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El mirador del indiano

La comida… no llega por azar

En Septiembre de 2009 publicaba en este espacio una nota que comenzaba así:

…Hace ya algunos años recorrió Venezuela una frase que con en pasar del tiempo se sumó al acervo popular de aquellos días, decía así: la electricidad no llega por azar.

En un creativo spot publicitario la empresa eléctrica Electricidad de Caracas, explicaba los pasos sucesivos necesarios para hacer llegar el fluido eléctrico, desde sus orígenes en las centrales generadoras hasta el consumidor final.

He creído importante traer hoy aquí una lista de episodios (analogía de lo que digo en el párrafo anterior) que nos ayudarán a entender lo que conforma el resultado de lo que es hoy Venezuela… 

La nota de hoy tiene el mismo propósito, retroceder en el tiempo, recordar lo que se hizo mal, enmendar la plana y hacer bien los próximos deberes.

Cifras que espantan

De acuerdo con el Laboratorio Internacional de Migraciones, hasta 1992 había menos de 50.000 venezolanos radicados en otros países, pero actualmente son alrededor de 3.000.000 las personas que han emigrado, lo que equivale a casi el 10% de toda la población.

Más del 50% de quienes se han ido del país lo han hecho debido a la inseguridad personal, la mitad restante se reparte entre la falta de oportunidades, la crisis alimenticia-sanitaria y la ausencia de libertades.

Venezuela, según las estadísticas del Observatorio Venezolano de Violencia, es el país más violento del mundo, con casi 30.500 muertes violentas en 2016.

El país tiene el mayor índice per cápita de secuestros de América Latina, según la misma fuente, más del 10% de las personas secuestradas son asesinadas durante el proceso.

Consecomercio (Consejo Nacional del Comercio y los Servicios), estima en decenas de miles las empresas comerciales y de servicios las que han cerrado en la era Chávez-Maduro. Por su parte, Conindustria (Confederación Nacional de Industriales) calcula en cerca de 8.000 las industrias clausuradas.

De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional del Trabajo que maneja el Instituto de Altos Estudios Sindicales, más del 60% de la población en Venezuela trabaja en condiciones de informalidad, comparado con 29% promedio en el resto de Latinoamérica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe publica, que los precios de bienes y servicios se multiplicarán por 8 en 2017 (inflación del 765%) y volverán a multiplicarse por 22 en 2018 (inflación del 2.070%). El Banco Central de Venezuela, encargado por ley de dar las cifras al respecto, no ha informado del índice inflacionario ni de ningún otro.

El precio de la canasta básica familiar se ubicó en 922.000 bolívares en marzo de 2017, según los cálculos del Centro de Información y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas). El salario mínimo, aumentado vía decreto por décimo cuarta vez en cuatro años, se ubica en 65.000 bolívares, que sumado a los 135 mil bolívares de bono de alimentación, arroja un ingreso máximo de 200.000 bolívares, es decir, más de cuatro veces menos que el costo de la cesta básica.

Según un estudio realizado entre octubre y diciembre de 2016 por Cáritas Francia, la Comisión Europea y la Confederación Suiza, en Venezuela hay sobradas evidencias de desnutrición crónica entre adultos y sobre todo niños. En algunas zonas, esta alcanza niveles cercanos a lo que según los estándares internacionales se define como crisis humanitaria.

A mediados de 2016, la gravedad de los problemas venezolanos eran titulares de la gran prensa internacional e inocultables para todo el mundo. Tanto así que la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, declaraba de forma tajante: “En Venezuela hay desesperación y hambre”.

Hagamos historia

Venezuela sufre un proceso de deterioro político, económico y social desde finales de la década de los 80. El fin del boom petrolero de esos años acabó con el rentismo surgido a finales de los 50. El país iniciaba así su camino hacia el estancamiento, el intervencionismo estatal y las dificultades económicas. El deterioro en las condiciones de vida de la población se reflejaba en la poca credibilidad en los políticos y en la democracia misma.

El llamado “caracazo” de 1989 y el alzamiento de un teniente coronel del ejército en 1992 serían claros síntomas de la problemática institucional venezolana. La elección del mismo alzado  Hugo Chávez en 1998 (como muchos quisieron creer) no fue ni de lejos la solución.

El 24 de abril del año 2003, durante su segundo período presidencial, Hugo Chávez inició la Misión Mercal que buscaba distribuir productos alimenticios entre la población a precios mucho más bajos que el mercado tradicional. Esto implicaba, obviamente, altas subvenciones a los productos y la creación de mecanismos y establecimientos de distribución.

