Mariano Rajoy, sentado en el centro, con María Dolores de Cospedal y Javier Arenas durante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Reuters / Juan Medina

La semana de Pasión del Partido Popular ha terminado con una penitencia de silencio. Lo que eran rumores interesados, ataques subterráneos, movimientos en la oscuridad, desavenencias encendidas, puñaladas traperas, cuentas pendientes, venganzas aplazadas y muchos otros quehaceres de la vida del partido han vuelto a quedar tras el velo del homenaje público a la hipocresía en formato de Junta Directiva Nacional.

María Dolores de Cospedal lo ha vuelto a conseguir. La secretaria general del PP ha logrado una vez más que los movimientos de sus rivales en su contra se apaguen con un acto de ratificación de la unidad partidista. Ya lo consiguió tras su esperpéntica explicación de la retribución del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que generó una marejada interna potenciada por las críticas a su incapacidad para gestionar el partido. Entonces el acto se denominó ‘Juntos salimos’  y acabó como terminan los pecados de un pariente en una familia tradicional: ocultos tras el silencio cómplice por el bien del clan.

En este caso ha sido la contundente derrota del PP en Andalucía la llama que ha provocado la explosión de descontento. El primer asalto fue la designación del candidato andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, por parte de Javier Arenas, vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales, y respaldado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, los dos principales enemigos de Cospedal. El segundo asalto consistió en la propagación interesada de un runrún con amplificación mediática que revertía las culpas de la derrota sobre la secretaria general del PP. Cospedal forzó un tercer asalto: contraatacó y venció provocando la ruidosa tormenta de la enésima crisis interna del partido.

La victoria de Cospedal es transitoria, como las anteriores que ha conseguido la secretaria general del PP. Entre otras cosas porque lo que se está diseñando a base de navajazos y zancadillas es el Partido Popular posRajoy. Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo volverán a ser una prueba de fuego para comprobar la consistencia de las costuras de una formación política en decadencia.

En la Junta Directiva Nacional Mariano Rajoy ha vuelto a insistir en la llamada a la conversión y a la corrección.  Ante los pecados de avaricia, envidia, soberbia e ira que dominan la vida partidaria, los barones del PP no han optado por un acto de contrición sino por uno de atrición, es decir,  no hay arrepentimiento por amor al líder sino por el temor a las consecuencias de la ofensa cometida ante unas elecciones que ya de por sí no prometen buenos resultados en las encuestas.

Y mientras, el preferido por los barones, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, convierte en estrategia la frase de Calderón de la Barca: “Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar”.

La presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre (d), junto a la candidata a la Presidencia de la Comunidad, Cristina Cifuentes (i). EFE/Juan Carlos Hidalgo

En este año declarado como el más electoral de la democracia española el Partido Popular inicio su andadura respecto a Ciudadanos pivotando entre el ridículo del portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, al llamar Naranjito a la formación de Albert Rivera por el color del logotipo, al episodio grotesco de Juan Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral del PP, incapaz de pronunciar correctamente el nombre del partido en catalán (‘Siudatans’, en lugar del correcto Ciutadans) y las posteriores explicaciones al respecto.

Ante tal cúmulo de despropósitos que solo son explicables por  la prepotencia, la falta de conexión con la realidad y la torpeza, solo sería razonable un cambio radical de postura. Sin embargo, los avezados estrategas del partido gobernante en Moncloa optaron por potenciar el rechazo a los orígenes catalanes de Ciudadanos en los comicios andaluces. Con una campaña  vergonzante, en la que el Partido Popular utilizó un argumentario cercano al racismo para atacar a Ciudadanos por ser catalán [la frase “no me gusta que en Andalucía se mande desde Cataluña, no quiero que en Andalucía mande un partido que se llama Ciutadans, que tiene un presidente que se llama Albert” pasará a la historia del oprobio político español] los votantes andaluces respondieron dándole un duro castigo a los populares y convirtiendo a Ciudadanos en una seria alternativa.

Tras años de ser al única alternativa que aglutinaba a todo el centro derecha, hoy el Partido Popular se enfrenta a un tiempo nuevo en política. Una buena parte de sus votantes están hartos de promesas incumplidas y casos de corrupción rampantes como Gürtel o Bárcenas, cansados de la ineptitud y la falta de ilusión que caracterizan y generan a una clase política acostumbrada a cotas de poder por ser la única opción. Frente a la fragmentación de la izquierda, Ciudadanos aparece como una elección nueva y joven frente a la vieja y antigua del PP.

Son tiempos políticos en los que los votos se ganan a partir del afecto de la gente o la ira. Los discursos emocionales tiene mayor fuerza en los políticos que representan un cambio social, una expectativa real de renovación. En este punto, Albert Rivera ha conseguido generar una alternativa que construye sobre la crítica a los partidos tradicionales, a los que culpa de la parálisis que impide avanzar al país.

