Ya no hay grandeza política. Se ataca a la Transición como una época perdida, diluida en la exigencia que parece otorgar la madurez democrática de un país que hace aguas,  a pesar de que si algo caracterizó a los políticos de esos tiempos de negociaciones es la asunción de la responsabilidad. El compromiso por el interés público, la obligación moral por conseguir un pacto beneficioso para todos o la capacidad para admitir las ideas del otro en aras del bien común son desechadas por la estrategia de los resultados electorales a corto plazo. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, aunque nuestros políticos se empeñen en conseguirlo.

Ahora inauguramos una nueva estrategia política para oscurecer la satisfacción de la deuda contraída con los ciudadanos a través de los comités de sabios, como el que ha realizado el último informe sobre las pensiones. Con esta maniobra se ha manipulado la petición popular de transparencia con una actuación en la que se diluyen las responsabilidades y se hurta buena parte del debate ideológico.  Siempre ha habido expertos que han ‘aconsejado’ a la hora de hacer cambios normativos o se han realizado los denominados ‘libros blancos‘  para ayudar a la toma de decisiones. En esta ocasión se ha pasado de la exigencia por un registro de lobbys a sentarlos en la mesa para que marquen las líneas rojas de la labor legislativa.

El comité de sabios de las pensiones lo forman 12 expertos independientes elegidos por los agentes sociales, pero la realidad es que ocho tienen relación con aseguradoras privadas o entidades financieras. En solo tres meses -se reúnen desde el pasado 10 de abril a instancias de la ministra de Trabajo, Fátima Bañez- han elaborado un informe final que  introduce dos elementos de corrección del factor de sostenibilidad -mecanismo de ajuste automático de las pensiones-  en función de la esperanza de vida y de los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social y recomiendan al Gobierno que lo aplique entre 2014 y 2019. En definitiva, las pensiones públicas bajarán o, como mínimo, se congelarán porque los expertos así lo han explicitado.

En teoría, ahora llega el momento de la política en el entorno del Pacto de Toledo pero, cuál es el debate posible si el documento final de los sabios viene con el aval de los representantes elegidos por PP, PSOE, CiU, CEOE y el sindicato CCOO.  Solo votó en contra Santos Ruesga, uno de los dos expertos propuesto por los socialistas. UGT se negó a mandar a su respectivo ‘sabio’.  La decisión política que asumirá el Gobierno está amparada por el comité de expertos, la responsabilidad será de los sabios. La política se restringirá en un campo ya marcado y al intercambio de improperios. Los ciudadanos asumirán las consecuencias. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya ha anunciado la creación de un grupo de  expertos independientes para asesorar al Gobierno en la reforma de todos los impuestos. Adiós a la responsabilidad política, es el momento de los ‘sabios’.

Enrique Tierno Galván

La memoria de las personas es demasiado débil. Parece que nadie recuerda los motivos de la dimisión del presidente del Consejo General Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, hace solo seis meses. El magistrado se había gastado 28.000 euros del erario público con difícil justificación en 32 viajes de largos fines de semana. Tras una larga agonía por la defensa de su honorabilidad, Dívar terminó dejando el cargo ante el abandono del apoyo de sus colegas de carrera judicial y la aparición de nuevas pruebas de sus escapadas.

Lo ocurrido con Dívar tenía que ser el ejemplo a seguir por los servidores públicos. Los jueces se pusieron manos a la obra y el pleno del  CGPJ aprobó por unanimidad dar cuenta de su actividad “colectiva o individual” ante las Cortes Generales y el Tribunal de Cuentas. Los políticos no se han dado por aludidos.

La semana pasada saltó una noticia que pasó desapercibida entre la maraña de  informaciones. El Congreso publicará la  actividad internacional de los diputados, sus viajes, pero no ofrecerá información sobre el coste de los desplazamientos. Hoy empieza a funcionar la página donde se recoge toda la información de los viajes de su señorías. Las directrices aprobadas marcan que se “cubre los gastos de transporte (billete aéreo, tren, etc.) del desplazamiento autorizado, de hotel (en régimen de alojamiento y desayuno y las dietas (que tienen por finalidad cubrir los gastos de traslado al aeropuerto, almuerzos y cenas)”,  respecto a los vuelos “se realizan siempre, con independencia del destino, en clase preferente, salvo que la compañía aérea no disponga de esta clase” y en cuanto al alojamiento: “las habitaciones que se reservan serán dobles para uso individual”. ¿Excesivo?

El Congreso de los Diputados./ EFE

La medida choca con la transparencia que ofrecen las cámaras de otros países: El Parlamento británico está haciendo públicos buena parte de la documentación relativa a los diputados y ya se puede conocer los gastos de viajes de 2008 a 2010. Mucho más completa y actualizada es la documentación de los gastos de viaje de los parlamentarios  del Congreso de los Estados Unidos, un gran ejemplo de cómo debe ser la transparencia institucional de los servidores públicos.

El coste de los viajes de los diputados no está entre los supuestos de los Límites al derecho de acceso del Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012, por lo que la negativa a informar sobre este punto solo es una muestra del intento de la clase política por mantener unos privilegios frente a los ciudadanos que les pagamos los viajes. No hemos aprendido nada del ‘Caso Divar’.