Sé que no se puede generalizar. Ni en este tema ni en ningún otro. Pero el peso de la ley debería ser especialmente demoledor y caer con estrépito sobre ese empresario que abandonó a uno de sus trabajadores a doscientos metros del hospital con un brazo amputado. Y todo porque el empleado era inmigrante y su situación no estaba regularizada.. Una máquina de amasar segó el brazo izquierdo de Franns Rilles Melgar mientras trabajaba en una panificadora. Ese inmigrante boliviano, de 33 años, estaba sin contrato, y, por ello, sin cotizar a la Seguridad Social desde octubre de 2007. Así que los responsables del negocio lo subieron en un vehículo, lo llevaron hacia el hospital Francesc de Borja de Gandia y “lo abandonaron” a 200 metros de la puerta de acceso, según ha denunciado Comisiones Obreras. Además, antes de dejarle, le recomendaron que ocultara que había sufrido un accidente laboral. Trabajaba de once de la noche a once de la mañana y cobraba por jornada 23 euros, lo que suponía un sueldo de 690 euros al mes.

Seguro que este caso no es el primero y, por desgracia, no será el último. Hasta que no se apliquen penas máximas a quienes se aprovechan de los inmigrantes y consiguen su mano de obra a precio de saldo, esto no tiene solución. No existen pruebas, pero sí constancias evidentes de que hay un mercado laboral oculto del que se beneficia la economía sumergida de nuestros país.

Una parte sustancial de ese mercado lo ocupan precisamente inmigrantes que por su situación no tienen más remedio que acogerse a los generosos sueldos que les ofrecen empresarios sin escrúpulos. Los mismos patrones que engañan al fisco con la contratación de esta mano de obra barata y sin ningún tipo de privilegios y que perjudica gravemente a los intereses del país.

Hacienda debería controlar este tipo de negocios del que todo el mundo ha oído hablar, pero que nadie se atreve a señalar o, al menos, que haga visibles los esfuerzos en la lucha contra este tipo de prácticas mafiosas. Porque, al final, no se trata más de que la explotación de unos individuos que tienen que prestarse a este juego porque tienen que comer. Y la única forma de poner coto a esas bolsas fraudulentas es conseguir los contratos de trabajo en los lugares de origen. De esa forma, se acaban las mafias que introducen ilegales en el país y la de los empresarios sin escrúpulos que los contratan a precio de saldo. Sólo la ley puede poner remedio a este despropósito.