La Mafia siciliana siempre ha tenido una relación inconfensable y subterránea con el Estado italiano que raramente sale a la luz, y por eso el proceso que se abrió el lunes en Palermo es histórico: por primera vez se sientan en el mismo banquillo la cúpula de Cosa Nostra en los noventa, el sanguinario clan de los Corleoneses de Totó Riina, y altas autoridades del Estado de aquella época. Doce personas acusadas de una ‘trattativa’, una negociación en medio de la terrible  ‘guerra al Estado’ emprendida por la Mafia de 1992 a 1994.

En medio de amenazas de muerte a los fiscales, el juicio será tenso y durará una eternidad. Quizá al final se quede en nada, como suele pasar en Italia, pero puede revelar mucha información, útil para que al menos la prensa, la gente y los historiadores se hagan una idea de la verdad. La judicial en es este país es extremadamente difícil. La avalancha de peticiones de la primera vista para constituirse como parte civil, que obligó a aplazar la vista al viernes, refleja el interés ciudadano por el proceso. Eran de 13 asociaciones e instituciones, que se sumarían a las diez ya registradas.

La ‘trattativa’ fue un diálogo oculto impulsado desde la instituciones tanto por intereses personales -políticos juzgados como ‘traidores’ por la Mafia que pretendían salvar la vida- como generales: parar como fuera una oleada de atentados que puso el país contra las cuerdas, del asesinato de los jueces Falcone y Borsellino a ataques al patrimonio en Florencia y Roma. A cambio, los capos exigían concesiones que efectivamente luego fueron logrando, como la mejora del régimen duro penitenciario, el cierre de las prisiones de alta seguridad y la revisión de la ley de ‘arrepentidos’.

Las conversaciones nacieron tras el pánico que desató en marzo de 1992 el asesinato del democristiano Salvo Lima, político de referencia de la Mafia en Sicilia y brazo de Giulio Andreotti en la isla. Se rompió la baraja de un pacto de décadas. Cosa Nostra reaccionó así a la sentencia del histórico ‘maxiproceso’ de Falcone, que por primera vez logró condenar a decenas de mafiosos. La Mafia sintió que sus cómplices políticos le habían fallado, por no impedir la sentencia, y muchos se sintieron condenados. “Se han cagado”, dijo Riina a los suyos al anunciar que le habían contactado.

La negociación fue cambiando de protagonistas en ambos bandos y se desarrolló en tres fases. Empezó con los Carabinieri, siguió con un Gobierno de centro-izquierda y, en la fase con más implicaciones en este momento, terminó con la mano derecha de Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, ya condenado a siete años por sus relaciones mafiosas y por ser su mediador con Cosa Nostra durante décadas. Porque fue en aquel momento cuando Berlusconi entraba en política, con las elecciones de marzo de 1994, y Dell’Utri, uno de los imputados, habría buscado el apoyo de la Mafia. Cosa Nostra, por su parte, también quería un nuevo padrino político tras el derrumbe de democristianos y socialistas con el escándalo de corrupción de ‘Manos Limpias’.

Lo cierto es que Berlusconi no hizo nada por la Mafia en su primer Ejecutivo, que duró siete meses, pero desde enero de 1994 la Mafia se replegó. En gran parte por la captura de Riina y sus lugartenientes, y el paso del poder a Bernardo Provenzano, partidario de una línea silenciosa. Una de las tesis de esta negociación es que vendió a Riina a cambio de su inmunidad. Desde luego no fue detenido hasta 2006 y varias veces se frustró de forma incomprensible su captura. Precisamente en uno de los juicios por estas cosas raras el fiscal pidió la semana pasada nueve años para el general Mario Mori, por haberle dejado escapar cuando lo tenía delante de sus narices en 1995 en Mezzojuso, en la campiña siciliana. Mori también está imputado en este proceso, como veremos ahora. Aquello, según el fiscal, ya fue parte de los pactos. Por otro lado lo cierto es que desde 1994 los sucesivos gobiernos de izquierda y derecha fueron aligerando las leyes contra la Mafia.

