Anda estos días el patio financiero vasco un tanto revuelto. La razón, la decisión de las diputaciones forales de aumentar la tributación fiscal de las Sicav del 1% al 28% o, lo que es lo mismo, finiquitar esta figura en el País Vasco. La decisión, que desde el punto de vista fiscal puede resultar justa, tiene sus desventajas. Lo bueno no siempre coincide con lo mejor y éste, probablemente, es un caso paradigmático.

En el País Vasco están registradas algo más de 200 sociedades de este tipo pero apenas unas 70 tienen actividad. Sin embargo, tienen su importancia en la actividad de la Bolsa de Bilbao; el mantenimiento dentro de Euskadi de capitales importantes o en la actividad de algunas empresas dedicadas a la gestión de estas sociedades.

La medida parece que es una vuelta de tuerca sobre los ricos, cuando en realidad es una patada en el culo de una parte de la economía vasca –la “industria” que se dedica a la gestión de patrimonios-; un paso más en el desmontaje de la plaza financiera de Bilbao y la inestabilidad laboral quizá para muchos profesionales que hoy se dedican a estos menesteres en la comunidad autónoma. Los ricos se mueven sin problemas, son los pobres los que se quedan a contemplar el solar.

Ya que el Gobierno español ha decidido mantener la tributación de las Sicav al 1% y en el resto de Europa la situación es similar, la decisión de las diputaciones no supone beneficio alguno para sus arcas y sí algunas pérdidas. La primera, el mensaje de “¡Ricos fuera!”. Puede resultar populista, pero es realmente peligroso. Y es que los movimientos migratorios del mundo demuestran que, al final, los “pobres” no tienen otro remedio que emigrar a donde están los “ricos”. Ya son ganas de joder pero….. es lo que hay.
Podemos perder también profesionales y deslocalizar centros de decisión. A saber. ¿Cómo justificará en el futuro alguna Diputación, que alguna entidad financiera sobre la que tiene una amplia influencia, traslade fuera del País Vasco a su equipo de gestión encargado de las Sicav? Y, por si fuera poco, con el diputado de Hacienda de turno sentado en el consejo de administración de la caja de ahorros, en cuestión. Puede ser histórico. Hasta ahora, la fiscalidad vasca estaba construída sobre la idea de “atraer” y no la de “alejar”. ¿Diabólico, verdad? Pues está al caer….salvo que alguien le busque solución.

Y coincido con los que han tomado la decisión, en que esta cosa de las Sicav es difícilmente soportable. Son un fraude de ley como la copa de un pino, porque de “colectivas” tienen poco –admito que hay excepciones, pero las mínimas- y se ha pervertido su objeto; suponen una ventaja para quienes pueden destinar 2,4 millones de euros a la inversión en activos financieros, frente a quienes no alcanzan esa cantidad, porque les permite reinvertir el 99% de sus beneficios, frente al 82% -dentro de unos meses sólo el 80%- reservado al común de los mortales.

Y no vale argumentar que tienen el mismo tratamiento que un fondo de inversión, como insisten varios bienintencionados amigos míos. En un fondo, el partícipe tiene dos decisiones en su mano: entrar y salir. En la Sicav, el dueño, además, no sólo puede elegir al gestor, sino además puede “indicarle amorosamente” en qué tipo de activos le gustaría más invertir. En definitiva, invertir a través de una Sicav es, para sus propietarios, lo mismo que operar a título particular pero utilizando una especie de preservativo fiscal de uso restringido.

En resumen y después de varios días de masaje/reflexión: No me gustan las Sicav, me parecen injustas, pero desterrarlas del País Vasco para que se vayan, pongamos que a Castro Urdiales –por poner un viaje corto- me gusta menos. Se me ocurren un par de decenas de cosas que le sobran a este país y que deberían estar antes en el orden de prioridades de “objetos a exportar”, por su condición de nocivas para la salud, la tranquilidad y la paz de los ciudadanos. Me parece que éste debería ser un tema propicio para un pacto entre los estados de la UE, aunque ya se sabe que todo lo que tiene que ver con la fiscalidad es una materia que se escapa de las competencias comunitarias y que cada uno guarda celosamente para sí.

