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Imaginemos un mundo donde cometer un genocidio, arrasar una ciudad entera o violar sistemáticamente a miles de civiles como arma de guerra no tenga consecuencias penales. Un mundo donde los tiranos puedan dormir tranquilos porque saben que ningún juez, de ninguna parte del globo, se va a atrever a firmar una orden de arresto en su contra. Ese mundo sin ley ya existió, y costó millones de vidas. Para evitar que se repitiera, la humanidad tardó décadas en ponerse de acuerdo y fundar en La Haya un tribunal único: la Corte Penal Internacional (CPI).

Hoy, esa última línea de defensa contra la barbarie humana está bajo un terrible asedio. Y lo más preocupante es que el ataque no viene de un dictador en las sombras, sino del despacho más poderoso del planeta. La Casa Blanca de Donald Trump ha colocado un decreto bomba en los cimientos del tribunal con una orden clara y sin rodeos, desmantelarlo “ladrillo a ladrillo”.

La pregunta que el mundo se hace hoy no es solo si la corte sobrevivirá, sino qué tipo de planeta les va a quedar a las víctimas si los jueces se ven obligados a bajar la persiana.

Puestos a explicarnos el porqué, miramos hacia Oriente Medio y lo que vemos puede ser la causa buscada. El detonante de la furia de Washington no es un debate técnico sobre leyes, sino una decisión histórica y sumamente incómoda. La Corte Penal Internacional se atrevió a emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza.

Para el gobierno estadounidense, que considera a Israel su socio intocable, esto no fue cruzar una línea roja, fue un desafío intolerable que ninguno de los dos países está dispuesto a ignorar. La reacción no tardó en llegar, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, activó una maquinaria de presión que parece sacada de una película de gánsters, congelación de cuentas bancarias a los jueces, revocación de visados para que ni ellos ni sus familias puedan pisar suelo estadounidense y amenazas directas a cualquier país que ose cooperar con las investigaciones.

Pero seamos claros, el rechazo de Estados Unidos hacia este tribunal no es nuevo. Washington siempre ha practicado una especie de “selección” donde las reglas internacionales se aplican a los demás, pero nunca a ellos. Desde su fundación en el año 2002 a través del Estatuto de Roma, EEUU. cuestionó la ratificación del tratado.

Heredada de los traumas de la guerra de Vietnam, la fobia histórica de Washington ha sido que un soldado o un político estadounidense termine sentado en el banquillo acusado de acciones criminales. Con la doctrina de “America First” de Trump, ese recelo se ha transformado en una guerra abierta de demolición.

Si la decisión estadounidense tiene éxito, el daño no será para los burócratas que trabajan en los despachos de La Haya. El golpe de gracia se lo llevarán las víctimas de las peores atrocidades del planeta. Sin una corte internacional, ¿quién juzgará al próximo señor de la guerra que reclute niños soldados en el Congo? ¿Quién investigará las fosas comunes en Rusia o el sufrimiento de los civiles en cualquier rincón olvidado del planeta?

La alternativa a la justicia internacional es escalofriante. Es el regreso inmediato a la ley de la selva, donde el fuerte hace lo que quiere y el débil sufre lo que no debe. Además, esta postura coloca a EEUU en un laberinto de contradicciones morales. ¿Cómo explicar que la Casa Blanca aplaudiera cuando la CPI persiguió a Vladímir Putin, y decida ahora asfixiar a la misma corte cuando las investigaciones tocan a sus aliados?. Ese doble rasero destruye la credibilidad de Occidente y le da la razón a quienes opinan que las leyes internacionales son solo un garrote que los poderosos usan a su conveniencia.

Para colmo de males, la corte sufre esta emboscada política en su momento de mayor fragilidad institucional interna, tras la ruidosa salida de su fiscal jefe, Karim Khan, envuelto en un escándalo personal. Una tempestad que haría naufragar a cualquiera.

Ante un panorama tan oscuro, sería fácil caer en el cinismo y dar por muerta la utopía de la justicia universal. Pero la historia nos ha enseñado una y otra vez que las ideas justas tienen una resistencia asombrosa ante los embates del poder. Y es aquí donde empieza a asomar la esperanza.

En primer lugar, el mundo del año 2026 ya no es un planeta donde una sola superpotencia dicta todas y cada una de las reglas. Europa se ha plantado. Países como el Reino Unido, Francia, Alemania y España han dejado claro que su compromiso con el Estatuto de Roma no es negociable. Para el viejo continente, escarmentado por las tragedias del siglo XX, la existencia de la CPI es una cuestión de supervivencia civilizatoria. Esta resistencia demuestra que Washington se está encontrando con un muro de dignidad legal que no puede derribar simplemente con una nota en Internet o una sanción económica.

Además, la propia existencia de la corte es un triunfo del que la humanidad ya no va a prescindir tan fácilmente. El tribunal de La Haya no es un experimento de laboratorio; nació porque los juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial demostraron que los tiranos no se frenan con discursos, sino con esposas y sentencias firmes. Esa conciencia global colectiva ya ha echado raíces profundas en la sociedad civil, las ONG y la opinión pública de los cinco continentes.

Los imperios, los gobiernos y los presidentes pasan. Tienen sus años de gloria, firman decretos ruidosos y luego se van a los libros de historia. Pero el deseo de justicia de los pueblos no es un yogur que caduca. Cada vez que un juez de La Haya se mantiene firme a pesar de las amenazas, el tribunal demuestra que su verdadera fuerza no reside en un ejército que no tiene, sino en su autoridad moral.

El asedio de Trump es feroz, no hay que subestimarlo, pero la luz de la justicia internacional no se apaga tan fácilmente. Podrán golpear ventanas y puertas, podrán cortar las financiaciónes, bloquear los visados e imponer los mil aranceles pero mientras haya comunidades exigiendo reparación por los atropellos sufridos, si no existiera tribunal global alguno, habría que reinventarlo.

La ley del más fuerte puede ganar algunas batallas, pero con los años hemos aprendido que, al final del día, la razón siempre encuentra la forma de regresar para pedir cuentas.

Continuará…

Cantaclaro                                                                                                                                                                                     …