Al episodio que han protagonizado los controladores aéreos este fin de semana algunos lo ha denominado “huelga”. No lo es. La huelga, en nuestro país, es un derecho recogido en la Constitución, pero tiene sus normas. No basta con que exista una razón justificada, sino que además debe cumplir determinados requisitos para ser ejecutada. En especial, el preaviso. Y en este caso, al menos, el preaviso ni estaba ni se le espera. Hay que concluir, por tanto, que no estamos ante un paro laboral sino ante un vulgar sabotaje.

La Constitución reconoce además la existencia de los “servicios esenciales” -el control aéro lo es, sin duda-, que deben ser cubiertos con “servicios mínimos”. Un vacío legal en España -el legislador nunca ha querido meterse en este jardín para no enfadar a los sindicatos- ha impedido que se regule la definición de los servicios esenciales y también el porcentaje de servicios mínimos necesarios en cada caso. Pero esta es otra discusión y no debe interferir en la cuestión del momento.

Los controladores han querido dar una patada al Gobierno pero, como el defensa que llega tarde al balón, lo han hecho de forma equivocada. Le han golpeado en la ‘espinilla’ a centenares de miles de ciudadanos inocentes e ilusionados con unos días de descanso y les han partido la tibia y la ilusión.

Nunca creo que las cosas son blancas o negras, sino que es necesario analizar la tonalidad de grises. Por ello y sin conocer con detalle el asunto, me atrevo a aventurar que los controladores tienen razones más que sobradas para estar enfadados; también que han visto mermadas sus conquistas laborales en los últimos meses -¿y quién no?-; que quizá el empresario, en este caso el Estado, ha tratado de estirar la cuerda más de lo necesario y recomendable y que son merecedores de comprensión. Es probable, pero me temo que no van a poder contar con la ayuda de los ciudadanos. De unos, porque les han dejado tirado en los aeropuertos. Del resto, porque les han metido el miedo en el cuerpo sobre lo que puede llegar a suceder cuando planifiquen un viaje.

Los controladores se han equivocado de estrategia y de momento. De estrategia porque, si tienen razones, deberían emplear tiempo y esfuerzo en explicárselas a los ciudadanos. Claro que es difícil encontrar el respaldo de un auditorio cuando uno va a quejarse y gana más de 200.000 euros anuales de salario bruto. Pero, pese a ello, sus responsables sindicales deberían esforzarse por explicarnos a todos -con naranjas, para que les entendamos- a qué se refieren con sus reclamaciones laborales. Si se sienten incapaces, que contraten a Leopoldo Abadía para que se lo ponga negro sobre blanco. Más difícil de entender era lo de los ‘créditos subprime’ y lo ha conseguido. Tampoco deberían perder demasiado tiempo en protestar por la reacción del Gobierno, ya que el Ejecutivo no ha hecho sino conseguir aquello que le reclamaba la población: restaurar el servicio de forma inmediata. Y, si se tienen en cuenta las reclamaciones que se escuchaban en los aeropuertos -que iban desde la petición del despido para los controladores, hasta el fusilamiento colectivo- hay que convenir que la militarización temporal del servicio ha sido una medida ‘blanda’. Para un día que Zapatero se anima a gobernar, no es cosa de ponerle peros.

La ley de Murphy -si algo malo puede pasar, pasará- ronda ya la cabeza de los controladores. Intuyo que el Gobierno va a aprovechar su inmenso error para ‘enderezar’ de forma definitiva sus condiciones laborales. Incluso, si alguno de ellos se ve abocado a sentarse ante un tribunal de justicia para responder de alguna acusación o incluso defenderse de un hipotético despido, no podrá estar tranquilo. ¿Y si el juez que le juzga fue uno de esos cientos de miles de ciudadanos a quien maltrataron en el inicio del puente?……….

