Todo está inventado. Y quizá resulte una obviedad. Parece lógico que la intención de los sindicatos sea poner todo tipo de trabas al funcionamiento del transporte durante la huelga del día 29. Es una de las formas de garantizarse el éxito de esta jornada. Y, al contrario, permitir la libre circulación de trenes y autobuses es casi el suicidio, porque eso supondría garantizar la normalidad.

En realidad, nada nuevo bajo el sol. Los ejércitos de medio mundo (el otro medio lo componía el bando contrario) trataban de controlar fundamentalmente dos cosas: la intendencia y el transporte. Estrangular ambos, suponía casi ganar la batalla. Y la estrategia funciona también en la vida civil; e incluso se superan las garantías de éxito.

UGT y CC OO tratan de pactar los servicios mínimos con el Gobierno de cara a la huelga general. Y quieren que durante esa jornada se limite al mínimo el traslado de un lugar a otro de personas y mercancías. Su objetivo es que los servicios mínimos “garanticen el derecho fundamental al transporte de los ciudadanos pero, a la vez, permitiendo también el derecho de huelga de los trabajadores del sector”. Vamos que apenas funcionen unos cuantos trenes y autobuses de cercanías. Parar el país por tierra, mar y aire. Eso es un seguro de cara a paralizar España.

En su planteamiento, los sindicatos no contemplan la salida de ningún vuelo internacional desde los aeropuertos españoles y ningún tren que no sea cercanías, que solo circularán en las hora punta. En cuanto a las conexiones por carretera entre ciudades, solo garantizan la circulación de autobuses en aquellas rutas que no coincidan con otros medios de transporte a razón de un servicio de ida y vuelta para las menos frecuentadas hasta tres servicios para las más demandadas.

El Gobierno cree que aún es posible llegar a un acuerdo de mínimos. El Ejecutivo se esfuerza en destacar que respeta el derecho a la protesta y confía en no encontrarse con una respuesta masiva por parte de los trabajadores a su política. Hay muchos trabajadores que van a encontrar precisamente ese día opción para trabajar. Pero si no pueden acceder al transporte, lo van a tener muy difícil.

Con estos temas, no es conveniente enfangarse. Desda ya advierto, por si alguien no quiere perder el tiempo, que no voy a descubrirle a nadie los verdaderos entresijos de una hipotética negociación entre el Gobierno y la banda terrorista Tampoco pretendo ser muy original. Al fin y al cabo (pura coincidencia ), lo ha dicho la Asociación de Víctimas del Terrorismo: “Si hay pruebas, que las saquen a la luz”. Y si no que se callen, añado como cascarrabias.

Ocurre siempre lo mismo. No pasa un trimestre sin que alguien lance a los cuatro vientos que el Gobierno está negociando con ETA. Y de inmediato, desde las filas de siempre, se saca a colación a Mayor Oreja y se le pone como testigo de cargo de la afirmación. Ya lo decía Jaime Mayor Oreja y nadie le creyó (para ser más precisos, le creyeron los de siempre).

Menos mal que la AVT no es sospechosa de connivencias con el Gobierno. Aunque para el ex presidente Francisco José Alcaraz, el crédito de la asociación queda bastante mermado y su ‘blandura’ está manifiestamente expuesta con este tipo de declaraciones. Por supuesto que si él presidiera la organización, el juicio sería no ya duro sino cruel, y el Gobierno estaría marcado aunque tan solo se apuntaran leves indicios en la dirección citada.

La cuestión es que, nuevamente, la carga de la prueba está en quien acusa y no en quien se defiende. Aunque en este mundo al revés en el que vivimos, se reclamen pruebas constantes de que no existe tal negociación para demostrar la mayor (oreja). El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio García Casquero, reconoce que no existe una negociación abierta entre el Gobierno y la organización terrorista ETA y reclama que, si hay pruebas, se saquen a la luz.

