La decisión anunciada ayer por el Gobierno de subir el precio de la electricidad un 9,8% ha sido recibida con aparente sorpresa por la mayor parte de los ciudadanos. Sin embargo, hacía tiempo ya que el Gobierno había telegrafiado con detalle que una medida así sería necesaria. Peor aún. De aquí a 2013, al menos, quizá más tiempo, serán necesarios varios ‘electrocutazos’ como éste para que nos pongamos en orden.

Uno de los problemas de gobernar –da igual si es un país o una empresa- es que las decisiones tienen ida y vuelta. Ida, el día que se toman. Vuelta, cuando se cosechan las consecuencias. Así, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pudo quedarse de lo más tranquilo tras su llegada al poder cuando anunció que mantendría la moratoria nuclear. El mensaje fue bien recibido por la mayoría de la población, a quien la energía nuclear le produce, cuando menos, miedo. Pero se olvidó de explicarnos a todos, quizá intencionadamente entonces, que esa decisión tenía un precio, traducible a euros y cuyos detalles se pueden apreciar hoy mejor que nunca.

El dinero que los españoles pagan en la factura de la luz tiene distintos destinos. El 57%, aproximadamente, está destinado a pagar los costes de producción y distribución. El 43% restante se va en impuestos y otras remuneraciones más o menos obtusas. Pero ese 57% no llega para pagar el coste real, de ahí que el Gobierno le deba en “subvenciones pendientes” al sector eléctrico la escalofriante cifra de 20.000 millones de euros. Céntimo arriba o abajo, el presupuesto del Gobierno vasco de casi dos años completos. Y la cifra no deja de crecer.

En los últimos 20 años, la generación de bajo coste –hidroeléctrica y nuclear- apenas ha crecido en España, pese a que en estos 20 años se ha duplicado el consumo. Si en 1990 la generación nuclear suponía el 36% de la generación total, en la actualidad no pasa del 18%. Para complicar aún más el capítulo de costes, durante estos años han proliferado las renovables subvencionadas –eólica y solar, principalmente- que son como el chiste del tornillero de Eibar: cada megawatio de más que producen son una sangría para el bolsillo nacional. El pasado año el Gobierno concedió a los productores de ambos sistemas subvenciones por un importe superior a los 6.000 millones de euros… que también se dice pronto. Y de la subvención al carbón nacional mejor me olvido, porque quien haya intentado alguna vez entrar en Langreo en plena acción de protesta de los mineros –y yo lo hice una vez, con el ‘salvoconducto’ de estar citado con un líder sindical- sabe que con las cosas de comer no se juega. El binomio tiragomas-tuerca te cura cualquier duda que tengas al respecto.

En fin, que Zapatero tiene otra tarea pendiente: explicarle a los ciudadanos que la decisión de ayer es consecuencia de otras que han adoptado su gabinete y otros anteriores años atrás. Y que lo de la energía, cuando más verde, más cara. No vaya alguien a pensar que lo de subir los precios de la luz el 9,8% lo hace porque haya decidido pegarle un ‘calambrazo’ a sus votantes.

Al episodio que han protagonizado los controladores aéreos este fin de semana algunos lo ha denominado “huelga”. No lo es. La huelga, en nuestro país, es un derecho recogido en la Constitución, pero tiene sus normas. No basta con que exista una razón justificada, sino que además debe cumplir determinados requisitos para ser ejecutada. En especial, el preaviso. Y en este caso, al menos, el preaviso ni estaba ni se le espera. Hay que concluir, por tanto, que no estamos ante un paro laboral sino ante un vulgar sabotaje.

La Constitución reconoce además la existencia de los “servicios esenciales” -el control aéro lo es, sin duda-, que deben ser cubiertos con “servicios mínimos”. Un vacío legal en España -el legislador nunca ha querido meterse en este jardín para no enfadar a los sindicatos- ha impedido que se regule la definición de los servicios esenciales y también el porcentaje de servicios mínimos necesarios en cada caso. Pero esta es otra discusión y no debe interferir en la cuestión del momento.

