Sinceramente. Siento asco. Ver la imagen del principal imputado por el asesinato y desaparición de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, me produce náuseas. Y no me vengan con la presunción de inocencia y el sistema judicial. Hay alimañas que no pueden seguir sueltas y a las que no se les debe tratar con guante blanco. Son asesinos sin alma y sin entrañas que ni tan siquiera son capaces de enfrentarse como hombres ante un hecho tan execrable como el que han cometido. Han matado a una joven y además siguen mareando a la Policía sobre el destino que le dieron al cuerpo de su víctima. Una actitud que hace aún más condenable su acción.

Saben que un jurado popular juzgará a los asesinos del Marta del Castilllo. Parece evidente que ningún ciudadano puede entender la actitud de estos desalmados. Sí, deben pasar por el banquillo de los acusados en audiencia pública y oír la condena. ¿Acaso alguien confía a estas alturas en su inocencia? Y esto no es un prejuicio vengativo, aunque habrá alguien que invoque el derecho a la presunción de inocencia que se merece todo procesado. Pero a tenor de lo conocido hasta el momento, sólo espero el día del juicio para que ese jurado aplique la condena más dura y un juez lo ratifique, porque es de ley.

Miguel Carcaño vuelve ahora sobre su primera versión (se ha dicho y desdicho en tantas ocasiones), pero dudo mucho de que alguien pueda creer algo de lo que suelta por esa boca. En su nueva declaración ante el juez, el acusado ha relatado que mató a Marta del Castillo en la noche del pasado 24 de enero al golpearla con un cenicero, después de mantener una discusión con ella. Posteriormente, ha negado que violara a la adolescente y ha exculpado de los hechos al menor de edad, apodado ‘El Cuco’. El asesino confeso de Marta del Castillo ha asegurado que cambió la primera versión de los hechos para evitar ser juzgado por un tribunal popular, tal como ha decretado el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina. De su anterior declaración, Carcaño sólo mantiene que arrojó el cuerpo de Marta a un contenedor, y no al río, por lo que el cadáver debería encontrarse en el vertedero de Alcalá de Guadaíra.

Recuerden que la Policía peinó escrupulosamente el vertedero y no encontró rastro alguno de la joven. Los investigadores saben que el acusado (y sus cómplices) miente, pero no saben ya cuál es la versión y dónde investigar. Lo cierto es que el cuerpo de Marta del Castillo sigue sin aparecer y, por tanto, el duelo de sus padres es aún más doloroso. Cada vez que uno de estos procesados cambia su versión sobre lo sucedido, en el domicilio de la joven se vuelve a revivir la pesadilla. Pero lo peor de todo, es que Marta sigue sin encontrar el descanso que se merece.

A vueltas con los jueces. Hay decisiones que se ajustarán al texto de la ley; estoy convencido de ello. Pero no dejan de ser sorprendentes. Hay ciertas resoluciones y sentencias que no tienen calado social y resultan incomprensibles, aunquedesde el punto de vista jurídico sean irreprochables. Hoy nos encontramos con un caso de estos. El Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba a Pedro Jiménez a 83 años de prisión por el asesinato y la violación de dos mujeres policías en prácticas en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Menos mal que el acusado no saldrá de la cárcel hasta 2021, como mínimo, por tener otras penas pendientes. De lo contrario, el escándalo hubiera sido sonado.

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona por considerar que debe ser un jurado popular quien se encargue de juzgar el caso. La decisión del Alto Tribunal ha generado en la Fiscalía “graves dudas” acerca de cuál va a ser el criterio a seguir en otros procedimientos aún pendientes de juicio o en trámite de casación, por lo que considera “deseable” que el Supremo “siente criterios uniformes e invariables en dicha materia” y que afectan a delitos “de extraordinaria gravedad y generadores de una importantísima alarma social”. No obstante, “acata y respeta la resolución dictada”, aunque recuerda que a la Fiscalía le asiste la facultad de ejercitar las acciones legales oportunas y, en especial, la de poder presentar un nuevo escrito de acusación “adecuado a las exigencias y formalidades propias del Tribunal del Jurado”.

Es cierto que los medios de comunicación tienen la obligación de explicar lo inexplicable para que las reacciones sean, precisamente, controladas y nadie se tome la justicia por su mano. No quiero recordar la escasa receptividad que tuvo socialmente la actuación del juez Tirado con el caso Mari Luz. Al final, la secretaria judicial purgó por el error que dejó libre al principal encausado, que podía haber sido encarcelado por otro caso distinto.

Ahora asistimos a otra decisión que es difícilmente explicable. Las jóvenes Aurora R.G. y Silvia N.G., ambas de León, fueron asesinadas a puñaladas el 6 de octubre de 2004 y una de ellas fue violada por Pedro Jiménez en el piso que compartían ambas en el barrio de Bellvitge de L’Hospitalet y que, tras el doble crimen, fue incendiado por Pedro Jiménez. Este era un interno de Can Brians condenado en ocho ocasiones por delitos sexuales y de robo, y gozaba de un permiso penitenciario el día de los hechos. Con estos hechos, el juicio popular era claro y evidente: culpable.

Pero es precisamente la falta de un jurado popular lo que ha venido a torpedear la resolución de la Audiencia. Por eso, el reo deberá volver a sentarse en el juzgado, las familias de las víctimas y los testigos pasar de nuevo por el tormento que ya sufrieron en la vista ahora suspendida y el pueblo llano establecer una nueva sentencia que, a todas dudas, no será más benévola que la anterior. Es lo que tiene la Justicia cuando se pone la venda en los ojos. Que no mira lo que sucede bajo sus pies. Lex dura, sed lex.