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Lo habré dicho y escrito las mil y una veces: todo comienza con su padre, Jorge Antonio Rodríguez, comunista converso fundador de la Liga Socialista, quien murió en 1976 bajo custodia policial durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este hecho convirtió a 2 hermanos en el paradigma de “herederos trepadores” de un linaje diabólico, una narrativa que Hugo Chávez abrazó para integrarlos a su círculo de confianza como símbolos del sistema que pretendía imponer en Venezuela.
Mientras que con Chávez eran piezas útiles dentro del tablero liderado por un caudillo carismático (todo hay que decirlo), con Maduro (chofer de autobús presidente) los hermanos Rodríguez se convirtieron en el cerebro del régimen.
Hoy no son solo funcionarios de importancia, son el núcleo que gestiona el poder real, actuando como los interlocutores necesarios para Washington mientras mantienen el control férreo de la política interna. Su historia es la de una transición de “hijos de un mártir” a dueños absolutos de la maquinaria que ha subyugado un país durante casi 3 décadas.
El panorama político venezolano enfrenta hoy un dilema moral que supera, incluso, las turbias negociaciones petroleras: la instrumentalización de la libertad de los presos políticos. Bajo la sombra de los hermanos Rodríguez, se gesta una supuesta “Ley de Amnistía” que, lejos de ser un acto de justicia, se perfila como un mecanismo de capitulación moral y humillación.
Es una ingenuidad peligrosa creer que EEUU tiene las llaves de Miraflores. La realidad de los calabozos desmonta cualquier narrativa sobre un control efectivo del poder local. El control del país sigue concentrado en manos del chavismo, específicamente en el trío Rodríguez-Cabello, ya que un Padrino López enfermo y en vías del exilio en España, no participa en el baile. La persistencia misma de los centros de tortura e infernales lugares de reclusión, son una bofetada a cualquier pretensión de normalización pacífica.
Expertos en derechos humanos coinciden en que la medida de liberación inmediata no requiere de complejos trámites parlamentarios en una Asamblea Nacional cuya legitimidad es, por decir lo menos, corrupta e ilegal en su totalidad. La clausura del Helicoide y la liberación de los presos políticos puede y debe ser objeto de una decisión directa de los mismos canallas que metieron en las mazmorras a todo aquel que se les oponía.
Al aceptar una amnistía bajo estos términos, se induce al preso político a aceptar, implícitamente, que cometió un delito. Los presos politicos no son criminales, son ciudadanos que se opusieron a un régimen malhechor . Aceptar esta ley es aceptar una culpa inexistente.
Otro peligro de este instrumento es su naturaleza bidireccional. No busca solo “perdonar” a quienes no han delinquido, sino a cancelar la culpa de los victimarios.
Es una ley hecha a la medida de los criminales del régimen, es una tabla de salvación para quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos durante los últimos 27 años.
Los que han aprobado por unanimidad en esa Asamblea Nacional (tan ilegítima como ilegítimos son todos su “legisladores”), es un insulto a la inteligencia y a la dignidad nacional. La amnistía, en este contexto, es la trampa perfecta: para que te suelten, tienes que aceptar que “delinquiste”. ¡Brillante! es como si te atracan en la calle y detenido el delincuente, una vez en comisaria, te obligan a firmar un documento donde confiesas que tú le robaste al que te atracó.
Los presos están ahí por un solo “crimen”, ser opositores. Aceptar esta ley es aceptar una culpa que no existe y, de paso, regalarles una limpieza de cara judicial a los victimarios. Es decir, queda la víctima humillada y el atracador queda impune y encima te saca la lengua. Si el gobierno de los EEUU no le da un parao a sus “títeres” en Caracas y les exige liberaciones reales, van a terminar pareciendo los actores de una película de gánsteres donde el malo siempre es el que se escapa.
Pese a todo, el poder en Venezuela sigue bajo el puño de los Rodríguez-Cabello. Hay además un detalle que no deberíamos olvidar, es el control territorial. Mientras los Rodríguez lucen sus mejores trajes caros en las fotos diplomáticas, en el país real los colectivos armados hasta los dientes, circulan en moto confirmando su absoluto control a pie de calle. Estos grupos paramilitares son la verdadera garantía de su permanencia. Son el brazo ejecutor que impone su realidad aunque se firme cualquier ley.
Los Rodríguez junto al ejecutor mayor Diosdado Cabello presumen de ser los más listos de la clase. Creen que con su retórica unos y sus colectivos el otro, pueden detener el tiempo y seguir con la comilona. Sin embargo, hay una verdad: ni Cabello con sus motorizados pueden definir nada, en miedo cambiará de bando, la captura de la cabeza del régimen en enero fue solo el prólogo.
Pero ojo pelado, que aquí no todo es disimulo y simulación sin culpables que asuman sus fechorías. A pesar de los Rodríguez y sus leyes de cartón, hay algo que no han podido legislar: la dignidad del venezolano. Esa no cabe en una celda ni se dobla ante un papel firmado bajo coacción.
La historia es caprichosa y no suele ser amable con los que creen que el poder es eterno. El Helicoide acabará siendo el museo de la memoria, y los que hoy dictan leyes de impunidad terminarán leyendo sus propios expedientes. La libertad no se negocia, se recupera. Y falta menos de lo que su arrogancia les permite ver.
El hecho de que tengan que inventar leyes para “perdonar” a quienes no han hecho nada demuestra su desesperación.
La historia tiene una “coña marinera” muy particular, el poder absoluto siempre caduca de la forma más inesperada y la captura de Maduro en enero fue solo el prólogo de lo que llegará.
Venezuela no necesita perdón, necesita justicia. Y la justicia, aunque tarde, ya está en camino. El último que ríe, ríe mejor, y nosotros los que les enfrentamos, todavía no hemos empezado a reír.
Continuará…
Cantaclaro
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