Patrimonio Nacional ha comenzado a desmontar la escultura de ‘La Piedad’, obra de Juan de Ávalos, para su restauración y posterior reubicación en el frontispicio de la Basílica del Valle de los Caídos. La escultura, compuesta de 151 piezas, será trasladada para llevar a cabo los trabajos a la antigua cafetería del funicular, según ha explicado el jefe de Restauración, Ángel Balao.

La noticia no pasará desapercibida, aunque les aseguro que la mayor parte de los diarios que la vayan a publicar lo harán en la sección de Cultura. Sin embargo, tiene más calado político de lo que en un principio podría parecer. Sobre todo, por la alegoría de esta obra del franquismo, polémica desde el mismo momento de su construcción, en la que participaron presos del bando republicano a cambio de reducción de condena. Franco, que ordenó su construcción, está allí enterrado junto con José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, así como con otros 33.872 combatientes de ambos bandos en la Guerra Civil.

Pero el monumento sigue siendo para muchos un rendido homenaje a la memoria de Franco y sus seguidores, un reconocimiento explícito a los vencedores de la contienda española, donde acabó la vida de muchos de aquellos presos que trabajaron en su construcción.

Ahora que se desmonta le escultura de Juan de Ávalos (el estado de conservación de la piedra caliza con la que fue esculpida es muy delicado) quizá sea el momento de pensar qué se puede hacer con el resto escultórico y la cruz que corona el valle, una de las más altas del mundo. Es necesario recordar que la Comisión Constitucional del Congreso aprobó el proyecto de Ley de Memoria Histórica, en la que se hacía mención al Valle de los Caídos. En un artículo de la ley, aprobada por todos los partidos en el Congreso, se trataba de despolitizar el Valle, convirtiéndolo exclusivamente en lugar de culto religioso. De esta forma, la fundación gestora del Valle de los Caídos tendría entre sus objetivos la honra de la memoria de todos los caídos en la Guerra Civil y en la posterior represión política. Además en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo.

Mucho me temo que hay resistencias sociales a esta despolitización. Pero si de mí dependiera, ordenaría su derribo lo antes posible, aun a sabiendas de los sufrimientos y penalidades que los presos y sus familias tuvieron que sufrir hasta coronar el mausoleo. Sin embargo, la permanencia en pie de este conjunto monumental es para muchos una provocación porque siempre ha sido un monumento franquista erigido a más gloria del franquismo y sus seguidores.

Y bien que lo saben aquellos que comulgan con el antiguo régimen que siguen utilizando la explana del mismo para los actos de exaltación de Francos, José Antonio y otros personajes del pasado. Por muy buena intención que tenga la ley, solo hay una forma de garantizar la despolitización. Eliminar de una vez y para siempre los símbolos y sus alegorías. Solo entonces se evitará que se siga dando contenido político al Valle de los Caídos.

Probablemente el caso tendrá justificación legal, pero en la calle es ininteligible. No es la primera vez (y me temo que no será la única) que una decisión de los jueces pasa por la incomprensión del gran público. Legos en materia legal, pero no estúpidos. Y de verdad que estamos a las puertas de llamar la atención del mundo entero, si finalmente se logra sentar a Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados.

La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado por unanimidad pedir un informe a la Fiscalía sobre si procede suspender cautelarmente en sus funciones al juez Baltasar Garzón. La decisión se ha tomado después de recibir las dos últimas resoluciones del Tribunal Supremo sobre Garzón: el auto en el que el magistrado Luciano Varela confirma los indicios de que pudo incurrir en prevaricación al tramitar las diligencias por las desapariciones del franquismo y la resolución en la que la Sala Penal le abre un nuevo proceso por prevaricación y cohecho en relación al dinero que solicitó y obtuvo del Banco Santander para que le financiara sus actividades en Nueva York.

Hay quien asegura que bajo estas premisas no debe consentirse ni un día más la presencia del juez en ningún proceso, no vaya a contaminarlo con sus imputaciones. La mayor parte de la gente no tiene opinión formada sobre la segunda de las acusaciones, la obtención de prebendas, pero tiene muy claro lo que piensa de los crímenes del franquismo.