Los controladores han querido dar una patada al Gobierno pero, como el defensa que llega tarde al balón, lo han hecho de forma equivocada. Le han golpeado en la ‘espinilla’ a centenares de miles de ciudadanos inocentes e ilusionados con unos días de descanso y les han partido la tibia y la ilusión.

Nunca creo que las cosas son blancas o negras, sino que es necesario analizar la tonalidad de grises. Por ello y sin conocer con detalle el asunto, me atrevo a aventurar que los controladores tienen razones más que sobradas para estar enfadados; también que han visto mermadas sus conquistas laborales en los últimos meses -¿y quién no?-; que quizá el empresario, en este caso el Estado, ha tratado de estirar la cuerda más de lo necesario y recomendable y que son merecedores de comprensión. Es probable, pero me temo que no van a poder contar con la ayuda de los ciudadanos. De unos, porque les han dejado tirado en los aeropuertos. Del resto, porque les han metido el miedo en el cuerpo sobre lo que puede llegar a suceder cuando planifiquen un viaje.

Los controladores se han equivocado de estrategia y de momento. De estrategia porque, si tienen razones, deberían emplear tiempo y esfuerzo en explicárselas a los ciudadanos. Claro que es difícil encontrar el respaldo de un auditorio cuando uno va a quejarse y gana más de 200.000 euros anuales de salario bruto. Pero, pese a ello, sus responsables sindicales deberían esforzarse por explicarnos a todos -con naranjas, para que les entendamos- a qué se refieren con sus reclamaciones laborales. Si se sienten incapaces, que contraten a Leopoldo Abadía para que se lo ponga negro sobre blanco. Más difícil de entender era lo de los ‘créditos subprime’ y lo ha conseguido. Tampoco deberían perder demasiado tiempo en protestar por la reacción del Gobierno, ya que el Ejecutivo no ha hecho sino conseguir aquello que le reclamaba la población: restaurar el servicio de forma inmediata. Y, si se tienen en cuenta las reclamaciones que se escuchaban en los aeropuertos -que iban desde la petición del despido para los controladores, hasta el fusilamiento colectivo- hay que convenir que la militarización temporal del servicio ha sido una medida ‘blanda’. Para un día que Zapatero se anima a gobernar, no es cosa de ponerle peros.

La ley de Murphy -si algo malo puede pasar, pasará- ronda ya la cabeza de los controladores. Intuyo que el Gobierno va a aprovechar su inmenso error para ‘enderezar’ de forma definitiva sus condiciones laborales. Incluso, si alguno de ellos se ve abocado a sentarse ante un tribunal de justicia para responder de alguna acusación o incluso defenderse de un hipotético despido, no podrá estar tranquilo. ¿Y si el juez que le juzga fue uno de esos cientos de miles de ciudadanos a quien maltrataron en el inicio del puente?……….

¿Era premonitorio este anuncio de Euskaltel de principios de la década? ¿Aquel grito desesperado para buscar a Patxi era una premonición de lo que puede suceder en los próximos meses? Seguro que no, es sólo un chiste fácil pero…viene que ni pintado.

El Gobierno vasco acaba de abrir uno de los melones más esperados en lo que a la gestión de sus proveedores se refiere: la adjudicación del contrato de telecomunicaciones de la Administración vasca. El número de años del contrato –cuatro y dos adicionales de prórroga-, así como la factura que está en juego –122,5 millones de euros- resultan suficientemente importantes y jugosos. Incluso, la factura puede ser muy superior, ya que adjudicado el contrato, el Gobierno siempre puede solicitar ampliaciones de servicios y, con ello, engordar los ingresos de sus proveedores. Así, al menos, ha sucedido en los últimos años.