Ante esta situación el Partido Popular ha optado por cambiar totalmente de estrategia. Lo que antes eran insultos o desprecio ahora se ha tornado en una estrategia envolvente. En menos de una semana los dirigentes del PP se empeñan en redefinir a Ciudadanos como una versión joven del Partido Popular. La delegada del Gobierno en Madrid y candidata a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha insistido en que existen “muchas coincidencias de programa” entre el PP y Ciudadanos. La presidenta del PP madrileño y candidata a la alcaldía de la capital de España, Esperanza Aguirre, no ha tardado en decir : “Me gustaría muchísimo que Ciudadanos estuviera en el PP“. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha ido más allá y tras admitir que fue un error “no considerar o despreciar” a Ciudadanos, les ha lanzado la posibilidad de pactar “si quieren jugar en el centro político, en la centralidad”.

No solo son declaraciones. El Partido Popular salió inmediatamente a copiar algunas medidas que habían propuesto Luis Garicano o Manuel Conthe,  fichajes de Ciudadanos para realizar su programa económico, como la Ley de Segunda Oportunidad  o el cheque formación. Esta iniciativa del Partido Popular es de manual de estrategia política: el que va primero copia al segundo para anularlo, están tratando de hacer ver al votante que Ciudadanos es una versión del Partido Popular para posteriormente pedir el voto para la opción ‘verdadera’ de centro derecha. Los populares buscan también eliminar la distinción con la que se trata de autocaracterizar la formación de Rivera en su discurso de eliminación de ideologías y definirse como lo innovador frente a lo caduco.  “En el PP estamos todos los que nos sentimos a la derecha de la izquierda. Ahora hay nuevos proyectos y me gustaría que todos volviéramos a converger en ese gran partido abierto a todos los que no se sienten de izquierdas”, ha declarado Aguirre. Del desprecio al abrazo del oso.

Plauto

La sede del PP en la calle Génova de Madrid. / Reuters

18 años. El juez Pablo Ruz acredita en un auto que el Partido Popular mantuvo durante 18 años una contabilidad en dinero negro. Las consecuencias políticas en un país normal del entorno europeo hubieran sido dimisiones en cascada. En España, no ha pasado nada. La escueta respuesta de los dirigentes populares es que esa información ya era conocida y descargar las responsabilidades en el exgerente y extesorero Luis Bárcenas. Para buena parte de los políticos del Partido Popular en Génova la asunción de responsabilidades o la rendición de cuentas son conceptos éticos fuera de su ámbito de actuación a pesar de el juez apunta que el sistema de contabilidad “B” o paralela llevado a cabo por el gerente y tesorero del Partido Popular determinaba que los fondos económicos que ilegalmente habrían sido recibidos, con absoluta falta de transparencia y sin cumplir con la legislación vigente para el pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el Partido; el pago de gastos generados en campañas electorales; el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido o relacionados con su actividad; así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del Partido, por lo que se podría habar de la comisión de presuntos delitos de falsedad contable,  presuntos delitos electorales y un un presunto delito contra la Hacienda Pública .  En las 190 páginas del auto de Ruz hay párrafos para el sonrojo:

FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENAS AL CIRCUITO ECONÓMICO LEGAL
“De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política PARTIDO POPULAR (PP), desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase, durante el periodo temporal objeto de investigación y en los términos que posteriormente se concretarán, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el Partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o “Cajas B” –denominación indiciaria atribuida por no aparecer asentados lo pagos que integrarían las mismas en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública-“.

CONTABILIDAD PARALELA O CAJA B NUTRIDA DE DONATIVOS
“Bajo dicho marco de actuación, de lo instruido aparece indiciariamente acreditada la llevanza por parte del imputado Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, prevaliéndose al efecto de sus cargos de Gerente y Tesorero de la formación política PARTIDO POPULAR (PP) -puestos que ocupó desde el año 1990 hasta el 2009-, junto con el imputado Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO (quien fuera tesorero del Partido Popular desde el año 1993 hasta el año 2008) de una contabilidad paralela o “Caja B” del referido Partido político entre los años 1990 a 2008, que se habría nutrido de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial, y que, de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, habría sido destinada, al menos, a los siguientes fines: a) al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el Partido; b) al pago de gastos generados en campañas electorales; c) al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido o relacionados con su actividad; d) así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del Partido, en los términos que posteriormente se concretarán”.

VULNERACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
“Consta indiciariamente acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular que funcionó al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas, y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos (constituida en el periodo de referencia por la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, que fue posteriormente derogada por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, con entrada en vigor el 6 de julio de 2007), siendo efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas“.