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha descartado rotundamente tal posibilidad y niega la existencia de cualquier negociación abierta con ETA ni de una posible vía de negociación. Mendia afirma que los hechos demuestran que el Estado de Derecho mantiene “la lucha contra ETA en todos los ámbitos y frentes, incluido el de la deslegitimación de la violencia en el seno de la sociedad vasca, y que esta estrategia es que la que ha conducido a la organización terrorista a la situación de mayor debilidad en la historia”.

Y a continuación ha llamado (¿en vano?) a la responsabilidad para “no generar debates artificiales que en nada contribuyen al objetivo común de acabar con el terrorismo de una vez y para siempre”. No ha querido, sin embargo, entrar a interpretar las amenazas de ruptura del pacto con el que han amagado dirigentes del PP.

Los popuklares creen que existen más que razonables evidencias de que el Gobierno está negociando con los terroristas. Al menos, así lo han dejado caer en varias intervenciones destacados miembros de la dirección nacional del PP. Pero la carga de la prueba sigue ahí, huera, sin que nadie haya demostrado aún que se estén produciendo esas conversaciones. Y es precisamente los que aseguran que existe esa negociación entre el Gobierno y los terroristas quienes deben demostrarlo sin duda alguna, antes de lanzar la piedra. Pero siempre sucede al revés. Supongo que es mucho más fácil.

Rectificación en toda regla. Marcha atrás y, lo que es más grave, falta total de crédito para el futuro. El presidente del Gobierno rompe todas sus promesas, se olvida de las veces que ha invocado su negativa a recortar las prestaciones sociales y da la espalda a los más débiles, los verdaderos paganos de la crisis. Las drásticas medidas que se ha visto obligado a aplicar (acuciado por sus socios europeos y por el mismísimo Obama) afectan, sobre todo, a los más indefensos, mientras que los poderosos siguen sin pagar la crisis.

No es casual que sean los empresarios los más satisfechos con las medidas adoptadas por el Gobierno, mientras los sindicatos mayoritarios amenazan con la contestación en la calle. Aunque no lo han dicho con esas palabras, los líderes sindicales de UGT y CC OO creen que la actitud del Ejecutivo tiene que obtener una inmediata respuesta. Y la huelga general pende sobre la cabeza del presidente. No es extraño, por tanto, que haya convocado en la Moncloa a los representantes de UGT y CC OO a los que tratará de explicar por qué se ha tomado estas medidas.

El PSOE confía en que la ciudadanía entienda la necesidad de aplicar el recorte y no teme que los sindicatos convoquen una huelga general ni tampoco que los recortes se traduzcan en un castigo electoral. Pero está claro que Zapatero y su gabinete han entrado en una descomposición que le puede hacer perder las alecciones.

Las medidas adoptadas han llegado tarde y mal. Y además son menos inteligibles cuando el optimismo del presidente (primero negó la crisis, luego aplicó unos recortes insuficientes, negándose a recortes drásticos) le ha impedido hacer frente de cara a lo que todo el mundo le advertía que podía llegar. España no es Grecia, pero lo parece. Y las medidas que ha tomado ahora Zapatero son del mismo tono de las griegas, aunque algo menos acusadas.

El presidente se ha olvidado de sus promesas y los principos básicos de lo que iba a ser su acción de Gobierno y ha tirado por la borda el poco crédito que le quedaba. Carga sobre los más débiles, funcionarios y pensionistas, y avanza duros recortes en un ajuste sin precedentes. Por primera vez, se baja el sueldo a los funcionarios y se congela las pensiones. Pero además suprime medidas de corte social, como el cheque bebé, del que hizo bandera a principio de su segundo mandato.

Y no es cierto que la crisis nos haya llegado de golpe, como así quiere significar, porque desde el 2008 hay gente que viene pagando los efectos de la economía. EREs en empresas de automoción, navales y siderúrgicas, recortes y congelación salarial incluso en algunas de las empresas punteras del país. Casi cinco millones de parados, duplicando las cifras del desempleo europeas Y. mientras, Zapatero invocaba su proverbial optimismo como si de un mantra se tratara para espantar la crisis.