José Luis Rodríguez Zapatero anunció la pasada semana que en el primer trimestre del año pretende aprobar una reforma del mercado de trabajo -quizá la terminología resulte excesiva para un presidente reacio a cualquier decisión que provoque pérdida de votos-, que tendrá unos límites claros: no habrá abaratamiento del despido y tampoco contrato único.

Las medias palabras del presidente y el entorno en el que se mueve permiten vislumbrar que la reforma puede caminar por la vía de retocar los incentivos a la contratación indefinida; quizá endurecer las condiciones de prórroga y aplicación de los contratos temporales y también en la flexibilización de la organización interna de las empresas: aplicación del horario, movilidad funcional, etc. Reclamaciones estas últimas que han sido expuestas de forma reiterada por los empresarios y que, al menos, significan una reforma positiva. Quizá incompleta, pero necesaria al fin y al cabo.

El problema de la política es que tiene sus tiempos, tradicionalmente dilatados y que los resultados son siempre inciertos. Anunciar reformas a cuatro meses vista provoca frenazos, en este caso, me temo, en la contratación de trabajadores o en la adopción de decisiones de inversión, etc. Es verdad que el tiempo está más inclinado del recorte de plantillas que de su aumento, pero lo cierto es que la evolución mensual del paro es el producto de un juego matemático invariable: personas que se incorporan al mercado de trabajo por primera vez y no tienen empleo + personas que pierden su puesto de trabajo – personas que estaban en paro y son contratadas.

Imaginemos que el presidente anuncia una reforma de la fiscalidad del automóvil, para introducir alguna rebaja -es una ensoñación, ya lo sé- y que espera aprobarla allá por marzo. La actitud lógica de quienes estaban tentados de adquirir un vehículo en las próximas semanas es esperar a que esa promesa política se materialice. Como todas las promesas, más aún en el terreno de las reformas legales, el resultado es impredecible. Puede que se quede en nada.

Imagino a un empresario que piensa contratar o invertir en un nuevo proyecto en las próximas semanas, después de escuchar a Rodríguez Zapatero. Lo lógico es que frene su ímpetu, a la espera de una mayor concreción de esa reforma laboral.
Así que, presidente, no se entretenga usted. Rápido, por favor. Casi cuatro millones de parados esperan que ejerza el liderazgo que le corresponde.

Con la que está cayendo en el terreno económico, con lo que aún falta por caer y con las veces que va a tener que decir “no” la Administración en los próximos meses ante las demandas de numerosos sectores en dificultades, resulta difícil digerir que las arcas públicas vayan a liberar dinero, aunque sea tan sólo un euro, para construir un nuevo campo de fútbol en la capital vizcaína.

Me suena al debate en el seno de una familia, en la que uno de los cónyuges acaba de quedarse sin empleo y cobra del INEM una cantidad equivalente al 50% de su salario. La discusión se centra en la conveniencia o no de cambiar la segunda vivienda. No la primera, sino la de veraneo. El apartamento comprado en una localidad costera hace ya 20 años se ha quedado antiguo, es pequeño y además es un cuarto piso sin ascensor. Los amigos de los hijos tienen que dormir en el suelo cuando van de visita y nunca se puede invitar a más de tres a la vez. Uno de los cónyuges, el que tiene empleo, lo ve claro. “¿Que no tenemos dinero suficiente? Ningún problema, nos endeudamos, hipotecamos el adosado ese que hemos visto y ala, a estrenar segunda vivienda”. El otro cónyuge, el que se ha quedado en paro, no deja de repetir “¿y si esperamos unos años hasta que se arregle lo mío? Para enredar un poco más la situación, el hijo pequeño, Antonio, amenaza con no volver a pasar las vacaciones de verano con sus progenitores si lo hacen en el viejo apartamento. “O hay adosado o no vuelvo con vosotros, que ya soy mayor y me puedo quedar sólo en Bilbao”, ha amenazado.

