Está visto que ya estamos en precampaña y que los candidatos van tomando posiciones de cara a la cita electoral. Como muestra, vale un botón. Si hace unos días, Iñaki Azkuna cuestionaba la figura de ‘Vitoria, capital de Euskadi’, ahora ataca la paridad en el caso de una fusión de las cajas. Y a eso obedece su presencia en el consejo de administración de la BBK, según su propia confesión.

Lo contaba de forma impecable mi entrañable compañero de blog, Manu Alvarez (Bank Notes ), en las páginas de El Correo. «Mi presencia en la BBK no es un capricho. Tiene una intencionalidad clara: impedir que se aborde una fusión paritaria. La caja resultante de la fusión tiene que reflejar el peso de cada uno y la BBK tiene el suyo», explicaba el alcalde de Bilbao para justificar su decisión de acceder al principal órgano de gestión de la entidad financiera. El Ayuntamiento de la capital vizcaína tiene un interés directo en ese proceso, ya que es una de las instituciones fundadoras de la Bilbao Bizkaia Kutxa.

Una información además que ponía el dedo en la llaga y que alertaba claramente cuál era el sentido de las palabras del alcalde de la capital vizcaína. “Si Azkuna ha decidido implicarse personalmente en los máximos órganos de decisión de la BBK -además de pertenecer al consejo de administración, estará como vocal en la asamblea, el estamento que debe dar la aprobación final a cualquier propuesta de integración- «es porque en algunos momentos del pasado ha visto en peligro que Bilbao y Vizcaya pudieran tener el peso que les corresponde en la caja fusionada», apuntan algunos especialistas en la materia”.

Vamos que lejos de arredrarse ante la reivindicación alavesa, Azkuna echa más leña al fuego y se declara el paladín de esta pugna entre ciudades y entidades vascas. No debemos olvidar que la Euskadi en que vivimos se construyó sobre un modelo artificial en el que todos los herrialdes tienen la misma representatividad precisamente para evitar conflictos territoriales. Una forma de abordar sin traumas que los alaveses se sintieran identificados con el país y que éste abordara en igualdad de condiciones las distintas sensibilidades existentes. Y los artificios, con el paso de los años, se van cayendo.

La contextualización del nacimiento de la comunidad autónoma vasca es hoy muy distinta a lo que fue hace 30 años (precisamente este miércoles se cumple el trigésimo aniversario de la constitución del Parlamento). Y eso provoca que sobresalgan algunas voces que reclaman superar el pasado y afrontar con decisión los nuevos tiempos.

La situación no es cómoda para las ejecutivas de los partidos; tampoco para el PNV. Pero conviene no olvidar que es Vizcaya el granero donde se nutren los jeltzales de votos y que no están dispuestos a perder por nada del mundo. Y por eso han iniciado con fuerza la precampaña y han puesto a sus pesos pesados a hacer Política. Defendiendo la fuerza de Bilbao y de Vizcaya; y reclamando el lugar que le corresponde por población, economía y situación.

No pueden ceder terreno a socialistas y populares y van a hacer lo imposible por ser más hegemónicos que nunca en Vizcaya. De ahí que hayan vuelto a repetir en sus candidatos principales (Azkuna y Bilbao) y la férrea defensa que estos hacen de las señas de identidad vizcaínas. Y en las próximas semanas asistiremos a nuevos episodios que bien pueden considerarse como una afrenta en los otros territorios. Pero si los jeltzales creen que la Constitución bien puede cambiarse ¿por qué no hacer lo mismo con la inconclusa Ley de Territorios Históricos o el Estatuto?

El juez Baltasar Garzón se sitúa en boca de todos. Unos porque creen haber cobrado pieza; otros porque no quieren que se abata; y otros más porque no desean situarse en el centro del huracán. Pero todos, sin excepción, hablan de Garzón. Y no parece normal el movimiento de ninguno de ellos.

No se entiende la defensa a ultranza que ha hecho este fin de semana el presidente del Gobierno que, sin embargo, se ha olvidado (puestos ya) de defender también al magistrado Eloy Velasco. Tampoco es comprensible el ataque feroz del líder de la oposición, Mariano Rajoy, y su partido contra la postura del Ejecutivo y la situación del magistrado (al que por cierto defendían con uñas y dientes cuando salió del gabinete de Felipe González e inició el proceso contra los GAL). Y mucho menos, que el CGPJ considere que se ataque a su independencia cuando se critica o se alaba a algunos de los jueces de este país y exige “máximo respeto”.