No sé qué piensa sacar hoy en La Moncloa de su encuentro con los sindicatos. Difícil será que las explicaciones puedan conciliar los ánimos y neutralizar el llamamiento a los trabajadores para salir a la calle. Porque la respuesta se tiene que producir y la huelga general es prácticamente imposible de parar. Y la continuidad de los socialistas en el Gobierno queda más que en entredicho, por más que se anuncien casos de corrupción en el seno del PP. Pero esto será otra historia.

No me gusta juzgar prematuramente a nadie y menos a un gobierno que dispone de cuatro años para completar su gestión. Pero parece que estos días todo el mundo se ha lanzado a puntuar al gabinete de López y su primer año al frente del Ejecutivo vasco. No voy a redundar en lo que otros han comentado ya y tampoco voy a puntuar uno por uno a los consejeros, cosa que ya han hecho los analistas de este periódico (lo que no es tan fácil como a primera vista puede parecer). Como buen cascarrabias, esta entrada es algo más visceral y menos racional.

Y ya que nombro las vísceras, quizá también toque las narices de algunos de los trols que alimentan este blog y a los que estoy tremendamente agradecido por la atención que me dispensan. Ya saben que hay quien asegura que un blog no es nada hasta que no tiene un par (o dos) de trols que alimentan sus comentarios.

Este primer año de López tiene más aspectos negativos que positivos. Porque este gobierno ha dedicado quizá excesivo tiempo a hacer olvidar a los ejecutivos nacionalistas y a desmarcarse de la política que han seguido sus predecesores. Y lo que quizá parezca lógico en primera instancia, ha fagocitado el día a día del gabinete de López. El lehendakari y sus consejeros han estado más pendientes de marcar su territorio y algo menos de gobernar y dedicar su atención preferente a los asuntos de sus departamentos. Es decir, ha habido mucha política y poca gestión.

Cierto es que los socialistas han utilizado demasiado tiempo en distinguir su gabinete, desmarcarse de su antecesor y remarcar el nuevo rumbo de Euskadi. Y es de justicia reconocer que ninguno de los cataclismos con los que amenazaban los jeltzales se han llegado a producir. El país sigue en su sitio, el diapasón político ha disminuido y el punto de atención no se centra exclusivamente sobre el terrorismo. Eppur si muove.

Un año ha pasado desde que López prometió su cargo, al que accedió con el apoyo de los votos del PP. Y que en ciertas facetas se ha visto controlado, cuando menos, por esos votos populares como de vez en cuando le suele recordar el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti. Y, sin embargo, el lehendakari también ha sabido sacudirse de ese marcaje y llegar a establecer puntos de contacto con el presidente del EBB, Iñigo Urkullu. Dicho más claramente. Acuerdo con el PP, pero sin olvidar que al otro lado está el PNV con el que también se hace necesario pactar ciertos temas. Ese es quizá el gran avance de López: ha roto con la mecánica de nacionalistas y constitucionalistas que, en las anteriores legislaturas, dificultaban y tensaban la vida política.

El debe de este primer año se localiza en la gestión, a la que el gabinete López no ha podido dedicarse por completo, empeñado como estaba en marcar distancias con sus antecesores y tratando de encontrar su propio espacio ante el control del PP. Es por eso que estos próximos meses van a resultar vitales para la continuidad en el próximo Ejecutivo. Los departamentos vascos van a tener que esforzarse en afrontar los problemas del país y dar soluciones prácticas para su resolución.