DINERO EN EFECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
[Bárcenas y Lapuerta] “Ambos recibían dinero en efectivo por parte de diversas personas físicas, vinculadas a sociedades del sector de la construcción, en su mayoría, adjudicatarias de contratos públicos, el cual era considerado como aportaciones o donaciones realizadas por los mismos que hacían entrega de la cantidad en efectivo, y de forma personal. Parte de este dinero tenía entrada en la caja B del Partido, y se registraba en la contabilidad paralela“.

INGRESOS FRACCIONADOS PARA CUMPLIR LO LEGALMENTE PERMITIDO
“Este dinero era ingresado en efectivo, fraccionando las cantidades en tantos abonos como fuesen necesarios para no superar la cuantía de 10.000.000 de pesetas o 60.000,00€, límite máximo anual inicialmente establecido por Ley como aportación privada por donante y que a partir del 6.07.07 se situaría en los 100.000 euros. Así, de la instrucción practicada se constata, una vez observadas las fechas de los referidos ingresos, cómo en un mismo día se podían realizar varias operaciones de ingresos fraccionadas, resultando la suma de todas ellas de un importe superior al legalmente permitido”…. “entre los años 2002 y 2007 se registran diferentes salidas de fondos, procedentes de la contabilidad paralela o “caja B” del Partido hacia la cuentas bancarias de la formación política en las entidades de crédito Banco de Vitoria y Banco Popular, destinadas exclusivamente al ingreso de las donaciones percibidas entre los años antes referidos (2002-2007)”…  “se formalizarían a través de quince operaciones por importes cuya cuantía oscila entre 5.395€ y 206.900€, siendo nueve de ellas superiores al límite de 60.000€ (10.000.000 pesetas) impuesto por el artículo 5.3.b de la Ley Orgánica 3/1987 de Financiación de los Partidos Políticos”.

PRÁCTICAS PARA ELUDIR EL CONTROL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
“A partir de los catorce movimientos de fondos expuestos, la existencia de una actuación persistente en el tiempo, mediante la cual 33 donaciones nominativas anotadas en los registros contables opacos a cargo de los imputados Sres. Bárcenas y Lapuerta, veintiuna de las cuáles superaban el umbral de 60.000€, a través de la dinámica antes descrita quedaron transformadas en ingresos diluidos en la cuenta de donativos anónimos, al objeto de permitir la elusión por la formación política del control por el Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento los límites máximos de aportación impuestos por la normativa reguladora de la financiación de los partidos políticos entonces vigente, así como sobre la eventual vinculación de los donantes con empresas privadas que mantuvieren contratos vigentes con las Administraciones Públicas”.

PAGO CON LA CAJA B A EMPLEADOS DEL PARTIDO
“Sin perjuicio del conjunto de aplicaciones registradas en los soportes contables opacos objeto de investigación, que aparecen reproducidas durante todo el periodo de tiempo comprendido entre 1990 y 2008, en la instrucción ha quedado indiciariamente acreditada la percepción de cantidades procedentes de la “Caja B” de la formación política por parte de personas empleadas o vinculadas al Partido”.

PAGO EN B DE LA CAMPAÑA DE LUIS BÁRCENAS AL SENADO
“Tales aportaciones económicas procedentes de la “Caja B” llevada en la Sede Central de la formación tuvieron por destino los correspondientes ingresos en cuenta oficial de donativos regional, como ocurrió en el caso de las entregas para ayudar a financiar la campaña electoral del propio Luis Bárcenas Gutiérrez como cabeza de lista al Senado por Cantabria”.

APORTACIONES EN B PARA CAMPAÑAS ELECTORALES
“Los movimientos señalados anteriormente aparecerían indiciariamente vinculados a aportaciones para las campañas electorales en los siguientes procesos electorales, a partir de las fechas y datos registrados en la contabilidad opaca: elecciones catalanas el 16/11/2003; generales y andaluzas el 14/03/2004; europeas en junio de 2004, y generales y andaluzas el 09/03/2008“.

PAGO EN NEGRO DE LA COMPRA Y REFORMA DE SEDES DEL PP
“Sin perjuicio de las aplicaciones de fondos de la caja B del Partido Popular que serían empleadas para el pago de una importante parte de las obras de reforma de la sede principal de la formación política, sita en la calle Génova 13 de 42 Madrid, ejecutadas por la empresa UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L. entre 2005 y 2010 –que por su extensión y desarrollo será objeto de un apartado específico seguidamente-, la instrucción practicada ha permitido constatar indiciariamente la aplicación de distintos fondos ajenos al circuito económico legal, controlados por Luis Bárcenas y Álvaro De Lapuerta, para el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido, pudiendo mencionarse, entre las indiciariamente acreditadas, las siguientes corrientes monetarias:  Operaciones relativas al pago de las cuotas de la hipoteca por la compra y la reforma de la sede regional de Vizcaya (años 1999-2005)“… “Operaciones relativas a la adquisición de la nueva sede del Partido Popular de La Rioja (año 2008)“.

