No importa el gremio; da igual el lugar; apenas tiene relevancia el número de afectados. Sea lo que sea, lo paga el consumidor, el cliente o el usuario, como ustedes prefieran. El último exponente, la huelga que mantienen los trabajadores de los Ferrocarriles de la Generalitat que han castigado sin transporte público a los barceloneses durante las horas punta. Algo similar a lo que hicieron sus compañeros del metro de Madrid durante la protesta que protagonizaron a comienzos del verano.

En todas las huelgas, los consumidores somos rehenes de los piquetes. Y es necesario que se pongan coto a esas prácticas. No sé por qué seguimos poniendo paños calientes y denominamos piquetes informativos a los que coaccionan, agreden, destruyen bienes públicos e incluso se enfrentan a la Policìa para impedir el funcionamiento de los transportes. No me opongo a la huelga, un derecho consagrado por la Constitución, pero no admito la coacción. El mismo derecho tienen los pasajeros a percibir el servicio por el dinero que han pagado. Lo contrario, es la anarquía. Y quien destruye debe pagar.

Es preciso poner coto a esto; pero sin dilación. Y si hay que tomar medidas drásticas, tómenlas, señores políticos. Cambien la ley, si es preciso, y parece que ya es hora de que se modifique la ley que regula la huelga. Hasta que no haya despidos fulminantes por este tipo de acciones, no se podrán impedir los piquetes. ¿Se imaginan ustedes una huelga de cirujanos, pongamos por caso, con los piquetes boicoteando las operaciones? Saqueo a los bancos de sangre, destrucción del material quirúrgico, quema de fármacos y medicinas curativas…. En esta hipérbole impensable, estaríamos todos de acuerdo en que estas prácticas serían salvajes. ¿Por qué entonces no se respeta el derecho de los que no están en huelga?

Y no hay fronteras. Todos hacen lo mismo. Lo que hoy han provocado los trabajadores de los ferrocarriles catalanes, lo hicieron los empleados del metro en Madrid. Con consecuencias parecidas, caos, confusión, cabreo del personal y miles de horas de trabajo perdidas. No parece que este país esté en condiciones de seguir malgastando talentos y talantes.

Espero equivocarme. Pero el día 29 habrá mucha gente decidida a que triunfe la huelga general. Que lo hagan con la palabra y que dejen en paz los bienes públicos. Respetemos su derecho a no trabajar, para castigar al Gobierno de Zapatero, pero que dejen en paz y no quiebren las herramientas que van a utilizar quienes se oponen a este paro.

En favor de los derechos de Euskal Herria, que “el nacionalismo excluyente español y francés nos niegan”,.el próximo viernes 27 habrá una manifestación en Bilbao. La marcha ha sido convocada por un “grupo de ciudadanos” sensibles con las escasas garantías democráticas con las que se desarrolla la vida a diario en este país, donde se vulneran las legítimas aspiraciones de los vascos. Por cierto, ahora el modelo a reivindicar es el de Kosovo, según destacaba ayer un veterano militante de EA en un artículo de opinión.

No nos desviemos. Tan atacados y pisoteados están nuestros derechos y tan pocos días encontramos al año para hacer defensa de los mismos, que “un grupo de ciudadanos” ha pedido a Interior proteger esas garantías en plenas fiestas de Bilbao, en el Día Grande de la Aste Nagusia. “Un grupo de ciudadanos” que, al parecer, nada tiene que ver con la izquierda abertzale, aunque comulgue de todos sus predicamentos y aspiraciones e incluso lemas y soflamas patrias. Y sólo es una casualidad que elija precisamente el mismo día que HB, o cualquiera de su otras siglas, prefería de todos los posibles en el año para hacer pública manifestación de sus pretensiones. Pero nada tienen que ver con dichas siglas, no seamos capciosos.

Una decena de ciudadanos sin vinculación política conocida comparecieron el pasado día 17 ante los medios de comunicación para dar a conocer la convocatoria y leer un manifiesto en el que denunciaron los “ataques contra los pilares” de Euskadi como “las continuas visitas de la monarquía, la imposición de los partidos de la selección española o el anuncio del paso de la Vuelta a España”. Para nada se habló de la kale borroka, por ejemplo.