Pero este primer año ha demostrado, con la fuerza de los hechos, que no es necesario que gobiernen los de siempre para que el país siga funcionando. Y que la alternancia en Euskadi (como en Cataluña antes) es necesaria para oxigenar la política. Esperemos que una vez superada esta primera etapa, los ciudadanos vascos seamos testigos de ver cómo se superan las dificultades económicas, se mantiene a Euskadi en los primeros puestos de la economía española y se afrontan con éxito los retos que reclaman los nuevos proyectos de infraestructura.

Patrimonio Nacional ha comenzado a desmontar la escultura de ‘La Piedad’, obra de Juan de Ávalos, para su restauración y posterior reubicación en el frontispicio de la Basílica del Valle de los Caídos. La escultura, compuesta de 151 piezas, será trasladada para llevar a cabo los trabajos a la antigua cafetería del funicular, según ha explicado el jefe de Restauración, Ángel Balao.

La noticia no pasará desapercibida, aunque les aseguro que la mayor parte de los diarios que la vayan a publicar lo harán en la sección de Cultura. Sin embargo, tiene más calado político de lo que en un principio podría parecer. Sobre todo, por la alegoría de esta obra del franquismo, polémica desde el mismo momento de su construcción, en la que participaron presos del bando republicano a cambio de reducción de condena. Franco, que ordenó su construcción, está allí enterrado junto con José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, así como con otros 33.872 combatientes de ambos bandos en la Guerra Civil.

Pero el monumento sigue siendo para muchos un rendido homenaje a la memoria de Franco y sus seguidores, un reconocimiento explícito a los vencedores de la contienda española, donde acabó la vida de muchos de aquellos presos que trabajaron en su construcción.

Ahora que se desmonta le escultura de Juan de Ávalos (el estado de conservación de la piedra caliza con la que fue esculpida es muy delicado) quizá sea el momento de pensar qué se puede hacer con el resto escultórico y la cruz que corona el valle, una de las más altas del mundo. Es necesario recordar que la Comisión Constitucional del Congreso aprobó el proyecto de Ley de Memoria Histórica, en la que se hacía mención al Valle de los Caídos. En un artículo de la ley, aprobada por todos los partidos en el Congreso, se trataba de despolitizar el Valle, convirtiéndolo exclusivamente en lugar de culto religioso. De esta forma, la fundación gestora del Valle de los Caídos tendría entre sus objetivos la honra de la memoria de todos los caídos en la Guerra Civil y en la posterior represión política. Además en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo.

Mucho me temo que hay resistencias sociales a esta despolitización. Pero si de mí dependiera, ordenaría su derribo lo antes posible, aun a sabiendas de los sufrimientos y penalidades que los presos y sus familias tuvieron que sufrir hasta coronar el mausoleo. Sin embargo, la permanencia en pie de este conjunto monumental es para muchos una provocación porque siempre ha sido un monumento franquista erigido a más gloria del franquismo y sus seguidores.

Y bien que lo saben aquellos que comulgan con el antiguo régimen que siguen utilizando la explana del mismo para los actos de exaltación de Francos, José Antonio y otros personajes del pasado. Por muy buena intención que tenga la ley, solo hay una forma de garantizar la despolitización. Eliminar de una vez y para siempre los símbolos y sus alegorías. Solo entonces se evitará que se siga dando contenido político al Valle de los Caídos.

El rábano por las hojas. La anécdota como noticia. El hiyab de NajwaMalha, la alumna del IES Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón, lleva camino de convertirse en un problema nacional. Y a poco que se siga magnificando la historia, en un conflicto con el mundo árabe. Precisamente en un país que suele presumir de ser un referente mundial en cuanto a convivencia de las tres culturas. ¿Va a resultar que se va instalando la islamofobia sin que nos hayamos percatado?

La cuestión es compleja. No resulta tan fácil derivar el asunto a una disputa entre una alumna y un centro escolar; un problema de disciplina porque la primera se salta las reglas del instituto donde cursa sus estudios que prohíbe a sus alumnos asistir a las clases con la cabeza cubierta. ¿Qué derecho debe prevalecer?