OTROS PAGOS CON DINERO B
“Aplicaciones a que habrían sido destinados los fondos integrantes de la Caja “B” del Partido, se encontrarían, al menos, las siguientes, destinadas en su mayor parte a satisfacer determinados servicios girados a favor de la formación política, sin el correlativo reflejo en la contabilidad de la Sede Central del PP, y que además de resultar consignadas en los soportes contables opacos por parte de Luis Bárcenas, resultan indiciariamente corroboradas por los soportes documentales aportados por el mismo a la instrucción:
– Pago de 170.000 pesetas en enero de 1992 a presentadora de televisión por participación en acto electoral del Partido.
– Pagos por importe conjunto de 2.800.000 pesetas, en los meses de marzo y mayo de 1992, a catedrático por la confección de estudios políticos para el Partido.
– Pago parcial de dictamen de abogado, en el mes de junio 1992, por importe de 3.000.000 ptas.
– Pago de 2.000.000 ptas por servicios facturados por el Instituto de Estudios Sociales, SRL, en septiembre de 1992.
– Pago de 400.000 ptas, documentado en dos recibos girados por la notaría de Francisco Lucas Fernández en el mes de octubre de 1992, por importe cada uno de 200.000 ptas, por gastos de notaría, impuestos e inscripción en el Registro de la Propiedad de las sociedades Vídeo Soluciones S.A. y Ediciones Cono Sur S.A”.

SIN TRIBUTAR EL IMPUESTO DE SOCIEDADES EN 2008
“El Partido Popular, que no presentó declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008 ni efectuó pago alguno a cuenta por este tributo en dicho ejercicio –presentando ante la AEAT modelo 036 en fecha 27.10.2009 en que solicitaba la baja de la obligación de presentar el Impuesto de Sociedades con efectos de 1.01.2008, como consecuencia de lo regulado en los arts. 10 y 11 de la LO 8/2007, documento firmado por el entonces gerente Cristóbal Páez Vicedo en representación del Partido Popular-, habría dejado de declarar ante la Hacienda Pública el importe del conjunto de las donaciones recibidas por la formación política durante el año 2008, las cuales aparecen anotadas en los registros contables opacos a cargo de Luis Bárcenas (y también hasta junio de 2008 de Álvaro De Lapuerta Quintero), sin cumplir con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los Partidos Políticos (LO 8/2007)”.

FRAUDE A HACIENDA DE 220.167,04 €
“Resultando de todo ello que, del total de las donaciones presuntamente recibidas y no declaradas en 2008, y sin perjuicio de otras aplicaciones también acreditadas (así, las respectivas entregas de 6.000 € a Luis Fraga en fecha 14.02.08 y a Cristóbal Páez en fecha 2.06.08), parte de aquéllas habrían sido destinadas al pago parcial de la cantidad de 888.000 € con que fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por UNIFICA al PP al margen de la facturación y contabilidad oficial, en los términos previamente descritos, procediendo en consecuencia la mayor parte de tales pagos del conjunto de las donaciones contrarias a la legalidad recibidas en el Partido en la referida anualidad, integrando la “caja B” de la formación política, de lo que cabría concluir de forma indiciaria que por parte del Partido Popular, habiéndose omitido la presentación de la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008 que recogiera las referidas donaciones ilegales, se habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167,04 €, y ello sin perjuicio del eventual incremento de dicha cuota, al alcanzar indiciariamente el total de las donaciones presuntamente recibidas por el Partido en 2008, registradas en los soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios de transparencia legalmente exigidos, la cuantía de 1.055.000€“.

COMPRA DE ACCIONES DE LIBERTAD DIGITAL CON DINERO NEGRO
“A fin de cumplir esas indicaciones, que fueron trasladadas a Álvaro De Lapuerta y de las que también tomó conocimiento Luis Bárcenas -tras reunirse el entonces Secretario General Ángel Acebes Paniagua con Alberto Recarte, Presidente de LIBERTAD DIGITAL SA, al objeto de tomar conocimiento del interés del medio por contar con la colaboración del Partido Popular para la difusión del proceso de ampliación de capital-, aquéllos procedieron a contactar con distintas personas, algunas de la más estrecha confianza de Luis BÁRCENAS, como el empleado del Partido y hoy fallecido Francisco Yáñez Román, a quienes procedieron a entregar fondos de la “Caja B” del PARTIDO POPULAR destinados a suscribir, en su nombre, acciones de la referida sociedad, con el compromiso de que tales acciones pudieren transferirse posteriormente a terceras personas, ocultando así la identidad del verdadero aportante de los fondos”.