Nada que objetar desde la autoridad a esa defensa de los derechos de Euskal Herria (zazpiak bat), salvo un pequeño cambio en el recorrido propuesto para manifestarse por ese “grupo de ciudadanos”. El Departamento de Interior del Gobierno vasco ha decidido solo una pequeña modificación en el recorrido de la manifestación con el objetivo de “garantizar la seguridad ciudadana y no afectar al desarrollo normal de las fiestas”.

La marcha tenía previsto partir a las 12.30 horas del próximo día 27 de la plaza Zabalburu y dirigirse hacia el Ayuntamiento, en pleno recinto festivo. Según ha decidido ahora Interior, podrá partir de Zabalburu, discurrir por la calle Autonomía y finalizar a la altura de la plaza Aita Donosti. Con este medida, se pretende “garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los actos de la Aste Nagusia, al evitar el paso de la manifestación por el recinto festivo en un momento y en una zona en que se prevé una importante afluencia de personas”.

Interior ha informado a los convocantes de la obligación de que la marcha “se atenga en todo momento a lo dispuesto por las normas legales” y ha anunciado también que la Ertzaintza establecerá un dispositivo de seguridad que velará en todo momento por el cumplimiento de los requisitos legales y por el desarrollo de la marcha de acuerdo con el trazado y horario establecidos.

En las fiestas de San Sebastián tuvo lugar una marcha similar el pasado día 14, convocada también por un grupo de ciudadanos y con el mismo lema, “En defensa de los derechos de Euskal Herria” y cuyo recorrido fue también modificado por Interior. La fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al juez que se prohibiera al considerar que se trataba de una convocatoria “encubierta” para homenajear a ETA y su entorno.

El juez decidió no prohibirla pero ordenó al Gobierno vasco que controlara el acto para que no se produjeran actuaciones que pudieran suponer enaltecimiento del terrorismo. La manifestación se celebró finalmente sin incidentes. A lo largo de la marcha se corearon consignas reclamando la independencia y también en favor de los presos de ETA y de la amnistía. Algo muy similar a lo que se espera para el recorrido del próximo viernes, a tenor de lo que ha ocurrido durante otros años. Ante lo que yo solo me pregunto ¿no pueden dejar las fiestas en paz?

De nuevo en la encrucijada. No salimos de una y nos acabamos de meter en otra. El Ayuntamiento de Vic ha recibido el aval jurídico del bufete Roca i Junyent para defender sus intenciones de negar el padrón a aquellos inmigrantes irregulares. El informe del gabinete del prestigioso abogado y exdirigente de CiU concluye que “la actuación del consistorio no puede ser considerada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley”. ¿Qué procede hacer ahora?

Sea cual sea la intención de Vic (o de cualquier otro municipio donde se plantee la situación), nos encontramos ante un grave problema. La concesión del padrón es la antesala para recibir una serie de prestaciones (guarderías, colegios, bonos de transporte, etc) de la que ahora se benefician, en su mayor parte, los inmigrantes, el sector más desfavorecido de la población. ¿Eliminamos ahora esas prestaciones? ¿Les negamos el derecho a existir legalmente? ¿Les ocupamos en trabajos que nadie quiere y, sin embargo, rechazamos sus pretensiones para mejorar? Difícil encrucijada en la que nos movemos.

A la vista está que se hace necesario regular cuanto antes los derechos de los inmigrantes que se encuentran en nuestro país. Y, si es necesario cambiar la ley, que se haga cuanto antes. Pero no puede prolongarse por tiempo indefinido la situación de esas miles de personas que abandonaron lo poco que tenían y se embarcaron (nunca mejor dicho) en una aventura que no se sabe dónde les va a llevar. Lo cierto es que muchos de ellos se ocupan en puestos que los naturales rechazamos y, sin embargo, la situación comienza a generar ciertos sentimientos xenófobos en parte de la población. ¿Cómo conciliar los derechos de unos y los de otros sin que nadie resulte perjudicado? No podemos seguir mirando para otro lado, porque hay situaciones que rayan en los esperpéntico. Inmigrantes a los que los servicios sociales atienden, y naturales que malviven con pensiones de miseria pese a que han cotizado durante años para disponer de una pensión. Y el sistema no puede con todo. Eso está claro.