La presidenta de Intercultura, Yonaida Selam, asegura que el reglamento interno del instituto no puede primar sobre la Carta Magna que, “en su artículo 16, alude claramente a la libertad religiosa que asiste al conjunto de la ciudadanía”. Por otro lado, consideró “nefasto para los intereses de los ciudadanos españoles de confesión musulmana, así como para la convivencia democrática” que a NajwaMalha se le impida asistir a clases como al resto de compañeros “por hacer uso de su autonomía individual a decidir libremente como vestir”.

La consejera de educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, advirtie que en caso de que la joven no asista a clase o, llegado el momento, se niegue a trasladarse a otro centro de la localidad que permita el velo, denunciarán al padre por “vulnerar el derecho a la educación de su hija”. Además, considera que la actitud del progenitor es de “desafío” por no acatar la norma del instituto que prohíbe cubrirse la cabeza con ninguna tipo de prendas, ya sean gorras o pañuelos.

Fente al respaldo sin fisuras del gobierno autonómico a la dirección del instituto, desde el Ministerio de Educación se aboga por la reintegración de la alumna al aula lo antes posible. El ministro Angel Gabilondo aclara que la prioridad debe ser el derecho a la educación de la adolescente. Y su compañero de gabinete, Francisco Caamaño, se ha mostrado convencido de que el “sentido común” y la “tolerancia” de la sociedad española sabrán resolver conflictos como el originado en el instituto madrileño.

Pero mucho me temo que este caso va a ser explotado por unos y por otros para una discusión más profunda, alejada del conflicto inicial, que tiene al Islam como fondo, y al extranjero e inmigrante en el punto de mira. Las encuestas comienzan a reflejar el problema, pero solo la punta del iceberg: cada vez somos más sensibles a la presencia de inmigrantes en nuestro entorno. Y los conflictos asoman ya casi sin tapujos.

Lo hemos visto en Cataluña (Vic), Andalucía (Roquetas-Almería), Madrid (Alcorcón) son solo exponentes del aumento de brotes de ataques racistas, según el director de Amnistía Internacional en España.. En su opinión, ello se debe a que “en época de crisis económica los inmigrantes son los más afectados y existe un mayor brote de racismo y xenofobia”.

Y el uso del hiyab no debe convertirse en excusa aparente para diferenciar a una comunidad ni para defender los valores patrios. Una chispa es suficiente para encender el fuego. De forma que debemos extremar la precaución y no convertir este tipo de sucesos en algo más trascendente. Al fin y al cabo, en muchas otros lugares de España las mueres musulmanes hacen uso de su libertad y se cubren la cabeza sin que ocurra ningún incindente.

Me permitirán ustedes que hoy haga leña del árbol caído. Al fin y al cabo, es lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy con uno de sus militantes, el ex presidente de Baleares Jaume Matas, imputado en el caso Palma Arena, cuando ha dicho que “demuestre, si puede su inocencia”. Le ha dejado más solo que la una y a su suerte, pese a que no hace mucho se paseaba con él por las islas y entraba en los mejores restaurantes de la zona donde disfrutaban de sus vacaciones con sus respectivas esposas. Vamos eso que sen conoce como matrimonios amigos. Pero hete aquí que ya ni nos acordamos de las viejas compañías y preferimos que se ahorquen solas, no vaya a ser que esa cuerda sirva para llevarse a otros por delante.

El ‘caso Palma Arena’ huele apodrido. Lo era así desde el principio, pero ahora el hedor es más insoportable. Porque apuntan indicios de que no solo ha servido para el lucro particular del ex presidente balear, sino que ha servido para financiar alguna campaña electoral del PP en las islas. Incluso hay quien sugiere que se ha destapado la contabilidad B de los populares en aquellos lares y que puede salpicar a muchos otros cargos, incluidos algunos de la ejecutiva nacional.

