El continuo aplazamiento de decisiones sobre la inmigración que tenían que haberse tomando hace años ha llevado a que, ante la emergencia, cada país de la UE empiece a ir por libre. A pequeña escala el caos europeo se ve esta semana en la frontera entre Italia y Francia en Ventimiglia, al borde del Mediterráneo. Los gendarmes de la aduana están mandando de vuelta a todos aquellos extranjeros, de origen africano o asiático, que no tienen los papeles en regla. Es decir, han tapado el coladero.

Unos trescientos africanos, entre ellos mujeres y niños, se han acampado esta semana en los parques de Ventimiglia y hasta en los escollos de la orilla del mar. Ayer fueron desalojados a la fuerza por la Policía. El Gobierno de centroizquierda de Matteo Renzi, que debe lidiar con un problema de imagen y orden público, un maná para los partidos populistas y de extrema derecha, ha acusado a Francia de no respetar el Tratado de Schengen, la libre circulación de personas dentro de la UE. Pero Francia, que a su vez ha evacuado estos días dos campamentos de extranjeros en el centro de París, replicó a su vez que el Gobierno de Roma no cumple su deber de identificación y control de los inmigrantes irregulares.

La tensión se ha disparado muy rápido, con declaraciones ácidas, sobre todo ante la certeza de que esto va para largo. El plan de la Comisión para redistribuir por la UE a 40.000 eritreos y sirios acogidos por Italia y Grecia sigue empantanado, porque muchos países rechazan un sistema de reparto de cuotas. Era para ya, para julio, porque se acordó en abril en el clima emotivo del gran naufragio de ese mes con 800 muertos, pero ahora parece que se retrasa hasta septiembre.

Los ministros de Interior comunitarios reunidos ayer no decidieron nada, como estaba previsto, y todo queda pendiente para la cumbre de jefes de Gobierno del 25 y 26 de junio. Se apunta a pactar al menos una distribución de base voluntaria, no obligatoria, para que este asunto no termine en un nuevo fracaso europeo. Al mismo tiempo se intentan potenciar las repatriaciones de aquellas personas que no tendrían derecho a asilo y emigran, como se dice en la UE, “solo por razones económicas”. Italia sólo ejecuta realmente al 20,9% de las órdenes de expulsión que emite contra extranjeros en situación irregular y de ahí la desconfianza del resto de socios europeos. Aunque Francia está más o menos igual y la media comunitaria es del 40%.

En el cruce de chulerías con el Gobierno francés Renzi ha dicho de forma intimidatoria que tiene “un plan B, en el que Italia actuará sola, si Europa no elige el camino de la solidaridad”. Consiste esencialmente en ponerse tontos. Por ejemplo, Italia dejaría pasar a todos los inmigrantes con un permiso provisional para que circulen por la UE. Incluso se plantea rechazar el desembarco de aquellos extrtanjeros rescatados en aguas internacionales por naves de otros países europeos, con el pretexto de que deben pedir asilo en esos estados, pues el buque ya se considera territorio nacional. Seguramente es un farol para presionar para una solución, pero denota cómo está el patio.

Hasta ahora miles de inmigrantes desembarcan en Italia desde Libia y tras abandonar los centros de acogida viajan por Europa hasta los países del norte, su verdadera meta. La semana pasada Alemania cerró sus fronteras por la cumbre del G-7 en Baviera y este flujo subterráneo se colapsó y se hizo visible. Cientos de africanos quedaron atascados en las grandes estaciones de tren italianas, en Roma y Milán, y también en Bolzano, en la frontera con Austria, a la espera de que se abrieran de nuevo las puertas. Ahora Francia ha hecho casi lo mismo pero sin ninguna excusa, a las claras. Es más, el Ejecutivo de París afirma que desde el inicio del año ha rechazado 6.000 extranjeros en situación irregular de un total de 8.000 que intentaban entrar desde Italia.

En este panorama de confusión lo más claro son los números, y algo habrá que hacer. En lo que va de año, hasta ayer, han desembarcado en Italia 57.000 personas,  que ya son 3.000 más que el año pasado a estas alturas, cuando la cifra final llegó a 170.000. El 60% han solicitado asilo. En Italia ya hay 80.000 personas alojadas en centros de residencia, esperando respuesta a su petición de asilo. A veces esperan hasta dos años. Pero se calcula que otros 50.000 han desaparecido. Es decir, han preferido largarse a Europa. Según el Tratado de Dublín se debe pedir asilo en el primer país europeo que se pisa, pero muchos extranjeros no quieren hacerlo en Italia, sino en países más ricos y con mejor asistencia. Por eso en Ventimiglia y en las estaciones de tren la mayoría son eritreos, somalíes, sirios, sudaneses… Gente que huye de guerras o regímenes tiránicos, refugiados con todas las letras.

(Publicado en El Correo)