Nadie entendería que se procesara a los jueces de Nuremberg por llevar a los criminales nazis a comparecer ante la Justicia. Y es incomprensible que una causa justa (juzgar los crímenes del franquismo) acabe finalmente con el superjuez español. Este ha recibido el apoyo de la mayor parte de sus colegas del mundo entero, pero en España hay compañeros de toga que no le quieren. Y no solo por aquello de profeta en su tierra.

Los detractores de Garzón le acusan de mantener excesivo protagonismo en las causas que abre, lo que en mi ignorancia no parece causa suficiente para ’empapelarle’. Y desde ese mismo desconocimiento me permito opinar sobre su supuesto procesamiento por la forma en que ha tramitado las desapariciones del franquismo. Esos mismos detractores dicen que se ha saltado la ley que como juez está más que obligado a defender. No lo sé; diría casi que no me importa.

¿Se imaginan los titulares en la prensa extranjera? España procesa a Garzón por depurar los crímenes del franquismo (quédense con la idea, no con la literalidad). No lo iban a entender, como no lo entendemos miles de personas que defendemos que es hora ya de que salgan a la luz las tropelías de aquellos años. Y que se juzgue y condene a los culpables. Yeso no es revanchismo. Las familias de las víctimas tienen derecho a saber dónde reposan los huesos de sus allegados fusilados de madrugada en cualquier rincón del camino. Y los políticos la obligación moral de acabar con la impunidad.

La transición no ha culminado. Estamos a punto, pero aún faltan flecos. Y uno de ellos es el de conseguir que todos los familiares de los fusilados en aquellos fatídicos años encuentren finalmente el descanso que se merecen. No solo por acallar las conciencias, sino por cumplir con la Justicia. Y Garzón ah sido un eslabón decisivo para contribuir a esta causa. ¿Es eso delito?

La búsqueda de los restos del poeta Federico García Lorca en la fosa de Alfacar ha resultado un terrible fiasco. Un equipo de arqueólogos ha buscado en este lugar durante 47 días los restos del poeta y no ha encontrada nada. No existe rastro alguna de dónde pueden hallarse los huesos de Lorca. Aunque su certificado de defunción aseguraba que su cuerpo fue hallado en la carretera de Viznar a Alfacar. Pero no en el lugar donde durante tantos años se creía que estaba enterrado.

La polémica sobre el desenterramiento ha permanecido activa durante varios años. Siempre ha estado ahí. Pero nunca como cuando Garzón ordenó la apertura de fosas de la Guerra Civil. La actuación del juez de la Audiencia Nacional dio el último impulso a que se hiciera posible buscar en el lugar señalado las huellas del poeta. Y después de tanto tiempo, una vez acabadas las tareas de búsqueda, la nada se ha instalado entre los partidarios de desenterrarlo.

¿Dónde está Federico? Cábalas e hipótesis de todo signo comienzan a latir, una vez que los arqueólogos han dado por acabada su tarea. Desde quien le sitúa no muy lejos de la zona hasta quien se atreve a segurar que vivió, en una teoría disparatada. Pero para todo hay crédulos. La cuestión es que nadie sabe donde permanece enterrado. Y a lo mejor, en este caso, ésa sea una bendición para el misterio que envuelve las últimas horas del poeta. Y que eso haga aún más grata su memoria. No es, sin embargo, aplicable la cuestión a los miles de casos de desaparecidos en la contienda española, cuyas familias siguen ignorando el paradero de los restos de sus allegados. Para ellos aún debe mantenerse firme la búsqueda para que, al fin, puedan reposar donde deben estar y no sepultados bajo la cuneta o el terreno a campo abierto donde fueron asesinados.

La suerte de los restos de Federico García Lorca no debe ser la misma que corran quienes aún reclaman localizar el cadáver de sus allegados, presas de la barbarie de la época y sacrificados en una contienda estúpida que frustró durante décadas el desarrollo de España. Y que nunca se vuelva a repetir. Para aquellos que invocan un camino distinto del que seguimos ahora, sólo les invito a que piensen en los sufrimientos de aquellos tres años (y de los cuarenta que siguieron hasta que nos libramos del tirano por muerte natural). Siempre debe haber fórmulas que eviten la ruptura y el enfrentamiento. Y nuestros gobernantes están obligados a encontrarlas. Se lo deben a ellos mismos y a los miles de hombres y mujeres que murieron en la contienda. Nunca más. Federico así lo querría ahora.