Predicar y dar trigo. Una máxima que no debe aplicar nadie y menos un político que quiera hacer carrera. Y eso es lo que ha debido pensar el presidente de las Nuevas Generaciones del PP que, tras haber sido cazado in fraganti con una tasa de alcohol importante al volante de su automóvil, ha decidido cesar como vocal de la comisión de Seguridad Vial del Congreso. Más que nada para que nadie se cebe en su caso y acabe afectando a su partido, como suele suceder normalmente con estos casos en este país que nos ha tocado en suerte.

Al parecer Ignacio Uriarte dio positivo en una prueba de alcoholemia tras colisionar el coche que conducía con otro vehículo en el centro de Madrid. El caso ha trascendido porque el diputado debía
declarar en un juicio rápido, al que no se citó al conductor del otro vehículo, por lo que ahora será un juzgado ordinario quien se encargue del conflicto.

El diputado del PP, en cualquier caso, ha acudido esta mañana al Juzgado y se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia, tal y como ya había hecho ante la Policía, a la que indicó que quería ser tratado como un ciudadano más, renunciando a su fuero como parlamentario. Al parecer la tramitación fallida se debe a un error de la Policía, que podía haber tramitado el asunto como si Uriarte hubiera sido sorprendido en un control de alcoholemia, en cuyo caso -y al no haber perjudicados- el juicio rápido se hubiera celebrado con su sola presencia.

Claro que el asunto podía haber pasado completamente desapercibido y quedar en la estricta intimidad de los afectados. Solo la casualidad provocó que hiciera su aparición en la zona del accidente una patrulla de la Policía cuando estaban realizando los papeles del seguro los conductores implicados. Fue entonces cuando sometieron a ambos a un control de alcoholemia que en el caso del político popular dio como resultado una tasa de 0,52 miligramos de alcohol, el doble de la permitida.

Uriarte, que preside Nuevas Generaciones del Partido Popular y es diputado en el Congreso de los Diputados, ha presentado su dimisión como vocal de Tráfico, pero sigue mantiene sus responsabilidades en sus otros cargos. Porque lo uno no está reñido con lo otro y, al final, considera que el precio que ha pagado ya es suficiente para la falta que ha cometido. Así que seguirá cobrando del erario público. Y no penen ustedes por la suerte del cazador cazado que ha reconocido “como un error humano” este suceso y ya “ha asumido su responsabilidad”. Pero no piensa conceder nada más.

No soy ningún oportunista, ni pretendo sumarme (ahora que todo parece más claro) al carro del vencedor; porque aunque parezca lo contrario en esta historia hay claros vencedores (y también vencidos), pese a que algunos se empeñen en no querer ver la realidad. He tardado en escribir sobre este tema porque mis obligaciones laborables me han tenido muy ocupado en las últimas 72 horas y apenas si he podido teclear nada en el ordenador.

Ahora que ya me encuentro algo más desocupado (aunque aún me queda por delante una semana bastante dura), me voy a explayar a gusto. Mi carácter de cascarrabias, me obliga además a defender a los más débiles, frente a aquellos que se arrogran la prerrogativa de defender a capa y espada lo que a todas luces ha sido una auténtica mamarrachada.

Sí, no encuentro un calificativo más amable (de los otros todos los que quieran). Pero esa huelga salvaje que han protagonizado los trabajadores de Euskotren es, además de brutal, carente de toda lógica. Y es evidente que así lo han entendió los sufridos usuarios que son quienes realmente han pagado el pato y se han visto perjudicados por la acción desmesurada, brutal, incontrolable, montaraz y agreste de esta gente que dice estar al servicio de los trabajadores. Evidentemente quienes más culpa tienen son los sindicatos y a la cabeza de todos, no solo ELAy LAB, sino también UGT, donde estaba afiliado el maquinista fallecido en el accidente de Lezama.

Resulta meridianamente claro que detrás de este paro se esconden intereses oscuros que solo pretenden castigar a quien ocupa ahora el sillón de Ajuria Enea. Porque no se atisba, de momento, ninguna causa que permita justificar la huelga, convocada a última hora de la noche, con la que se pretende protestar por la seguridad laboral. Y si el último objetivo es, en todo caso, fustigar a López y su gobierno, pueden hacerlo convocando la pertinente convocatoria con tiempo y trasparencia para no castigar con esa medida a quien menos culpa tiene: los usuarios. Flaco favor se han hecho esos trabajadores que, más pronto que tarde, reclamarán de los usuarios el apoyo a sus reivindicaciones salariales. Y mucho menos haciendo coincidir el duelo por la muerte de José María Colillo con un salvaje e inexplicable chantaje social.