La primera duda está despejada: Euskaltel, que ahora tiene el 100% de lo que se somete a nueva adjudicación, no conseguirá retener ese porcentaje. El Gobierno ha decidido establecer tres lotes (voz, datos y acceso a internet) y además garantizar que habrá varios operadores en algunos de ellos. Así, habrá dos en datos y tres en acceso a internet.

Me da en la nariz que Euskaltel lo tiene difícil para retener incluso el 50% de la participación que tiene en estos momentos y que su papel estará más cerca de la cuota de mercado que tiene en la actualidad en el mercado vasco de las telecomunicaciones, sensiblemente inferior a esa tasa. Algo me dice que el espíritu protector y militante de los gabinetes del PNV –al fin y al cabo fueron ellos los que parieron la empresa y la hicieron nacer- va a dejar paso a una nueva etapa.

Afortunadamente para Euskaltel, la compañía ha conseguido tener éxito en la esfera privada, especialmente en el ámbito domiciliario y tiene aún un gran trecho por recorrer en el empresarial. Desafortunadamente, su reducido tamaño le ha impedido recorrer parte del camino. Doy fe de que su servicio de telefonía fija y de acceso a internet es impecable. La relación calidad, precio, servicio, colocan a la empresa, cuando menos, entre los mejores de los mejores. No opino sobre la transmisión de datos porque no lo conozco, aunque tengo buenas referencias.

El suspenso está en la telefonía móvil. Barack Obama, por ejemplo –para eliminar del análisis cualquier rasgo distorsionador de polítiquería casera-, jamás contrataría los servicios de Euskaltel. ¿Por qué? Muy simple, porque no estaría en disposición de ofrecerle el servicio de Blackberry, que el presidente de los Estados Unidos y quien esto firma consideran “insustituible” en los tiempos que corren. “Tendrán que arrancármela de las manos”, dijo en referencia a su “black” cuando conoció que a los presidentes de USA les está vedada la posibilidad de mandar emails. Yo no llego a tanto, pero casi.

Hay, además, otros elementos que distorsionan la cuestión. El primero, sin lugar a dudas, que el Gobierno vasco es accionista de Euskaltel. Es juez y parte. Una situación que debería haber terminado hace ya mucho tiempo. También hay que plantearse si un Gobierno debe ayudar o no a las empresas de su territorio. Debería ser así, si con ello se estimula la competencia y se conservan o incluso crecen los centros de decisión cercanos.

Pero también hay secuelas del monocultivo político que ha vivido Euskadi en las últimas décadas que ponen su granito de arena a la hora de enturbiar las cosas. Sólo un ejemplo. El presidente de la compañía no ha conseguido desengancharse de la política y aterriza en la arena de vez en cuando, incluso para apoyar a la competencia de quienes ahora adjudican. Quizá tengan razón quienes consideran que Euskaltel es una empresa pública. En una privada, esa estrategia por parte de su máximo representante sería incomprensible, salvo que te llames Emilio Botín y tengas casi tanto poder o más que el mismísimo presidente del Gobierno. “Hay que estar orientado hacia el cliente”, dicen todos los manuales de la gestión empresarial moderna. Sí, pero no tanto como para llegar a chocar contra él.

El pasado fin de semana, en la sobremesa de una comida de amigos, uno de los presentes expuso la necesidad de que el vicepresidente del Gobierno, Manolo Chaves, contrate un administrador para su patrimonio. Tras la exposición de motivos, suscribí la idea. No sólo es necesario, es imprescindible y hasta urgente. De lo contrario le auguro una complicada jubilación.

A saber. Hace tan sólo unos días, el Boletín Oficial del Estado publicaba por primera vez la declaración patrimonial de los ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre la ‘rica’ Cristina Garmendia y la ‘pobre’ Bibiana Aido, hay un gran abanico. Por cierto, que esos dos extremos no resultan nada chocantes. La primera ha dedicado media vida a montar empresas en un sector de tanto valor añadido como la biotecnología, así que nada tiene de extraño que posea un patrimonio neto de 4,5 millones. La segunda es muy joven y tampoco ha tenido cargos bien remunerados con anterioridad. De ahí que su balance arroje una situación de quiebra técnica.