Al año siguiente creó (como era de esperarse) un monstruo burocrático con nombre rimbombante: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Viendo en perspectiva, el propósito de dicho ministerio no era solo controlar la producción y distribución de alimentos para garantizar el suministro barato, sino que apuntaba a generar una mayor fidelidad (clientelismo) al chavismo a través del estómago de los venezolanos.

Lograr un mayor control sobre la provisión de alimentos se había vuelto esencial para el chavismo, no solo para alimentar el culto a la personalidad del “Comandante” sino como una estrategia clave en torno a lo que denominaron “guerra económica”.

Bajo el cuento de “seguridad alimentaria para el pueblo” el régimen chavista aumentó también su control sobre la asignación de divisas para evitar los “caprichosos lujos de la burguesía”.

En 2007, se crea el Proyecto Nacional Simón Bolívar cuyo objetivo es “establecer una sólida arquitectura ética de valores que conformen la Nación, la República y el Estado moral socialista contra la explotación del pueblo, la exclusión y la miseria”.

Ya en 2008, el intervencionismo del gobierno sobre el acceso a los alimentos y el control sobre los precios era prácticamente total al crearse la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y una cadena de supermercados renombrada Abastos Bicentenario, en cuya inauguración, Chávez decía: “cuando gobernaba la burguesía y tenían el monopolio de la economía venezolana, incluyendo los alimentos, hambre y miseria reinaban en Venezuela”. Y agregaba: “la desnutrición se acabó en Venezuela gracias a la revolución”.

En  esos años, el auge en los precios del petróleo permitía al régimen disponer de ilimitados recursos para importar alimentos y otros bienes sin cortapisas. El rentismo venezolano, que había entrado en crisis en los años 80, en 2008 permitía los delirios socialistas de Chávez, gracias a un precio por barril nunca antes visto superior a US$ 100.

Entre los años 1990 y 2008, la importación de alimentos aumentó siete veces. La fortaleza de la industria alimenticia nacional no interesaba en lo más mínimo a los adeptos al régimen. Las vacas gordas avivaban el discurso anti empresarial, el culto hacia la persona de Chávez y el gasto público sin miramientos.

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Marcas en brazosEl Comandante Supremo estaba en permanente campaña populista a costa del erario público y la deuda externa crecía exponencialmente.

En 2009, cuando la demanda y el precio del crudo cayeron, el panorama fue distinto.

El despilfarro y robo en nombre del Socialismo del Siglo XXI cobró factura. La importación ya no era tan viable y se hizo costosa.

Por otro lado, la producción interna de alimentos, fuertemente dañada y debilitada por el intervencionismo y las expropiaciones, fue incapaz de satisfacer la demanda. 

Entonces, ante los problemas planteados, en vez de favorecer al productor y comerciante nacional, agudizaron el intervencionismo, aumentando el control de precios sobre los bienes y servicios. Aquello no mejoró en nada la situación. 

También en 2009, Chávez se hizo con el control de los puertos. Durante ese año, la discrecionalidad del supremo dedócrata diciendo ¡exprópiese!, alcanzó ribetes desquiciados.

La lista de empresas confiscadas era interminable: alimentos, agro-industrias, distribución, logística, almacenadoras, telefonía, electricidad, cemento, vidrio, papel, metalurgia, hoteles, constructoras etc.etc.

En 2010, anunció la estatización de AGROISLEÑA, una gran empresa modélica de insumos y suministros agrícolas, siendo rebautizada como AGROPATRIA. La nueva empresa, como todas las expropiadas anteriormente, degeneraron en monstruos burocráticos, corruptos y monopólicos que terminaron en absolutos fracasos, endeudadas y en la quiebra. Para ese año más de 300 empresas (entre medianas y grandes) habían sido literalmente “robadas” y estaban bajo control directo del Estado.

Según lo que el propio Chávez explicaba en ese momento con respecto a las expropiaciones, suponía que las empresas confiscadas pasarían a conformar una especie de “complejo industrial socialista” ligado al “Plan Socialista Nacional”, cuyo objetivo no era otro que estatizar sectores estratégicos de la economía, bajo la excusa de la utilidad pública y el interés social.

Las llamadas leyes habilitantes eran expresiones del carácter autoritario explícito que tomaba cuerpo en el régimen socialista de Hugo Chávez, vulnerando las propias reglas democráticas que él mismo había establecido. Fueron cuatro las veces que recurrió a esas facultades totalmente dictatoriales.

En 2012, Nicolás Maduro, adulador y rastrero dificil de igualar, iría tomando paulatinamente el lugar de un cada vez más débil y enfermo Hugo Chávez, primero como vicepresidente y luego como su sucesor, siguió también gobernando por decreto en varias ocasiones.

