán resolver conflictos como el originado en el instituto madrileño.

Pero mucho me temo que este caso va a ser explotado por unos y por otros para una discusión más profunda, alejada del conflicto inicial, que tiene al Islam como fondo, y al extranjero e inmigrante en el punto de mira. Las encuestas comienzan a reflejar el problema, pero solo la punta del iceberg: cada vez somos más sensibles a la presencia de inmigrantes en nuestro entorno. Y los conflictos asoman ya casi sin tapujos.

Lo hemos visto en Cataluña (Vic), Andalucía (Roquetas-Almería), Madrid (Alcorcón) son solo exponentes del aumento de brotes de ataques racistas, según el director de Amnistía Internacional en España.. En su opinión, ello se debe a que “en época de crisis económica los inmigrantes son los más afectados y existe un mayor brote de racismo y xenofobia”.

Y el uso del hiyab no debe convertirse en excusa aparente para diferenciar a una comunidad ni para defender los valores patrios. Una chispa es suficiente para encender el fuego. De forma que debemos extremar la precaución y no convertir este tipo de sucesos en algo más trascendente. Al fin y al cabo, en muchas otros lugares de España las mueres musulmanes hacen uso de su libertad y se cubren la cabeza sin que ocurra ningún incindente.

De nuevo en la encrucijada. No salimos de una y nos acabamos de meter en otra. El Ayuntamiento de Vic ha recibido el aval jurídico del bufete Roca i Junyent para defender sus intenciones de negar el padrón a aquellos inmigrantes irregulares. El informe del gabinete del prestigioso abogado y exdirigente de CiU concluye que “la actuación del consistorio no puede ser considerada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley”. ¿Qué procede hacer ahora?

Sea cual sea la intención de Vic (o de cualquier otro municipio donde se plantee la situación), nos encontramos ante un grave problema. La concesión del padrón es la antesala para recibir una serie de prestaciones (guarderías, colegios, bonos de transporte, etc) de la que ahora se benefician, en su mayor parte, los inmigrantes, el sector más desfavorecido de la población. ¿Eliminamos ahora esas prestaciones? ¿Les negamos el derecho a existir legalmente? ¿Les ocupamos en trabajos que nadie quiere y, sin embargo, rechazamos sus pretensiones para mejorar? Difícil encrucijada en la que nos movemos.

A la vista está que se hace necesario regular cuanto antes los derechos de los inmigrantes que se encuentran en nuestro país. Y, si es necesario cambiar la ley, que se haga cuanto antes. Pero no puede prolongarse por tiempo indefinido la situación de esas miles de personas que abandonaron lo poco que tenían y se embarcaron (nunca mejor dicho) en una aventura que no se sabe dónde les va a llevar. Lo cierto es que muchos de ellos se ocupan en puestos que los naturales rechazamos y, sin embargo, la situación comienza a generar ciertos sentimientos xenófobos en parte de la población. ¿Cómo conciliar los derechos de unos y los de otros sin que nadie resulte perjudicado? No podemos seguir mirando para otro lado, porque hay situaciones que rayan en los esperpéntico. Inmigrantes a los que los servicios sociales atienden, y naturales que malviven con pensiones de miseria pese a que han cotizado durante años para disponer de una pensión. Y el sistema no puede con todo. Eso está claro.

No pretendo hacer demagogia con este tema tan delicado. Pero existe una frágil línea que está a punto de quebrarse. Quizá esa ola xenófoba no ha llegado aún hasta nosotros. Y nunca debería llegar. Pero cuando comienzan a lanzarse las alarmas en otros puntos de la geografía española, conviene atajar la situación y evitar los brotes que puedan surgir. Atendiendo a los más desfavorecidos, pero sin olvidar que una parte importante de la población natural también tiene problemas. Y más en esta situación de crisis. ¿Tan ciegos están nuestros polìticos que van a seguir confrontados? ¿A qué esperan para formular un gran pacto que solvente la situación? Mucho me temo que esto no ha hecho más que empezar.

Sé que no se puede generalizar. Ni en este tema ni en ningún otro. Pero el peso de la ley debería ser especialmente demoledor y caer con estrépito sobre ese empresario que abandonó a uno de sus trabajadores a doscientos metros del hospital con un brazo amputado. Y todo porque el empleado era inmigrante y su situación no estaba regularizada.. Una máquina de amasar segó el brazo izquierdo de Franns Rilles Melgar mientras trabajaba en una panificadora. Ese inmigrante boliviano, de 33 años, estaba sin contrato, y, por ello, sin cotizar a la Seguridad Social desde octubre de 2007. Así que los responsables del negocio lo subieron en un vehículo, lo llevaron hacia el hospital Francesc de Borja de Gandia y “lo abandonaron” a 200 metros de la puerta de acceso, según ha denunciado Comisiones Obreras. Además, antes de dejarle, le recomendaron que ocultara que había sufrido un accidente laboral. Trabajaba de once de la noche a once de la mañana y cobraba por jornada 23 euros, lo que suponía un sueldo de 690 euros al mes.

Seguro que este caso no es el primero y, por desgracia, no será el último. Hasta que no se apliquen penas máximas a quienes se aprovechan de los inmigrantes y consiguen su mano de obra a precio de saldo, esto no tiene solución. No existen pruebas, pero sí constancias evidentes de que hay un mercado laboral oculto del que se beneficia la economía sumergida de nuestros país.

Una parte sustancial de ese mercado lo ocupan precisamente inmigrantes que por su situación no tienen más remedio que acogerse a los generosos sueldos que les ofrecen empresarios sin escrúpulos. Los mismos patrones que engañan al fisco con la contratación de esta mano de obra barata y sin ningún tipo de privilegios y que perjudica gravemente a los intereses del país.

Hacienda debería controlar este tipo de negocios del que todo el mundo ha oído hablar, pero que nadie se atreve a señalar o, al menos, que haga visibles los esfuerzos en la lucha contra este tipo de prácticas mafiosas. Porque, al final, no se trata más de que la explotación de unos individuos que tienen que prestarse a este juego porque tienen que comer. Y la única forma de poner coto a esas bolsas fraudulentas es conseguir los contratos de trabajo en los lugares de origen. De esa forma, se acaban las mafias que introducen ilegales en el país y la de los empresarios sin escrúpulos que los contratan a precio de saldo. Sólo la ley puede poner remedio a este despropósito.