El asunto que le llamó la atención a mi amigo fue el análisis de ese agujero negro llamado Manuel Chaves. El ahora vicepresidente dedicado al pastoreo de las comunidades autónomas, nació en Julio de 1945. Tiene, por tanto, 64 años. Tiene, también, tres hijos. Desde 1977 ha estado ‘enganchado’ a la cosa pública. Primero como diputado por Cádiz, más tarde, en 1985, como ministro de Trabajo con Felipe González y desde 1990, hasta su reciente vuelta al Ejecutivo central, como presidente de la Junta de Andalucía. En ‘euros constantes’ digamos que Chaves ha ganado una media de 90.000 euros anuales durante estos 32 años. En el capítulo de gastos, intuyo que no sabe lo que es comprarse un coche para uso particular porque lleva subido al vehículo oficial al menos 24 años; ni recuerda cómo ha evolucionado el precio de la gasolina por las mismas razones y que tampoco ha tenido que pagar el menú del día durante su dilatada vida profesional. Vamos, que el capítulo de gastos corrientes ha sido, en términos comparativos, inferior al del resto de mortales que hayan podido disfrutar de un sueldo similar durante 32 años.

Pues bien, la declaración patrimonial de Manuel Chaves recoge un patrimonio inmobiliario de 46.502 euros y otros bienes por 22.461 euros. Hagamos algunos ajustes correctores. Supongamos que el vicepresidente está casado en régimen de gananciales y que ese bien inmobiliario que declara es un piso que posee a medias con su mujer. Aún así, el valor catastral del mismo sería de 93.004 euros. Con esta valoración, lo más ajustado que encuentro en el agitado panorama inmobiliario es la caseta de los perros en la mansión de Miguel Boyer e Isabel Preysler. Bromas al margen, para establecer elementos de comparación reales, les diré que una parcela de garaje en el centro de Bilbao no cuesta menos de 60.000 euros. En la Gran Vía, incluso, supera los 70.000. Y pese a que entre los valores catastrales y los reales hay distancia, el bien inmobiliario no puede tener un gran valor de mercado.

En fin. Partamos del principio de que el vicepresidente no ha mentido en su declaración. No hay, que yo sepa, razones para pensar lo contrario. Haber acumulado un patrimonio total valorado en 69.000 euros, en 32 años de altos cargos en la Administración es, de verdad, una proeza. ¿Y puede ser administrado un país por alguien que ha demostrado semejante pericia en la gestión de lo propio? Da miedo.

La suerte parece echada. Además de una subidita a las rentas de capital, todo parece indicar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nos va a tocar….. el IVA Y lo va a hacer para subirlo. ¿Hasta dónde? ¿Desde cuándo? ¿Los tres tramos o sólo uno? Imposible saberlo de momento. Estamos todavía en la fase de improvisaciones o, como dice un empresario bilbaíno, “en manos del Departamento de Susurros y Evasivas”.

En esta materia poco hay que discutir con la Administración vasca. La capacidad normativa de los impuestos indirectos –IVA, hidrocarburos, tabaco, alcoholes, etc.- corresponde en exclusiva a la Administración central y las haciendas forales se limitan a recaudar. En este caso, a experimentar las consecuencias.

Mucho me temo que la experiencia va a ser negativa y que no se va a cumplir el objetivo formulado por el Gobierno, que es el incremento de los ingresos públicos. Son muchos los expertos que advierten que esta medida puede tener el efecto contrario. En una coyuntura recesiva, sin un horizonte de salida de la crisis claro, con las cifras de paro en alza –y lo estarán probablemente durante todo el 2010-, un incremento de precios por decreto no hará sino retraer más el consumo privado. Y habrá que hacer bien las cuentas, porque la Administración –ayuntamientos incluidos- no pueden deducir el IVA de las compras que realizan y de las facturas que pagan. Por ello, todos los servicios que contratan o suministros que adquieren les saldrán a partir de enero más caros.

