El juez Baltasar Garzón se sitúa en boca de todos. Unos porque creen haber cobrado pieza; otros porque no quieren que se abata; y otros más porque no desean situarse en el centro del huracán. Pero todos, sin excepción, hablan de Garzón. Y no parece normal el movimiento de ninguno de ellos.

No se entiende la defensa a ultranza que ha hecho este fin de semana el presidente del Gobierno que, sin embargo, se ha olvidado (puestos ya) de defender también al magistrado Eloy Velasco. Tampoco es comprensible el ataque feroz del líder de la oposición, Mariano Rajoy, y su partido contra la postura del Ejecutivo y la situación del magistrado (al que por cierto defendían con uñas y dientes cuando salió del gabinete de Felipe González e inició el proceso contra los GAL). Y mucho menos, que el CGPJ considere que se ataque a su independencia cuando se critica o se alaba a algunos de los jueces de este país y exige “máximo respeto”.

El patio está revuelto (cuándo no) y entre unos y otros acaban por confundir más que clarificar al ciudadano de a pie que lo único que tiene claro es que todo se politiza (en el sentido más peyorativo del término). Sin entrar a valorar quién se ha pasado de frenada (probablemente todos), es evidente que ninguno de ellos contribuye a serenar el debate, lo que acaba por perjudicar a las instituciones en general y contribuye a distanciar, aún más si cabe, la vida política de la ciudadana.

La triple imputación de Baltasar Garzón ante el Supremo y la defensa del juez por parte del Gobierno llevan camino de provocar una crisis institucional. Comienzan a cruzarse excesivos verbos y palabras entre unos y otros. El CGPJ exige “el máximo respeto hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales”. El consejo rechaza además las críticas que “exceden la libertad de expresión y que constituyen ataques no solamente a las personas, a los titulares del Poder Judicial, sino a la esencia de la institución en sí”, en referencia
a las acusaciones que desde Venezuela han hecho mandatarios sobre el juez Velasco que investiga los vínculos entre ETA y las FARC.

Por su parte, Mariano Rajoy asegura que el Gobierno “intenta presionar” al Supremo con su apoyo a Garzón, y se muestra contrariado por la falta de apoyo del Ejecutivo a Velasco, tras ser acusado por el ministro de Asuntos Exteriores venezolano de formar parte de “la mafia” de José María Aznar. Más lejos ha ido Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, quien ha asegurado que el magistrado “debería irse antes de que le echen”.

Y desde el otro lado, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, considera “inaceptable” que se cuestione la labor del juez de la Audiencia Nacional y de cualquier otro, pues “tienen en su hoja de servicios sobradamente acreditada su lucha contra el terrorismo y que han puesto a muchos terroristas en la cárcel”. La número tres del PSOE no entiende que “quienes en su día quisieron darle (a Garzón) el Premio Nobel de la Paz ahora intenten demonizarlo porque abre una investigación (Gürtel) que no les gusta” .

¿Qué quieren que les diga? Suelen decir que la Justicia prevalecerá y pondrá las cosas en su sitio. Pero a estas alturas uno duda, incluso, de la equidad de los jueces que van a investigar este caso. Baltsasar Garzón nunca pasa desapercibido y a estas alturas cada cual tiene una opinión muy definida sobre él. Veremos en qué acaba tanta palabrería y qué es lo que al final va a quedar claro ante la opinión pública. La pelota sólo está en un tejado y de ese tejado dependerá el veredicto de los jueces.