La posible complicidad de miembros las instituciones es amplísima, de quien colaboró a quien supo algo y se calló. Sus implicaciones llegan hasta hoy. Por ejemplo, entre los 176 testigos, de exministros a exjefes de Estado, está el actual presidente, Giorgio Napolitano, a quien un asesor, Loris D’Ambrosio, refirió en 2012 “acuerdos indecibles”. En uno de los muchos aspectos polémicos del proceso, D’Ambrosio recibió numerosas llamadas de uno de los imputados, el exministro de Interior, Nicola Mancino, que pedía qeu le echaran una mano para parar a los magistrados. Se sabe porque Mancino tenía el teléfono pinchado. Cuando sus conversaciones se filtraron a la prensa se armó un gran escándalo y era tal la presión que soportó que al cabo de un mes D’Ambrosio, de 64 años, murió de un infarto. Lo grave es que Mancino llegó a hablar cuatro veces con Napolitano y también fueron grabados, pero al salir el asunto a la luz el jefe de Estado se dirigió al Tribunal Consitucional por una presunta violación de sus prerrogativas y logró la destrucción de la prueba.

Mancino fue uno de los pocos en acudir a la primera vista (foto de arriba), junto al general Antonio Subranni, responsable en los noventa del grupo de operaciones especiales (ROS) de los Carabinieri. Habría autorizado la negociación a los oficiales Mario Mori y Giuseppe De Donno, también imputados, a través del exalcalde mafioso de Palermo, Vito Ciancimino, ya fallecido. Por eso está en el banquillo su hijo y secretario, Massimo Ciancimino, un personaje ambiguo y decisivo que con sus revelaciones ha arrojado luz desde 2010 sobre este y otros muchos asuntos sucios. Hay otro exministro imputado, con procedimiento abreviado por petición propia: Calogero Mannino, que para los fiscales fue uno de los primeros en moverse para buscar pactos pues se veía el primero en la lista de quienes asesinaría Cosa Nostra. Y en efecto así, era, como han revelado luego algunos ‘arrepentidos’.

Por parte mafiosa en el juicio estaban conectados en videoconferencia desde prisión Totó Riina y tres de sus hombres: Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca y Antonino Cinà. “No quiero ser procesado con los mafiosos”, dijo indignado Mancino, que pedirá que se le juzgue por separado. Lo que puedan decir estos capos es uno de los grandes motivos de expectación del juicio. Salvo Brusca, el hombre que apretó el botón de la bomba que acabó con Falcone y ya ‘arrepentido’, los demás nunca han abierto la boca.

Pero el gran ausente es el último capo, Bernardo Provenzano, otro asunto muy controvertido. Estaba entre los imputados pero, por una de esas extrañas casualidades de Italia, empezó a tener problemas de salud en la cárcel a partir de mayo de 2012, cuando confió a dos parlamentarios de visita que quizá podría colaborar con la Justicia. Es decir, contar todo lo que sabe, y se supone que pueden temblar los cimientos de la República. De repente empezó a sufrir caídas, tuvo un presunto intento de suicidio con una bolsa de plástico -aunque no se sabe de dónde salió en una celda de alta seguridad- y acabó ingresado en diciembre con un hematoma cerebral. Quedó en coma. Su estado es muy delicado y los peritos al final determinaron que no está en condiciones de declarar. En julio volverán a examinarle a ver si es posible recuperar su testimonio en el juicio. Un escalofriante vídeo filtrado la semana pasada por el abogado de Provenzano al programa ‘Servizio Pubblico’, de Michele Santoro, le mostraba en un coloquio en prisión con sus hijos, el pasado mes de diciembre. Era un hombre acabado incapaz de hilar dos frases con sentido, demacrado físicamente, con moratones en la cabeza y que decía haber recibido “leñazos”.

Hoy han arrestado y metido en prisión a Massimo Ciancimino por evasión fiscal, aunque es una investigación abierta en 2009.  Esta es la opinión de Salvatore Borsellino, el hermano del célebre juez asesinado por la Mafia en 1992: “Es un arresto extraño, justo ahora que empieza el juicio de la ‘trattativa’ y temo por su vida. Le aconsejo hacerse un certificado médico que diga que está bien de salud y con un corazón robusto, dejar escrito que no tiene ninguna intención de suicidarse y no beber café”. Los veteranos de asuntos italianos ya saben que se refiere a esa gran tradición de misteriosas muertes en la cárcel con café envenenado de mafiosos que amenazaban con hablar, como Gaspare Pisciotta en 1954 (caso Portella della Ginestra y Salvatore Giuliano) o Michele Sindona en 1986 (caso Calvi, quiebra del banco Ambrosiano y finanzas vaticanas).

Y esto es solo el principio.