Tenía ganas de soltar la lengua. Y todo lo que se me ocurre con este tema es que no hay derecho. Hay ley, pero no creo que la sentencia haya sido justa. Dura lex sed lex. Parece que las excavadoras se van a llevar por delante el sueño de decenas de familias que pensaron que Arnuero podía ser su paraíso. Compraron un apartamento cercano a la playa, hipotecaron sus ahorros y… van a acabar sin casa y sin dinero.

La empresa Inmobiliaria Arnuero -perteneciente a la constructora Cenavi, firma que levantó los apartamentos- acaba de culminar los trámites para poder derribar los dos primeros bloques , compuestos por 42 pisos, que en su día quedaron a medio construir en la urbanización El Encinar. La misma empresa que cometió supuestamente la ilegalidad y embarcó a esas 42 familias en esta aventura, se beneficia ahora de la sentencia que ordena su derribo.

Pero aquí ni sufre el alcalde que permitió la construcción, ni la empresa que levantó las casas ni los intermediarios que las vendieron. Los que cargan con la cruz son los pobres desgraciados que las compraron. Los ahorros de su vida los invirtieron en una pequeña propiedad sin saber que un delito ecológico condenaba su sueño al derribo.

Se ha hablado mucho del tema. Pero nadie ha justificado por qué tienen que pagar los daños las familias que compraron las viviendas. El mal estaba hecho y ellos eran ajenos. En todo caso fue el constructor quien se cargó la arboleda y el Ayuntamiento quien consintió el derribo. ¿El hecho de que se destruyan las casas va a devolver el esplendor al antiguo encinar? ¿Y dónde está el alcalde y la corporación que permitió esa tropelía? Los constructores ya conocemos lo que van a hacer: van a derribar lo que se construyó ilegalmente, según la Justicia.