El patio está revuelto (cuándo no) y entre unos y otros acaban por confundir más que clarificar al ciudadano de a pie que lo único que tiene claro es que todo se politiza (en el sentido más peyorativo del término). Sin entrar a valorar quién se ha pasado de frenada (probablemente todos), es evidente que ninguno de ellos contribuye a serenar el debate, lo que acaba por perjudicar a las instituciones en general y contribuye a distanciar, aún más si cabe, la vida política de la ciudadana.

La triple imputación de Baltasar Garzón ante el Supremo y la defensa del juez por parte del Gobierno llevan camino de provocar una crisis institucional. Comienzan a cruzarse excesivos verbos y palabras entre unos y otros. El CGPJ exige “el máximo respeto hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales”. El consejo rechaza además las críticas que “exceden la libertad de expresión y que constituyen ataques no solamente a las personas, a los titulares del Poder Judicial, sino a la esencia de la institución en sí”, en referencia
a las acusaciones que desde Venezuela han hecho mandatarios sobre el juez Velasco que investiga los vínculos entre ETA y las FARC.

Por su parte, Mariano Rajoy asegura que el Gobierno “intenta presionar” al Supremo con su apoyo a Garzón, y se muestra contrariado por la falta de apoyo del Ejecutivo a Velasco, tras ser acusado por el ministro de Asuntos Exteriores venezolano de formar parte de “la mafia” de José María Aznar. Más lejos ha ido Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, quien ha asegurado que el magistrado “debería irse antes de que le echen”.

Y desde el otro lado, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, considera “inaceptable” que se cuestione la labor del juez de la Audiencia Nacional y de cualquier otro, pues “tienen en su hoja de servicios sobradamente acreditada su lucha contra el terrorismo y que han puesto a muchos terroristas en la cárcel”. La número tres del PSOE no entiende que “quienes en su día quisieron darle (a Garzón) el Premio Nobel de la Paz ahora intenten demonizarlo porque abre una investigación (Gürtel) que no les gusta” .

¿Qué quieren que les diga? Suelen decir que la Justicia prevalecerá y pondrá las cosas en su sitio. Pero a estas alturas uno duda, incluso, de la equidad de los jueces que van a investigar este caso. Baltsasar Garzón nunca pasa desapercibido y a estas alturas cada cual tiene una opinión muy definida sobre él. Veremos en qué acaba tanta palabrería y qué es lo que al final va a quedar claro ante la opinión pública. La pelota sólo está en un tejado y de ese tejado dependerá el veredicto de los jueces.

Escopeteros en los barcos. La actuación de los piratas en aguas de Somalia donde trabajan los pescadores vascos sigue trayendo de cabeza a los armadores. La decisión de Interior por la que se autoriza el uso de armas largas en las embarcaciones pero con vigilantes del sector privado, no satisface a los profesionales. Los armadores insisten en reclamar la presencia militar en sus naves, porque la consideran mucho más efectista y efectiva para atajar la piratería.

El director gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac), José Ángel Angulo, reconoce haber quedado “perplejo” por las declaraciones del secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, que hoy ha dicho en Vitoria que los buques atuneros que faenan en aguas del Océano Indico tendrán la posibilidad de contratar servicios de seguridad privada que podrán usar fusiles de largo alcance. Sólo se sienten seguros con la intervención de los militares, profesionales con acreditado adiestramiento en el uso de este tipo de armas. Y para reforzar su argumento, insisten en poner de ejemplo a Francia o Bélgica, países en los que la presencia militar en los buques e instalaciones privadas está regulada por ley.

Sin embargo, España no permite por ley que los mercantes y los pesqueros lleven protección militar, que se deja en manos del sector privado con las limitaciones que tienen además para el uso de ese tipo de armas. Es decir, que sólo el legislativo podría dar la vuelta a esta situación para que los pesqueros faenaran con la debida protección frente a los piratas del mar.

No hace muchos días, la ministra de Defensa insistía en que quizá los armadores debían considerar su presencia en aguas donde no pueden ser protegidos, porque la Armada sólo podía concentrar su actuación en puntos muy determinados. Ante este argumento, los pesqueros aseguraban que debían buscar el sustento más allá de los lugares donde se pescaba hace una década, por ejemplo. Y que los caladeros se sitúan en lares hasta ahora desconocidos y que se veían obligados a ir hacia donde se encuentra la pesca. Supongo que habrá un punto intermedio que satisfaga las aspiraciones de unos y la disponibilidad de otros. Aún es posible el acuerdo.