{"id":82,"date":"2008-11-17T12:18:00","date_gmt":"2008-11-17T11:18:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ehu.es\/ehusfera\/cineliteraturaymedioambiente\/2008\/11\/17\/urbanismo-salvaje\/"},"modified":"2008-11-17T12:18:00","modified_gmt":"2008-11-17T11:18:00","slug":"urbanismo-salvaje","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/cine-literatura-y-medio-ambiente\/2008\/11\/17\/urbanismo-salvaje\/","title":{"rendered":"Urbanismo salvaje"},"content":{"rendered":"

Casi 60 millones de turistas se calcula que pasar\u00e1n por Espa\u00f1a en 2008. El 10,8% del PIB se debe al turismo, con un valor de m\u00e1s de 106.000 millones de euros en el a\u00f1o 2006. Todo esto supone un coste y una parte importante de ese coste es el urbanismo salvaje y la corrupci\u00f3n. Jos\u00e9 Luis Barber\u00eda nos lo explica con detalle en el art\u00edculo publicado en El Pa\u00eds <\/a>el 16 de noviembre de 2008.<\/p>\n

No es una pesadilla, es el urbanismo salvaje
<\/strong>
Jueces, fiscales y empresarios ya son conscientes de que la construcci\u00f3n descontrolada matar\u00e1 la gallina de los huevos de oro – Los expertos alertan sobre la “corrupci\u00f3n insostenible” del sector<\/p>\n

JOS\u00c9 LUIS BARBER\u00cdA El Pa\u00eds 16\/11\/2008<\/p>\n

\u00bfQuiere usted descubrir por s\u00ed mismo el sentido de la expresi\u00f3n “impacto visual”? V\u00e9ngase a la playa almeriense del Algarrobico, en pleno coraz\u00f3n del parque natural del Cabo de Gata, col\u00f3quese de espaldas al mar y recibir\u00e1 la descomunal bofetada del monstruo de 75.000 metros c\u00fabicos de hormig\u00f3n que ha tomado posesi\u00f3n de las entra\u00f1as mismas de la monta\u00f1a.
\u00bfQuiere usted descubrir por s\u00ed mismo el sentido de la expresi\u00f3n “impacto visual”? V\u00e9ngase a la playa almeriense del Algarrobico, en pleno coraz\u00f3n del parque natural del Cabo de Gata, col\u00f3quese de espaldas al mar y recibir\u00e1 la descomunal bofetada del monstruo de 75.000 metros c\u00fabicos de hormig\u00f3n que ha tomado posesi\u00f3n de las entra\u00f1as mismas de la monta\u00f1a. Darse la vuelta y posar la vista en el horizonte marino tampoco es soluci\u00f3n, porque le resultar\u00e1 imposible sustraerse a la abrumadora presi\u00f3n del intruso: un gigante de cemento de 20 alturas que cae a pico sobre el mar, horadado por cientos de agujeros negros destinados a albergar los ventanales del complejo hotelero.
El engendro habr\u00eda pasado m\u00e1s desapercibido camuflado en cualquiera de los museos de los horrores urban\u00edsticos que pueblan el litoral espa\u00f1ol, pero clama al cielo que haya recibido todos los permisos, parabienes e incluso subvenciones de las administraciones p\u00fablicas que hicieron posible su construcci\u00f3n.
A estas alturas, buen n\u00famero de jueces y fiscales han llegado ya a la conclusi\u00f3n de que s\u00f3lo la demolici\u00f3n de las obras ilegales pondr\u00e1 coto a los desmanes y al expolio del patrimonio natural p\u00fablico. “La demolici\u00f3n de la obra contraria al ordenamiento jur\u00eddico no debe ser la excepci\u00f3n, sino la regla”, subraya la Audiencia de C\u00e1diz en sinton\u00eda con otros tribunales y fiscal\u00edas. “Lo que est\u00e1 en juego es la propia vigencia del orden jur\u00eddico y, en definitiva, la restauraci\u00f3n del orden legal (…) De lo contrario, habr\u00eda que resignarse a que el infractor se salga con la suya, bendici\u00e9ndose absurdamente el agotamiento del delito”, advierte el fiscal jefe de C\u00f3rdoba en un testimonio incluido en la memoria anual de la Fiscal\u00eda de Medio Ambiente.