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DEL PARTIDO POPULAR
“Se deriva la presunta responsabilidad civil subsidiaria de UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L. por los hechos de los que cabe tener por presuntos responsables a sus administradores y socios Gonzalo Urquijo y Belén García, así como a su empleada Laura Montero, así como del PARTIDO POPULAR respecto de los hechos por los que cabe tener por presuntos responsables a sus empleados Luis Bárcenas (en su condición de Gerente y después Tesorero), Álvaro De Lapuerta (en su condición de Tesorero) y Cristóbal Páez (en su condición de adjunto al Gerente, y más tarde Gerente de la formación política)”.

Gabriel García Márquez

El presidente Mariano Rajoy junto a Juan Manuel Moreno Bonilla durante un acto de campaña. REUTERS/Jon Nazca

Mariano Rajoy ha vuelto a tropezar con Andalucía. El Partido Popular ha vuelto a chocar con los andaluces. No es extraño cuando se trata a una comunidad autónoma como una segunda residencia de vacaciones. Hay que volver a explicarle a los estrategas políticos del PP que las elecciones ya no se ganan en las campañas electorales, que en el nuevo tiempo político es necesario una carrera de fondo y más aún cuando el punto de partida es un candidato, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que solo conocían un 40% de los ciudadanos y no tenía asiento en el Parlamento andaluz. La presidenta del PSOE-A, Susana Díaz, ha demostrado ser un animal político que ha superado a Rajoy en lo que se supone que es su mayor valor como estratega político: el manejo de los tiempos. Con la excusa falsa de la inestabilidad la líder socialista ha aprovechado la oportunidad de convocar unas elecciones dejando al resto de fuerzas políticas con escasa capacidad de reacción. Ante el envite el PP respondió con la desidia, el prejuicio y la falta de visión que caracterizan hoy al  partido de Rajoy. El resultado ha sido medio millón de votos menos y pasar de 50 a 33 diputados autonómicos.  Aquí algunas claves de la debacle popular:

Efecto Rajoy. Tras no pisar Andalucía desde que fue proclamado presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy participó en seis actos de campaña del PP andaluz, de la nada al todo por un puñado de votos. Ni siquiera se molestó en lanzar alguna de sus nuevas iniciativas legislativas desde Andalucía (bajada de impuestos, eliminación de tasas judiciales, etc). Con una valoración media del 2,24 sobre 10 en el último barómetro del CIS (enero 2015), imagen de un Ejecutivo responsable de unos duros recortes en políticas sociales, especialmente en Educación y Sanidad, y con la sombra de la corrupción de los casos ‘Gürtel’ o sus SMS al extesorero del PP Luis Bárcenas, la figura de Rajoy ha funcionado como un lastre sobre Juan Manuel Moreno Bonilla.

Efecto ‘Milagro Económico’. El presidente Mariano Rajoy se ha empeñado en convencer a los españoles de que la recuperación económica es un hecho. No hay duda de que los datos marcoeconómicos avalan la buena tendencia de las finanzas españolas pero si hay unos ciudadanos que todavía no han apreciados estos vientos de bonanza son los andaluces: Con más de un 33% de desempleo, es difícil vender la recuperación cuando un de cada tres andaluces está en paro. Las políticas de austeridad han sido asumidas como un castigo adicional por la población andaluza.

Efecto ‘Albert’. Uno de los grandes errores del PP de Génova ha sido el ataque a Ciudadanos por sus orígenes catalanes. El traspié no solo puso en evidencia el anticatalanismo de los populares y, por ende su extraña política a favor de la unidad de España,  sino que también demostró la falta de conocimiento sociológico de lo que significa Cataluña para muchos andaluces. ¿Hay alguna comunidad autónoma en España cuyos ciudadanos tengan más familiares que se llamen Albert, Jordi, Laia, Joana o Jaume? Los populares le dieron un protagonismo extra a una formación que partía con una ínfima infraestructura y que en las elecciones europeas solo 10 meses antes obtuvo algo más de 46.000 votos en esta comunidad autónoma. El  resultado: Ya hay alternativa al PP, 9 diputados autonómicos y 369.000 votos.