Con la muerte de Chávez a inicios de 2013, el proceso de degeneración en Venezuela entraría en caída libre.

Ese año se iniciaron diversas protestas en varias ciudades. A la carestía y escasez se habían sumado los altos niveles de criminalidad e impunidad de los delitos, que hacían de la capital venezolana una de las ciudades más peligrosas del mundo.

La represión del gobierno y sus esbirros, los “colectivos” motorizados y armados hasta los dientes, fue brutal. Maduro sin embargo, seguía culpando de la catastrófica situación a las protestas, a la oposición y a la guerra económica.

Así llegamos a febrero de 2014. La ley de “precios justos” aplicada ese año por el gobierno de Maduro, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), no mejoró la situación sino que la empeoró.

Era de esperarse, pues el intervencionismo gubernamental de la economía lejos de generar mejoras ocasiona enormes distorsiones, además, en un mercado de bienes y servicios nomalizados no existe la figura del “precio justo”, y menos aún si es establecido caprichosamente por cualquier ignorante corrupto desde una oficina burocrática.

Esta discrecionalidad de los funcionarios de turno, disponiendo de amplias facultades para decomisar bienes y ordenar la ocupación o cierre de establecimientos, no establece justicia en los precios sino por el contrario, ocasiona un descalabro total del sistema productivo y comercial además de propiciar aun más la corrupción. Es eso y no un “complot internacional” lo que genera el desabastecimiento de estos tiempos.

El largo camino de disparates y servidumbre a los militares, alcanzó su clímax en 2016 cuando Nicolás Maduro determinó que los uniformados controlaran la distribución de alimentos. Cumpliendo los sueños de su antecesor Hugo Chávez, Maduro designó a un militar para cada rubro alimenticio básico, militarizando totalmente el acceso a la comida.

Así, la dictadura militar venezolana se hizo explícitamente corrupta y enfrenta las quejas por hambre de millones de ciudadanos. Según The Associated Press, los militares no solo venden ilegalmente los alimentos sino que lo hacen a precios exorbitantes. (1*)

Como los puertos fueron estatizados en 2009 por Chávez en nombre del socialismo y la revolución, en la actualidad, mafias de militares controlan el flujo de alimentos y medicinas, cobrando cuantiosos sobornos, aprovechando su absoluto control sobre la distribución y las fronteras. Patria o hambre es el lema de estos carteles mafiosos socialistas.

A tal nivel ha llegado la carestía en Venezuela que a la búsqueda de comida en la basura se le ha sumado la prostitución (a la cubana) a cambio de alimentos. Esa es la dignidad del pueblo que promueve el socialismo. Es tal el desbarajuste del estado y la desesperación de la población, que el gobierno ahora sanciona duramente a los establecimientos donde se producen colas.

Ocultan la miseria y humillación a la que han llevado a la ciudadanía, de modo que los venezolanos ahora, están haciendo las colas de la vergüenza en los sótanos o en los aparcamientos subterráneos de los própios locales.

En diciembre de 2016, el gobierno presentó el carnet de la patria, instrumento destinado al racionamiento de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las célebres misiones sociales. Del marcaje en el brazo pasaron a la tarjeta y la huella dactilar. Según Nicolás Maduro “el pueblo podrá hacer sus compras en las tiendas del país sin utilizar billetes.

Lo que no dice el ignorante déspota, es que los consumidores solo pueden adquirir los bienes regulados (que son media docena de productos y no los principales) en los días y horarios que le corresponda según el número de carnet de identidad. Tampoco menciona que la cantidad y variedad es totalmente deficitaria, incapaz de alimentar a una persona o familia ni bajo mínimos. El carnet alimenticio (libreta de racionamiento a la cubana) es también un método de control sobre la población.

En otras palabras, de lo que se trata es saber cuántos estómagos les deben fidelidad. Porque en el fondo, todo este proceso de desmantelamiento del aparato productivo privado responde al propósito socialista de reemplazar las lógicas de mercado por las ilógicas burocráticas y corruptas del omnipotente Estado.

Está claro, que a donde se dirigen los promotores del socialismo del siglo XXI es a eliminar la imprescindible distribución privada, dando paso a una supuesta relación directa entre el ciudadano y el todopoderoso Estado. Una relación que a todas luces se convierte en obediencia a través del hambre. En Venezuela, si no te registras, no comes. Si eres opositor, pasas por el aro o te mueres de hambre.

Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy: lo que ocurre en Venezuela, no es un problema de gestión (que también) del gobierno de Maduro sino que es el resultado de un proceso paulatino de decadencia institucional, social y moral del delirante ideario de Hugo Chávez.