No olvidemos que Matas fue ministro de José María Aznar, presidente de Baleares y amigo de Rajoy, quien en su día le puso como modelo de lo que era un buen gobierno. “¿No merece la ciudadanía española ya alguna explicación del líder popular”, se preguntan en la calle muchos ciudadanos que creen en la existencia de una financiación irregular del PP. De ese PP que hizo bandera de la corrupción que se llevó por delante a los socialistas capitaneados por González en las elecciones de 2003 y con Aznar como látigo anticorruptelas.

El caso es que Jaume Matas ha presentado su baja como afiliado del PP, como ha confirmado Rajoy ante los medios durante su visita a la ciudad de La Laguna, en Tenerife, deseándole lo mejor y que “demuestre, si puede, su inocencia”. “Me han confirmado que el señor Matas ha pedido su baja en el partido. Nosotros la vamos a aceptar, como es natural. Le deseamos lo mejor al señor Matas y que se defienda y si puede demuestre su inocencia. Quiero reafirmar una vez más que el PP será implacable en la lucha contra la corrupción”, afirmó Rajoy.
Rajoy no quiso polemizar sobre el asunto, ni ir más allá de estas palabras, pero son muchas las voces que le recriminan su pasividad en este asunto y que creen que debería haber exigido la dimisión de su antes amigo, compañero de gabinete y militante de (más) base del partido que lidera desde que Aznar le señalara con su dedo.

Evidentemente, los adversarios ya comienzan a cobrar pieza, pero no se conforman con cacería menor y ya apuntan a la cabeza, porque consideran que desde la dirección del partido se ha desviado la mirada para no ver el problema. Malo es que Matas se haya creído a salvo e impune, pese a lo escandalosa de su situación con compras de inmuebles, entre ellos un palacete del siglo XVI; medio centenar de zapatos de marca y 150 trajes (el ex presidente y su mujer solo sacaron 400 euros de su cuenta en un año para todos sus gastos). Pero peor suena que nadie en su partido haya lanzado la voz de alarma y se haya cuestionado, cuando menos, la bondad de estas acciones. Y mucho me temo que esto no es sea sino el extremo de un ovillo aún por descubrir.

Una declaración, cuando menos, sorprendente. “Hay que escuchar” a Jaime Mayor Oreja en materia antiterrorista y Mariano Rajoy predica con el ejemplo, según él mismo ha comentado, porque tiene un “profundo conocimiento” sobre la materia. Lejos de censurar a su otrora compañero de gabinete (por cierto recuerden que el dirigente gallego sustituyó al vasco en la cartera de Interior del Gobierno Aznar), el líder del PP se ha encargado de recordar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya negoció con la banda terrorista y ha añadido que ETA, Batasuna o “cualquiera de sus franquicias” no deben poder presentare a las elecciones municipales del 2011.

Arrepentidos los quiere Dios. Pero erre que erre, el ex ministro de Interior del Ejecutivo Aznar y brazo ejecutor del pacto antiterrorista, ha vuelto a reafirmarse en sus palabras y ha insistido en que hay comunicados que confirman la existencia de una segunda parte de un proyecto de resolución de conflictos” entre el Gobierno y ETA. Tras asegurar que no tiene la pretensión de “perjudicar” al PP con sus declaraciones, Mayor Oreja ha dicho que “hay hechos, síntomas, actitudes” que apuntan a este diálogo.

Desde las filas del PP hoy ha habido muchos balones fuera, pero pocos son los que se han atrevido a contradecir a su compañero de partido y uno de los hombres claves de los gobiernos de Aznar. Pese que sus palabras han parecido inoportunas, se han librado muy mucho de criticarle. Más bien al contrario, se han abonado a la tesis de su líder y, como un clavo ardiendo, se han aplicado el cuento y han utilizado el mantra de que sabe mucho de terrorismo. Vamos que cuando el río suena… “Hay hechos, síntomas, actitudes” que apuntan a este diálogo con ETA, sostiene Mayor Oreja ajeno a las críticas y palos que le han llovido y sin aportar más pruebas, amparado en que él sabe mucho de estas cosas.