Efecto Partido Popular. Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido un candidato abandonado a su suerte por el partido a pesar de ser el elegido por el dedo de Rajoy. El 11 de febrero de 2014 fue elegido presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta, pero lo primero que se encontró en Andalucía fue el rechazo generalizado de las estructuras del PP andaluz que lo veían como una intromisión de Madrid. Tampoco tuvo un apoyo del partido en Madrid,   vilipendiado por las huestes de la secretaria general, Dolores de Cospedal, con la que mantenía un enfrentamiento personal y de clanes, ya que se le considera un hombre de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. Solo cuando Susana Díaz dio la sorpresa con el anuncio de elecciones anticipadas Moreno Bonilla contó con un tibio apoyo del PP. Un empujón tardío y con múltiples errores. A pesar de demostrar que ha sido un buen candidato y ganar los dos debates televisados, cuando Moreno Bonilla dio la rueda de prensa tras conocer los pésimos resultados no lo acompañaba nadie del Partido Popular de la calle Génova ni ningún miembro del Gobierno de Rajoy.

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Comparativa de la evolución del paro en España. Datos de la EPA

Llegan tiempos políticos de insolidaridad. Entre la clase política pocos plantean como escandalosa que la desigualdad no tenga fecha de caducidad. El nuevo mantra es que la solidaridad no puede ser eterna. Los independentistas aspiran a un Estado para no tener que repartir su riqueza con las regiones más pobres y no lo ocultan, el Gobierno del PP espera apaciguar el desafío independentista con un nuevo sistema de financiación que rebaje la contribución de las comunidades autónomas más ricas y la estrategia de los presidentes de los Gobiernos regionales más ricos se resume en “qué hay de lo mío”.

Mientras la brecha entre pobres y ricos crece. Territorialmente también. Año a año se edifican las tres Españas. Un país dividido en tres por las fronteras de la desigualdad.  Mientras el País Vasco, Navarra y La Rioja tienen tasas de paro por debajo del 20% y la mitad norte de España va recuperando empleo encabezado por Cataluña, la otra mitad Sur se desangra por el paro (ver gráfico). La receta conservadora de que el empleo permitirá a los españoles recuperar la posición económica perdida no se cumple para la gran mitad Sur del país.  El gran hecho diferencial es la distancia entre las rentas de los ciudadanos:

Fuente: Banco de España

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. EFE/Marta Pérez

Hasta ahora se había percibido una ‘agresión’ a la democracia desde instituciones englobadas en esa nebulosa denominada como los Mercados, desde donde se dictamina el camino a seguir para reducir la deuda sacrificando el bienestar de los ciudadanos. Esta depauperación progresiva del espíritu democrático donde la ciudadanía solo ve una alternancia de personas mientras que similares proyectos político-económicos se suceden sin apenas matices y con una reiterada pérdida de la calidad de vida en los ciudadanos está provocando una desafección generalizada por un proyecto en continua construcción como es la democracia.

Ahora aparecen nuevos protagonistas que se aprovechan de este alejamiento de las fórmulas de funcionamiento democrático  y ponen en duda la legitimidad de las urnas. No solo no admiten las leyes vigentes. También tratan de marcar el calendario electoral según sus intereses. El último empellón de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) es avisar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, de que no va a permitir terminar la legislatura si no se hace la consulta independentista.  “La ANC tiene una hoja de ruta aprobada por unanimidad en la que no se contempla de ninguna forma que se agote la legislatura hasta 2016 y se convoquen elecciones ese año”, apuntó Forcadell.

El filósofo Claude Lefort definió la democracia como un régimen en el que el poder político es un espacio vacío. Los ciudadanos deciden quién ocupa ese vacío a través de las elecciones. La ANC quiere ocupar ese vació invocando al inexistente derecho a decidir. La legitimidad que se ha impuesto Forcadell para decidir los procesos políticos en Cataluña y ocupar ese espacio es una incógnita . Salvo su eficiencia a la hora de movilizar a un alto número de simpatizantes a favor de la independencia catalana nadie ha elegido a Forcadell para conducir a los catalanes -junto al resto de los españoles-  hacia lo que otros miembros de la sociedad civil califican como un desastre.

El dislate de la supuesta hoja de ruta de la ANC les lleva a defender una declaración unilateral de independencia con posterior convocatoria de un referéndum, es decir, imponer una política de hechos consumados para luego refrendarla. Si se declara la independencia, ¿para qué preguntar a los ciudadanos? Otro fraude más.

Ya no hay grandeza política. Se ataca a la Transición como una época perdida, diluida en la exigencia que parece otorgar la madurez democrática de un país que hace aguas,  a pesar de que si algo caracterizó a los políticos de esos tiempos de negociaciones es la asunción de la responsabilidad. El compromiso por el interés público, la obligación moral por conseguir un pacto beneficioso para todos o la capacidad para admitir las ideas del otro en aras del bien común son desechadas por la estrategia de los resultados electorales a corto plazo. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, aunque nuestros políticos se empeñen en conseguirlo.