No pretendo hacer demagogia con este tema tan delicado. Pero existe una frágil línea que está a punto de quebrarse. Quizá esa ola xenófoba no ha llegado aún hasta nosotros. Y nunca debería llegar. Pero cuando comienzan a lanzarse las alarmas en otros puntos de la geografía española, conviene atajar la situación y evitar los brotes que puedan surgir. Atendiendo a los más desfavorecidos, pero sin olvidar que una parte importante de la población natural también tiene problemas. Y más en esta situación de crisis. ¿Tan ciegos están nuestros polìticos que van a seguir confrontados? ¿A qué esperan para formular un gran pacto que solvente la situación? Mucho me temo que esto no ha hecho más que empezar.

La Constitución española garantiza la presunción de inocencia. Pero en esta país, esa garantía también nos la pasamos por el forro. Ningún medio de comunicación (supongo que habrá honrosas excepciones, pero me temo que pocas) utiliza la palabra presunto. Es añadir un detalle superfluo y ya se sabe que ahora los títulos informativos deben ser contundentes. Así que desterramos una garantía constitucional porque nos afea un titular. Siempre es mejor salir directamente y llamarle asesino. Todos somos culpables.

Diego Pastrana fue linchado nada más producirse el ingreso de la hija de su pareja en el hospital. Se llegó a hablar no solo de maltrato sino de desgarraos vaginales y otras fechorías. ¡Culpable y sin derecho a juicio! ¡Criminal! ¡Que lo ahorquen; que lo maten! Nuestros peores instintos salieron a flote. ¡Culpable!

Todos los medios de comunicación de este país sacaron a portada el caso y lo condenaron. No había necesidad de esperar al juicio ¿Para qué? Era un caso claro. El informe médico establecía claramente la muerte de la niña de tres años. Y su pareja, la madre de la criatura, era tan culpable como él, porque aseguraba que todo se debía a una caída del columpio. ¡Criminales!

Cuarenta y ocho horas después, Diego salía libre sin cargo alguno. La niña había muerto a consecuencia de las heridas producidas al golpearse la cabeza tras caer de un columpio. El informe forense descartaba los malos tratos y para nada hablaba de agresión sexual. Era inocente, aunque todos le habíamos ya juzgado y sentenciado.

No sé si ustedes han acudido alguna vez a un centro médico con alguno de sus hijos tras una caída con ciertas consecuencias. Las miradas te hacen sentirte culpable de algo que estás convencido de que no has hecho. Pero el juicio popular es así. Blanco y en botella. Una criatura en un centro hospitalario… malos tratos. Es cierto que existen casos y que se dan con más frecuencia de lo que parece. Pero una sociedad sana no debe extender la sospecha y además generalizarla.

Diego fue condenado y su caso expuesto a la luz pública sin pudor y sin reflexión. Y hoy todos debemos pedir perdón. Los medios que pasearon su figura y la estigmatizaron deberían volverla a sacar con un solo título: “perdónanos”. Pero es preferible culpar al mensajero. Ahora la culpa es del médico que hizo el informe preliminar. Seguimos sin pedir disculpas.

Y las excusas también deberían hacerse extensivas a los lectores. Es una grave acusación, se ha errado y la equivocación no puede quedar impune. Es necesario hacerse perdonar por el acusado (lo siento Diego) y con los lectores a los que hicimos cómplices de nuestro abuso: “Perdón porque les hicimos caer en el error. Nos hemos equivocado y este caso nos va a servir de lección para no volver a caer en este tremenda injusticia” ¿Ustedes lo creen?