Estaba cantado que habría escenas indigestas en el tortuoso proceso de la ‘Trattativa’, el histórico juicio sobre los presuntos pactos secretos entre el Estado italiano y la cúpula de la Mafia siciliana en los noventa. Se ha armado un gran lío cuando le ha tocado prestar declaración al presidente de la República, Giorgio Napolitano. Aunque se ha resistido, el jefe de Estado al final deberá responder preguntas el 28 de octubre, aunque gracias a sus privilegios lo hará en su despacho a puerta cerrada. Todo bien hasta que Totó Riina, el más sanguinario capo de Cosa Nostra, y su lugarteniente Leoluca Bagarella, pidieron estar presentes, derecho que les corresponde como imputados. Sería en videoconferencia pero la sola idea de que los dos capos entraran, virtualmente, en el palacio del Quirinale, sede de la presidencia de la República, y pasaran el rato de tú a tú con el jefe de Estado ha creado una enorme polémica. Más aún cuando la Fiscalía se mostró a favor el martes pasado. Al final el tribunal rechazó el jueves la solicitud y salvó las apariencias.

Lo cierto es que esta escandalosa imagen de contigüidad entre las altas esferas y la cúpula mafiosa es la que ofrece el mismo proceso, ahora sólo se hacía mucho más nítida. Se sientan en el banquillo grandes capos de los Corleoneses, amos absolutos de Cosa Nostra desde los ochenta, y varios altos cargos de gobiernos pasados y de las fuerzas de seguridad. Según la acusación, distintos interlocutores, y también Marcello Dell’Utri, mano derecha de Silvio Berlusconi que entonces entró en política, entablaron negociaciones en medio del pánico institucional de 1992 y 1993 para intentar parar los grandes atentados de Cosa Nostra. A cambio, la Mafia habría obtenido concesiones penitenciarias. De hecho en dos años se sacó a más de 800 reclusos mafiosos del régimen duro de aislamiento.

Napolitano tiene qué explicar si sabía algo de estos tejemanejes, pues todo un exministro de Interior, Nicola Mancino, también imputado, llamó alarmado al Quirinale durante la instrucción del caso, entre 2011 y 2012. En unas conversaciones grabadas entre Mancino y un hombre de confianza de Napolitano, Loris D’Ambrosio, el exministro pedía ayuda para que le salvaran del proceso. Al final logró hablar cuatro veces con el presidente de la República. No se sabe qué se dijeron, porque el tribunal impidió el uso de la grabación, por la inmunidad del jefe de Estado. Pero sí se divulgaron en la prensa las llamadas con D’Ambrosio, que no soportó la presión y falleció de un ataque al corazón en 2012. Antes de morir D’Ambrosio escribió una carta a Napolitano en la que lamentaba haber sido “un escudo de indecibles acuerdos”. Sobre qué quería decir le preguntarán a Napolitano el 28 de octubre, aunque ya ha adelantado que no tiene gran cosa que declarar. Mancino, por su parte, también había pedido estar presente en el interrogatorio, como Riina y Bagarella (Riina, foto de arriba; Bagarella, abajo, más antigua).

Las sombras y presiones sobre el juicio, que le rodean desde el primer día y que no parten sólo de la Mafia, sino también del otro lado, no dejan de aumentar. De entrada, como argumentó la Fiscalía, rechazar la videoconferencia de los dos capos en el Quirinale puede ser objeto de un recurso en el futuro ante el Supremo, por vulneración del derecho a la defensa, que tumbe todo el proceso al cabo de unos años por vicios formales. Más inquietantes son las amenazas al fiscal general de Palermo, Roberto Scarpinato. El mes pasado alguien entró en su despacho, teóricamente protegido con grandes medidas de seguridad, y dejó una carta con amenazas de muerte, dándole detalles muy reservados de su vida privada. Cuando la Policía buscó las imágenes de vídeo de la vigilancia habían sido borradas. Scarpinato, Nino Di Matteo y el resto de fiscales, raramente reciben muestras de solidaridad oficial y sufren un total aislamiento institucional.

(Publicado en El Correo)