Ahora inauguramos una nueva estrategia política para oscurecer la satisfacción de la deuda contraída con los ciudadanos a través de los comités de sabios, como el que ha realizado el último informe sobre las pensiones. Con esta maniobra se ha manipulado la petición popular de transparencia con una actuación en la que se diluyen las responsabilidades y se hurta buena parte del debate ideológico.  Siempre ha habido expertos que han ‘aconsejado’ a la hora de hacer cambios normativos o se han realizado los denominados ‘libros blancos‘  para ayudar a la toma de decisiones. En esta ocasión se ha pasado de la exigencia por un registro de lobbys a sentarlos en la mesa para que marquen las líneas rojas de la labor legislativa.

El comité de sabios de las pensiones lo forman 12 expertos independientes elegidos por los agentes sociales, pero la realidad es que ocho tienen relación con aseguradoras privadas o entidades financieras. En solo tres meses -se reúnen desde el pasado 10 de abril a instancias de la ministra de Trabajo, Fátima Bañez- han elaborado un informe final que  introduce dos elementos de corrección del factor de sostenibilidad -mecanismo de ajuste automático de las pensiones-  en función de la esperanza de vida y de los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social y recomiendan al Gobierno que lo aplique entre 2014 y 2019. En definitiva, las pensiones públicas bajarán o, como mínimo, se congelarán porque los expertos así lo han explicitado.

En teoría, ahora llega el momento de la política en el entorno del Pacto de Toledo pero, cuál es el debate posible si el documento final de los sabios viene con el aval de los representantes elegidos por PP, PSOE, CiU, CEOE y el sindicato CCOO.  Solo votó en contra Santos Ruesga, uno de los dos expertos propuesto por los socialistas. UGT se negó a mandar a su respectivo ‘sabio’.  La decisión política que asumirá el Gobierno está amparada por el comité de expertos, la responsabilidad será de los sabios. La política se restringirá en un campo ya marcado y al intercambio de improperios. Los ciudadanos asumirán las consecuencias. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya ha anunciado la creación de un grupo de  expertos independientes para asesorar al Gobierno en la reforma de todos los impuestos. Adiós a la responsabilidad política, es el momento de los ‘sabios’.

Henry Fielding

Es difícil comprender las razones que  llevan al presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, a calificar de “insólita y profundamente decepcionante” la resolución del Tribunal Constitucional,  tras la impugnación del Gobierno central, de suspender temporalmente la Declaración de soberanía y del derecho a decidir que el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 23 de enero. Solo la aceptación de haber emprendido un camino sin salida explica el empeño del político de CiU por mantener un conflicto que divide a la sociedad catalana y española.

Porque  atendiendo a razonamientos jurídicos la decisión de la corte está absolutamente justificada ya que la Declaración de soberanía choca con varios artículos de la Constitución:

Artículo 1. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Artículo 2.  La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Por su parte el dictamen del Consejo de Estado señala que “la asignación de esta misma propiedad, la soberanía, a otra instancia como es una Comunidad Autónoma por parte de sus órganos propios, cualquiera de éstos que lo haga, solo puede reputarse contraria a la Constitución tanto por contravenir el precepto recientemente citado cuanto por carecer la Comunidad Autónoma, como poder constituido, de capacidad para hacerlo porque esa capacidad es, en su genuino sentido, una manifestación exclusiva del denominado poder constituyente que corresponde al Estado y que la Constitución atribuye al pueblo español como titular de la soberanía nacional en el artículo 1.2 citado”. Pero además este dictamen señala que la Declaración de soberanía catalana estaría incumpliendo también el Estatuto de Autonomía de Cataluña ya que “la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, aprobada por el Parlamento, emana de un órgano de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siendo así que esta entidad, como institución constituida dentro del Estado español, carece de capacidad para formular tal reconocimiento de soberanía. Así queda explicitado en el primero de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio que dice: Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”.

Si los partidos nacionalistas catalanes quieren seguir con su hoja de ruta hacia la independencia tendrán que cumplir uno de los preceptos que recoge la Declaración de soberanía:

Legalidad. Se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir.

Con lo que solo se podrá hacer efectiva esta Declaración del Parlamento catalán mediante un cambio de la Carta Magna española. Y para modificar la Constitución -que el pueblo catalán aprobó en referéndum con un 90,4% de los votos a favor, un 4,97% en contra y una participación del 67,91%- hay que cumplir los requerimientos del artículo 168 de ésta:

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Y todo lo demás son juegos florales para engañar a la gente.