El cascarrabias decía ayer que la carga de la prueba debe ser presentada por quien acusa y, de lo contrario, dejar para otra ocasión los pensamientos. Pero como dice José Blanco parece que tiene añoranza de los viejos tiempos cuando solo una palabra suya conmocionaba a la clase política. Menos mal que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha sentido un poco de vergüenza ante tamañas palabras y ha asegurado que no hay “pruebas fehacientes” de esa negociación.

Y la blandura en el PP se ha tornado en lanzas en el resto de formaciones polìticas que han arremetido con fuerza contra las afirmaciones de Mayor Oreja Uno de los más duros ha sido el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que ha calificado de “miserable” e irresponsable el comportamiento del eurodiputado. Por su parte, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, ha tachado de “indecencia política” y de irresponsables las afirmaciones de Mayor Oreja, quien quiere “utilizar la lucha contra el terrorismo para la confrontación política”.

También el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha pedido a Mayor Oreja que “si tiene pruebas” sobre una negociación del Gobierno con ETA “que lo demuestre” y le ha recordado que “él mismo cuando era ministro de Interior” formó parte de un gobierno que también negoció con ETA.

De “intolerables” y “enfermizas” ha catalogado las palabras del europarlamentario popular el portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Joan Ridao, que ha vuelto a exigir explicaciones, un “correctivo” y una “disculpa pública” de Mariano Rajoy. Pero a la vista de lo sucedido, mucho me temo que va a obtener la callada por respuesta. De todas formas, ustedes pueden hacer como yo y no escuchar a Mayor Oreja; no vaya a ser que se pongan enfermos.

Me perdonará su majestad don Juan Carlos por apropiarme de su frase más conocida: “¿por qué no te callas? que le soltó a bocajarro a Hugo Chávez. Y es que, tiene razón; hay políticos que mejor estaban callados. Y que cuando hablan, es mejor no oírles y no hacerles caso. Concretando que es gerundio: Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz han vomitado obscenidades que habrían sido mejor que no hubieran trascendido. Y que alguien con autoridad en su partido, debería desautorizar para no hacerse cómplice de las afirmaciones.

El eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja ha dicho que tiene la certeza de que el Gobierno está negociando con ETA y que la organización terrorista va a ayudar a Rodríguez Zapatero a ganar las elecciones generales porque no son adversarios, sino aliados potenciales, y los dos buscan una “España debilitada”. Insatisfecho con las críticas que han recibido estas afirmaciones, su compañero (y mentor), el también eurodiputado popular Carlos Iturgaiz, no solo le ha respaldado sino que ha retado al Gobierno a que demuestre “que no hay una segunda parte” de las negociaciones con ETA pidiendo que el Congreso de los Diputados revoque el acuerdo de 2005 que daba luz verde a los contactos. Vamos que la carga de la prueba está en el acusado y no en el acusador.

Ambos políticos se conforman con verter la basura sobre el Ejecutivo (Dios me libre de defender a Zapatero a estas alturas), sin aportar ni una sola prueba de sus afirmaciones. Difama que algo queda… parece ser el lema de los dos europarlamentarios, a los que su partido parece apoyar porque nadie se ha distinguido por llevarles la contraria. Ni en Génova ni en Eusakdi nadie ha salido a criticar a sus correligionarios.

Parecen olvidar ambos (y por extensión el PP) que su partido firmó un pacto de estado con Zapatero (cuando éste estaba en la oposición) en materia de terrorismo. Pero como en este juego por desgastar al Gobierno comienza a prevalecer el ‘todo vale’, también estas acusaciones de connivencia con Batasuna y ETA se imponen como argumento decisivo para denostar al PSOE.

No importa que no haya pruebas; vale la convicción y el deseo. Y es el Gobierno quien debe demostrar que es mentira lo que ambos políticos sostienen.