Porque el juego en estas \u00faltimas d\u00e9cadas ha sido burlar las leyes e ignorar las prohibiciones, hacer o\u00eddos sordos a las sentencias y culminar las obras para presentarlas como hechos consumados. “En la mayor\u00eda de los supuestos de delito urban\u00edstico, el autor contin\u00faa construyendo de manera deliberada pensando que una vez finalizada la obra, y precisamente por el hecho de serlo, no ser\u00e1 derribada”, se explica en otro de los informes de la Fiscal\u00eda.
La situaci\u00f3n ha llegado al punto de que los propios empresarios de la industria tur\u00edstica han manifestado su inquietud por la p\u00e9rdida de la calidad medioambiental y el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro que conlleva el enladrillado insostenible de la costa. En eso coinciden con los investigadores del Parlamento Europeo que, a\u00f1o tras a\u00f1o, regresan horrorizados de sus visitas al litoral espa\u00f1ol.
Espa\u00f1a ha ido escalando puestos en el ranking internacional de corrupci\u00f3n pol\u00edtica a medida que la justicia ha hecho aflorar los atropellos urban\u00edsticos perpetrados a lo largo de las \u00faltimas d\u00e9cadas en un clima de impunidad que ahora toca a su fin. Ya hay un centenar y medio de alcaldes procesados por delitos urban\u00edsticos, pero por abultada que parezca esa cifra apenas representa la punta del iceberg de un fen\u00f3meno, el de la corrupci\u00f3n municipal, y de una industria, la de la especulaci\u00f3n inmobiliaria y el urbanismo salvaje, engrasada con la pasividad o complicidad de las administraciones locales y auton\u00f3micas y de los partidos que las dirigen. Todav\u00eda hoy, los fiscales siguen quej\u00e1ndose amargamente del silencio y de la escasa colaboraci\u00f3n que les prestan las autoridades en la mayor\u00eda de las comunidades aut\u00f3nomas.
En Canarias, por ejemplo, donde no faltan las construcciones ilegales a la vista, la administraci\u00f3n auton\u00f3mica present\u00f3 durante el pasado ejercicio una \u00fanica denuncia por este delito, seg\u00fan la Fiscal\u00eda de Tenerife. Y, de acuerdo con otro de los testimonios recogidos en la memoria de la Fiscal\u00eda, las propias autoridades del Gobierno de Murcia se han visto implicadas en “maniobras normativas” dirigidas a “desproteger parte de su espacio natural”. \u00bfNo es inquietante para la salud democr\u00e1tica de un pa\u00eds que los pol\u00edticos procesados por corrupci\u00f3n obtengan con tanta frecuencia el amparo y el respaldo p\u00fablico de sus dirigentes? \u00bfCabe luego extra\u00f1arse del escaso reproche social a los mun\u00edcipes corruptos -el 70% de los alcaldes procesados vuelve a gozar del benepl\u00e1cito de las urnas-, del clientelismo y de los votos cautivos, de la consideraci\u00f3n, en suma, de que la corrupci\u00f3n est\u00e1 firmemente enraizada en los partidos?
“El Estado ha sido sustituido por la partitocracia y, en \u00faltima instancia, por una oligarqu\u00eda econ\u00f3mico-pol\u00edtica. Y la pol\u00edtica se ha convertido en un negocio. Los partidos compiten en un mercado inspirado por el lucro personal y apoyado en la corrupci\u00f3n m\u00e1s descarnada”. Quien se expresa as\u00ed no es un radical alternativo del movimiento antiglobalizaci\u00f3n, sino Alejandro Nieto, ex director del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC), catedr\u00e1tico em\u00e9rito de la Universidad Complutense y uno de los grandes expertos en la materia.
“La justicia llega muy tarde, cuando los da\u00f1os causados al paisaje son irreversibles y est\u00e1n asentadas las urbanizaciones ilegales”, admite Antonio Morales, fiscal jefe de M\u00e1laga. “Tenemos un sistema de garant\u00edas procesales que permite recurrir sistem\u00e1ticamente las sentencias y ganar tiempo, de forma que, al final, la demolici\u00f3n del inmueble ilegal resulta una decisi\u00f3n comprometida y costosa porque ya hay terceros de buena fe”. El fiscal malague\u00f1o reprocha a las direcciones del PP y del PSOE: “Una cosa es que haya pol\u00edticos de los llamados independientes que se enriquecen con la democracia mientras simulan que trabajan por el inter\u00e9s general y otra que lo hagan los representantes de los grandes partidos nacionales”.