François de La Rochefoucauld

Artur Mas se empeña en el viaje a ninguna parte. En lugar de dimitir tras los pésimos resultados electorales, el líder de CiU se ha entregado a los independentistas de ERC (a cambio de la presidencia de la Generalitat) en busca de la consecución de la volátil gloria que otorga la lucha por la consulta por la autodeterminación, su particular caza del kleos. No hay nada nuevo en la vieja historia del supuesto héroe convergente y su gesta por el Estado catalán.  Pero para entender mejor su rocambolesca actuación recomiendo la lectura de Eneida, de Publio Virgilio,  edición y versión de Alfonso Cuatrecasas para Mondadori, donde son absolutamente reveladores los comentarios sobre la obra de Jordi Balló y Xavier Pérez, profesores de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra, bajo el título La refundación de la comunidad. 

 Artus Mas es un Eneas fallido, que solo absorbe del héroe sus peores defectos y amplía sus concupiscentes atributos. Como definen Balló y Pérez a Eneas, Mas es “un hombre que pasa por el dolor de la derrota” con la pérdida de 12 diputados en los comicios autonómicos del pasado 25 de noviembre (con 50 diputados CiU fue la formación más votada), tiene “la vergüenza de ser un superviviente” y no dimitir ante la debacle de su apuesta por una “mayoría excepcional” no refrendada en las urnas, ha caído en  “la tentación erótica que lo aleja de su comunidad” al enrolarse en una relación incestuosa con ERC a pesar de las reticencias de sus votantes, arenga la falsa idea de la “supervivencia” como génesis de la necesaria refundación, tiene “la vigilancia divina de un mandato al que no puede escapar”, que pende sobre él -y sobre buena parte de la cúpula de Convergencia- en forma de supuestas acusaciones de corrupción y utiliza  “la diplomacia articulada sobre un asentimiento ambiguo” del derecho a decidir y el diálogo cuando en realidad cuenta con “destreza en el combate” y al igual que Eneas, Mas engaña a la población con su plan de dura ruptura disfrazado de “armónica convivencia” con fecha de caducidad: 2014.   

]]> https://blogs.elcorreo.com/contencionymesura/2012/12/20/la-refundacion-de-mas/feed/ 8 37open https://blogs.elcorreo.com/contencionymesura/2012/12/11/no-hemos-aprendido-nada-del-caso-divar/ https://blogs.elcorreo.com/contencionymesura/2012/12/11/no-hemos-aprendido-nada-del-caso-divar/#comments Tue, 11 Dec 2012 15:50:02 +0000 contencionymessura http://blogs.vocento.com/contencionymesura/?p=34 Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal

Enrique Tierno Galván

La memoria de las personas es demasiado débil. Parece que nadie recuerda los motivos de la dimisión del presidente del Consejo General Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, hace solo seis meses. El magistrado se había gastado 28.000 euros del erario público con difícil justificación en 32 viajes de largos fines de semana. Tras una larga agonía por la defensa de su honorabilidad, Dívar terminó dejando el cargo ante el abandono del apoyo de sus colegas de carrera judicial y la aparición de nuevas pruebas de sus escapadas.

Lo ocurrido con Dívar tenía que ser el ejemplo a seguir por los servidores públicos. Los jueces se pusieron manos a la obra y el pleno del  CGPJ aprobó por unanimidad dar cuenta de su actividad “colectiva o individual” ante las Cortes Generales y el Tribunal de Cuentas. Los políticos no se han dado por aludidos.

La semana pasada saltó una noticia que pasó desapercibida entre la maraña de  informaciones. El Congreso publicará la  actividad internacional de los diputados, sus viajes, pero no ofrecerá información sobre el coste de los desplazamientos. Hoy empieza a funcionar la página donde se recoge toda la información de los viajes de su señorías. Las directrices aprobadas marcan que se “cubre los gastos de transporte (billete aéreo, tren, etc.) del desplazamiento autorizado, de hotel (en régimen de alojamiento y desayuno y las dietas (que tienen por finalidad cubrir los gastos de traslado al aeropuerto, almuerzos y cenas)”,  respecto a los vuelos “se realizan siempre, con independencia del destino, en clase preferente, salvo que la compañía aérea no disponga de esta clase” y en cuanto al alojamiento: “las habitaciones que se reservan serán dobles para uso individual”. ¿Excesivo?

El Congreso de los Diputados./ EFE

La medida choca con la transparencia que ofrecen las cámaras de otros países: El Parlamento británico está haciendo públicos buena parte de la documentación relativa a los diputados y ya se puede conocer los gastos de viajes de 2008 a 2010. Mucho más completa y actualizada es la documentación de los gastos de viaje de los parlamentarios  del Congreso de los Estados Unidos, un gran ejemplo de cómo debe ser la transparencia institucional de los servidores públicos.

El coste de los viajes de los diputados no está entre los supuestos de los Límites al derecho de acceso del Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012, por lo que la negativa a informar sobre este punto solo es una muestra del intento de la clase política por mantener unos privilegios frente a los ciudadanos que les pagamos los viajes. No hemos aprendido nada del ‘Caso Divar’.