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En la Venezuela del interinato actual, la indignación ya no es el estado emocional rutinario del ciudadano decente. Es algo más, es un grito consustancial de muerte o supervivencia. Mientras el discurso oficial se llena de palabras como “soberanía” y “protección social”, la realidad de los hospitales públicos es una bofetada de desesperanza.

En el capítulo que refiere el tema de la salud nacional hay una cifra exacta que debería ser el número de vidas salvadas, pero tristemente determina el latrocinio que sigue azotando más y más a todo el país: 71 toneladas.

Ese es el peso de la ayuda humanitaria (medicinas, insumos quirúrgicos y equipamiento) que EEUU envió en febrero de 2026. Cargamento que, en teoría, debía aliviar el colapso de una red hospitalaria que lleva décadas bajo mínimos. Sin embargo, dos meses después de su llegada, el diagnóstico de los médicos es unánime: a los hospitales no ha llegado ni una aspirina.

¿Cómo se esfuman 71.000 kilos de suministros? No estamos hablando de un cargamento que cabe en el maletín de un funcionario corrupto. Hablamos de pallets, contenedores, grandes camiones y depósitos de almacenamiento. Sin embargo, la Federación Médica Venezolana (FMV), tras realizar un monitoreo en los 23 estados del país, ha confirmado lo que todos sospechábamos: el rastro de la ayuda se perdió apenas tocó suelo venezolano.

Desde el Zulia hasta Bolívar, desde Táchira hasta los hospitales de Caracas, la respuesta de farmacias y directores de centros asistenciales es un guion repetido: “no hemos recibido nada”. Mientras tanto, los pacientes siguen llegando con una lista de compras que parece una sentencia de muerte. En Venezuela, ingresar en un quirófano público sin llevar tu propio kit de insumos como guantes, mascarillas, vendas, inyectadoras, suero etc. es, sencillamente imposible.

La desaparición no es por un error administrativo. Es por un robo que ocurre en el eslabón más débil de la cadena, la distribución. La ayuda entró, se tomó la foto oficial, se firmó el recibido ante los organismos internacionales y luego… jamás se supo nada.

¿Dónde están esos suministros? Hay dos hipótesis que circulan en los pasillos de los hospitales y que las autoridades se niegan a investigar. La primera, el mercado negro, (no sería la primera vez que insumos con el sello de “ayuda humanitaria” terminan vendiéndose a precios de oro en farmacias privadas o bajo cuerda). Y la segunda, el uso político, (suministros que se guardan para ser entregados a cuentagotas en campañas electorales o en zonas controladas por mafias sociales). Ambas opciones tienen el sello criminal de ese putrefacto socialismo progresista.

Mientras el cargamento de las 71 toneladas juega al escondite, las cifras de la ONU no mienten: 7,9 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria urgente. No son números en un gráfico, son madres buscando antibióticos para sus hijos, son pacientes oncológicos que ven cómo sus tumores crecen mientras esperan un insumo que jamás llega, son médicos que lloran de impotencia al tener que decir “no tengo con qué operarte”.

Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), ha sido claro al exigir una auditoría inmediata. Pero en un sistema donde las instituciones son antros de complicidad, la auditoría debe venir de la presión ciudadana. No se puede permitir que la ayuda humanitaria se convierta en el nuevo botín de quienes ya se lo han robado todo.

Si el cargamento llegó en febrero y estamos en abril sin noticias, el tiempo de las excusas se acabó. El pueblo venezolano tiene derecho a saber: ¿A qué almacenes ingresaron las 71 toneladas? ¿Quiénes son los funcionarios responsables de la hoja de ruta? ¿Por qué se impidió al Colegio de Médicos fiscalizar la entrega?

El pueblo venezolano ya no quiere fotos de aviones aterrizando ni comunicados de prensa celebrando “cooperación”. Lo que el país necesita es saber quién tiene las llaves de los galpones donde se esconden las esperanzas de miles de pacientes.

La ayuda humanitaria no le pertenece al gobierno de turno, ni a los militares que custodian los puertos, ni a los burócratas que firman los papeles. Le pertenece al paciente que está en una camilla oxidada esperando una oportunidad de vivir.

Es hora de señalar a los culpables. Si las medicinas no aparecen en farmacias y hospitales, es porque alguien las tiene bajo llave o las convirtió en dinero. No podemos seguir aceptando el “no hay” como respuesta mientras los registros de importación dicen que “sí llegó”.

Quien desvía sistemáticamente hasta las medicinas destinadas a un hospital público no está cometiendo un delito económico, está cometiendo un crimen de lesa humanidad por omisión.

La nota de hoy no es simplemente una pieza informativa. Es un grito de auxilio ante la opinión pública internacional. Las 71 toneladas tienen que aparecer. Y tienen que aparecer ahora, antes de que farmacias y hospitales se conviertan en cementerios.

Continuará…

Cantaclaro                                                                                                                                                                             …