La vida está llena de contrasentidos y situaciones que rechinan. Sin ir más lejos, conozco yo a algunos altos cargos de la Administración pública vasca que se han construido un gorro frigio con la ley anti-tabaco y fuman como carreteros en sus despachos. ¿No resulta injusto que ellos lo hagan y que en su entorno, todos los subordinados, lo tengan “terminantemente prohibido”? ¿Hay que desterrarles por ello a Castro Urdiales?

El Tribunal de Luxemburgo dará a conocer mañana una sentencia que puede resultar pedagógica para la Administración vasca. El Tribunal debe decidir si los incentivos fiscales que estuvieron vigentes en Euskadi entre los años 1993 y 1996, para animar a las empresas a realizar inversiones de importancia, se ajustaban a la normativa comunitaria de ayudas de Estado. Entre las beneficiadas hay unas 300 empresas que dejaron de ingresar a las arcas públicas una cifra cercana a los 1.800 millones de euros. Para poner las cosas en perspectiva, esa cifra es, más o menos, la caída de la recaudación fiscal que va a tener el ‘fisco’ vasco este año, en comparación con los ingresos de 2008.

Ni los habituales ‘hooligans’ de la fiscalidad foral se atreven a defender ya aquellas medidas con razonamientos técnicos. Más bien se ha asentado la idea de que las haciendas forales hicieron bien al sobrepasar por la izquierda los límites del corsé de la Unión Europea; en un momento en que la tasa de paro de Euskadi se situaba por encima del 20%; con la mitad de la industria hundida y la otra mitad tambaleándose. Esto es, que no sería legal, pero era necesario. O, como decía por aquellos años el ahora presidente de la BBK, Mario Fernández, en sus conferencias: “Hay que atender a las normas de la Comunidad Europea, pero tampoco hay que ser el primero de la clase en cumplirlas”.

De lo que sí estoy convencido es que quienes tomaron aquellas decisiones, equivocadas o acertadas, lo hicieron con la voluntad de ayudar. Tengo para mí, sin embargo, que el beneficio en la economía vasca no fue muy grande y, sin embargo, el deterioro de la imagen de Euskadi como territorio laxo en la fiscalidad fue enorme. Pero no es el momento de mirar hacia atrás sino al presente y al futuro.

Esta sentencia ofrece una gran ventaja. Por fin vamos a tener sobre la mesa una decisión en torno a la fiscalidad vasca con poca política y mucho razonamiento técnico. Ya era hora de pasar del “raca-raca fiscal”. No es la Comunidad de La Rioja o la de Castilla-León quienes atacan, en lo que puede interpretarse como una torticera actuación de gobiernos regionales “enemigos”. Quien está enfrente de las haciendas vascas y repartiendo leña a manos llenas es la Comisión Europea. Esto es, una panda de funcionarios, de países variopintos, bien pagados, que sueñan todos los días con la construcción de Europa. Ingenuos ellos. De tanto comer ‘moules’ –mejillones al vapor- con patatas fritas, se les ha nublado el sentido.

Tampoco está en cuestión la foralidad o el Concierto Económico y menos aún la capacidad de los vizcaínos, guipuzcoanos o alaveses para dotarse de sus propias normas en la materia. Eso ya lo resolvió la Corte comunitaria con la sentencia del pasado 11 de septiembre, que zanjó por fin esa polémica siempre teñida de intereses políticos identitarios. Uf, que peso nos quitaron de encima. Eso de estar todo el día viéndole tetas a las moscas, resulta insufrible.

Así las cosas, la sentencia de hoy tiene un gran valor. Puede demostrar que los “españolazos” no son los únicos enemigos de la fiscalidad vasca. A veces, incluso con buena intención, son los propios vascos, desde un sillón de diputado general o desde el despacho del diputado de Hacienda de turno, quienes meten la pata hasta la altura de la ingle.