Garzón siempre es protagonista. Quiéralo o no, el juez de la Audiencia Nacional siempre es noticia; para bien y para mal. Y su causa en el Supremo, donde se estudiará si ha prevaricado o no al instruir los casos sobre los crímenes del franquismo, está provocando reacciones contrarias entre los políticos españoles, las instituciones y los ciudadanos. Respuestas que van superando el tono y que comienzan a alcanzar resonancias importantes y frases de alto contenido.

Colectivos en apoyo del juez han comenzado un encierro y han decidido concentrarse todas las tardes ante la Audiencia Nacional para expresar su protesta por el proceso judicial abierto. Escritores, directores de cine, actores y ex presos políticos participaron ayer en la presentación de este encierro, que se desarrolla en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid.

UGT y CCOO, organizadoras del acto, han negado que estén tratando de presionar a los jueces con acciones como ésa, contra la que han arreciado las críticas y que ha llevado al PP a pedir el cese del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. Rajoy ha opinado que ese acto es “claramente antidemocrático”. La defensa del Poder Judicial como poder independiente es “algo básico” en un sistema democrático, ha destacado el presidente de los populares, para quien “todas las personas, hasta la más humilde, son iguales ante la ley”. “Se llame Garzón, se llame Pérez o se llame Fernández, todas las personas son iguales ante la ley”.

Más alto y más lejos ha llegado la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, la encartada Rosa Díez, quien ha asegurado que el acto organizado ayer es un “golpe al Estado de Derecho” . A su juicio, lo que ocurrió ayer en el homenaje a Garzón es “un intento de subvertir el Estado de Derecho y el orden constitucional”. “Ha sido una de las cosas más graves que han ocurrido en democracia –proclamó–. Es muy grave por lo que dijeron y por quienes lo dijeron y quienes le acompañaron”.

La cuestión es que el estado de opinión existente en nuestro país, y más allá de nuestras fronteras, es de incomprensión. Aunque parezca legítimo juzgar a un juez por prevaricación, se esgrime la historia de Garzón como aval suficiente para dejarle al margen del banquillo de los acusados. Y sabiendo además que es una asociación ligada a Falange quien ha provocado el caso y ha llevado al juez a que le juzguen sus compañeros de toga, la acusación resulta más problemética.

Dado que la polémica sobre la imputación de Garzón por investigar los crímenes del franquismo ha saltado las fronteras españolas, el Ttribunal Supremo ha convocado para el próximo viernes a los principales corresponsales extranjeros a una “reunión informal”, con el fin de explicarles “técnicamente” cómo es un procedimiento en el alto tribunal contra un aforado. La verdad sea dicha no tiene buena prensa este procesamiento.

Y para mantener la tensión en todo este proceso, ahora la Falange ha convocado en Madrid una manifestación y un acto político posterior, el próximo día 24 de abril, con el lema “Orgullosos de nuestra historia falangista”. Falange asegura que “ante los continuos ataques” de los que están siendo objeto “por parte de titiriteros, fiscales y jueces de pacotilla, que quieren tergiversar la historia, manipulándola para remover aquellos tristes acontecimientos que nos llevaron a una Guerra Civil”, los falangistas, quieren “defender el honor y la altura moral de aquellos que formaron parte de aquella Falange que sufrió como ningún otro partido político, la represión y el asesinato por parte de aquella Segunda República”.

Demasiada tensión en la calle y en los despachos. Y además en vísperas de que el juez acuda este jueves al Tribunal Supremo para declarar como imputado en la segunda de las tres causas que tiene abiertas en el máximo órgano judicial. El juez de la Audiencia Nacional está citado por el magistrado Manuel Marchena, encargado de instruir el proceso por la financiación de unos cursos académicos suyos en la Universidad de Nueva York. Los querellantes acusan al magistrado de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Y esto no ha hecho más que comenzar.