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Sobre el expresidente Jose Luís Rodríguez Zapatero, decía en nota anterior, que había más días que vida para conocer con alguna “precisión” lo mucho y malo que sobre él se comentaba. Hoy podemos afirmar que con todo lo sabido, el capítulo está mucho más claro. De ello va la nota de hoy.

Con el supuesto por delante, el martes 19 de mayo de 2026 ya forma parte de la historia negra de la política española. En un giro de guion, el magistrado José Luis Calama ha imputado formalmente al expresidente, convirtiéndolo en el primer exjefe del Ejecutivo investigado por corrupción desde la Transición.

Quién le iba a decir a José Luis Rodríguez Zapatero que el famoso “talante” que abanderó durante sus años en La Moncloa terminaría rindiendo cuentas ante la Audiencia Nacional.

Atrás quedaron las conferencias internacionales y el papel de mediador global. Ahora, los términos que rodean al expresidente son bastante menos glamurosos: organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Cuatro delitos que pesan mucho, que le quitan el sueño a cualquiera y que han dejado al PSOE en un estado de shock.

La bomba estalló a primera hora de la mañana con la activación de la “Operación Tíbet”. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se presentaron simultáneamente en varios puntos de Madrid. No iban a buscar autógrafos. Los agentes registraron de arriba abajo el despacho de Zapatero y las oficinas de varias empresas salpicadas por el escándalo. Entre ellas, la agencia de comunicación de sus hijas, Whathefav SL.

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí, hay que rebobinar hasta el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. En su día, el Gobierno de Pedro Sánchez inyectó 53 millones de euros de dinero público en una compañía aérea con más “amigos” que aviones.

Sin embargo, según sospecha la investigación policial, esos 53 millones no fueron un favor gratis ni una decisión estratégica. La tesis que maneja el juez Calama es que Zapatero y su entorno más cercano tejieron una red de influencias para interceder ante los gobiernos de Pedro Sánchez y de Nicolás Maduro. El objetivo: conseguir contratos a dedo, rescates y favores políticos para empresarios amigos.

¿Y cómo se cobraban esos favores? Nada de bolsas de basura llenas de billetes en un maletero, que eso está anticuado y abulta mucho. Fueron facturas falsas por servicios de asesorías que jamás se realizaron. Supuestamente, las empresas de la trama pagaban a Zapatero y a la agencia de sus hijas por informes inexistentes o charlas de café. De esta forma, el dinero negro entraba en el circuito legal con apariencia de honorarios profesionales impecables.

En total, la policía rastreó un flujo de casi dos millones de euros (concretamente 1.948.857 euros) que fueron a parar a las cuentas del expresidente y de la empresa de sus hijas, Whathefav SL. El dinero se movía principalmente a través de tres cañerías financieras muy bien engrasadas:

Análisis Relevante SL, la consultora propiedad de Julio Martínez (amigo de Zapatero y presunto testaferro), transfirió 490.780 euros directamente al expresidente y otros 239.755 euros a la agencia de comunicación de las hijas.

Gate Center, el centro de pensamiento y debate geopolítico presidido por el propio Zapatero, funcionaba presuntamente como un puente financiero. Desde allí se desviaron 352.980 euros al exlíder socialista y 171.727 euros a la firma familiar.

El entramado se completaba con sociedades vinculadas al grupo Thinking Heads, una conocida agencia de conferenciantes. Por esta vía se canalizó la mayor tajada: 681.318 euros para Zapatero y un pequeño pellizco de 12.297 euros para la empresa de sus hijas, completando así el desvío total de los casi dos millones de euros investigados.

Para el magistrado, Zapatero no era un invitado de piedra que pasaba por allí y firmaba contratos sin mirar. El auto judicial lo define con palabras contundentes: era el “núcleo decisivo y estratégico” de toda la red. Una forma elegante de decir que, según los indicios actuales, él cortaba el bacalao y decidía a quién se ayudaba y cuánto “había para ello”.

Como era de esperar, las reacciones no han tardado ni cinco minutos en incendiar las redes sociales y los pasillos del Congreso. La Moncloa y la dirección del PSOE se han quedado congeladas. Zapatero no es un militante cualquiera de los que se pueden expulsar con un comunicado de tres líneas y mirar para otro lado, es el gran referente ideológico del sanchismo, el hombre que pacificó el partido y el enviado especial para “misiones delicadas” en Venezuela. Su caída arrastra demasiadas cosas.

El propio expresidente reaccionó por la tarde mediante un video comunicado grabado a toda prisa. Con rostro serio y tratando de mantener la calma, defendió su inocencia absoluta y aseguró que jamás ha movido un solo dedo ante la administración pública para beneficiar a Plus Ultra. También prometió colaborar al máximo con el juez para desmontar lo que considera un error monumental.

Mientras tanto, en la sede del Partido Popular se descorchaba champán a mares. Alberto Núñez Feijóo no ha dejado pasar la oportunidad y ha salido en tromba a calificar el caso como “un escándalo internacional que avergüenza al país”. Los populares ya han exigido formalmente la convocatoria inmediata de elecciones generales. Vox, por su parte, ya prepara la acusación para asegurarse de que el escándalo haga el mayor ruido posible.

La fecha clave en el calendario ya está marcada en rojo: el 2 de junio de 2026. Ese día, bajo un estricto secreto de sumario, José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que subir las escaleras de la Audiencia Nacional, responder a las preguntas del juez Calama y explicar cómo casi dos millones de euros terminaron en sus cuentas a base de asesorías muy sospechosas.

La cosa no ha hecho más que empezar, hay un mundo de razones para que todo esto termine de color de hormiga… Amanecerá y veremos.

Continuará…

Cantaclaro

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