Hablan claro y hablan alto. Y en esta ocasión se les entiende a la primera. Pero quizá no aplican aquello del evangelio “El que esté libre de pecado….” El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que los católicos que den su voto al proyecto de ley del aborto están en situación de pecado, y se les puede negar la comunión, aunque serán absueltos si, tras confesarse, manifiestan públicamente su arrepentimiento. Así lo ha asegurado hoy Martínez Camino en una conferencia de prensa para informar de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE, que comenzó el pasado lunes y concluye hoy.

Martínez Camino ha afirmado que esta postura de la Iglesia Católica, “en todo el mundo”, no es nueva y se ha remitido a sendos documentos al respecto: una carta del entonces cardenal Joseph Ratzinger al ex presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Theodore McCarrick, de junio de 2004, y a una declaración de la CEE sobre el anteproyecto de la Ley del Aborto, de 17 de junio de 2009.

Ni monseñor Martínez Camino ni ninguno de los prelados españoles ha pedido jamás perdón por los excesos de la Iglesia, que también ha pecado en innumerables ocasiones. Solo dos ejemplos: la comunión permanente con el franquismo y la inhibición en los casos de abusos deshonestos de sus sacerdotes. Nunca he oído pedir perdón y, mucho menos, mantener una actitud tan contundente como la que ahora tienen respecto a los políticos que apoyen con su voto una ley civil.

Dirán que el cascarrabias es incongruente porque afirma defender la laicidad y, en cambio, arremete contra los obispos a la primera de cambio. No se equivoquen. Lo que hagan los obispos en su Iglesia allá ellos y sus consecuencias. Pero en este caso trasciende de lo que dicta la ley de su religión porque tratan de amedrentar a los representantes de la sociedad civil (que representan a católicos, ateos, protestantes, musulmanes, judíos o lo que sea) con las penas del infierno. Y eso, se diga como se diga, es una clara injerencia en los asuntos del César, que no de Dios.

Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy al cien por cien con la portavoz del Gobierno. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha opinado que el pecado “es un concepto que se sitúa en el ámbito de las creencias y no tiene ninguna cabida en el ordenamiento jurídico” y que corresponde al Ejecutivo legislar “sin injerencias”.

Martínez Camino recuerda que, tal y como señalaba la declaración de la CEE de junio de este año sobre el proyecto de Ley de Aborto, los católicos que aprueben y den su voto al proyecto “no están excomulgados”, pero sí en una “situación objetiva de pecado y, mientras dure esta situación, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión”. Ha agregado que se puede salir de dicha situación “confesándose y reparando públicamente el mal causado, si es que ha sido público el mal causado”.

Insisto en mi argumento inicial. ¿Han oído alguna confesión pública de los sacerdotes acusados de practicar abusos deshonestos? ¿Recuerdan haber escuchado a la Conferencia Episcopal pedir perdón públicamente por su alineamiento con la dictadura de Franco? ¿Saben de alguna excomunión que afecte a los religiosos que han vulnerado la ley de Dios y la ley civil? Entonces ¿de qué estamos hablando?