El cónyuge ‘pro’ está encelado con la cuestión –es habitual en él lo del encelamiento pasional- y amenaza con utilizar el tema para enfrentar a toda la familia y amigos con el cónyuge ‘anti’. Al fin y al cabo, ninguno de ellos –ni hijos, ni suegros, ni amigos- creen asumir riesgo alguno en la operación y todos, sin excepción, estarían encantados con el adosado. Unos para pasar las vacaciones, otros, simplemente, para ir de visita. Se equivocan en el análisis del riesgo, porque como quiebre la economía del matrimonio la mayor parte de ellos van a tener algún roce. Lo del hijo pequeño, lo de Antonio, es otra cosa. En realidad, lo del nuevo adosado en sustitución del viejo apartamento le trae sin cuidado. Hace ya unos meses que a él lo que le interesa es buscar una excusa nueva cada semana, con aliados puntuales, para tocarle un poco las narices al cónyuge ‘anti’. Es la fórmula que tiene de protestar y de recordarle que, en su momento, se negó a comprarle la moto que quería, aquella flamante bicilíndrica que vieron un día en el escaparate de una tienda de Vitoria. Hoy es el adosado, mañana la paga semanla y pasado la hora de llegada a casa. Una excusa a la semana hasta que caiga la moto. Y si no cae, por lo menos que lo pague con un dolor de cabeza permanente.

El descenso de ingresos de las diputaciones –y por tanto del Gobierno vasco y de los ayuntamientos- se cifra en estos momentos en el 25,5%, en comparación con 2008. No hay dato alguno que permita vislumbrar que en 2010 van a aumentar los ingresos. Más bien al contrario, hay muchas razones –aumento del paro; descenso de los beneficios empresariales y mantenimiento de la atonía del consumo, etc.- para pensar que de nuevo habrá un descenso de ingresos, aunque de magnitudes más moderadas. Esto es, en 2010 habrá menos dinero en la familia.

Voy a obviar el debate más profundo. El de si los poderes públicos deben construir la fábrica a una empresa privada, que tiene más de 30.000 socios, que además paga a sus empleados unas cantidades astronómicas y, sin embargo, cobra a sus clientes unas cantidades tan fuera de mercado que a duras penas le da para mantener la actividad y menos aún para reponer sus activos. No tengo una posición cerrada al respecto y encuentro razones para justificarlo y para rechazarlo al mismo tiempo. De entrada me sale decir que no, pero también es cierto que hay muchas empresas privadas en el País Vasco –en el ámbito industrial, me refiero- a las que no sólo les han construido la fábrica desde los poderes públicos, sino que les han dado mucho más. Tengo cinco o seis nombres en la cabeza. Sin retroceder mucho en el tiempo, hace tan sólo unos años el diputado general de Vizcaya estaba dispuesto a construirle una fábrica al grupo de construcción Afer, a formarle la plantilla, a pagarle los gastos en investigación y desarrollo y a comprarle seis meses de producción. Y algunos, me incluyo, hasta estábamos de acuerdo. También es cierto que a otros clubs profesionales del País Vasco –de fútbol o baloncesto- la Administración les ha construido la ‘fábrica’ de mil amores. Pero en la balanza también hay que poner que en los próximos meses se van a caer muchas empresas, que algunas decenas de miles de vascos van a con sus huesos en el INEM y que la sanidad pública de la comunidad autónoma comienza a tener serios problemas de calidad por falta de recursos, humanos y materiales, etc. O, también, que los alaveses reclaman ya que les amplíen su flamante ‘Buesa Arena’ y que los donostiarras pedirán alguna inversión de características similares.