Tiene razón la portavoz del Gobierno vasco cuando dice que Mayor Oreja se tiene que mirar lo suyo. Y también José Antonio Pastor, con el que pocas veces estoy de acuerdo, pero que hoy ha dado en la diana: “Mayor Oreja tiene una enfermedad conspirativa permanente de carácter degenerativo, que cada vez va a peor, porque dice cosas que son un absoluto delirio y no se sostienen con un mínimo análisis”.

El político popular quedó resentido por su intento fallido de asaltar a Ajuria Enea de la mano de Nicolás Redondo; la época donde la pinza popular-socialista alineó en un único bloque abertzale, que como un solo hombre votó la continuidad de Ibarretxe para impedir la presencia de ambos políticos en el sillón del Ejecutivo vasco. El miedo provocó el efecto contrario: todos los nacionalistas evitaron el triunfo electoral de Mayor Oreja y Redondo, que se veían ya derrotando a Ibarretxe y a los firmantes del pacto de Estella. Y ese resentimiento les hace ver una realidad completamente distinta a la que vemos los demás. Pero que no nos hagan comulgar con ruedas de molino.

Se echa de manos una condena rotunda de los nuevos gestores del PP, a los que seguro que no les ha hecho ni pizca de gracia el mensaje de sus compañeros de viaje, porque arruina la política del día a día con la que tratan de convencer y ganarse la confianza de los vascos. Y con amigos como estos, para qué tener enemigos.

En dos días, Luis Roldán, el ex director de la Guardia Civil firmará su libertad después de pasar quince años en la cárcel. Pese al tiempo pasado, el recuerdo aún está fresco y la duda sigue cerniéndose sobre la figura del otrora todoperoso militante socialista que protagonizó uno de los episodios más vergonzoso de la democracia.

Hay cosas que la gente no olvida, y no perdona; una de ellas es que se meta la mano en el cajón de los fondos públicos. Y aún se entiende mucho menos que sea un político de izquierda (parece como menos grave que lo haga alguien de la derecha) quien se lucra con el dinero ajeno. Y quizá ese episodio fuera el desencadenante de que el PSOE perdiera las elecciones y dejara el gobierno en manos de José María Aznar.

Roldán estará en la calle el viernes. Y según unas declaraciones publicadas en el ‘Heraldo de Aragón’ morirá en Zaragoza, ciudad que no podrá abandonar porque se encuentra sin un euro. Una declaración que el común de los mortales se toma a chirigota y que nadie se cree. Porque en el seno popular ha calado la sensación de que el ex director de la Guardia Civil sacó parte de su botín fuera de España y que aún sigue ocutlo a los ojos y las manos del fisco. Ya se sabe que contra el sentimiento, no se puede luchar.

La cuestión es que en la entrevista que publica el citado diario, Roldán insiste en que no sabe “nada” de la fortuna que logró cobrando comisiones ilegales y que nunca devolvió.”Hay una sentencia que confirma que yo no me llevé ni una peseta de los huérfanos de la Guardia Civil y pese a todo siguen diciendo lo de los 75 millones. En una declaración judicial se aclara que el dinero lo tenía Francisco Paesa y sin embargo continúan diciendo que lo tengo escondido… es inútil”, apunta. “No puedo irme (de Zaragoza) porque no tengo dinero”, añade Roldán, quien asegura también que las explicaciones que ha dado “mil veces” no sirven de nada”.
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Roldán fue detenido en 1995 y condenado en 1999 a 31 años de prisión por cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, estafa y delito contra la Hacienda Pública. Después de pasar diez años en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), hace cinco fue trasladado a su ciudad natal, Zaragoza, donde durante el día trabajaba, hasta su jubilación, en una agencia de seguros, para ir, por la noche, a dormir al Centro de Inserción Social (CIS) Las Trece Rosas de la capital aragonesa.