Contra lo que pueda pensarse, el litoral del sur y el Levante puede cementarse a\u00fan m\u00e1s. Los promotores inmobiliarios expertos en burlar la ley y comprar voluntades no creen que se haya llegado a un punto de saturaci\u00f3n. “El asunto se ha aquietado a causa de la crisis, pero los proyectos se reactivar\u00e1n en cuanto la situaci\u00f3n lo permita. Los especuladores suelen ser gente echada para adelante y aqu\u00ed hay mucho en juego”, comenta el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher.
A pesar de este panorama sombr\u00edo, la creaci\u00f3n de las fiscal\u00edas de Medio Ambiente y de Anticorrupci\u00f3n y del Servicio de Protecci\u00f3n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil est\u00e1 acabando con la sensaci\u00f3n de impunidad. “El miedo empieza a guardar la vi\u00f1a”, apunta el general Jos\u00e9 Antonio Ramos, m\u00e1ximo responsable del Seprona. A los \u00e9xitos de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, hay que sumar casi 800 condenas logradas por las fiscal\u00edas de Medio Ambiente en los \u00faltimos dos a\u00f1os.
Despu\u00e9s de la intervenci\u00f3n de Greenpeace -en julio del a\u00f1o pasado irrumpieron en la obra y pintaron con caracteres gigantescos la palabra ilegal-, el complejo del Algarrobico se ha convertido en piedra de toque del pulso democr\u00e1tico contra las tropel\u00edas medioambientales. La sentencia del pasado septiembre del juzgado de Almer\u00eda constituye una dur\u00edsima descalificaci\u00f3n del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andaluc\u00eda. Tras escandalizarse por que una construcci\u00f3n a 50 metros del mar en el espacio protegido no urbanizable del parque natural del Cabo de Gata-N\u00edjar haya podido obtener permisos y ayudas p\u00fablicas, el magistrado Jes\u00fas Rivera afirma que el comportamiento de las dos administraciones se ha caracterizado por la “abulia” y la “desidia” en la defensa del inter\u00e9s general. Y es que considera probado que el Ayuntamiento de Carboneras, municipio en el que se asienta el hotel, “conoc\u00eda hace ya 20 a\u00f1os” la prohibici\u00f3n de edificar a menos de cien metros de la zona mar\u00edtimo-terrestre y que la Junta adopt\u00f3 una actitud “pasiva y condescendiente con las infracciones”. A\u00fan m\u00e1s: el fallo establece que la Junta modific\u00f3 la planimetr\u00eda del Plan de Ordenaci\u00f3n de los Recursos Naturales del parque, en “una burda maniobra” para legalizar el hotel. El magistrado observa delitos de prevaricaci\u00f3n y contra la administraci\u00f3n del territorio, por lo que pide al ministerio fiscal que act\u00fae.
Podr\u00eda pensarse que cualquier responsable pol\u00edtico desautorizado de manera tan contundente por la justicia optar\u00eda por replantearse su postura, pero no es el caso de Crist\u00f3bal Fern\u00e1ndez, el alcalde de Carboneras (Almer\u00eda). “Hemos recurrido la sentencia porque es un proyecto de la Junta de Andaluc\u00eda destinado a crear puestos de trabajo”. A su juicio, el problema se reduce a una cuesti\u00f3n est\u00e9tica: “Yo no veo ese impacto, a m\u00ed el hotel me gusta”. El alcalde a\u00f1ade: “Somos un modelo, no hemos firmado un convenio urban\u00edstico en 20 a\u00f1os y eso que tenemos 17 kil\u00f3metros de costa”, aunque no niega el desastre. “Nos hemos cargado el pa\u00eds entre todos. Ha sido entre todos, \u00bfeh?”, se\u00f1ala, con ese \u00e9nfasis especial que ponen los pol\u00edticos a la hora de lanzarse al “y t\u00fa m\u00e1s”.