Si Venezuela tenía algún problema en la década de los 80, el Socialismo del Siglo XXI terminó por sepultar definitivamente al país. (2*)

La supuesta cura revolucionaria socialista tan prometida y promocionada en Latinoamérica y el mundo todos estos años, terminó por desatar la metástasis terminal de una nación gobernada por ladrones y habitada por mendigos.

Cantaclaro

 

(1*) Por increíble y colmo de lo ridículo que parezca, cada renglón alimenticio tiene su heroico y condecorado cacique que “importa, parte, reparte y se lleva la mayor parte”.

A este “paso de vencedores” cualquier día nos enteramos de que uniformado de Guardia Nacional, nuestro ínclito Karlos Argiñano imparte a almirantes y generales de la “patria”, cátedra práctica con munición real de “ataque frontal, masivo y despiadado a las cazuelas de marmitako, kokotxas, angulas, bacalao al pil pil u otra ración (rica, rica) de campaña, que pudiera también ser atacada y neutralizada en la inminente guerra asimétrica contra el Imperio”. De más está decir que entre ataque y ataque tendrán todos que ponerse firmes y gritar como loritos lo de… ¡Chávez vive, la patria sigue! – ¡el sol nace por el Esequibo!

Estos son los nuevos próceres amos del hambre:

Aceite: General de Brigada Jorge Pérez Mancilla. Director de Seguridad Aérea y Terrestre de la Inspectoría de la Aviación Militar Bolivariana.

Arroz:  General de Brigada José Inés González Pérez. Director de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Avícola (Pollo y Huevos): Contralmirante Ángel Rueda Pinto. Director de Organización y Desarrollo de Seguros Horizonte.

Azúcar: General de Brigada Ludwing Palima Cisneros. Director de Investigaciones Penales y Financieras de la Guardia Nacional Bolivariana.

Carne de Ganado Bovino: General de División Luis Alejandro Jiménez Villaruel. Secretario Permanente de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación.

Café: Contralmirante Juan Jiménez Peña. Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Bolivariana.

Legumbres: General de Brigada Reynzer Rojas Omaña. Jefe de Servicio de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Resguardo Nacional Aduanero y Tributario.

Detergente, jabón de baño, champú, crema dental y desodorante: General de Brigada Fernando Prieto Ventura. Director de Bienestar Social de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Farmacéutico: General de División Juan Rivas Rojas. Director Conjunto del Apoyo al Desarrollo Nacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Maíz Blanco: Vicealmirante Freddy Lozada Peraza. Jefe de Abastecimiento de la Armada Bolivariana.

Maíz Amarillo: General de División Javier Antonio Rosales Duque. Director de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Lácteos: General de Brigada José Gregorio Pérez Malavé. Director del Régimen Especial de Seguridad del Ejército Bolivariano.

Margarina: Contralmirante Adolfo Contreras Soto. Director de Logística del Segundo Comando y Estado Mayor General de la Armada Bolivariana.

Papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables: General de Brigada Manual Vera Boada. Director de Puesto de Comando de la Aviación Militar Bolivariana.

Trigo: General de División Francisco Yánez Rodríguez. Presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Aviación Militar Bolivariana.

Pescado: Vicealmirante Luisa María Lozada Fergusson. Directora de Personal de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital.

Ganado Porcino:General de Brigada Rubén Barreto Barrios. Sub Inspector General del Ejército Bolivariano.

Soja: General de Brigada José Jesús Hernández Perales. Director de Resguardo Nacional Minero de la Guardia Nacional Bolivariana.

(2*) No es posible entender acertadamente el llamado Socialismo del Siglo XXI y su monumental fracaso, sin incorporar en el análisis la enorme (además de lo demás) culpa que ha tenido el masivo saqueo del erario público y demás activos de la Nación por parte del Gobierno, el estamento militar y la complicidad necesaria de algunas individualidades del sector privado en ambos, que supo sacar buen provecho de las facilidades dadas por un sistema corrupto hasta la médula.

Es muy fuerte lo que voy a decír pero confieso que más de una vez he pensado, que un país que sentó en el sillón presidencial a un Hugo Chávez primero y a su chofer Nicolás Maduro después, merece irse al mismísimo carajo.

Reseña muy parcial de algunas expropiaciones

Año 2007

El Gobierno expropia la compañía eléctrica Seneca y La Electricidad de Caracas, ambas de capital estadounidense.

Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) toma simbólicamente el control de los campos petrolíferos de la Faja del Orinoco, con reservas estimadas en 316.000 millones de barriles, tras acordar la creación de empresas mixtas con mayoría estatal. Las estadounidenses Exxon Mobil y Conoco-Philips rechazan formar una empresa mixta con mayoría accionarial de Pdvsa e inician un litigio multimillonario contra el Gobierno venezolano.

Se nacionaliza la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Año 2008

32 campos petroleros de la Faja del Orinoco pasan oficialmente a control estatal.

Se expropia una cadena frigorífica y la empresa Lácteos Los Andes.

Se expropian todas las cementeras del país: la francesa Lafarge, la suiza Holcim y la filial de la mexicana Cemex.

Se nacionaliza la siderúrgica Sidor en Guayana.

Se nacionaliza el transporte interno de combustible, del que Pdvsa ya controlaba la mayoría.

Se expropia la mina de oro “Las Cristinas”, propiedad la empresa canadiense Crystallex.

Año 2009

Se ordena la intervención y control militar de empresas arroceras a las que acusa de los desabastecimientos. La principal afectada es Alimentos Polar.

Se expropian las plantas procesadoras de arroz de la empresa estadounidense Cargill.

Se expropian 1.500 hectáreas de tierras de la multinacional papelera irlandesa Smurfit Kappa.

Se toman militarmente los puertos de Maracaibo y Puerto Cabello.

La Alcaldía del Caracas ocupa un solar de Coca Cola-Femsa.

Se expropia la línea aérea Aeropostal.

Se nacionalizan 60 empresas de actividades petroleras complementarias (transporte, inyección de agua, vapor o gas) en el lago de Maracaibo.

Se confiscan a punta de pistola más de 6.500.000 hectáreas de tierras en pleno rendimiento, para “incrementar la siembra y producción de alimentos”.

Se expropia la planta productora de pastas alimenticias de la empresa Cargill.

Se nacionalizan 4 empresas metalúrgicas, Matesi, Comsigua, Orinoco Iron, Venprecar, y una fabricante de tubos de acero sin costura de capitales japoneses, mexicanos, europeos y australianos.

Se expropia la Planta Compresora de Gas PIGAP II de la estadounidense Williams Companies Inc.

Se compra el Banco de Venezuela, filial del Grupo Santander.

Se expropia el Complejo Hotelero Margarita Hilton.

Se expropian todas las centrales azucareras del país.

Año 2010

Se expropian 6 locales de distribución de la cadena Éxito, perteneciente al grupo francés Casino, y un centro comercial en Caracas.

Chávez al grito de “exprópiese, exprópiese” ordena la confiscación de un conjunto de edificios en el centro de Caracas para “recuperar su valor histórico”.

Se expropia la cadena de automercados Cada.

Se expropian unas naves industriales de las empresas Polar, la mayor productora y procesadora de alimentos del país, a la que Chávez recomienda “resignarse y no resistirse a la medida”.

Se nacionaliza la Universidad Santa Inés en Barinas, por supuestas “irregularidades administrativas”.

Se expropia la empresa de alimentos Sociedad Mercantil Molinos Nacionales (Monaca), del grupo mexicano Gruma.

Se expropian las empresas Envases Internacional y Aventuy, fabricantes de envases de aluminio y cartón para alimentos.

Se expropia la empresa Industria Nacional de Artículos de Ferretería y 12 tiendas comerciales, 7 en Caracas y 5 en el interior del país.

Se expropian 11 taladros petroleros de la empresa estadounidense Helmerich & Payne.

Se expropia la empresa española Agroisleña, principal distribuidora de productos para el campo, con 82 puntos de venta y ocho silos en todo el país.

Se expropia la sucursal en Venezuela de la empresa estadounidense Owens Illinois, líder mundial en la fabricación de envases de vidrio para bebidas, alimentos, medicamentos y cosméticos.

Se expropia Siderúrgica del Turbio (Sidetur), filial del principal grupo siderúrgico privado Vasco-Venezolano, Sivensa.

Se expropian 6 conjuntos urbanísticos y se ocupan “temporalmente” otros 18, la mayoría en el entorno de Caracas.

Se expropia del Centro Comercial Sambil en Caracas.

Se confiscan todos los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías de Siderúrgica del Turbio.

Se expropia de la empresa textilera Silka.

Se expropian los complejos urbanísticos Lomas de la Hacienda, El Encantado, Mata Linda, El Fortín y San Antonio.

Este es un listado muy parcial y de apenas 4 años de lo que se tragó la (nunca mejor dicho) robolución. Se podrá imaginar el lector lo que se han comido estos tipos en las casi dos décadas de saqueo continuado.

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Sobre Venezuela en estos infaustos tiempos de supuesta revolución...

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