Otra cosa es subir el IVA cuando la economía coja velocidad de subida y el panorama de futuro pinte mejor. En ese punto, una subida de precios moderada puede ser perfectamente compensada por la mejora de la confianza de los consumidores.
Si nadie lo remedia, a partir de enero todo nos va a resultar un poco más caro. Y eso que subir la fiscalidad indirecta es propio de neoliberales ¿Nos va a tocar algo más el Gobierno?

La rumorología desatada en los últimos días en torno a los nombres de las personas que compondrán el futuro Gobierno vasco, al menos en lo que respecta a su área económica, puede suponer una losa añadida sobre un gabinete que ni siquiera ha nacido. No es exacto decir que supone una losa, sino una más a las que ya tenía de partida. Y no eran pocas.

A saber. Como consecuencia de un mecanismo lógico y simple en el mundo de la comunicación –algo que saben dos, lo saben poco más tarde veintidós, hasta alcanzar así un desarrollo geométrico incontrolable-, la propagación de datos es inevitable. Molesta para quienes están en la ‘cocina’ de la historia; irritante a veces; contraproducente en ocasiones; sólo parcialmente controlable, esta dinámica es inevitable. Ha comenzado a asentarse la idea de que el PSE ha ofrecido las carteras de Hacienda e Industria un buen puñado de personas que le han contestado con una negativa. Los nombres de Iñaki López- Gandasegui, Alfonso Basagoiti, el de varios articulistas de EL CORREO y algunos más, están sobre la mesa de quienes, supuestamente, han dicho “no” a la posibilidad de ocupar un cargo en el Ejecutivo.

Esta epidemia no afecta sólo a las carteras del área económica, sino que es un común denominador para otras como es el caso de Cultura, la dirección general de Eitb, etc. Me consta, además, que en esa rumorología hay algunas verdades y también algunas mentiras.

Alguien con muchísima experiencia en la política y gran sentido común me decía ayer que el PSE comienza a tener un problema de comunicación y no está sabiendo gestionar con acierto este periodo. Las consecuencias negativas son evidentes: el gabinete puede nacer devaluado si se asienta la idea de que quienes lo compongan son algo así como el postre del menú, los menos válidos de cuantos han sido sondeados o los que han aceptado aquello que otros muchos han rechazado. Un Gobierno que da la sensación de que ha sido parido con fórceps, nace débil y con moratones.

Admito que la solución no es fácil. Anunciar la composición de un Gobierno, cuando ni siquiera ha sido elegido su presidente resulta, cuando menos, atípico. Pero lo correcto, muchas veces, es enemigo de lo bueno. Desvelar ahora los nombres de los componentes –cuando faltan quizá dos o tres semanas para que se forme de verdad el Ejecutivo-, provocará también que, de forma anticipada, nazca en ellos un problema de seguridad que hasta ahora no tenían y sobre el que todavía no se han adoptado las medidas oportunas. El Departamento de Interior –si está en funciones es para algo- puede poner su granito de arena para atajar esta grieta.

Comienza a resultar urgente una reedición que aquella obra maestra de la comunicación que escribió hace casi 30 años el entonces vicepresidente de la Mobil Oil Company, Herb Schmertzany, que sintetizó en su título el principal mensaje que quería lanzar: “ El silencio no es rentable”.

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La hipotética salida del gabinete ministerial del vicepresidente para Asuntos Económicos, Pedro Solbes, es un tema de conversación fijo en los mentideros políticos desde hace ya un par de meses. Quienes conocen bien al personaje saben que es el perfecto ‘junco’, pese a sus 66 años y a una espalda que no deja de darle problemas; que se mueve flexible por donde sopla el viento, pero también que está cansado, bastante harto de actuar de parapeto en esta crisis y también de predicar en un desierto, el de La Moncloa, en el que aprecian su figura y lo que representa pero ya no siguen sus consejos. En los últimos días, además, Solbes tiene importantes y dolorosas razones familiares para estar más distante.