Como se apunta en la memoria de la Fiscal\u00eda, la discusi\u00f3n p\u00fablica sobre la corrupci\u00f3n pol\u00edtica est\u00e1 resultando est\u00e9ril “debido al empleo de las t\u00e1cticas del ventilador o de la tinta de calamar que anulan todo debate fruct\u00edfero y acrecienta el cinismo pol\u00edtico de los ciudadanos ante su clase pol\u00edtica”. Solo que es el erario p\u00fablico quien paga la factura. Y la del Algarrobico no es peque\u00f1a. La tasaci\u00f3n del complejo hotelero y de los terrenos, adquiridos a precio de saldo a una sociedad participada por la Junta, realizada por el Ministerio de Medio Ambiente en marzo \u00faltimo con vistas a una hipot\u00e9tica expropiaci\u00f3n, arroja la cifra de casi 200 millones de euros (33.000 millones de pesetas).
“Pretender recuperar aquel terreno es una entelequia. Hay muros de hasta tres metros encastrados en la roca, de forma que derribar el hotel ser\u00eda tirar la monta\u00f1a”, asegura Antonio Baena, representante de la promotora Azata del Sol. “Nos dieron todos los permisos, las subvenciones (el 20% de la inversi\u00f3n) y la exenci\u00f3n del pago de las licencias porque el hotel fue considerado obra de inter\u00e9s general para el desarrollo econ\u00f3mico de la zona”, indica. Pese a que la sentencia cuestiona el derecho de la empresa a ser indemnizada en un caso como este, el directivo de Azata del Sol se muestra seguro de que en el peor de los supuestos ser\u00e1n compensados con esos 200 millones de euros. El secretario provincial del PSOE de Almer\u00eda, Diego Asensio, piensa que hay que buscar un arreglo con la promotora. Fiado, dice, a su experiencia, se muestra convencido de que el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda no respaldar\u00e1 la sentencia del juzgado almeriense.
Si como establece el experto en corrupci\u00f3n Robert Klitgaard, \u00e9sta es la resultante de sumar el monopolio de la decisi\u00f3n, la discrecionalidad y la ausencia de rendici\u00f3n de cuentas, nuestro pa\u00eds parece particularmente agraciado. De entrada, porque la rendici\u00f3n de cuentas judicial solo se produce, si llega, al cabo de largos a\u00f1os de proceso.
A\u00f1ade Klitgaard: “Hay santos que resisten todas las tentaciones y funcionarios honrados que resisten la mayor\u00eda de ellas. Pero cuando el tama\u00f1o del soborno es considerable y el castigo en caso de ser atrapado es peque\u00f1o, muchos funcionarios sucumbir\u00e1n. El combate contra la corrupci\u00f3n empieza con la mejora de los sistemas”. Precisamente, son las peculiaridades del modelo espa\u00f1ol -y no la mayor o menor predisposici\u00f3n moral de nuestros pol\u00edticos y funcionarios-, las quemultiplican las probabilidades de corrupci\u00f3n. De acuerdo con los expertos, la configuraci\u00f3n del plan de urbanismo como un ilimitado instrumento de reparto de poder econ\u00f3mico y la gran discrecionalidad de que gozan los ayuntamientos componen una mezcla de elevada potencialidad corruptora.
A su vez, la autonom\u00eda municipal ha eliminado en la pr\u00e1ctica toda tutela del resto de las administraciones, de forma que el \u00fanico control sobre los ayuntamientos es la aplicaci\u00f3n de la pura legalidad, lo que significa adentrarse en la v\u00eda judicial, extraordinariamente lenta y, por lo tanto, escasamente operativa. La actividad inmobiliaria es una fuente principal de ingresos para buena parte de los 8.000 ayuntamientos espa\u00f1oles. En este contexto de presiones empresariales, alta discrecionalidad y difusa rendici\u00f3n de cuentas, la tentaci\u00f3n es grande porque basta un papel, un permiso, una recalificaci\u00f3n, la omisi\u00f3n de un tr\u00e1mite, una modificaci\u00f3n m\u00ednima en el planeamiento para que surja petr\u00f3leo en terreno bald\u00edo y para que el mun\u00edcipe corrupto no tenga que preocuparse m\u00e1s por su futuro econ\u00f3mico.
“No pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que en la mayor\u00eda de las actuaciones irregulares no hay soborno de por medio sino, simplemente, la convicci\u00f3n de que todo vale con tal de atraer inversiones y turismo”, indica Cristina Carbona. La ex ministra de Medio Ambiente, hoy embajadora de Espa\u00f1a en la OCDE, no se inmuta cuando se le recuerda el aviso que lanz\u00f3 el alcalde de Carboneras cuando supo de su decidida oposici\u00f3n al proyecto del Algarrobico: “Esto le va a costar a Narbona el sill\u00f3n”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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