La cuestión que impone la coyuntura es la prudencia en el gasto y la elección cuidadosa de las prioridades de inversión. Más aún. Un vistazo a las declaraciones de muchos políticos en las últimas semanas permite vislumbrar que la anunciada subida de impuestos –atentos, que nos la van a clavar- se justifica sobre la base de la “necesidad de mantener el gasto social”. Y un cuerno. Si peligra el gasto social –educación, sanidad, prestaciones de desempleo y quién sabe si también las pensiones en el medio plazo-, los problemas de las arcas públicas, también de las vascas, deben ser serios. Si, por el contrario, sobra dinero para cambiar de apartamento, perdón, de campo de fútbol, entonces no debe ser tan cierto que hay penuria económica y menos aún que esté justificado el aumento de impuestos. También resulta extraño que el Gobierno vasco se vea en la obligación de emitir 1.000 millones de euros de deuda este año y quizá 1.500 o 2.000 el próximo para, al mismo tiempo, destinar partidas a cuestiones que no resultan prioritarias o cuya rentabilidad social y económica es dudosa. Tiene razón Obama al asegurar que algunos no han aprendido la lección de la última crisis y que se siguen “asumiendo riesgos sin analizar las consecuencias”.

Hasta donde mi memoria alcanza, el túnel de Artxanda tuvo que esperar más de 60 años para convertirse en realidad; las obras del tren de Alta Velocidad en Euskadi se iniciaron con 15 años de retraso sobre lo inicialmente previsto y la ‘paloma’ de Calatrava se atascó también unos cinco años, al quedar atrapada por la crisis de principios de los 90.

¿Puede esperar el nuevo San Mamés algunos años, hasta que las magnitudes económicas que hoy son negativas vuelvan a ser positivas? Vamos hombre, si incluso ahora el equipo está en Europa y lleva 6 puntos de 6 en la liga. Ya se sabe… lo que funciona bien, mejor no tocarlo. No vaya a ser que….

Primer impacto: La prestación puede cobrarse por un periodo máximo de 24 meses. En principio, un periodo suficientemente amplio de no ser porque los peores augurios apuestan por una crisis de larga duración. Pero bueno, bien es verdad que este aspecto puede comenzar a ser un problema a mediados o finales de 2010 y que hay otros más serios.

Segundo impacto: La prestación máxima para alguien que no tenga hijos es de 1.076,11 euros, que se quedan en 1.000 euros netos mensuales por doce pagas anuales. Para un parado que tenga dos hijos o más, esta prestación tan sólo asciende a 1.384 euros brutos, que se quedan en 1.266 euros después de sufrir los descuentos de Seguridad Social e IRPF. Vayan revisando su situación particular.

Vayamos a un caso práctico: Pongámonos en la piel de un matrimonio con dos hijos de 4 y 2 años, en el que sólo trabajaba uno de los dos y cuyo salario les permitía vivir sin grandes lujos pero con “normalidad”. Compraron hace cinco años un piso, para el que pidieron un crédito de 240.000 euros –vivienda modesta, por cierto-, con un plazo de amortización de 40 años, por el que pagan 813 euros mensuales.

Así las cosas, si atienden el pago del hipotecario, para no verse en la calle y sin piso, tan sólo disponen de 453 euros mensuales para todo lo demás. Si descontamos algunos gastos fijos ineludibles –electricidad, calefacción y gastos de comunidad- no podrán contar ni siquiera con 400 euros. ¿Puede un matrimonio con dos hijos pequeños vivir con esta cantidad? Definitivamente no.
Tercer impacto: Si agotas el periodo máximo de prestación, puedes cobrar un subsidio de…. 421,79 euros. Aquí mejor ni me detengo en hacer restas. No hay por dónde empezar.

Me temo que el asunto requiere una revisión porque esta crisis va a ser dura y quizá también larga. Una revisión que sea coyuntural y cuyos efectos se prolonguen hasta que pase la fase más dura de la crisis y la recuperación del empleo sea un hecho. Admito que una sociedad excesivamente subsidiada puede resultar poco dinámica, pero esta crisis que comenzó en el verano de 2007 –por mucho que algunos políticos de variado signo se empeñasen en negarla- tiene algo de “brutal”. Y no reclamo con ello un inmediato aumento del déficit público –para que no se me enfade Cristóbal Montoro – porque hay otras fórmulas. Por ejemplo, que aquellos que aún tenemos un empleo contribuyamos con un porcentaje aún mayor a la financiación del INEM.