Ha sido precisamente él, esta misma semana, quien ha elevado los rumores a la categoría de presunción. En una comparecencia pública y como respuesta a la pregunta de un periodista -que le cuestionaba sobre la dimisión de su ya ex compañero de Gobierno, el ‘cazador furtivo’ Mariano Fernández Bermejo-, Solbes admitió que esa dimisión le daba “envidia” porque así, el hasta entonces titular de la cartera de Justicia, alcanzaba la condición de “ex ministro”. Aunque los portavoces oficiales del Gobierno y el propio presidente Zapatero se han apresurado a matizar que tan sólo fue uno de los habituales recursos irónicos del vicepresidente, todo parece indicar que hay algo más profundo.

Zapatero ‘fichó’ a Solbes como ministro de Economía de su primer Gobierno, a sabiendas de que la cartera era estratégica y que necesitaba a alguien con peso específico y buena imagen en todos los sectores sociales, para mantener las vibraciones positivas en lo que había sido la ‘joya de la corona’ de la gestión de los gabinetes de José María Aznar: el crecimiento económico. Ya desde los primeros momentos, sin embargo, quedó patente que las iniciativas económicas del Gobierno tenían otros impulsores -Miguel Sebastián, entre ellos- y que al vicepresidente le tocaba aguantar el tirón de un Zapatero proclive a aceptar propuestas de tono populista pero escasamente eficaces.

Solbes ha tenido que sufrir durante los últimos años los conciábulos que se gestaban en el antiguo despacho de Sebastián -el de responsable de la Ofician Económica de Moncloa- y que acababan en auténticos desastres. Uno de ellos, el destino de Endesa, se acaba de sustanciar en los últimos días. En esas y otras circunstancias similares, el vicepresidente siempre ha evitado el enfrentamiento frontal con el resto del Ejecutivo y más aún con el presidente. “Yo creo que no es bueno…..” se limitaba a decir siempre que surgía en la esfera del Gobierno alguna iniciativa que consideraba inapropiada. Lo hizo, por ejemplo, cuando Sebastián convenció a Zapatero, en plena campaña electoral de las últimas elecciones generales, para aprobar una nueva deducción del IRPF, por importe de 400 euros. Una medida que se ha revelado inútil y que, además, ha estrechado el margen presupuestario en un momento en que los recursos se revelan escasos, los ingresos fiscales están a la baja y amenazamos con romper todos los techos del endeudamiento público.

Siempre ha seguido la misma estrategia. “Yo creo que no es bueno…..”, para esperar que el tiempo le diese la razón y, con ello, aumentase su peso real en el Gobierno y más aún en el control del gasto público. Pero en los últimos meses, cada vez que el vicepresidente ha pronunciado otra de sus frases recurrentes -esa de “ya no queda margen presupuestario…”- algún compañero de gabinete se ha apresurado a adelantarle por la izquierda, para anunciar una nueva política de gasto. Hay quien asegura que ya está cansado de actuar sólo como un elemento de imagen en manos del presidente y que los mensajes de Zapatero en privado -del estilo de “tú eres indispensable en este momento”- ya no hacen mella en él.

Uno de los mejores amigos de Pedro Solbes me confiaba en la última campaña electoral una de sus sospechas: “Si se lo planteas -me confesaba- él lo negará, pero le conozco hace más de 20 años y sé cómo piensa y cómo actúa. Por eso, estoy convencido de que no va a abandonar el Gobierno. Y no por falta de ganas, sino porque no se fía de la elección de su sustituto”.

Pero eso era febrero de 2008 y ha llovido una barbaridad desde entonces…

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