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Si algo más que reprimir, robar y perseguir sabía el Socialismo del Siglo XXI cuando Hugo Chávez pisó el palacio de Miraflores de Caracas, es que para controlar un país no basta con utilizar la fuerza de las armas. Es preciso doblegar también la verdad y el relato.

Las dictaduras del siglo XX cerraban periódicos con tanques en las puertas y censores con sello rojo en las imprentas. El chavismo, mucho más astuto y maquiavélico, perfeccionó el manual, diseñó una maquinaria legal, económica y judicial para asfixiar a los medios sin que pareciera una ejecución a primera vista.

Hoy, el mapa de medios de Venezuela es un auténtico desierto. Lo que antes fue una situación vibrante de radios, televisoras y periódicos, se convirtió en un monólogo estatal interrumpido solo por el eco de las pocas voces y letras que resisten desde la clandestinidad o el exilio. El saldo es devastador: más de 400 medios de comunicación escritos y radiales borrados en las últimas tres décadas de autoritarismo.

El verdadero punto de inflexión ocurrió en mayo de 2007. Hugo Chávez, en la cúspide de su poder y con los petrodólares lloviendo a cántaros, decidió que no toleraría más críticas en la televisión. El blanco fue Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal más antiguo del país, el que estaba presente en todos los hogares venezolanos. Sus telenovelas, programas de entretenimiento, información y opinión generaban sintonías imbatibles.

Chávez no mandó al ejército a clausurarlo, simplemente dijo que el espectro radioeléctrico era propiedad del Estado y que el contrato de transmisión de 20 años de RCTV vencía el 27 de mayo de 2007. Bajo esta premisa, afirmó que el gobierno estaba en su derecho legal de reservarse la frecuencia para asignársela a un nuevo canal de servicio público llamado TVes (Televisora Venezolana Social). Y, en efecto, a la medianoche de ese fatídico día, la señal de RCTV se fue a negro.

Millones de venezolanos lloraron frente a las pantallas mientras el gobierno celebraba la brillante decisión del comandante presidente. Ese día la sociedad civil entendió el mensaje, si el gobierno tumbó a un gigante como RCTV, nadie estaba a salvo. La censura ya no se escondía, se exhibía como un trofeo de guerra.

Con la televisión abierta domesticada por el miedo y la autocensura, el siguiente paso fue ir tras la radio. La radio en Venezuela no es solo entretenimiento, en el interior del país, donde la luz se va a diario, el transporte falla e internet es un lujo de pocos, la radio es el medio más efectivo de información.

En 2009, de la mano de Diosdado Cabello (entonces director del ente regulador, CONATEL), el gobierno ejecutó lo que la prensa bautizó como el “Radiocidio”. De un plumazo, 34 emisoras de radio salieron del aire bajo la falsa excusa de irregularidades administrativas.

Pero la verdadera masacre de los micrófonos la perfeccionó Nicolás Maduro. Solo en el año 2022, el régimen apagó casi un centenar de emisoras en todo el territorio nacional. El modus operandi es perverso. CONATEL mantiene a todas las radios con las concesiones vencidas y nunca responde a las solicitudes de renovación.

De forma que los directores de esos medios viven con una espada de Damocles sobre sus cabezas. O te portas bien y no entrevistas a opositores, o mañana te mandamos una inspección técnica, te decomisamos los transmisores y te cerramos el negocio. La consecuencia es criminal. Estados enteros quedaron sumidos en el silencio informativo absoluto, donde la única música que suena es la propaganda oficial.

Para los periódicos impresos, el régimen no usó decretos televisados, usó el bolsillo y el monopolio del papel. En 2013, el gobierno creó el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, la única corporación autorizada en el país para importar y distribuir papel de periódico. La ecuación era simple, si un diario criticaba la escasez de comida, denunciaba la inflación o destapaba la corrupción de un ministerio, mágicamente dejaba de recibir bobinas de papel.

Los editores tuvieron que hacer malabarismos desesperados, redujeron las páginas al mínimo, eliminaron los suplementos y pasaron de diarios a semanarios, hasta que las rotativas se detuvieron por completo. Más de un centenar de periódicos impresos desaparecieron.

El caso más sangrante fue el de El Nacional. El diario que documentó la historia de Venezuela por más de 75 años se vio obligado a dejar de imprimir en 2018. No contentos con quitarles el papel, el chavismo activó el brazo judicial. Diosdado Cabello los demandó por reproducir una información internacional que lo vinculaba con investigaciones por narcotráfico en Estados Unidos.

El resultado fue un “robo judicial” de antología, el Tribunal Supremo de Justicia de bolsillo condenó al diario a pagar una multa absurda de 13 millones de dólares. Como era una cifra imposible, la Guardia Nacional embargó su sede histórica y el edificio terminó en manos del propio Cabello. Un despojo con todas las de la ley para herir de muerte a un símbolo de la prensa libre.

Cuando los demás medios se percataron de que la radio, la televisión y el papel de periódico estaban controlados, se mudaron en masa a internet. Portales independientes como El Pitazo, Runrunes, Efecto Cucuyo y el propio El Nacional digital se convirtieron en las nuevas trincheras de la información. Levantaron redacciones virtuales y siguieron haciendo periodismo de investigación.

Pero la censura también se digitalizó. A través de las principales operadoras de internet (empezando por la estatal CANTV), el régimen implementó los bloqueos de DNS y HTTP. Si vives en Caracas o Maracaibo y quieres leer una noticia incómoda para el gobierno, la página simplemente no carga.

Además, criminalizaron el oficio. Hoy, publicar que un hospital no tiene insumos, reportar una protesta por falta de agua o difundir situaciones incómodas para los que mandan puede ser catalogado como “incitación al odio”. Esta ley amañada y elástica es la herramienta perfecta que el chavismo usa para meter a periodistas, fotógrafos e infociudadanos en cárceles junto a delincuentes de alta peligrosidad.

Casualmente, es ahora cuando la inefable Delcy Rodríguez (autora y responsable directa de dicha ley) ha comunicado que, como en algunos casos fue “malinterpretada” se reformará. Hay que tener la cara bien dura.

En tres décadas de Chavismo-Madurismo (más lo que todavía queda vivito y coleando), el régimen logró construir su hegemonía comunicacional a punta de chantajes, juicios exprés, expropiaciones y el exilio forzado de cientos de informadores y periodistas que tuvieron que huir con una mochila para no caer en un calabozo del Helicoide. Pero aprendieron a sobrevivir en las catacumbas de la clandestinidad en redes que pasan la información entre sus allegados, o transmitiendo desde portales alojados en servidores seguros del extranjero.

La plaga criminal asaltó los canales, apagó las antenas y robó los equipos, pero nunca pudo hacerse con la credibilidad. Y en materia comunicacional, el que pierde la credibilidad está muerto. La dictadura tiene, por ahora, el control del espectro, pero el periodismo libre tiene la verdad hoy y la tendrá siempre.

Continuará…

Cantaclaro                                           …