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Hoy le toca turno nada menos que a la LEY y lo pongo con mayúsculas, por toda la relevancia que tiene, que no es cosa menor. En la Venezuela que uno conoció fueron muchos los que personificaron dignamente la justicia. Hoy ese poder del Estado, y todo lo que significa, no es para llorar a gotas, sino a rios como el Orinoco.

Basta detenerse un momento ante la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y concretamente ante su presidenta Caryslia Rodríguez Rodríguez, para apreciar al instante que su “señoría” solo cambió la gorra y el uniforme del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el birrete y la toga de magistrada. Su salto al máximo tribunal no fue un ascenso, fue una invasión descarada de un régimen que buscaba no la mejor jurista, sino la más obediente.

Antes de dictar sentencias, Caryslia fue alcaldesa de Caracas y concejal chavista. Su lealtad nunca fue a la Constitución, sino al partido gobernante. Hoy es la magistrada de ese partido, y la pieza clave colocada para garantizar que la justicia no sea ciega, sino que tenga la mirada fija en los intereses de quien sea que ocupe la silla presidencial de Miraflores.

Su misión y rol fundamental, siempre fue darle el golpe de gracia a la democracia. Tras las elecciones de 2024, mientras el país exigía transparencia, Rodríguez lideró el peritaje que validó la reelección de Maduro, sin publicar una sola acta. Fue ella quien puso su firma para sepultar la voluntad de millones, demostrando que el TSJ no es un tribunal, sino una oficina de trámites de la dictadura.

No es casualidad que haya sido sancionada por la Unión Europea y otros organismos internacionales. Sus acciones han desmantelado lo poco que quedaba de institucionalidad en Venezuela. Esta señora no preside un tribunal, dirige un paredón de fusilamiento judicial donde se ejecutan a diario los derechos civiles de quienes se atrevan a disentir.

Pero el mundo no ignora sus actuaciones. Su nombre ya figura en las listas de sanciones por socavar la democracia y el Estado de derecho, por ser el muro de contención que el régimen levantó para protegerse de la legalidad. Mientras hoy se habla de “amnistías” y “reconciliación”, el nombre de Caryslia Rodríguez suena como la sancionada por el mundo por haber silenciado la voluntad de todo un pueblo.

En definitiva, Caryslia Rodríguez no pasará a la historia por sus aportes al derecho, sino por ser la fusiladora institucional de la estafa socialista del siglo XXI. Deja un expediente abierto ante la conciencia de un país y ante la justicia internacional.

Cuando el ciclo de la impunidad se agote (siempre ocurre), no habrá toga lo suficientemente larga para cubrir sus complicidades.

Continuará…

Cantaclaro

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