En mi ingenuidad innata, pensaba que la Dirección General de Tráfico velaba por nuestra seguridad en carretera con la instalación de radares y otras medidas que amenazan con recortar los puntos de los infractores y evitar que esos individuos permanezcan al volante. Es evidente que se producen aún demasiadas muertes por accidentes en las vías de comunicación españolas y ese goteo no se puede permitir en ningún país civilizado.

Pero resulta también incuestionable que, al menos en la comunicación, el planteamiento que hace el Gobierno y los responsables de Tráfico no es el más adecuado, si de lo que se trata es de reducir el número de accidentes. Según anunció ayer el Ejecutivo, se pretende recaudar casi 432 millones de euros en multas de tráfico el año que viene, un 3,7% más que lo que tiene previsto ingresar en 2009, según se puede ver en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010. Los ingresos por multas de tráfico se han multiplicado desde que entró en vigor el carné por puntos en 2006. Así, se ha pasado de los 192 millones de euros que se recaudaron por este concepto en 2005 a los 432 millones de euros previstos para 2010.

Es cierto que desde la entrada en vigor del carné por puntos se han reducido los accidentes y también los muertos. Aunque aún sufrimos demasiados. Pero no parece que lo más importante sea lo que va a a recaudar y, si ese es el mensaje que se lanza a los conductores, flaco favor se hace a fomentar la seguridad. Lo importante, o eso creo yo, son las vidas que se salvan al año; los accidentes que se evitan, se pongan radares, se pongan limitaciones, más agentes de Tráfico y más medidas punitivas. Pero si cargamos el acento sobre la recaudación, vamos a pensar que es realmente el asunto crematístico lo que más interesa al Ejecutivo y que las medidas que se anuncian para evitar muertos, solo pretenden incrementar la caja.

Pese a todo, desde Tráfico se insiste en que el único objetivo que persiguen es aumentar la seguridad y por eso “hay mayor presencia en la carretera de guardias civiles o ertzainas, mayor vigilancia y más número de radares, lo que conlleva que se detecte un mayor número de infracciones” y, por tanto, añadiría yo de nuevo se recauda más.

De la misma forma que la reforma integral del procedimiento sancionador de tráfico, “a partir de una simplificación del proceso y de la incorporación de la administración electrónica para el mismo” solo parece destinada a que nadie se escape del mecanismo de pago. La sanción se cobra sí o sí. Lo único realmente importante.

A Esperanza Aguirre le pierde el verbo. Dice en unas declaraciones sobre el juicio del Yak-42 que “me equivoco todos los días” como “muy probablemente se equivocarían” las autoridades o políticos que participaron en las tareas de reconocimiento de los cuerpos calcinados en el avión siniestrado en Turquía.En este caso, desde luego, acierta de plano. Sin duda alguna, se ha vuelto a equivocar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que “no se puede criminalizar” a aquellas “autoridades, funcionarios o políticos” que trataban de “acortar el sufrimiento de la familias” al repatriar los cuerpos de los soldados fallecidos, en el accidente aéreo del Yak-42, al día siguiente de haberse producido la tragedia. “Creo que la intención que tenían era acortar el sufrimiento de las familias, no hacerlas estar ahí en Turquía durante tantísimo tiempo puesto que no había ninguna posibilidad de encontrar a nadie con vida”, indicó Aguirre. La presidenta asegura que equivocarse “no es ningún delito” y espera que “al ser un hecho tan dramático” no se criminalice a las personas que participaron en la repatrición de los cadáveres de los militares.

En ese afán por proteger a Federico Trillo, su compañero de partido y ministro de Defensa en la fecha de la tragedia, la presidenta de Madrid se equivoca en los argumentos. Porque precisamente, la indecente chapuza que se cometió con la identificación de los cuerpos, es lo que ha prolongado el drama de las familias de los militares muertos en el accidente ocurrido en Turquía. La precipitación en repatriar los cadáveres provocó el drama que viven desde entonces esas decenas de familias. Treinta de ellas recibieron los restos de sus allegados que, de inmediato, se demostró que no tenían parentesco alguno con quien figuraba como titular de la lápida. Lejos de acortar el sufrimiento de los recuerdan a los muertos, prolongaron la agonía y el dolor.

Puestos a no equivocarse, las autoridades podían haber decidido enterrar a los militares fallecidos en el Yak 42 en una fosa común. Así hubieran acertado de plano. La dignidad de las víctimas y de sus familias obligaba (y obliga) a mantener un escrupuloso proceso de identificación inequívoco. Que cada uno de las muertos reciba el nombre y la identidad correspondiente para su descanso eterno y la tranquilidad de sus familias. No se hizo en aquel momento y aún hoy, cinco años después, las heridas quedan abiertas por cusas que todos conocemos. Pero empeñarse en justificar lo injustificable, es lo que no tiene perdón. Errar es de humanos; pero no asumir las consecuencias de los errores, es cuando menos una cobardía.