Por fin. Ya se han decidido. Les ha costado un poco, pero los sindicatos se han animado a sacar la protesta a la calle. Lo contrario hubiera significado demasiada complacencia con este Gobierno que no parece defender los intereses de los trabajadores y que comienza a plantearse acabar con algunos de los beneficios sociales de los empleados.
Los sindicatos han decidido salir a las calles el 23 de febrero en Madrid, Barcelona y Valencia (en Bilbao será el 27) para protestar contra la reforma del sistema de pensiones, punto culminante del centenar de movilizaciones que tendrán lugar entre el 22 de febrero y el 6 de marzo en todas las capitales para pedir al Gobierno que retire su propuesta de aumentar la edad de jubilación.
Los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, lo han presentado hoy a todo bombo y han asegurado que las manifestaciones serán “multitudinarias”. Por fin hemos oído de su boca que rechazan de la forma “más absoluta” la reforma de pensiones por ser una medida “regresiva, insolidaria e imprudente”. Consideran ambos líderes sindicales que la propuesta del Ejecutivo supone un “recorte drástico” de la protección social.
Ambos dirigentes han coincidido en que las movilizaciones serán “masivas” y “están llenas de razón”, y se han mostrado convencidos de que habrá “un clamor casi unánime” de la sociedad en exigencia de una reconsideración de la propuesta del Ejecutivo.
El cascarrabias no defiende la ruptura de la paz social, no vayan a creer. Pero tampoco le complace que sistemáticamente se recorten los derechos de los trabajadores y que sean estos los paganos de la crisis. Porque por activa y por pasiva, los que ven sus salarios rebajados y sus puestos en peligro son los empleados de cientos de grandes empresas que en época de bonanza no se han acordado de repartir sus pingües beneficios y ahora piden a sus asalariados que sean solidarios. Y los precios no paran de crecer.
Si además tenemos en cuenta que el Gobierno defendió no hace mucho el negocio de los bancos, necesarios para la buena marcha del país, y que estos siguen en números azules pese a la que está cayendo, no es de recibo que sean los trabajadores los paganos de la situación. Ceder a presión de la patronal y de la derecha, es ponerse en la picota de cara a las elecciones. Cierto es, sin embargo, que la pirámide de población no puede sostener con las cifras actuales el sistema de pensiones y que algo hay que hacer para garantizar la permanencia de los beneficios sociales. Pero no han dado ni una.
De momento, los sindicatos sólo lanzan una advertencia al Gobierno. Son muchas las voces que demandan mayor dureza. Pero tampoco es cuestión de incendiar la calle. Todo lo contrario. Más que nunca, los trabajadores deben actuar con el cerebro y no con el corazón. Se hacen necesarias algunas renuncias, pero no de gratis. Si los empresarios se comprometen a compensar a sus empleados de la rebaja que ahora se impone, estoy convencido de que la mayor parte va a reaccionar de forma positiva. Pero si lo que quieren es rebajar la capacidad salarial, me temo mucho que la confrontación no ha hecho más que empezar. Y eso no lo puede proteger este Gobierno.