En los últimos días, la expresión ha sido utilizada por distintos medios para destacar un fenómeno que, a juicio de algunos tertulianos y comentaristas, viene a agravar la situación ya de por sí delicada del traslado de los presuntos implicados detenidos ante un tribunal. Los acusados son ‘paseados’ convenientemente esposados ante las cámaras de televisión y las imágenes son emitidas una y otra vez por todas las cadenas españolas.

Sin ir más lejos, altos cargos del Ejecutivo de Jordi Pujol y el alcalde de Santa Coloma, entre otros, han sido los últimos detenidos que han sido expuestos ante los objetivos de los medios de comunicación. La Audiencia Nacional ha decidido abrir una investigación interna para describir las posibles irregularidades en este proceso. Anteriormente, el TSJC protestó por el trato dispensado a estos presuntos implicados en una trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

Este mismo otoño, el PP protestaba con dureza contra el Gobierno, el ministros de Justicia y el de Interior y el PSOE a los que acusaba de aprovechar la situación y retratar a altos cargos de su partido con las esposas en sus muñecas cuando eran trasladados en furgones policiales hacia el Juzgado. Si no se acuño entonces, al menos comenzó a cuajarse la expresión: si ya es dura la situación de los procesados, su exhibición pública ante toda España, hace más duro aún el proceso de comparecencia ante el juez. Era el racionamiento de los populares.

Solo una voz se ha alzado en este guirigay meditático; la del presidente cántabro Miguel Angel Revilla que no ve nada mal esa exhibición como parte del castigo público que merecen los delincuentes. Revilla, un populista redomado que se ha acostumbrado en los últimos tiempos a dar su opinión de todo y sobre todo, podría tener razón. Al fin y al cabo, él es un hombre de la calle y sigue el razonamiento del pueblo. Pero se equivoca en el planteamiento.

Se equivoca por que este tipo de personas que circulan hacia la Audiencia esposados no están juzgados y, mucho menos, condenados. Por lo que la presunción de inocencia, que invocan los juristas ara proteger a los procesados , debe imperar por encima de cualquier intento de linchamiento mediático. Y la Audiencia y la Policía tratar a los detenidos con la máxima corrección y deferencia.

Otra cosa sería que los detenidos fueran, al final, sometidos a juicio y que el tribunal hallara sus conductos delictivas. En ese caso, el cascarrabias ,como Revilla , añadiría a la condena establecida por el juez la pena mediática. Para escarnio público, sometería sin ningún pudor a los políticos que se lucran a costa del dinero público a la pena del telediario.